Protección contra Servicio Médico Legal

Chillán, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos: 1°.- Que, comparece el abogado Víctor Hugo Moreno Toledo, domiciliado en domicilio reservado, quien en representación de nombre reservado, médico cirujano, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Servicio Médico Legal, representado legalmente por su Director Nacional Gabriel Zamora Salinas, domiciliado en domicilio reservado y en contra de su Directora Regional Sandra Lama Larenas, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado.

Al fundamentar su presentación el letrado señala primeramente que, para los efectos del plazo, su representada a la fecha no ha sido notificada legalmente de la resolución sancionatoria recurrida, por encontrarse suspendida la aplicación de la misma, y su representada sólo ha tomado conocimiento informal de la Resolución Exenta Nº NUM002, dictada por Sandra Lama Larenas, Directora Regional del Servicio Médico Legal de Ñuble, que materializa la aplicación de la medida disciplinaria y el descuento en la remuneración aplicada a la recurrente, debido al estado de excepción constitucional decretado por la Autoridad hasta su término. Luego señala que, mediante Resolución Exenta N° NUM003 de 17 abril de 2019, se instruyó sumario administrativo emanado de la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, procedimiento el cual se centró en establecer responsabilidad por un presunto acto constitutivo de acoso laboral - cuya víctima sería Emer nombre reservado-, conforme al artículo 84 letra m) del D.F.L.

N°29, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, fundando los cargos respectivos en base a los puntos que detalla en su presentación y que a saber son: a) El padecimiento de una enfermedad profesional, presentando una patología de salud mental que involucra al funcionario Emer nombre reservado, quien ingresó la denuncia al Instituto de Seguridad del Trabajo el día 22 de agosto de 2018. b) Calificaciones efectuadas por la recurrente durante los periodos 2017-2018, perjudicando con ello a los funcionarios Emer nombre reservado y nombre reservado, quienes luego de ser notificados realizaron la apelación correspondiente, siendo acogidas por el Comité de Calificaciones. c) Denuncia de irregularidades por parte de la recurrente en la Contraloría Regional del BioBio. Expresa, que luego de haber efectuado sus descargos y acompañados los elementos de prueba, el señor fiscal a cargo del sumario emite su informe o vista fiscal, en el cual registra: "Respecto de los hechos investigados en el presente procedimiento disciplinario, reunidas y analizadas las declaraciones tanto en la etapa investigación, como aquellas solicitadas a requerimiento de la inculpada cabe destacar lo siguiente: a) Que efectivamente y no solamente desde la asunción de la funcionaria nombre reservado al cargo de Jefe Provincial, sino que también de forma previa y posterior, ha existido un clima laboral dañado dentro del SML Chillán. b) Que lo anterior ha mermado y dañado la labor diaria efectuada por los distintos funcionarios de la sede, tanto a nivel administrativo, como técnico y profesional existiendo problemas que aparejados al mal ambiente existente, han creado grupos o bandos determinados que abogan o no por una posición u otra, denuncias y reclamos cruzados entre estos grupos, los cuales en definitiva hacen ver que más allá de existir un factor único y excepcional como causante del nivel crítico del ambiente laboral, existen posturas contrapuestas y disputas internas que a crecentan el mal ambiente existente. c) Que todo lo anterior se ha visto reflejado en los resultados de la encuesta ISTAS 21, igualmente dicha encuesta indica que los factores riesgosos de la sede se deben a las labores propias y la carga emocional que el trabajo dentro del servicio trae aparejado, no definiendo un factor único que provoca un ambiente laboral desfavorable para todos los funcionarios. Cabe indicar que tanto los argumentos esgrimidos en su presentación, así como las nuevas declaraciones incorporadas a solicitud de la inculpada y la prueba documental acompañada en su conjunto a juicio de esta Fiscal Administrativa permitieron deducir que sus descargas efectivamente logran desvirtuar lo cargos formulados en su contra, toda vez que existiría un mal clima laboral, pero que dicho clima laboral no es provocado únicamente por la funcionaria inculpada, sino que existieron varias actuaciones dentro de la sede que deterioraron el ambiente, así como también la existencia de estos grupos o bandos claramente definidos, que provocan posturas contrapuestas y recriminaciones o denuncias cruzadas entre uno y otro funcionario. Agrega el letrado que, en cuanto a la propuesta de sanción y medidas a adoptar sobre el clima laboral existente se registra en la Vista Fiscal que: "En consecuencia y analizados los antecedentes latamente expuestos y los modificatorias de responsabilidad administrativa viene a proponer a la autoridad que la funcionaria Dra. nombre reservado sea ABSUELTA de los cargos formulados en su contra. Acto seguido y no obstante el informe fiscal, en la Resolución Exenta N° NUM004, la autoridad regional la sanciona y fundamenta su decisión esgrimiendo lo siguiente: "Analizados por esta autoridad todos los antecedentes recopilados por la Fiscalía, así como también la prueba aportada por la inculpada durante el término probatorio no decretado en el proceso, se desprende que efectivamente, existe responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos denunciados por los funcionarios y de los que es responsable la funcionaria inculpada. Estima el letrado que constituiría un acto ilegal y arbitrario el hecho que la autoridad no fundamenta en que pruebas o antecedentes concretos se basó para determinar que existe responsabilidad administrativa y que permitieron llegar a un juicio distinto del que arribó el fiscal administrativo del caso. Se considera que también constituye un acto ilegal y arbitrario el que la Autoridad no fundamenta en forma tangible que conductas adoptadas por la recurrente, habrían causado el menoscabo, maltrato y humillación de los funcionarios, y una vez más no tiene en consideración lo registrado en la vista fiscal. Un tercer acto ilegal y arbitrario, sería el que la autoridad fundamenta la aplicación de la medida disciplinaria en el hecho de tener las facultades y el poder para hacerlo, pero no tiene en cuenta que la aplicación de dicha medida disciplinaria debe hacerse en consideración al mérito de los antecedentes que se acompañen y sobre la base de criterios de racionalidad. Se manifiesta que, en la Resolución Exenta N NUM005 de febrero de 2021 la autoridad regional esgrime para rechazar la reposición en contra de su Resolución Sancionatoria lo siguiente: "a).... Es atribución de los Directores Regionales de los servicios desconcentrados, ordenar la instrucción de investigaciones sumarias o sumarios administrativos por hechos ocurridos en esas unidades y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, con excepción de la destitución.... b) Sobre el informe de la Fiscal a cargo del proceso, la Contraloría ha indicado que el dictamen del fiscal es solamente una proposición que no resulta vinculante para la autoridad, en quien se encuentra radicada la potestad sancionadora, la que puede resolver conforme lo estime, sobre la base de criterios de racionalidad, en consideración al mérito de los antecedentes que se acompañen (dictamen N° 13.338- 2000).

Considera el letrado de la recurrente que existe un actuar arbitrario por parte de la Autoridad, quien no actuó en base a criterios de racionalidad, ni en consideración al mérito de los antecedentes que se acompañaron, no habiendo tenido en cuenta lo registrado en la vista fiscal ni tampoco la prueba física y testimonial aportada por la defensa, afirmando que su fundamentación se basa en que simplemente tiene el poder para hacerlo. Plantea, en cuanto a la prueba, que resulta evidente que se trata de la apreciación personal de la autoridad, la cual se encuentra basada en los testimonios de un grupo de funcionarios, desconociendo completamente las pruebas físicas y testimoniales aportadas por la defensa que desvirtúan las denuncias infundadas efectuadas por dichos funcionarios, lo que se encuentra consignado en la vista fiscal y en sus conclusiones. Prueba de ello, afirma, es que la autoridad al pronunciarse sobre la Resolución Exenta NUM006, incorporada en oportunidad legal por la recurrente, sostiene que aquella indica que la paciente (Dra. nombre reservado) ha estado sometida a situaciones de exigencia emocional de alta intensidad y por un tiempo prolongado, sin embargo, el mismo acto administrativo no indica cuales serían aquellas circunstancias de alta intensidad a las que ha sido expuesta, estimando que dicha aseveración de la autoridad hábilmente omite parte del dictamen que dice: "Existen elementos que demuestran que la sintomatología presentada por la citada trabajadora (Dra, nombre reservado) tenía efectivamente una relación de causalidad con factores propios de la organización en la que se desempeña, en efecto la paciente ha estado sometida a situaciones de exigencia emocional de alta intensidad y por un tiempo prolongado, las cuales no han recibido acciones de mitigación por parte de la entidad empleadora y que tiene una relación causal con su cuadro clínico." Finalmente, expresa el letrado que en la Resolución Exenta N° NUM007 la autoridad que conoce del recurso de apelación se limita a remitirse a los argumentos esgrimidos por la autoridad regional en la Resolución Exenta N° NUM005, por lo cual hace suyos los mismos vicios ya denunciados.

Y mediante Resolución Exenta Nº NUM002, dictada por Sra. Sandra Lama Larenas, Directora Regional, Servicio Médico Legal de Ñuble, se materializa la aplicación de la medida disciplinaria. Luego de desarrollar jurídicamente la figura del acoso laboral, el abogado asevera que ninguno de los presupuestos del llamado acoso laboral fue acreditado en el presente sumario, lo que fluiría con claridad de la vista fiscal.

En el plano de las garantías constitucionales el letrado manifiesta que el acto ilegal y arbitrario amaga, perturba y priva a la recurrente de sus indubitados derechos al debido proceso y sus derechos de propiedad incorporal sobre el ejercicio y estabilidad en el cargo, ambos protegidos en el artículo 20 de la Constitución, numerales 3 y 24, precisando que la recurrida vulnera el derecho de propiedad de su representada, en relación al ejercicio de su cargo, ya que conforme al artículo 83 del Estatuto Administrativo, todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, derecho el cual lo contempla la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el apartado sobre la carrera funcionaria, en términos que el personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por causa legal. Por lo anterior, se considera que la decisión del SML de sancionar a su representada con privación de un porcentaje de su remuneración y con suspensión del ejercicio de su cargo es de suyo extrema, perjudicando los derechos de propiedad en cuanto al ejercicio de su cargo y a que pueda ser sancionada en el marco de un proceso instruido debidamente y no de forma arbitraria como el presente.

Termina solicitando que, conforme lo expuesto y dispuesto en los artículos 19 (números 1, 3 y 24) y 20 de Constitución Política de la República, así como de lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Médico Legal, representado legalmente por su Director Nacional Gabriel Zamora Salinas y en contra de su Directora Regional Ñuble Sandra Lama Larenas, ambos ya individualizados por los actos arbitrarios e ilegales denunciados en el marco del proceso sumarial concluido con la Resolución Exenta Nº NUM002, dictada por doña Sandra Lama Larenas, Directora Regional del Servicio Médico Legal de Ñuble, que materializa la aplicación de la medida disciplinaria. 2°.- Que, informando el Dr. Gabriel Zamora Salinas, Director Nacional, en representación del Servicio Médico Legal, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, procede, en primer término, a referirse sobre el objeto cautelar del recurso, su inadmisibilidad y plazos, indicando que la presente acción constitucional fue interpuesta en contra de la Resolución Exenta NUM004, de 25 de enero del año 2021, que aplica la medida disciplinaria de suspensión de 30 días con goce del 70% de sus remuneraciones, en contra de la Resolución Exenta NUM005, de 8 de marzo del año 2021, que rechaza el recurso de reposición y contra la Resolución Exenta NUM007, de 27 de julio del presente, que rechaza el recurso de apelación, haciendo presente que la acción de protección fue presentada el 6 de septiembre del año 2021, y acogido a tramitación el 8 de septiembre del mismo año. Plantea que la solicitud no señala expresamente en qué momento se tomó conocimiento de los supuestos actos arbitrarios o ilegales, sin embargo, según los antecedentes expuestos en el expediente disciplinario, se desprende que la Resolución de término, que materializa la aplicación de la suspensión, fue notificada por correo electrónico enviado el 4 de agosto del año 2021 al abogado de la recurrente con poder en la causa, Víctor Moreno, según lo contemplado en el artículo 19 de la Ley 19.980, debido a la situación de excepción constitucional decretada por el Presidente de la República con motivo de la propagación del virus COVID-19, acusando recibo el mismo día. Añade que la recurrente no certifica o prueba de manera alguna que tomó conocimiento de la situación el 9 de agosto del presente, por lo que, a su entender, y de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 94/2015 de la Excma. Corte Suprema, por tratarse un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable, no ampliable según tabla de emplazamiento, la acción cautelar presentada lo fue en forma extemporánea.

También se sostiene, que respecto de cada acto administrativo y actuaciones dentro de un proceso disciplinario, existen diversos recursos que la ley concede a los involucrados para invalidarlos o reconsiderarlos y en tal sentido, el ordenamiento jurídico establece el recurso de reclamación, artículo 160 de la Ley 18.834 (sobre estatuto administrativo), como un medio legal de impugnación (previo a su judicialización) de las diversas actuaciones aún dentro de un proceso disciplinario, que forman parte del derecho a defensa y del debido proceso. Por lo tanto, es posible considerar que para cada uno de esos actos ya existe una instancia destinada a impugnar o verificar la legalidad de ellos, y no corresponde utilizar la acción de protección con el sólo objetivo de invalidar actos que fueron dictados lícitamente por la autoridad competente respectiva.

El recurrido procede a tratar los aspectos legales y Dictámenes de la Contraloría General de la República sobre la aplicación de la medida de destitución, producto de un sumario administrativo por grave infracción a las normas constitucionales y administrativas imperantes en el ordenamiento jurídico, para luego hacerse cargo de las alegaciones efectuadas por la recurrente, expresando que, según consta a fojas 0948, con fecha 1 de julio del año 2020 fueron notificados la formulación de cargos a la funcionaria por la infracción al artículo 84 letra m) de la Ley 18.834, en cuanto a realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo. A su vez, añade, se le imputa haber vulnerado el procedimiento de denuncia, investigación y sanción de maltrato, acoso laboral y acoso sexual en el Servicio Médico Legal, aprobado por la Resolución Exenta N°2256/2019, en específico, "Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro/a u otros trabajadores, por cualquier medio que tenga como resultado para él/la o los/las afectados/as su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo", todo lo cual se enmarcaría dentro de actos de hostigamiento realizados a 2 funcionarios de la sede de Chillán en el año 2018, demostrado en los siguientes actos: - Resolución del Instituto de Salud del Trabajador que califica la enfermedad sufrida por uno de los denunciantes de origen laboral o profesional. -Las calificaciones realizadas entre los años 2017 y 2018 por la recurrente a los denunciantes. En ambos casos fueron calificados de forma negativa, siendo modificadas con posterioridad y tras un análisis objetivo por el comité de calificación. - Denuncias realizadas por la Sra. nombre reservado ante la Contraloría General de la República por supuestos situaciones que a su juicio serían anormales. Estos hechos fueron investigados por esta Entidad Pública, siendo sobreseídos mediante la Resolución Exenta NUM008. Se manifiesta que si bien la recurrente señaló que la apreciación de la Autoridad, respecto de la prueba acompañada, se encuentra basada en los testimonios de un grupo de funcionarios, desconociendo completamente la prueba física y testimonial aportadas por la defensa que desvirtúan las denuncias presentadas en su contra, la Fiscalía Administrativa recopiló diversos documentos, declaraciones, oficios que sirvieron de base para la decisión final tomada por el Servicio Médico Legal, detallando al respecto que fueron acompañado, entre otros, procedimiento de denuncia, investigación, sanción del maltrato, acoso laboral y sexual en el Servicio; informe de desempeño y precalificaciones del año 2018 de los funcionarios nombre reservado y nombre reservado; calificaciones de los años 2017 y 2018 de los funcionarios nombre reservado y nombre reservado; declaraciones de los y las funcionarios y funcionarias, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

Burgos, nombre reservado y nombre reservado; Resolución final del lST en relación a la enfermedad del funcionario nombre reservado. Refiere que si bien la Vista Fiscal del procedimiento disciplinario, luego de una revisión exhaustiva, propone la absolución de la recurrente, la Directora Regional en mérito de los antecedentes tenidos a la vista, decidió aplicar la medida disciplinaria, al estimar que las acciones ejecutadas por la hoy recurrente, sí constituyen acoso laboral en contra del funcionario García y la funcionaria Pozo, haciendo presente que tanto la Directora Regional como el Director Nacional, rechazaron los recursos de reposición y apelación, por los mismos motivos. Con respecto a los actos, que, en consideración de la recurrente, vulnerarían sus garantías fundamentales, el recurrido manifiesta que llama la atención el que de la lectura del recurso, la demandante no exprese cuál es el acto que vulnera sus garantías, dedicándose a enumerar los fundamentos de su pretensión. Considera que todos los actos administrativos dictados de conformidad al procedimiento disciplinarios son fundados, motivados y respaldados por todos los documentos incorporados en el expediente investigativo, sosteniendo que si bien la fiscalía administrativa haya propuesto en su informe de investigación la absolución, ello no obsta a que la autoridad determinada por ley para decidir el asunto, en mérito de los antecedentes recopilados, adoptara la conclusión de sancionar a la hoy recurrente, tal como lo indica el artículo 140 del Estatuto Administrativo, estimando que la recurrente yerra en su análisis en cuanto a la fundamentación del acto, pues no porque no señale detalladamente cada punto, ello significa que no cumple con los requisitos legales para su dictación, por lo que el Acto Administrativo NUM002 que materializa la aplicación de la medida disciplinaria, constituye un pronunciamiento lícito y racional, haciendo presente que el sumario administrativo que se pretende dejar sin efecto por esta vía constitucional, se ajusta a las normas legales que rigen los procesos disciplinarios y a los dictámenes del Ente Contralor.

En cuanto a las garantías constitucionales señala que el libelo no expresa, ni prueba de forma alguna, como los actos administrativos dictados por la Entidad Púbica vulneran alguno de ellos, añadiendo que la Constitución protege el derecho a no ser juzgado por tribunales especiales y no a lo requerido por el recurrente. En efecto, plantea el recurrido que el recurso de protección no ampara el debido proceso dentro de sus hipótesis. Con relación al derecho de propiedad, señala que el Estado reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, es decir, que los recurrentes tienen el derecho sobre la totalidad de sus remuneraciones hasta que no le notifiquen lo contrario por un procedimiento justo y racional. Reconoce que resulta ser efectivo el que las remuneraciones se pagan debido al trabajo que cada persona realiza y dicha contraprestación debe ser amparada por el derecho de propiedad, pero, existiendo una causal legal que disponga su reducción, como lo es la medida disciplinaria de suspensión, es totalmente legítimo que se pierda su derecho a exigirlo. Así, en mérito de lo expuesto, estima posible afirmar que, la forma en que concluyó la relación existente entre el Servicio Médico Legal y la recurrente no hace posible sostener una vulneración de su derecho de propiedad.

Finaliza señalando que el recurrente de manera alguna acredita que existió una vulneración a sus garantías constitucionales protegidas por el recurso de protección, toda vez que todas las resoluciones dictadas en el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta NUM003, no son ni arbitrarías, ni ilegales, ya que cumplen expresamente con todos los requisitos establecidos por la ley vigente y obligatoria y por el Órgano Contralor. Por todo lo anterior, solicita se tenga por presentado el informe solicitado y que se rechace en todas sus partes el recurso de protección impetrado por los recurrentes.

A su informe acompaña documentos. 3°.- Que, informando Sandra Lama Larenas, Directora Regional de Ñuble del Servicio Médico Legal, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, esquina Independencia, en la comuna de Chillán, expresa que su representada cumplió con la remisión del informe solicitado en tiempo y forma en cuanto a los hechos descritos y el derecho aplicable por parte del Director Nacional con fecha 25 de septiembre del año en curso, contestando cada una de las alegaciones realizadas por la recurrente en contra de la Institución y de la Directora Regional, haciendo presente que en concordancia con la normativa aplicable, la representación del Servicio Médico Legal corresponde totalmente a su Jefatura Superior, es decir, a su Director Nacional, la que actualmente es ejercida por el Doctor Gabriel Zamora Salinas.

La recurrida procede a citar y transcribir la normativa acorde a la presente acción constitucional planteando que los Servicios Públicos tienen como función principal el de satisfacer necesidades públicas, ya sean centralizados o descentralizados, y están a cargo de un Jefe Superior del Servicio denominado Director, indicando que en el caso de la descentralización territorial, los Directores Regionales dependerán jerárquicamente del Director Nacional. Luego de citar diversas normas contenidas en la Ley 20.065 sobre modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal, ello en concordancia con el Reglamento Nº 580/2011, destaca que el Servicio Médico Legal es un órgano centralizado, sin personalidad jurídica y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con una organización jerarquizada cuya cabeza es el Director Nacional y desconcentrado territorialmente solo para efectos de materializar las necesidades regionales según las instrucciones dadas por el jefe de servicio. Por último, y en el plano jurídico, basada en el Decreto Nº 580/2011, emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aprueba el Reglamento Orgánico del Servicio Médico Legal, dispone que dicha normativa complementa a la ley, estableciendo que el Servicio Médico Legal será un Servicio Público centralizado y desconcentrado territorialmente, cuyo jefe superior de Servicio será el Director Nacional y que, en cada región existirá un Director Regional que ejecutará los planes y programas específicos de dicho lugar en concordancia con lo señalado por la Dirección Nacional.

Finalmente, manifiesta adherirse totalmente al informe brindado como Institución con fecha 25 de septiembre del año 2021, sobre las imputaciones hechas a la funcionaria nombre reservado emitida por el Jefe del Servicio, destacando que dicho informe, fue elaborado con los antecedentes aportados íntegramente por la Autoridad Regional y con la intervención del Departamento de Asesoría Jurídica, sin perjuicio de lo coordinado con el Consejo de Defensa del Estado.

A su informe acompaña documento. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7º.- Que, ahora bien, teniendo en vista lo que ha quedado expuesto en el considerando segundo, que refleja el contexto procesal orientado por la aplicación del Estatuto Administrativo, resulta dable colegir que a estas alturas la tramitación respectiva está agotada, por lo que resulta confuso que en este escenario comparezca la recurrente pidiendo tutela constitucional por amenaza de sus derechos, en circunstancias que consta haber obrado durante todo el proceso sumarial ejerciendo sin obstáculo alguno sus derechos, así como todos los recursos que legalmente eran procedentes. 8º.- Que, al respecto, conforme ha quedado conceptualizado en el motivo tercero, se debe atender que para la procedencia del recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile.

En armonía con ello, se debe patentizar que el ámbito de la acción cautelar descrita comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo. 9º.- Que, desde la perspectiva anterior, es factible advertir de lo expuesto en sus respectivos escritos, tanto por la funcionaria que recurre, como por el ente que impuso la sanción y que a su vez informa, que ha quedado en evidencia la existencia de un procedimiento administrativo previo, afinado, sin recursos pendientes y con trámite de toma de razón por parte del ente contralor, con formulación de cargos, descargos, período de prueba, propuesta de sanción, informe jurídico, entre otros múltiples trámites; todo lo cual es reflejo de un debido proceso legal.

Frente a tal constatación y a la luz de los requisitos y fines de la presente acción, antes detallados, cabe preguntarse si resulta atendible venir a invocar el auxilio constitucional por la presunta transgresión de garantías fundamentales, si ha sido la propia ley la que ha establecido rigurosa y pormenorizadamente un procedimiento idóneo al efecto, por lo demás, utilizado en plenitud por quien ha recurrido. Forzoso es concluir que la respuesta es negativa y desde ya se advierte, entonces, que no es ésta la vía propicia para alcanzar el efecto perseguido. 10º.- Que la razón principal de lo afirmado con antelación, en cuanto a la improcedencia de la acción de protección como remedio para una presunta vulneración verificada en el marco de un sumario administrativo, radica en que los derechos fundamentales, en su gestación, surgieron como una garantía de los ciudadanos frente a la potestad del Estado, es decir, aparecieron como una forma de protección en la relación "vertical" que se produce entre el ente estatal y el ciudadano. En esa virtud, es de toda trascendencia que la legislación administrativa haya tomado tantos resguardos, precisamente ante el complejo vínculo del Estado frente a la persona, en particular cuando esta última además se encuentra al servicio de aquél en un rol de funcionario público, quien como tal debe someterse a su autoridad no sólo como ciudadano, sino además como trabajador. Por ese doble sometimiento es que la fórmula seguida por el ente administrativo es tan reglada y en detalle controlada. 11º.- Que en esta dirección se ha resuelto de manera sostenida por la Excma.

Corte Suprema, afirmando: "Que es conveniente señalar que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo.

Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar como se postula en la especie- que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades". (Rol N° 1952-2010 Excma. Corte Suprema)

Cabe precisar que esta línea jurisprudencial ha sido reiterativa en el seno del máximo tribunal y es compartida por esta Corte. 12º.- Que, en virtud del criterio antes transcrito, enfocarse en consideraciones en torno a posibles arbitrariedades e ilegalidades o abocarse al examen de presuntas conculcaciones de derechos, se muestra como un ejercicio estéril cuando lo que en realidad ha perseguido la recurrente es precisamente obtener una nueva revisión del mérito de la sanción a ella aplicada como fruto de un procedimiento legalmente tramitado, que concluyó en una resolución fundada (Resolución Exenta N° 1567, de la Directora Regional del Servicio Médico Legal de Ñuble), sólo aduciendo un parecer discrepante en torno al juicio de proporcionalidad recaído en la magnitud de la misma, atendidas las circunstancias invocadas, sin que de la revisión de los antecedentes se desprenda de modo manifiesto empero, que aquélla haya estado cimentada en el mero capricho del órgano resolutor, al estar refrendada inclusive por el ente contralor, o que haya exorbitado el margen de sus competencias y atribuciones al escoger una de entre el catálogo jurídico de las que le ofrecía el Estatuto concernido. 13º.- Que, como corolario de lo reflexionado, se estiman no configurados los presupuestos que se requieren para que sea procedente la presente acción, por tratarse de un asunto de mérito no revisable por esta vía, amén de adolecerse de la arbitrariedad o ilegalidad del acto impugnado, que hubiese tenido incidencia en la afectación de los derechos y garantías invocados; razón que conducirá a que este arbitrio necesariamente sea desoído en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, más lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara, que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado Víctor Hugo Moreno Toledo, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Directora Regional del Servicio Médico Legal de Ñuble, doña Sandra Lama Larenas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

ROL: 2077-2021- PROTECCIÓN-