nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Chillán, catorce de febrero de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, compare el abogado César Alejandro Irribarra Bravo, en representación de la Federación de Trabajadores de la Salud, Octava Región, y en favor de nombre reservado, trabajador de la salud, quien recurre de protección contra el Servicio de Salud Ñuble, por el acto ilegal cometido con ocasión de la dictación de la Resolución Exenta N°5857, mediante la cual se rechazó el recurso de apelación intentado contra la sanción aplicada en Sumario Administrativo N°590 de fecha 14 de abril de 2022, consistente en un descuento del 20% de la remuneración mensual por una sola vez, conculcando el derecho a la integridad psíquica, el honor del recurrente y el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Expone que su representado, al amparo de la Ley 18.834, realiza acciones de bienestar para los asociados de la Octava Región y con fecha 21 de diciembre de 2022, tomó conocimiento por medio de notificación, de la Resolución Exenta N° 5857, por la cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto en favor de don nombre reservado, y se le aplica la sanción de multa del 20% de la remuneración mensual por una sola vez, en Sumario Administrativo N° 590 de fecha 14 de abril de 2022. Hace presente que el sumariado es una persona de avanzada edad laboral e irreprochable conducta funcionaria, quien, a consecuencia de los actos seguidos en su contra se encuentra con enfermedad profesional de carácter psicológico.

Solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta N°5857 y se tenga por deducido recurso de protección contra el Servicio de Salud Ñuble, sin perjuicio de otra autoridad o institución que resulte responsable de la conducta denunciada, someterla a tramitación, y acogerlo en todas sus partes, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informando el recurso el abogado Paulo Enrique Campos Vega, en representación del Servicio de Salud Ñuble, solicita el rechazo con costas.

El letrado se refiere al inicio y tramitación de la investigación sumaria y posterior sumario administrativo decretado por Resolución Exenta N° 590 de 14 de abril de 2022. Explica que en virtud del aludido sumario, se dictó la Resolución Exenta N° 1446 de 25 de octubre de 2022, la cual impone al recurrente la sanción de multa de 20% de la remuneración mensual por una vez, señalando que ésta fue propuesta, aplicada y confirmada, considerando y ponderando las circunstancias modificatorias de responsabilidad como atenuantes que constan en la hoja de vida de los funcionarios y anotaciones de mérito y demérito agregadas en el proceso. Precisa que el recurrente, dedujo recurso de reposición y apelación en subsidio por medio de su defensa legal, recursos admitidos a tramitación y resueltos con fecha 19 de diciembre de 2022, mediante Resolución Exenta N°5857 dictada por la Directora (S) del Servicio de Salud Ñuble, aplicando la sanción en los términos expresados.

Asevera que los referidos recursos, se fundaron básicamente en que la formulación de cargos viola el principio de inocencia, afectando la igualdad ante la ley, la honra, un juicio justo y el debido proceso, argumentos que corresponden a una apreciación personal que carece de todo sustento.

Expresa que, en la especie, no se reúne ninguno de los requisitos constitucionales exigidos para hacer efectiva la acción constitucional de protección, por cuanto no existe ni ha existido acto u omisión arbitrario o ilegal, como tampoco se ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos señalados en el referido artículo 20 de la Carta Fundamental. Asegura que la Resolución Exenta Nº5857, constituye un acto administrativo que goza de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios y producto de la potestad disciplinaria de la que está dotada la administración y del cumplimiento que regula el debido proceso disciplinario contenido en el DFL Nº 29 sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que de la lectura del recurso se desprende que el recurrente, más que procurar la defensa de garantías constitucionales, persigue que se emita un pronunciamiento respecto del fondo del sumario administrativo, materia que excede el ámbito de aplicación del recurso en comento. Cita el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado en causa Rol Nº 2.251 de 2015 y solicita que la acción cautelar entablada se declare improcedente, añadiendo que no es el mecanismo para impugnar un Sumario Administrativo, citando al respecto fallo de la Excelentísima Corte Suprema dictado en causa Rol 28.217 de 2014.

Por último, manifiesta que no ha existido vulneración de garantía constitucional alguna, solicitando, se tenga por evacuado el informe y en virtud de los argumentos expuestos, se rechace la acción deducida en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, del mérito de los antecedentes aparece que la Resolución Exenta Nº5857 impugnada, se pronunció sobre la decisión adoptada por la Directora (S) del HCSF de Coelemu en Resolución Exenta N°1446 de 25 de octubre de 2022, respecto de un sumario administrativo incoado contra el funcionario nombre reservado, en el cual se le impuso la medida disciplinaria de multa del 20% de la remuneración mensual por una vez, por haberse acreditado en la investigación la infracción a la letra m) del artículo 81 del Estatuto Administrativo, esto es, “Realizar todo acto calificado como acosos laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”.

7°.- Que, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, no corresponde a esta Corte constituirse en una nueva instancia para revisar procedimientos administrativos que las autoridades de la Administración del Estado han realizado en uso de sus atribuciones y facultades legales, como ocurre en este caso, de modo tal que no se advierte en los hechos expuestos ilegalidad o arbitrariedad alguna en la Resolución Exenta Nº5857 de 19 de diciembre de 2022, dictada por doña nombre reservado, Directora (S) Servicio de Salud de Ñuble, objeto del presente recurso, acción cautelar que, en consecuencia, debe ser rechazada.

Por último, al no existir un acto arbitrario o ilegal, se estima inoficioso ponderar la eventual trasgresión de las garantías constitucionales que da cuenta el arbitrio.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don César Alejandro Irribarra Bravo, en representación de la Federación de Trabajadores de la Salud, Octava Región, y en favor de nombre reservado, contra el Servicio de Salud Ñuble.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Paulina Gallardo García.

Rol N° 203-2023.- PROTECCION.

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