nombre reservado con MINISTERIO PUBLICO FISCALIA REGIONAL ÑUBLE

Chillán, dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, comerciante, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Fiscal Regional Ñuble, expresando que en la noche del 28 de junio de 2019, al llegar a su domicilio, estacionó su camioneta Toyota detrás de un vehículo desconocido marca Peugeot, PPU HDCT37, estacionado frente a la puerta de la casa y también el vehículo Chevrolet Corsa conducido por su hijastro, quien se estacionó de frente al automóvil desconocido por encontrase la calle inundada. Añade que, al día siguiente, alrededor de las 7:30 horas de la mañana, un hombre parado frente a su domicilio, golpeó su camioneta, haciendo sonar la alarma de ésta, despertando abruptamente. Detalla que, al asomarse al balcón, dicho hombre, dueño del vehículo, le grita “la calle es pública concha de tu madre”, increpándole porque su auto estaba “encerrado” entre los otros, sin siquiera haber tocado uno de los 5 timbres de la casa. Plantea que le solicitó que esperara para mover la camioneta, pero, sin esperar a que bajara, se subió a su auto y comenzó a realizar maniobras hacia atrás y hacia adelante, golpeando ambos vehículos para salir, provocando daños. Acto seguido, se detiene al otro lado de la plaza que está frente a la casa y le grita “demándame pos huevón”, “llama a los pacos pos concha de tu madre”, dándose a la fuga posteriormente. Inmediatamente procedió a efectuar una denuncia a Carabineros por los hechos sucedidos y, posteriormente, ratificó su denuncia en el Primer Juzgado de Policía Local, causa Rol 5064-2019, llevada como daños en choque.

Señala que en octubre de 2019, el conductor del vehículo denunciado, notificado ya para rendir indagatoria, presenta al Juzgado de Policía Local un escrito suscrito por él, identificándose como Álvaro Alejandro nombre reservado, abogado y doctor en derecho, mediante el cual se jacta de pedir condenación en costas y una posterior indemnización de perjuicios; acompaña fotografías sin daños en su vehículo, tomadas con posteridad a la denuncia para confirmar su falso testimonio, ya que señala que su vehículo jamás tuvo daños, existiendo fotografías con daños propios antes de su testimonio; se refiere a sus vehículos (del actor) de “antiguos” y “de antigua data” en referencia al suyo, dándoles tal calificativo innecesario, solo con el fin de denigrar y denostar, le injuria y calumnia gravemente al aseverar que tiene la intención de obtener dinero de forma rápida e ilegal, que su domicilio es una pensión clandestina.

En razón de lo referido en el párrafo anterior, sostiene que el recurrido violó los derechos constitucionales del artículo 19 número 4, tanto particular como familiar, que su actuar es delictuoso concluyendo que los vehículos fueron obtenidos de forma ilícita; y denota trabajar en el escrito con más personas, ya que indica pediremos, oficiaremos, etc., lo que da indicios de una posible asociación. Además, dice en su escrito, que ante un delito flagrante se remitan los antecedentes para ser investigados, haciendo presente que debió dejar múltiples obligaciones “además, de las laborales inconclusas” lo que se demuestra un notable abandono de deberes.

Plantea el actor que se enteró que se trataba de un fiscal del Ministerio Público, por lo que efectuó una denuncia en su contra por actos ejecutados personalmente y que infringían la normativa vigente a la que se encuentra sometido, tanto como chileno, como por el cargo que detenta, iniciándose investigación administrativa para establecer su responsabilidad administrativa, a partir del escrito presentado por dicho fiscal en el Primer Juzgado de Policía Local, Rol 5064-2019.

Manifiesta que el 29 de julio de 2021 se le comunica, mediante correo electrónico y previa solicitud de su parte, el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional sobre el recurso de apelación en contra de la Resolución IA N°16-2021 de fecha 30 de abril de 2021, de la Fiscal Regional de Ñuble que resuelve la investigación administrativa ordenada instruir por Resolución IA N°19-2020, de diciembre de 2020, manifestando al respecto que, de acuerdo a lo consignado en dicha Resolución de la Fiscalía Nacional y que acompaña, al denunciado sólo se le habrían formulado 2 cargos. El primero, relacionado con las injurias y calumnias verbales y escritas, proponiendo el investigador una sanción administrativa y resolviendo finalmente sobreseerlo. El segundo, relacionado con las consultas en el sistema SAO, aplicándosele la sanción más baja que contempla su Reglamento. Expresa que el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional toma como base y consta en sus considerandos, los antecedentes que acompaña a la apelación del Sr. nombre reservado, haciendo presente que, en el considerando 2° se señala que la Fiscal Regional de Ñuble amplió la investigación a dos hechos concretos: a) La conducta y daños provocados por el Fiscal denunciado el día 29 de junio de 2019 y b) Las consultas al sistema SAO con fines personales. La letra a) del considerando 2°, señala “…el fiscal Álvaro Serrano Romo saca su vehículo de/lugar golpeando levemente el automóvil Chevrolet Corsa PPU VA 5921, provocando que la parilla el parachoques delantero que se encontraba trizada terminara por quebrase, además de dejar el referido parachoques con una raspadura”.

La denuncia efectuada y ratificada en el Primer Juzgado de Policía Local, Rol 5064-2019, así como las declaraciones del denunciante y de los testigos entrevistados por el investigador, sumado a la evidencia fotográfica, dan cuenta de que el fiscal denunciado golpeo el vehículo Chevrolet Corsa fuertemente, quebrando el parachoques y máscara, sin que previamente a sus maniobras existiera daño. Resulta entonces que, inexcusablemente, se han alterado las circunstancias, sea por el investigador o por la Fiscal Regional. O por sus descargos donde dice no haber provocado los daños. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se le formuló un primer cargo por la conducta posterior que tuvo el Fiscal denunciado y que dice relación directa con sus deberes funcionarios, específicamente con el deber de mantener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Al respecto, plantea el actor, el investigador propuso la sanción de amonestación, la que fue desestimada por la Fiscal Regional de Ñuble, señalando que solo se trataba “de un acto particular cuestionable” y que las personas declarantes “no son plenamente contestes en indicar las palabras exactas utilizadas por el fiscal nombre reservado”. Plantea que los testimonios fueron entregados al investigador después de un año de ocurridos los hechos y, que sin perjuicio de no poder indicar las palabras exactas utilizadas por el fiscal, si están contestes en el uso de garabatos, de haber golpeado los vehículos para retirarse del lugar, de haber detenido su vehículo a muchos metros de distancia y haber gritado más garabatos en contra del denunciante, lo que evidentemente no se trata de un acto particular como lo señaló la Fiscal Regional para absolverlo de dicho cargo, procediendo el recurrente a transcribir el Considerando 5° letra i, el que expresa: “Luego de salir del lugar, en las inmediaciones del domicilio, el fiscal adjunto don Álvaro Serrano Romo detiene su vehículo, desde ahí grita hacia donde se encontraba don nombre reservado, “llama a los pacos pos huevón”, denúnciame pos concha de tu madre”, según lo señalan las aludidas declaraciones de don nombre reservado, doña nombre reservado, Don nombre reservado, doña nombre reservado, en algún sentido por doña nombre reservado y de doña nombre reservado”. Plantea que el investigador textualmente indica que el fiscal no contradice los asertos de los declarantes y, al proponer una medida disciplinaria, tiene a la vista las declaraciones, siendo contestes a lo menos 4 de ellas, dando cuenta de que dichos testimonios no fueron apreciados en conciencia por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria. Añade que el referido investigador señala que puede darse por establecida la infracción descrita en el artículo 37 N°15 del Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público, calificando las palabras verbales y escritas del fiscal denunciado, advirtiendo la existencia de injurias y calumnias graves, las que se encuentran comprobadas y que por sí solas dan lugar a una sanción disciplinaria de remoción.

Sostiene el actor que la Fiscalía Nacional confirmó la Resolución IA N°16-2021 de fecha 30 de abril de 2021, de la Fiscal Regional de Ñuble, por lo cual estima vulnerado el debido proceso, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos, al no considerar los hechos denunciados tal cual fueron expuestos, pues sobre el deber funcionario de mantener un comportamiento acorde con la dignidad del cargo, debe, sin duda, tenerse en cuenta el trato denigrante e injurioso que públicamente y por escrito tuvo el fiscal hacia su persona. Agrega con respecto al segundo cargo que se le formuló y que dice relación con la utilización del sistema SAO en beneficio propio, la sentenciadora opta por sancionarlo con una amonestación privada, por concurrir, según ella, circunstancias atenuantes y ninguna agravante. Ello a su parecer, resulta contradictorio con las consideraciones que tiene para sancionar con la valoración que da a las propias declaraciones del fiscal denunciado, reconociendo las distintas justificaciones, en oportunidades distintas. Pese a las consideraciones expuestas, la Fiscal Regional de Ñuble que impone una sanción mínima, no hace un razonamiento lógico de las declaraciones ni de las circunstancias que agravan los hechos denunciados. El fiscal nombre reservado, además de ser abogado, penalista, doctor en derecho, es fiscal, por ende conoce perfectamente las consecuencias de su actuar y que por lo demás constituye un delito funcionario. Plantea que el denunciado, en una de sus tantas declaraciones señala haber sido amenazado de golpes por el denunciante el 29 de junio de 2019, no existiendo denuncia alguna al respecto. Sin embargo, solo el 27 de septiembre dice sentir temor y que por eso consulta el Sistema SAO, advirtiendo que las consultas fueron realizadas en 3 ocasiones y dentro del horario de trabajo, lo que tampoco fue considerado para aplicar la sanción, y por el contrario fueron minimizadas, dándole el título de segundos y minuto de diferencia entre ellas en la investigación administrativa, siendo estas últimas a las 12:40 y 01:28 horas, habiendo 48 minutos de diferencia. Considera que los antecedentes que obran en la investigación dan cuenta de un mal comportamiento habitual del fiscal denunciado, los que no fueron valorados de manera razonable y en conformidad al Reglamento de Responsabilidad Administrativa para Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

Insiste el actor en sostener, que en la investigación administrativa hay suficientes evidencias de la falta de idoneidad del fiscal nombre reservado y que dicen relación directa con el cargo que detenta, ya que se ha presentado ante un Juzgado como Doctor en Derecho y tratándole de delincuente en varias oportunidades, y refiriéndose al domicilio de sus suegros como pensión clandestina; falta a sus deberes por no haber efectuado las denuncias correspondientes, (pero amenazando con hacerlo) y abrir las investigaciones de manera oportuna ante tales afirmaciones o, manifiestamente, actúa sobre seguro injuriando sin necesidad alguna, siendo totalmente indigno del cargo que ocupa.

Añade que el Fiscal reconoce haber dejado sus obligaciones laborales inconclusas provocándole un perjuicio pecuniario, haciendo presente al respecto que efectivamente dejó sus obligaciones laborales inconclusas y se le pagó enteramente su remuneración, o bien, si ejercía otras obligaciones laborales remuneradas, distintas a la de Fiscal y ellas se encuentran en su declaración de intereses y patrimonio regulada por la Ley 20.880. Otorgó declaraciones distintas en diversas oportunidades en dicha causa, de igual forma que en la investigación de que fue objeto, habiendo hecho uso de sistemas y equipos de la Fiscalía para fines propios, conociendo la normativa que lo rige, o bien, negligentemente desconociéndola, con la finalidad manifiesta de asegurar el resultado de un juicio.

Aduce que la investigación administrativa fue resuelta por la Fiscal Regional de Ñuble el 30 de abril de 2021, oportunidad a la cual la sentenciadora ya tenía evidencia de otros hechos ilícitos efectuados por el denunciado y de diligencias que no se llevaron a cabo pese a ser reiteradamente solicitadas, procediendo a señalar los distintos procesos que, a su entender, debieron ser considerados por la Fiscal en su resolución, concluyendo que resulta evidente que la Fiscal Regional de Ñuble tenía más antecedentes a considerar al dictar su resolución en la Investigación Administrativa N° 19-2020.

En cuanto al derecho expresa que, con la resolución de la investigación administrativa N° 19-2020, se han vulnerado derechos constitucionales, por parte del Ministerio Público, atentando contra la garantía constitucional del derecho a la integridad psíquica, artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República; de la igualdad ante la ley, artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, artículo 19 N° 3 del Código Político, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, artículo 19 N° 4, la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; artículo 19 N° 5, el derecho a presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado; artículo 19 N° 14, la seguridad de que los preceptos legales no podrán afectar los derechos en su esencia; artículo 19 N° 26 y, en definitiva, del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental reconocido en diversos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, tales como, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En relación al derecho a la integridad psíquica, el recurrente considera que resulta inevitable ver afectada su salud mental, por el sistema de justicia que ha terminado con la resolución, la que solo contiene una amonestación verbal, considerando que, durante más de 2 años, ha tratado simplemente de hacer que se cumpla la ley y solo ha encontrado reservas e impedimentos para obtener diligencias y para tener conocimiento de lo que ocurre. Estima que se evidencia la falta de rigor en el cumplimiento del Reglamento de Responsabilidad Administrativa que consigna ponerle en conocimiento de la resolución. Sin embargo, solo a través de un formulario (por suerte foliado), para sugerencias y felicitaciones, pude conseguir la información el día 29 de julio de 2021. El pasar por alto las injurias y calumnias comprobadas, que por sí solas tienen asociada la sanción de remoción, implica que el Ministerio Público no demuestre ningún respeto por la persona como sujeto de derecho, no solo por cuanto no sanciona al denunciado, sino que impide que la Fiscalía Nacional tome conocimiento de la resolución, por cuanto la apelación del denunciado, obviamente, va dirigida contra la amonestación de que fue objeto por el segundo cargo.

A su vez, con respecto a la igualdad ante la ley plantea que el Ministerio Público ha sido juez y parte en todos los procesos de investigación, teniendo facultades exclusivas y excluyentes que le han dejado indefenso frente a decisiones de sobreseimiento, las que no se justificarían si se tratara de una persona distinta a quien ejerce un cargo dentro de la entidad que conoce, investiga y juzga, no siendo del todo imparcial y faltando a su propio Reglamento, por cuanto no consta que se hayan remitido los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

En relación a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos manifiesta que la propia Ley Orgánica señala en su artículo 3 que: “En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley”. En su artículo 50 dispone que “La remoción, en el caso de un fiscal adjunto, procederá cuando incurra en alguna de las circunstancias siguientes: 2) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobadas. 4) Incumplimiento grave de sus obligaciones, deberes o prohibiciones”. Por su parte, el Reglamento de Responsabilidad Administrativa para fiscales y Funcionarios del Ministerio Público en su artículo 14 dispone que “La medida disciplinaria de remoción procederá en los siguientes casos: 3.- cuando se infrinjan alguna de las disposiciones contenidas en las letras c), e) o g) del artículo 63 de la ley orgánica; Dicho artículo reza lo siguiente: “ Los fiscales que se desempeñen en el Ministerio Público estarán afectos a las siguientes prohibiciones:… f) Ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, medios materiales o información del Ministerio Público para fines ajenos a los institucionales;… g) Usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones;” Conforme lo transcrito, el actor plantea como puede resultar de un debido proceso que, debiendo velar por la correcta aplicación de la Ley, existiendo disposiciones expresas para sancionar con medidas concretas, como la remoción, que en el considerando 6 letra n) la Fiscal Regional Ñuble da por hecho que el denunciado ha utilizado su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones y luego en el considerando 9 letra n) la Fiscal Nacional tiene presente la prohibición que tienen los fiscales del Ministerio Público de ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, medios materiales o información del ministerio Público para fines ajenos a los institucionales, solo haya sido sancionado por un solo cargo y con la medida disciplinaria más mínima que contempla su reglamento, concluyendo que falta al debido proceso para resolver respecto de hechos denunciados cuando, en todo lo que ha conocido la Fiscal de Ñuble, acumulando la Investigación Administrativa, la Investigación llevada por la Fiscal Cartagena acumulada a la causa RIT O-6705-2020, no remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado en conformidad al artículo 41 de la Ley Orgánica del Consejo, ni de sus Reglamentos.

En lo referido al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el actor manifiesta que consta, o debiera constar, que el denunciado utilizó documentos privados sin autorización alguna, adjuntándolos el día 28 de enero de 2021 a la causa RIT O-6705-2020, sin siquiera ser pertinentes, lo que se encuentra en conocimiento de la Fiscal Cartagena y de la Fiscal de Ñuble, sin ser sancionado por aquello, estando aún pendiente la investigación administrativa en su contra.

En relación a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada el recurrente plantea que consta en la carpeta investigativa de la fiscal Cartagena, reiteradas solicitudes de oficiar a Entel por la posible interceptación de líneas telefónicos, sin que haya diligenciado dichas solicitudes, y consta en audios a dichos de ella que es imposible periciar si ha ocurrido una intervención ilícita.

En cuanto al derecho a presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, el recurrente considera que resulta una vulneración de dicha garantía la circunstancia de que el Ministerio Público no disponga de un mecanismo formal para presentar las peticiones, resultando denigrante pedir que se le dé conocimiento de una resolución en una hoja de sugerencias y felicitaciones, o que por correo electrónicos, no agregados a la carpeta investigativa de la Fiscal Cartagena, deba hacer peticiones y que estas sean ignoradas o tramitadas tardíamente.

Por último, en lo referido a la seguridad de que los preceptos legales no podrán afectar los derechos en su esencia, considera que, sin duda, la resolución de la Fiscal de Ñuble debió considerar todos los procesos investigativos y judiciales para adoptar su decisión de sobreseer en el cargo de injurias y aplicar la sanción mínima en el segundo cargo, haciendo presente que se tuvo en cuenta circunstancias atenuantes y ninguna agravante, pese a la diversidad de los hechos denunciados y a la investigación incompleta o abandonada de la fiscal Cartagena, lo que consta en la causa RIT O-6705-2020, que mediante el Tribunal se pide diligenciar la investigación señalando lo que indica y transcribe.

Termina solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en los términos señalados, a fin se restablezca el estado de derecho, otorgando la debida protección a las garantías constitucionales del recurrente, solicitando se oficie a:

- La Fiscalía Regional de Ñuble, para que informe respecto de los hechos considerados para llegar a un sobreseimiento en el primer cargo, medida disciplinaria mínima en el segundo cargo y la consideración de los hechos investigados y de los no investigados por la Fiscal Regional Biobío;

- La Fiscalía Nacional, para que informe respecto de los antecedentes que tuvo en consideración para confirmar el sobreseimiento y la medida disciplinaria aplicada;

- Al Consejo de Defensa del Estado, para que informe respecto de la remisión de los antecedentes investigados o la falta de aquella remisión;

-A la Contraloría General de la República, para que informe respecto de las contradictorias declaraciones de patrimonio e intereses del denunciado, Álvaro Serrano Romo, cédula de identidad RUT reservado, en relación al perjuicio económico que él declaró haber experimentado a causa de la denuncia infraccional.

2°.- Que, se presenta doña nombre reservado, Fiscal Regional, Fiscalía Regional de Ñuble, quien informando del recuso, solicita el rechazo del mismo en todas sus partes.

Funda la recurrida en que el día 25 de noviembre de 2019, el recurrente concurre a la Fiscalía Regional de Ñuble a realizar una denuncia en contra del fiscal Álvaro Serrano Romo, la cual hacía mención a un comparendo entre él y el fiscal mencionado, verificado en el Primer Juzgado de Policial Local de Chillán, en el marco de una causa por daños causados por el fiscal a su automóvil particular, lo que habría ocurrido en el sector Los Poetas de la comuna de Chillán. En su denuncia, el actor señaló que, en dicho proceso, en un escrito de contestación, el fiscal habría “cometido delitos” en su contra, consistentes en injurias graves al imputarle delitos, haber merodeado su casa y haber tomado fotografías que luego presentó en el tribunal. Además, habría consultado sus antecedentes violando su privacidad y usando atribuciones a su favor. Por último, indica que el fiscal habría señalado que su casa era una pensión clandestina. Indica que una vez recibida la denuncia, se informó la situación al Fiscal Nacional, quien, conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 19.640, designó a Marcela Cartagena Ramos, Fiscal Regional del Bio Bio, a cargo de la respectiva investigación.

Agrega que con fecha 13 de octubre de 2020, el recurrente de protección presenta en el Juzgado de Garantía de Chillán, una querella criminal en contra del fiscal Álvaro Serrano Romo, por los delitos de daños, malversación de caudales públicos, obstrucción a la investigación, maltrato a persona discapacitada, calumnias, injurias, abuso de autoridad, abandono de deberes y otros, planteando que lo relevante es que en dicha querella, se hace la misma exposición de hechos que se señalan en la presente acción constitucional de protección, dando inicio la aludida querella, a la investigación RUC 2010054512-9, RIT 6705-2020, la que quedó a cargo también de la Fiscal Regional Marcela Cartagena Ramos, haciendo presente que todos los hechos de la mencionada querella fueron sobreseídos definitivamente, por no configurar delito alguno, con fecha 15 de marzo de 2021, resolución la cual fue confirmada por esta Corte el 1 de abril de 2021.

Añade que el 10 de noviembre de 2020 el actor presenta, en el Juzgado de Garantía de Chillán, otra querella criminal en contra del fiscal Álvaro Serrano Romo, esta vez, por los delitos de injurias y calumnias, conductas que se habrían realizado en la sustanciación del proceso infraccional seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de Chillán, indicando que el Tribunal, con fecha 18 de febrero de 2021, se declaró incompetente para seguir con la tramitación de la causa, y ordena la remisión de los antecedentes a aquel Tribunal.

Indica que el 30 de diciembre de 2020, a partir de la información proporcionada por la Fiscal Regional Marcela Cartagena Ramos, se dio inicio a la investigación administrativa N° 19-2020 respecto del fiscal Álvaro Serrano Romo, la que quedó a cargo del fiscal Eduardo Planck Muñoz.

Señala que el 4 de febrero de 2021 el hoy recurrente de protección, presenta nuevamente ante el Juzgado de Garantía de Chillán, una querella criminal en contra del fiscal Álvaro Serrano Romo, por el delito de daños, querella la cual dio inicio a la causa RUC 211005696-4, RIT 681-2021, declarándosele inadmisible al detectar el Tribunal que los hechos de la querella, estaban contenidos en aquella que dio inicio a la causa RUC 2010054512-9, RIT 6705-2020.

Sostiene que la recurrida manifiesta, con respecto a la investigación administrativa N° 19-2020, que el fiscal investigador decidió formular cargos al fiscal Álvaro Serrano por los siguientes hechos:

PRIMER HECHO: Conducta desplegada por Fiscal Adjunto don ALVARO SERRANO ROMO la mañana del 29 de junio de 2019 a las afueras del domicilio de domicilio reservado, quien al maniobrar su automóvil PPU HDTC-37 que se encontraba estacionado entre los vehículos Chevrolet corsa PPU VA 5921 de propiedad de don nombre reservado y camioneta Toyota PPU ZJ 5076 de propiedad de don nombre reservado, activa por contacto las alarmas de los referidos móviles. Al despertar por el ruido los residentes del señalado inmueble, don nombre reservado sale al balcón de la casa para saber lo que sucedía, discutiendo con el Fiscal Adjunto don ALVARO SERRANO ROMO quien lo insulta gritándole “la calle es pública concha de tu madre”. Mientras don nombre reservado se dirigía a la salida de la casa, el Fiscal Adjunto don ALVARO SERRANO ROMO, saca su vehículo del lugar golpeando levemente al automóvil Chevrolet corsa PPU VA 5921, provocando que la parrilla el parachoques delantero que se encontraba trizada terminara por quebrarse, además de dejar el referido parachoques con una raspadura. Al llegar don nombre reservado a la entrada de la propiedad, el Fiscal Adjunto don Alvaro Serrano Romo, estaciona su vehículo unos metros más adelante, y vuelve a gritarle a don nombre reservado insultos tales como “llama a los pacos pos huevón”, “denúnciame pos concha de tu madre”, alterando con su actuar la tranquilidad de los residentes del domicilio de domicilio reservado, retirándose finalmente del lugar.

SEGUNDO HECHO: Conducta desplegada por Fiscal Adjunto don ALVARO SERRANO ROMO consistente en que el día 27 de septiembre de 2019, al menos en tres ocasiones el Fiscal Adjunto don ALVARO SERRANO ROMO consulta el sistema SAO a su cargo, tomando conocimiento de datos reservados de don nombre reservado, y con posterioridad, a partir de la información obtenida, mediante presentación resuelta el 04 de octubre de 2019, en causa 5064/2019 del Primer Juzgado de Policía Local, solicita se oficie a la Segunda Comisaría de Chillan para que envíe informe biométrico de su contraparte, para utilizar los datos coincidentes de ambas plataformas a objeto de acreditar el carácter “conflictivo” de don nombre reservado, calificando además el actuar de este último como “delictuoso” al mencionar que los vehículos PPU VA 5921 y Toyota PPU ZJ 5076 eran de su propiedad sin que estuvieran inscritos a su nombre en el Registro de Vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación.”

Se plantea por la recurrida que, en relación con los dos hechos señalados en la formulación de cargos, a partir de los antecedentes recabados en la investigación administrativa y los descargos formulados por el fiscal nombre reservado, resolvió aplicar la sanción de amonestación privada sólo por el segundo hecho mencionado en aquella. Lo anterior, debido a que, en el caso del primer hecho, sin perjuicio de que se trató de una actitud impropia por parte del fiscal, esta no alcanzó a cumplir con el estándar de no “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”, lo que requiere de algo más que un mero exabrupto aislado motivado, incluso en este caso, por acciones atribuibles a la misma persona que supuestamente fue insultada, las que, conforme lo señalado por el fiscal investigador en su informe, consistieron en haber dejado el automóvil del fiscal nombre reservado en la vía pública entre dos automóviles casi sin la posibilidad de salir, sin ninguna justificación para ello. Sin perjuicio de lo señalado, la prueba con la que se pretendió acreditar el hecho no fue capaz de superar el estándar de duda razonable, ya que se contó solo con las declaraciones del denunciante y de las personas pertenecientes a su círculo cercano, las que, además, no son plenamente contestes en indicar las palabras exactas utilizadas por el fiscal nombre reservado, declarando incluso una de esas personas que lo único que recordaba es haber escuchado por parte del fiscal la palabra “huevón”, no ratificando plenamente lo declarado por el recurrente. Declara que, por tales razones, en relación con el primer hecho señalado en la formulación de cargos, decidió absolver al investigado.

En cuanto al segundo hecho de la formulación de cargos declara que se acreditó que el fiscal nombre reservado, el día 27 de septiembre de 2019, en tres oportunidades, ingresó al sistema SAO para consultar los antecedentes del hoy recurrente de protección, y, con posterioridad, el 3 de octubre de 2019, realiza una presentación ante el Primer Juzgado de Policía Local de Chillán, en causa Rol N° 5064-2019, en la que pide diligencias, afirmando que ha tomado conocimiento de manera extraoficial que el sr. nombre reservado es una persona conflictiva y que realiza denuncias carentes de fundamento, lo cual claramente pretendía introducir en el proceso infraccional para efectos de desvirtuar la denuncia que había realizado contra él. Por lo tanto, el fiscal intentó de manera indirecta introducir información contenida en un sistema al que solo él, en su calidad de tal, tenía acceso, en desmedro de las posibilidades procesales de su contraparte. Lo anterior no lo hizo acompañando directamente la respectiva ficha al proceso, por lo que en ningún caso dio a conocer dicha información a terceros ajenos a la institución. De esta manera, teniendo acceso a aquella información, sin revelar su contenido, el fiscal la utilizó para un fin ajeno al institucional, finalidad que sólo iba en beneficio propio y no en el del Ministerio Público, razón por la cual estimó pertinente sancionar al fiscal investigado por tal hecho.

En razón de lo anteriormente expuesto, el 30 de abril de 2021, se dicta la Resolución IA N° 16-2021, a través de la cual se sanciona la fiscal Álvaro Serrano Romo por el segundo hecho señalado, aplicándole la sanción de amonestación privada, pues se estimó que la gravedad de la falta acreditada era menor, por cuanto la utilización del cargo en beneficio propio no produjo efectos significativos en el proceso seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de Chillán, no existiendo reiteración de la misma conducta y estimando concurrente la atenuante de irreprochable conducta anterior del fiscal al no haber sido sancionado administrativamente con anterioridad a los hechos.

Añade que el Fiscal Nacional, al resolver el recurso de apelación presentado por el fiscal nombre reservado, en la Resolución FN N° 567/2021 de 14 de junio de 2021, mantuvo la sanción aplicada, señalando que se había vulnerado la prohibición señalada en el artículo 63 letra f) de la Ley N° 19.640, esto es, la de “ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, medios materiales o información del Ministerio Público para fines ajenos a los institucionales”.

En relación con el resto de las imputaciones realizadas por el recurrente en contra del fiscal nombre reservado, esto es, los supuestos daños a su vehículo, las expresiones injuriosas o denigratorias, vertidas en la causa rol N° 5064/2019 del Primer Juzgado de Policía Local de Chillán, y el supuesto abandono de deberes, la recurrida manifiesta que sin perjuicio que todas ellas fueron desvirtuadas en sede penal, al revisarse los antecedentes tanto de investigación administrativa como los del proceso infraccional ya señalado, cuyas piezas principales se encontraban acompañadas a aquella, no se apreció ninguna situación que ameritara sancionar al fiscal nombre reservado en sede administrativa, salvo aquellas que si fueron objeto de investigación.

Plantea finalmente, que la acción constitucional de protección sólo se sustenta en afirmaciones sin ningún respaldo, hace alusión a delitos que fueron objeto de querellas desestimadas en sede judicial y solicita genéricamente que “se restablezca el estado del derecho”, sin que se realice una petición específica para dicho efecto, en virtud de los cual pide se tenga por evacuado el informe y, se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, al no configurarse ninguna actuación ilegal o arbitraria por parte de esta Fiscal Regional.

3°.- Que, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°- Que, es dable indicar que, según la parte petitoria del recurso, este ha sido deducido en contra de la Fiscal Regional de Ñuble doña nombre reservado, por su responsabilidad en el sobreseimiento de los hechos decretado por el Juzgado de Garantía de Chillán, por la aplicación de una sanción disciplinaria en el marco de una investigación sumaria administrativa Nº19-2020 en contra del recurrido y por la consideración de los hechos que se investigaron por la Fiscal Regional del Bio Bio, los que a juicio del actor, serían constitutivos de diferentes tipos de delitos.

6°.- Que, resulta necesario aclarar en primer término que el sobreseimiento de la investigación en sede penal, ha sido decretado por el Juzgado de Garantía de Chillán, sin que la recurrida tenga injerencia alguna en su determinación, toda vez que la investigación ha sido sustanciada por la Fiscal Regional de Bío Bío.

En efecto, consta de los antecedentes, que una vez recibida la denuncia del recurrente, se informó la situación al Fiscal Nacional, quien, conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 19.640, designó a Marcela Cartagena Ramos, Fiscal Regional del Bio Bio, a cargo de la respectiva investigación.

En relación a la querella criminal en contra del fiscal Álvaro Serrano Romo, por los delitos de daños, malversación de caudales públicos, obstrucción a la investigación, maltrato a persona discapacitada, calumnias, injurias, abuso de autoridad, abandono de deberes y otros, que dio inicio a la investigación RUC 2010054512-9, RIT 6705-2020, quedó a cargo también de la Fiscal Regional Marcela Cartagena Ramos, todos los cuales fueron sobreseídos definitivamente, por no configurar delito alguno, con fecha 15 de marzo de 2021, resolución la cual fue confirmada por esta Ilustrísima Corte el 1 de abril de 2021.

7º.- Que, en cuando a la investigación administrativa, y la determinación de los hechos investigados, se debe dejar en claro que esta no ha sido sustanciada por la recurrida, sino que por el Fiscal Eduardo Planck.

Asimismo, en el evento de estimarse que la acción está correctamente enderezada, al involucrar al Ministerio público como órgano autónomo y jerarquizado, en relación a la sanción disciplinaria aplicada al Fiscal nombre reservado y confirmada por el señor Fiscal Nacional, resulta necesario considerar que el recurso de protección no es el medio o vía idónea para dejar sin efecto sanciones administrativas firmes, por infracción de obligaciones o deberes funcionarios, concretando el ejercicio de la potestad disciplinaria en el marco del estatuto especial que los rige, ya que ésta acción cautelar fue creado para solucionar situaciones de emergencia frente a una grave perturbación, vulneración o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos constitucionales, situación que, no se da en la especie, en cuanto a su origen ni eficiencia en su resultado para dicho propósito, lo que amerita el rechazo de este recurso. En similar sentido ha resuelto al Excelentísima Corte Suprema en causa rol 2619-2020.

En efecto, es dable recordar, que el procedimiento disciplinario constituye también una garantía establecida a favor de los funcionarios de la administración pública, ya que sólo a través de este tipo de procedimientos se puede determinar su responsabilidad administrativa e imponer una sanción disciplinaria, si correspondiere, en concordancia con el resultado del proceso sumarial. Dicho de otro modo, la instrucción de una investigación sumaria o de un sumario administrativo garantiza que el funcionario no sufrirá consecuencias arbitrarias o ilegales a raíz de los hechos que se investigan, garantizando que tenga un debido proceso.

8º.- Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de una acción u omisión, arbitraria o ilegal, que importe una amenaza, perturbación o privación, en el legítimo ejercicio de los derechos reclamados por el recurrente, procede desechar la acción intentada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el don nombre reservado en contra de la Fiscal Regional de Ñuble doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Interina doña Roxana Salgado Salame.

R.I.C. 2047-2021-PROTECCIÓN.-