EULEN CHILE S.A. con INSPECCION DEL TRABAJO DE ÑUBLE

Chillán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Aníbal Rogel Sepúlveda, en representación de la empresa EULEN Chile S.A., empresa del giro de su denominación, Rol Único Tributario 96.937.270-3, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Ñuble, representada por su Jefe de Inspección, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario incurrido al rechazar la solicitud de reconsideración administrativa declarada como extemporánea, vulnerándose así la garantía de igualdad ante la ley contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Al fundamentar su presentación el letrado expresa que el 31 de mayo de 2021, por medio de Resolución de Multa Nº 8335-21.12.1, la Inspección cursó una multa a la Empresa por el siguiente concepto: “No otorgar el trabajo convenido en el contrato de trabajo que consiste en cajera en la instalación de Ruta del Maule, durante el periodo comprendido entre 01/04/2021 al 12/05/2021, respecto de la trabajadora doña nombre reservado”, imponiéndole una multa por la cantidad de 60 UTM, equivalente a $3.107.880, todo ello en consideración al artículo 7 y 506 del Código del Trabajo. Añade que con igual fecha, y por medio de Resolución de Multa Nº8335-21-12.2 la Inspección del Trabajo cursó otra multa a la empresa por el siguiente concepto: “No pagar las remuneraciones consistentes en sueldo base por hora, anticipo de gratificación y bono compensatorio con la periodicidad estipulada en el contrato de trabajo, respecto de la trabajadora nombre reservado, en el periodo abril 2021”, imponiéndole una multa por la cantidad de 60 UTM, equivalente a $3.107.880, todo ello en consideración al artículo 55 inciso 1° en relación con los artículos 7 y 506 del Código del Trabajo. Expresa el letrado que, con fecha 19 de agosto de 2021, la Dirección del Trabajo, mediante Resolución Nº 346, señaló que la reconsideración administrativa presentada era inadmisible, por cuanto no había sido presentada dentro del plazo de 30 días que exige el artículo 512 del Código del Trabajo, añadiendo que la aludida Resolución señala: “En relación a la presentación del antecedente, mediante la cual usted solicita la reconsideración administrativa de la multa 8335-21-12. 1.2, de 31 de mayo de 2021, le informo que no será posible admitirla a tramitación toda vez que no se dio cumplimiento al requisito establecido por el artículo 512 del Código del Trabajo, de haber sido presentada dicha solicitud dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación de la multa.”. Manifiesta el letrado de la recurrente que la Inspección del Trabajo se limita a declarar que la reconsideración administrativa presentada por la empresa era inadmisible, por ser presentada fuera de plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, sin indicar la fórmula de computo del mismo, lo que a su entender cobra especial relevancia, toda vez que la presentación se realizó el 13 de agosto de 2021 y la notificación de la Resolución que se reconsidera se verificó el 29 julio de 2021, de modo que entre un acto y el otro transcurrieron 11 días hábiles y por lo tanto, la reconsideración administrativa fue presentada dentro del plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo En el derecho se sostiene por parte del letrado que, conforme los hechos relatados, es posible concluir que la reconsideración administrativa fue interpuesta dentro del plazo que exige el ordenamiento jurídico laboral, por lo que carece de sentido la Resolución emitida por la Dirección del Trabajo, configurándose como un acto ilegal y arbitrario que vulnera el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República. Expresa que, en primer lugar, para efectos del cómputo del plazo, es relevante tener en consideración el artículo 508 del Código del Trabajo, donde su frase final señala que: “[l]la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”. Sobre ese plazo, es dable tener presente que es un plazo de días hábiles administrativos, esto es, aquellos que van de lunes a viernes, ello, por la aplicación supletoria de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que en su artículo 25 establece que, los plazos de días para procedimientos administrativos son de días hábiles administrativos, entendiéndose por inhábiles los días sábados, domingos y festivos, haciendo presente el letrado que así también lo ha dispuesto la unánime jurisprudencia judicial sobre la materia, por lo cual sería dable concluir que la Resolución de multa se entiende notificada a la Empresa el 29 de julio de 2021, y solamente -a partir de dicha fecha- se debe contar el plazo de 30 días consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo, ello por cuanto el depósito en la oficina de correos respectiva se produjo el 29 de julio de 2021. Añade que con respecto al plazo de 30 días consagrado en el citado artículo 512, la jurisprudencia administrativa y judicial ha dispuesto de manera unánime que el plazo de 30 días consagrado en el artículo antedicho es de carácter hábiles, corridos, esto es, de lunes a viernes, por aplicación supletoria de la Ley 19.880, procediendo el letrado a citar jurisprudencia en base a la cual asevera que el plazo límite para presentar la reconsideración administrativa es el 9 de septiembre de 2021. Plantea el letrado que, en conformidad a las consideraciones anteriores, y atendida la naturaleza del reclamo presentado por su parte, ejecutado de conformidad a lo dispuesto en los artículos 508, 511 y 512 del Código del Trabajo, su representada al iniciar un proceso administrativo para revisar la multa cursada, ha quedado sujeta a las prescripciones especiales contenidas en la Ley 19.880, de modo tal que el plazo referido en el Código del Trabajo debe ser considerado en base a días hábiles y no a días corridos, como malamente pretende la recurrida. Luego, al haber rechazado la Inspección Comunal del Trabajo de Ñuble -Chillán, mediante Nº346 de fecha 19 de agosto de 2021, ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, que ha privado injustificadamente a su parte de ejercer un legítimo derecho, siendo de este modo procedente el presente arbitrio con el fin de restablecer el imperio del derecho vulnerado. Detalla que tal acto es ilegal, en la medida que interpreta y aplica los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo fuera de su ámbito efectivo de regencia, de conformidad a la remisión a la norma especial que en derecho corresponde, esto es, la contabilización del plazo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, raciocino el cual considera carece de fundamento plausible (ajeno a derecho), transformándose en un acto que atenta contra el ejercicio de derechos constitucional y legamente consagrados, vulnerando mediante tal Resolución administrativa la garantía constitucional de igualdad ante la ley contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, siendo necesario corregir tal vicio, dejando sin efecto la decisión comunicada mediante Resolución Nº346 de 19 de agosto del presente, notificado a su parte el 23 de agosto de 2021.

Termina solicitando que en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en las normas constitucionales y legales citadas, y según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Ñuble-Chillán, representada por su Jefe de Inspección, don nombre reservado, ambos ya individualizados, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos con motivo del rechazo a tramitar la reconsideración de multa administrativa N°8335-21-12.1.2, de fecha 31 de mayo de 2021 y notificada a la empresa el 29 de julio de 2021, presentada el 13 de agosto de 2021, decisión que representando un acto ilegal y arbitrario en los términos expuestos, constituye una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de la garantía constitucional sobre igualdad ante la ley contenida en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, acción la cual solicita sea sometida a tramitación y se acoja íntegramente, disponiéndose:

a) Que, debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto lo dispuesto en Resolución Nº 346 de fecha 19 de agosto de 2021.

b) Que, como efecto de lo anterior, se disponga la obligación de la Inspección Comunal recurrida de tener a bien admitir la interposición de la reconsideración administrativa de multa, someterla a tramitación, y en definitiva, conocer derechamente sobre el fondo del asunto sometido a su resolución;

c) Que, se condene expresamente en costas a la recurrida.

A su presentación el letrado acompaña documentos.

2°.- Que, informando don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Ñuble- Chillán, en representación legal de la Inspección Provincial del Trabajo de Chillán, solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con costas, por cuanto carece en forma y fondo de los fundamentos que ameritan sea acogida.

En primer término se alega la improcedencia del recurso, por la falta de requisitos constitucionales para su interposición, ya que en opinión de la recurrida, el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios, por lo que en consecuencia, la acción cautelar invocada carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente. Se expresa, basado en el llamado principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, que la Dirección del Trabajo y, consecuentemente, las Inspecciones del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho. Conforme a dicho principio, la Inspección del Trabajo debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral (Artículo 503 y 505 ambos del Código del Trabajo) y en el caso sub lite, en virtud de sus facultades, poder ejercer un procedimiento de fiscalización, y cuando verifique el incumplimiento a la legislación laboral, cursar multa y admitir y resolver recursos administrativos en conformidad al procedimiento dispuesto en el Código del Trabajo. Es en razón de lo anterior, que la recurrida estima que el presente recurso carece de objeto y causa, por lo que debe ser desechado de plano.

En subsidio e informando sobre los hechos y circunstancia que han dado lugar a la presente acción, la recurrida informa que la presentación del recurso administrativo lo fue con fecha 16 de agosto 2021, habiendo sido legalmente notificada la Resolución de multa el 21 de junio 2021, por lo que el plazo para interponer el aludido recurso administrativo vencía el 4 de agosto 2021, motivo por el cual al presentarse el día 16 de agosto, se encuentra fuera del plazo legal. Detalla, en cuanto al cómputo del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, que el Dictamen N° 25.891 de fecha 16 de octubre 2018, de la Contraloría General de la República, establece:" En tal sentido, con arreglo al artículo 10 de la ley N° 19.880, cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, sus disposiciones se aplicarán con carácter supletorio. Al respecto, la jurisprudencia de este Órgano de Fiscalización ha precisado mediante sus dictámenes Nos. 33.255, de 2004; 15.492, de 2008 y 90.462, de 2015, entre otros, que esa aplicación supletoria debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial. De ello se sigue que resulta procedente complementar el citado artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.880, acorde con el cual los plazos de días son de días hábiles, siendo inhábiles los sábados, los domingos y los festivos. En consecuencia, cabe entender que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos. En base a lo señalado en el aludido Dictamen, la recurrida afirma que el recurso administrativo se encuentra fuera de plazo legal, sea que el cómputo de plazo sea de días hábiles administrativos o judiciales, detallando al respecto que si el cómputo del plazo es de días hábiles administrativos, como lo ha indicado la Contraloría General de la República, el plazo para interponer el recurso vencía el 4 de agosto de 2021 y si el cómputo del plazo fuera de días judiciales, vencía el día 28 de julio de 2021. Agrega, que el 11 de junio de 2021 fue recepcionada por correos de Chile, según documento que acompaña, y el sexto día es el 21 de junio de 2021, por lo que el plazo vencía, para interponer recurso administrativo, el 4 de agosto de 2021 y fue interpuesto en la Inspección del Trabajo el día 16 de agosto de 2021, es decir, fuera de plazo legal.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe del recurso de protección deducido en contra del Servicio que representa, para que, conociendo del mismo, se proceda a su rechazo, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, conforme al relato efectuado por la recurrente en su libelo, el acto que considera arbitrario o ilegal lo habría constituido la negativa o rechazo por parte de la recurrida en orden a recibir a tramitación la solicitud de reconsideración respecto de la multa administrativa Nº8335-21-12-1.2 de 31 de mayo de 2021, al considerar el ente recurrido haberse efectuado la presentación de manera extemporánea.

7º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es tener presente lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, precepto legal éste que refiriéndose a la facultad que tiene el Director del trabajo para reconsiderar una multa administrativa, establece lo siguiente: “El Director del trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud expresa del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”.

Ahora bien, en relación a lo señalado en el párrafo que antecede, resulta útil determinar desde cuándo se entiende practicada la notificación que realiza la Dirección del Trabajo, y en este sentido menester es consignar que dicha situación la resuelve el artículo 508, parte final, del código del ramo, al prescribir: “La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

8º.- Que, de esta manera, y con el propósito de dilucidar cuándo se habría practicado la referida notificación, se ordenó oficiar, y como medida para mejor resolver, a la oficina de Correos de Chile a fin de que dicha repartición informara respecto de la fecha de entrega de la correspondencia que contenía la resolución multa que le había sido aplicada a la empresa recurrente, respondiendo dicha oficina que con fecha 16 de junio de 2021, se efectúa un primer intento de entrega, lo que no se concretó por falta de tiempo del móvil, pero que posteriormente, con fecha 7 de julio último, fue asignado al envío un nuevo código, específicamente el Nº999992623621, el que fue entregado con fecha 29 de julio de 2021, en la dirección de destino a la señora nombre reservado, Rut RUT reservado.

9º.- Que, de conformidad con lo expresado en el motivo anterior, y en lo que al recurso interesa, habiéndose practicado la notificación de la resolución multa con fecha 29 de julio de 2021, y presentada la solicitud de reconsideración administrativa con fecha 13 de agosto último, fluye de manera evidente que esta última fue presentada dentro del plazo de 30 día hábiles que contempla el artículo 512 del Código del Trabajo.

10º.- Que, en consecuencia, habiendo quedado asentado en autos que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada dentro de plazo, la determinación de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Chillán, de no someterla a tramitación por estimarla extemporánea, se traduce, a criterio de esta Corte, en una decisión arbitraria e ilegal que vulnera la garantía contemplada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, al impedir, sin justificación plausible, que la recurrente pueda ejercer un derecho dentro de un término y plazo definido por la ley, por lo que la presente acción constitucional será acogida en la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Aníbal Rogel Sepúlveda, en representación de la empresa EULEN Chile S.A., en contra de la Inspección provincial del Trabajo de Ñuble, representada por su Jefe de Inspección don nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la recurrida admitir a tramitación, y darle curso progresivo a la solicitud de reconsideración de la multa administrativa Nº8335-21-121.2, de fecha 31 de mayo de 2021.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

No firma el Ministro señor Guillermo Arcos Salinas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

R.I.C. 2043-2021-PROTECCIÓN.-