nombre reservado con AFP HABITAT

18 Chillán, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Visto:

1°.- Que, comparece doña istos:de noviembre de dos mil veintiuno.

.iado legal.ido a la vista de la a suspension de la vista de la causa en los autos rolClarisa Del nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de AFP Habitat y de la Superintendencia de Pensiones.

Lo funda, en suma, en que las recurridas han incurrido, a su juicio, en el acto ilegal y arbitrario de rechazar su renuncia a la pensión de sobrevivencia que le corresponde en virtud del fallecimiento de su cónyuge don nombre reservado, solicitando que se le entregue de una vez, de todos los ahorros previsionales, estimando que, éstas se ha erigido en los hechos como jueces extraordinarios para fundar su ilícita acción, que atentó y afectó sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 3, 4 y 24 de la Carta Fundamental.

A continuación señaló que habiendo fallecido su marido y siendo éste el cotizante aun no pensionado de sus ahorros previsionales cuya administración tocaban a vuestro administrador de conformidad con los artículos 5° y 6° del DL 3.500, su calidad de acuerdo a esta normativa es la de beneficiaria de una pensión de sobrevivencia lo que trae como consecuencia que este supuesto derecho legal, estaría por sobre su calidad de heredera o de sus ganancias post término de la sociedad conyugal que la regía.

Enseguida afirmó que de los conceptos anteriores, no obstante lo expuesto, hay un aspecto que no puede soslayarse y es la libertad de invocar derechos propios, para el caso, es la renuncia, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 del Código Civil.

Además, agrega que la renuncia no vulnera la Constitución Política desde que ella no prohíbe o limita la facultad de renunciar. Al mismo tiempo afirmó que no considera apegado a derecho el que se prohíba una renuncia porque se indique que es un derecho previsional del que no se permiten renuncias; y es que el derecho para qe una cónyuge sobreviviente acceda a una pensión de sobrevivencia, no es técnicamente como tal un derecho previsional; es más bien un derecho especial –sui generis, de origen legal, el cual no tiene indicios normativos de que una persona natural no pueda tener disposición d él. Así la renuncia es procedente y totalmente legítima.

Termina solicitando que se debe acoger la presente acción ordenando: la eliminación inmediata de la resolución de negación a aceptar su “renuncia” a un derecho establecido en su propio beneficio y que no tiene prohibición de renunciarse, a fin de no seguir menoscabando ni su proscripción a juez natural, ni su derecho de propiedad, ordenando también que en el acto se permita aceptar lo que por derecho patrimonial le corresponde, la renuncia, sin perjuicio de otra decisión que el tribunal decida adoptar, con expresa y ejemplificadora condenación en costas del recurso.

2°.- Que, al evacuar el informe solicitado, el abogado don ROBERTO FELIPE DIAZ BRAVO, por la recurrida AFP HABITAT S.A., alega en primer lugar, la extemporaneidad de la acción, fundado en que la recurrente en su confuso recurso, no señala ningún acto específico ni la fecha del mismo, que constituiría un supuesto acto arbitrario y/o ilegal de AFP Habitat, sin perjuicio de ello, es de público conocimiento que conforme al Decreto Ley 3.500 del año 1980 (DL 3.500), nunca ha sido posible devolver los fondos previsionales a los afiliados a las AFP si no es para destinarlos a los fines establecidos en la Ley, porque única y exclusivamente pueden ocuparse para el financiamiento de los beneficios previsionales, principio fundamental que rige el Sistema de Pensiones de nuestro país. Hace presente que nombre reservado se incorporó a AFP Habitat el 01/07/2018, por lo que –a lo menos desde esa fecha- aceptó las regulaciones, características y restricciones de sistema previsional establecido en el DL 3.500. Además, que desde mayo del año 1981, esto es desde que inició su vigencia el DL 3.500, no es posible legalmente acceder a una petición como la formulada, por lo cual cualquier recurso en esta materia debería considerarse extemporáneo. Añade que, aceptar lo contrario iría en contra de una norma tan básica como la establecida en el Art. 8 del Código Civil que establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia, menos aún si el afiliado (cónyuge de la recurrente) realizó su primera cotización en AFP Habitat hace más de 3 años, aceptando la regulación del referido sistema de pensiones.

A continuación, sostiene que el recurso de protección es inaplicable en este caso, pues se trata de una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio, y en este caso, la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, la recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que ella pretende. Por lo tanto, es improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido, toda vez que en el evento que existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud, la que estimamos en todo caso totalmente infundada y contraria a derecho que requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el Sistema de Pensiones vigente en nuestro país. Al efecto, cita variada jurisprudencia, y concluye que en todos los fallos que trascribe, no revisten las especiales características requeridas para la admisibilidad de un recurso de protección, pues no se evidencia un acto arbitrario o ilegal ni vulneración del derecho de propiedad ni de sus atributos, ya que las AFP no pueden acceder a realizar un acto que la ley no les permite realizar. Añade que, tanto es así, que el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 21.248 que establece la posibilidad única y excepcional de poder retirar un 10% (NO EL TOTAL COMO SOLICITA LA RECURRENTE) de los fondos previsionales con ocasión de la pandemia del Covid-19, discusión que obviamente se produjo porque la ley no autorizaba el retiro ni total ni parcial de fondos y, por lo tanto, mal podría AFP Habitat acoger la solicitud de la recurrente sin caer en flagrante infracción legal. Asimismo, se autorizó un segundo retiro del 10% por la Ley N° 21.295 de 10/12/2020 y un tercer retiro por la Ley N° 21.330 de 28/04/2021. Actualmente se discute en el Congreso Nacional la posibilidad de una nueva reforma constitucional para permitir un cuarto retiro del 10 % de los fondos previsionales. En ningún caso estas reformas constitucionales han autorizado el retiro del 100% de los fondos de pensiones de los afiliados, como lo solicita la recurrente.

En cuanto a lo que expresa la recurrente respecto a que, el 29/03/2021 falleció su cónyuge don nombre reservado, CI N° RUT reservado. Reconoce la Sra. nombre reservado que detenta la calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivencia del Sr. nombre reservado, en su calidad de cónyuge sobreviviente. Agrega que se le habría negado su derecho a renunciar a su derecho a percibir la pensión de sobrevivencia, lo que constituiría un acto ilegal y arbitrario, pues se violaría su derecho fundamental “al juez natural y al derecho de propiedad”, y que el 19/07/2021 la Superintendencia de Pensiones, le negó su derecho a esta renuncia de derechos, pero en ninguna parte del recurso se indica cuál habría el acto ilegal o arbitrario cometido por su representada, AFP Habitat, señala que hasta la fecha la Administradora no ha recibido ninguna solicitud de Pensión de Sobrevivencia de los posibles beneficiarios de pensión de Sobrevivencia, tampoco se acompaña constancia de la atención efectuada o respaldo de algún trámite solicitado por la recurrente. En lo que referente a don nombre reservado, señala que el 30/04/2021 se cargó en su cuenta la Cuota Mortuoria y no registra ninguna solicitud de trámite de pensión de sobrevivencia.

Posteriormente refiere la normativa del Sistema de Seguridad Social del país, y precisa que no existe ninguna interpretación arbitraria ni menos antojadiza de parte de su representada como señala el recurrente, toda vez que su proceder se ha ajustado en todo momento a la Ley y a las normas de la Superintendencia de Pensiones, además, las prestaciones de Seguridad Social son derechos personalísimos, y en consecuencia, son inalienables, intransmisibles e irrenunciables, sin perjuicio de que nadie puede ser obligado a ejercerlos, por lo que, no podrían los beneficiarios de pensión, en este caso la cónyuge recurrente, renunciar a su derecho a pensión de sobrevivencia. Agrega que las AFP están obligadas por ley a mantener los fondos previsionales de las cuentas individuales de cotizaciones obligatorias quedados al fallecimiento de un afiliado, en tanto exista o pueda existir algún beneficiario de pensión. Razones por la cuales, resulta evidente que las alegaciones formuladas por la recurrente en su recurso son del todo improcedentes porque se apartan de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y no ha habido por parte de su representada acto arbitrario ni ilegal ni privación perturbación, ni amenaza o vulneración de derecho alguno, ni a ninguno de los principios al derecho de propiedad u otras garantías que se indican en el recurso y, en ningún caso, se ha producido algún abuso o una interpretación antojadiza o arbitraria en la negativa a entregar un certificado de herencia o pagar la herencia respecto de los fondos a los herederos del afiliado causante. Por el contrario, AFP Habitat ha dado cabal cumplimiento a la Ley y normativa aplicables, por lo cual procede su total rechazo, lo único que se advierte es un desconocimiento de normas básicas de derecho de quien está inmutando y trastornando el orden y concierto de las cosas o su quietud y sosiego, con las imputaciones absolutamente fuera de lugar que formula en su recurso haciendo procedente la condenación en costas.

A continuación dice que se puede concluir que la AFP ha actuado en conformidad a la Constitución Política de la República, al DL 3.500, de 1980 y demás leyes aplicables y a la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones, por lo que no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal en la denegación a la solicitud presentada por el recurrente para devolver sus fondos previsionales. Por el contrario, en todo momento se ha ajustado a la ley y a la normativa aplicable, garantizando los derechos del afiliado recurrente y de sus beneficiarios, al igual que del resto de sus afiliados, a todas las prestaciones de seguridad social establecidas en la legislación chilena. No existe un acto ilegal, toda vez que al responder a la solicitud de la recurrente sólo aplicó la legislación vigente y no podría haber dado una respuesta distinta, pues en ese caso sí habría actuado infringiendo la ley. Tampoco hay un acto arbitrario alguno porque la arbitrariedad supone la capacidad de optar entre alternativas distintas y elegir una sin fundamento o base. En este caso, su representada no tenía alternativa (no hay otra respuesta posible) y, a cualquier persona que solicite lo mismo necesariamente se le tiene que dar la misma respuesta. Añade que, de los hechos relatados por la parte recurrente, no se desprende de ninguna manera que pueda existir vulneración alguna de las Garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución, que requiera el amparo constitucional que la citada norma otorga. Es la Ley la que señala la oportunidad y la forma en la cual se ejercen los derechos previsionales, de manera que esta Administradora al negar la entrega del certificado de herencia al recurrente porque no cumple los requisitos legales para tal efecto, no vulnera garantía constitucional alguna, sino que precisamente resguarda el derecho de propiedad del mismo afiliado y de sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia tanto sobre los fondos como sobre su derecho a la seguridad social, para que puedan obtener una pensión y los demás beneficios previsionales (incluyendo herencia) establecidos en la ley para todos los afiliados del Sistema de Pensiones. Además, el acceder a la seguridad social conlleva restricciones y disciplinas que se traducen en limitaciones a la propiedad y sus atributos. La Constitución consagra la dignidad del hombre como su piedra angular y por lo tanto, es de interés general de la Nación que los que se encuentran incapacitados para trabajar por vejez, invalidez u otra causa, tengan una vida digna gracias a la seguridad social, garantía consagrada en el N° 18 del Art. 19 de la CPR que dispone que la ley puede establecer cotizaciones obligatorias.

Finalmente pide el rechazo del recurso con costas.

3°.- Que, al informar la Superintendencia de Pensiones, señala que la que la actora omite identificar contra qué acto recurre, dificultando con ello la debida defensa de su representada.

A continuación, añade que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, pues, conforme prescribe el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, de lo que se concluye que la acción de protección tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato. La jurisprudencia y la doctrina están contestes en cuanto el objeto de esta acción cautelar no es otro que poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento sean alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente. Vale decir que, por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y prexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente. Consecuente con ello, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

Añade que del tenor del recurso de protección interpuesto por la recurrente, es concluyente que lo que solicita es que se declare que tiene derecho a acceder a los Fondos Previsionales de su cónyuge como herencia, a pesar de que la ley expresamente ha establecido que dichos Fondos están destinado al pago de pensión de sobrevivencia. Lo que la recurrente plantea es su disconformidad con la decisión adoptada por A.F.P. Habitat S.A., pues estima que tiene derecho a renunciar a la pensión de sobrevivencia que la ley le ha concedido, sin embargo, no ha considerado que la Ley no ha otorgado a las AFP la facultad para autorizar tal solicitud, que no es otra cosa que un acto declarativo para efectos de acceder a los Fondos Previsionales de su cónyuge fallecido como herencia, lo cual en el ámbito de este recurso es inadmisible por cuanto es una acción de emergencia constitucional, siendo que los hechos sobre los cuales se reclama deben discutirse en procedimiento de lato conocimiento.

Luego, expresa que tomado conocimiento de la presentación en cuestión, la Superintendencia de Pensiones solicitó a AFP Habitat S.A. que diera respuesta a doña nombre reservado y emitiera informe sobre la situación previsional de don nombre reservado, por su parte, AFP Habitat S.A, remitió copia de la carta que envió a doña nombre reservado, mediante correo electrónico de fecha 7 de mayo de 2021, en la que respondió a la solicitud de la actora en los siguientes términos: “…no es posible a los beneficiarios de pensión y/o a la sucesión de un afiliado optar por los beneficios previsionales, sino que estos deben ser otorgados de acuerdo a lo dispuesto por Ley y normativa previsional. En efecto, el D.L. 3.500 de 1980 establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta ley Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley (Art. 23). En particular, señala el artículo 5° que: “Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia, los componentes del grupo familiar del causante, entendiéndose por tal, el o la cónyuge sobreviviente, los hijos de filiación matrimonial, de filiación no matrimonial o adoptivos, los padres y la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante. Cada afiliado deberá acreditar, ante la respectiva Administradora, la existencia de sus eventuales beneficiarios, por los medios legales pertinentes.” El artículo 6º señala: “El o la cónyuge sobreviviente, para ser beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con él o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la causante pensionada de vejez o invalidez. Estas limitaciones no se aplicarán si a la época del fallecimiento la cónyuge se encontrare embarazada o si quedaren hijos comunes.” El inciso final del articulo 66 del D.L. N° 3.500 de 1980, establece que: “Si no quedaren beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el saldo remanente en la cuenta de capitalización individual del afiliado incrementará la masa de bienes del difunto.”. A su vez, el artículo 72 dispone: “El saldo que quedare en la cuenta de capitalización individual o en la cuenta de ahorro voluntario de un afiliado fallecido, que incremente la masa de bienes del difunto, estará exento del Impuesto que establece la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en la parte que no exceda de cuatro mil Unidades de Fomento.”. Por su parte el artículo 87 señala: “El afiliado que fallezca por un accidente del trabajo o enfermedad profesional y el que falleciere estando pensionado por invalidez total o parcial de la ley Nº 16.744, del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, o de cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, causará pensión de sobrevivencia en los términos que establecen esas leyes. En estos casos, los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual del afiliado, incrementarán la masa de bienes del difunto.”. Por su parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones dispone en su Libro III, Título I, Letra G Otros Beneficios, lo siguiente: “Capítulo III. Herencia 1. Fondos que constituyen Herencia según el D.L. Nº 3500 a)

Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual, en Depósitos Convenidos y en las Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario Individual o Colectivo, quedados al fallecimiento de un causante y no contando éste con beneficiarios de pensión de sobrevivencia, en los siguientes casos:

i.

Afiliado fallecido durante su afiliación activa.

ii.

Afiliado inválido fallecido antes de que el dictamen de invalidez haya quedado a firme y ejecutoriado.

iii.

Afiliado pensionado fallecido antes de la suscripción del formulario selección de modalidad de pensión.

iv.

Afiliado pensionado fallecido acogido a retiro programado.

v.

Afiliado pensionado fallecido acogido a renta vitalicia con retiro programado.

vi.

Afiliado pensionado fallecido que se encontrare percibiendo una renta temporal.

vii.

Afiliado pensionado fallecido que hubiere optado por la modalidad de renta vitalicia inmediata y que al momento del fallecimiento el contrato no estuviere vigente.

viii.

Afiliado pensionado por invalidez parcial conforme a un primer dictamen.

No obstante lo anterior, en caso de pólizas de seguros, esta disposición aplicará sólo respecto a los depósitos convenidos.

b)

Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual, depósitos convenidos y en las Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, al fallecimiento de un afiliado activo por un accidente del trabajo o enfermedad profesional. No obstante lo anterior, en caso de pólizas de seguros, esta disposición aplicará sólo respecto a los depósitos convenidos.

c)

Los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual y en las Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, quedados al fallecimiento de un afiliado pensionado por invalidez total o parcial de la Ley Nº 16.744, del D.F.L. N° 29, de 2004, Estatuto Administrativo, o de cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. No obstante lo anterior, en caso de pólizas de seguros, esta disposición aplicará sólo respecto a los depósitos convenidos.

d)

Los fondos acumulados en las cuentas de ahorro voluntario de un afiliado fallecido. Tales fondos hereditarios se deben cobrar en la Administradora que los mantenga a la fecha del fallecimiento.

e)

Los fondos acumulados en la cuenta de indemnización obligatoria de un afiliado fallecido o de un imponente del sistema antiguo fallecido.

f)

Los fondos acumulados en depósitos convenidos y ahorro previsional voluntario, de un imponente del sistema antiguo fallecido. No obstante lo anterior, en caso de pólizas de seguros, esta disposición aplicará sólo respecto a los depósitos convenidos.

g)

Las pensiones devengadas y no cobradas por un afiliado pensionado fallecido, incluyendo el monto de APS, si correspondiera.

h)

Los retiros de excedentes de libre disposición cuyo pago ha sido cursado y ha sido girado el respectivo cheque por la Administradora, pero no cobrado a causa del fallecimiento del afilado.

i)

Los fondos quedados en la cuenta de capitalización individual al fallecimiento de un pensionado que se encontraba en régimen de pago bajo las modalidades de renta vitalicia inmediata o renta vitalicia diferida, no contando éste con beneficiarios.

En consecuencia, conforme a los antecedentes presentados, consta claramente que existe una beneficiaria de pensión de sobrevivencia, la cónyuge sobreviviente, doña nombre reservado, por lo que el beneficio que en primer lugar corresponde pagar legalmente a la AFP es el de pensiones, no siendo este renunciable.”

Añade que a continuación, su representada emitió respuesta online a la recurrente informándole lo siguiente: “…el artículo 34 del D.L. 3.500 de 1980 señala que los fondos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados, incluido el Bono de Reconocimiento, deben ser destinados sólo a generar pensiones de vejez, invalidez, sobrevivencia y cuotas mortuorias. De hecho, la Normativa vigente señala que, en caso de fallecimiento de un afiliado, los componentes de su grupo familiar que cumplan con los requisitos podrán tener derecho a una Pensión de sobrevivencia. Entre ellos: El O LA CÓNYUGE SOBREVIVIENTE: debe haber contraído matrimonio con el causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de fallecimiento, o tres años si el matrimonio se verificó siendo el causante pensionado de vejez o invalidez. Lo anterior no se aplica si, a la fecha del fallecimiento, quedaran hijos comunes o cuando la cónyuge está embarazada. Ahora bien, el monto será equivalente al siguiente porcentaje de la pensión de referencia del causante: - 60% para el o la cónyuge; - 50% para el o la cónyuge, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta por ciento cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión; A su vez, le informamos que esta Superintendencia debe manifestar que el derecho a la Seguridad Social posee rango constitucional, ya que está consagrado en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política, es de naturaleza patrimonial y personalísimo, características que conforme a la doctrina y de acuerdo a la sostenida jurisprudencia de este Organismo, lo hacen irrenunciable.

Por tanto, corresponde indicar que conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 66 del D.L. N°3.500, de 1980, los fondos acumulados en la Cuenta de Capitalización Individual del afiliado fallecido constituyen herencia sólo cuando no quedaren beneficiarios de pensión de sobrevivencia, por tanto, el saldo debe destinarse a pagar las pensiones de sobrevivencia que corresponden.”.

Explica que, tanto esta Superintendencia de Pensiones como A.F.P. Habitat S.A., dieron debida respuesta a las presentaciones de doña nombre reservado y de su hija, relativas a la solicitud de renuncia a la pensión de sobrevivencia de la que es beneficiaria la señora nombre reservado en calidad de cónyuge del afiliado fallecido don nombre reservado, explicándole detalladamente imposibilidad legal de dar lugar a su solicitud.

Luego de citar la norma aplicable dice que ésta obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones a comprobar si se ha acreditado debidamente el cumplimento de los requisitos establecidos por la normativa para otorgar pensión de sobrevivencia a los beneficiarios establecido en a la ley, no siendo en ningún caso un proceso arbitrario aplicado por la A.F.P. y menos aún por esta Superintendencia. Cabe reiterar, que en el caso de autos no se ha tramitado solicitud de pensión de sobrevivencia ante A.F.P. Habitat S.A.

Más adelante, expresa que la señora nombre reservado impugna lo obrado por esta Superintendencia de Pensiones, señalando que vulneró su garantía constitucional establecida 3, 4, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al respecto, cabe señalar enfáticamente que mi representada siempre ha actuado con apego a la ley, ejerciendo las facultades que le otorgó el D.L. N° 3.500, de supervigilancia y fiscalización de lo obrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones. Fue en este contexto que se analizó el caso de la señora doña nombre reservado, pudiendo verificarse que lo solicitado por la actora no se ajusta a derecho, emitiendo un oficio informativo en tal sentido que se encuentra ajustado a la normativa vigente en la materia.

A continuación sostuvo que lo actuado por la Superintendencia de Pensiones se ajusta a derecho, ya que ha ejercido las facultades establecidas en el D.L. N° 3.500, de 1980, ha verificado el actuar de A.F.P. Habitat S.A., en cuanto a responder en tiempo y forma la presentación de la actora, la que en todo caso no registra solicitud de pensión de sobrevivencia tramitada ante esa Administradora. Por la misma razón el acto impugnado carece de arbitrariedad, pues lo obrado por la Superintendencia de Pensiones obedece a la aplicación irrestricta de la ley. Precisa que, tampoco ha incurrido en acto u omisión alguna que perturbe o amenace los derechos constitucionales de la recurrente, pues ha informado los beneficios a que tiene derecho conforme a la ley previsional y la improcedencia de entregar el saldo de la Cuenta de Capitalización Individual del afiliado fallecido. Recalca que su representada en ningún caso pudo conculcar el derecho de propiedad de doña nombre reservado, pues es la ley la que establece el fin exclusivo de los Fondos de Pensiones, pagar pensiones a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. En rigor, la recurrente no tiene la propiedad de los fondos de pensiones, sino sobre el derecho a percibir pensiones con cargo a dicho saldo. Cabe agregar, que tampoco se ha vulnerado su derecho al debido proceso, pues la solicitud de la señora nombre reservado fue debidamente tramitada y contestada tanto por A.F.P. Habitat S.A., como por su Servicio. Tales asertos han sido ratificados por la reiterada y uniforme jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores, particularmente de la Excma. Corte Suprema.

Por último, indica, que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza al debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, mediante la adopción de medidas concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho y poner fin a dichos actos u omisiones. Por lo tanto, para su procedencia se requiere que se compruebe la existencia de la acción reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantias constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y, que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

En mérito de lo expuesto y conforme a los antecedentes proporcionados, señala que no existe en autos un acto que revista el carácter de ilegal, o que resulte arbitrario. Así, el proceso para determinar si la recurrente es beneficiaria de pensión de sobrevivencia es de competencia de A.F.P. Habitat S.A., la que una vez que la actora concurra a solicitar el beneficio podrá establecer si cumple los requisitos para ello, de ser así, es importante consignar que no podrá renunciar a dicha pensión, por cuanto tiene un fin alimenticio implícito en la ley.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, es dable indicar que respecto de las normas sobre régimen previsional chileno, ellas esencialmente se agrupan en el Decreto Ley 3.500, de 1980, publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de noviembre del mismo año; Reglamento contenido en Decreto Supremo N° 57, de 1.990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por Decreto Supremo N| 197 de 1.996, N° 77 del año 2.000, N° 48 de 2.004 y N° 13 del año 2.008, todos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Reglamento de la Comisión Calificadora de Riesgo, Decreto Supremo N° 31 de 1.985, Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Reglamento Sobre Excesos de Inversión, Decreto Supremo N° 4 de 1987, Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Reglamento del Mercado Primario Formal para fondos de pensiones, contenido en Decreto Supremo N° 60 de 1.987, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por D.S. N° 12 de 1.988; Reglamento de Inversión de los Fondos de Pensiones en el Extranjero, decreto Supremo N° 8 del año 2.003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1.980, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, modificado por artículo 143 de la Ley 18.046, y artículos 5 y 7 de Ley 19.301, y Ley 20.255, que establece el concepto de “pilar solidario” introduciendo reformas al sistema vigente hasta entonces, contemplando asimismo la actual Superintendencia de Pensiones, con función de interpretación de legalidad aplicable, interpretación que es obligatoria para las Administradoras del sistema.

8°.- Que, tal como ha fallado la I. Corte de Apelaciones de Valdivia en causa rol 300-2016 sobre recurso de protección, las normas sobre cotizaciones previsionales, su administración y el otorgamiento de pensiones con los fondos administrados, revisten carácter de utilidad pública, desde que se establece con carácter de obligatoriedad para los trabajadores el descuento de parte de sus ingresos, a fin de ser entregados a resguardo de instituciones administradoras, las que deberán mantener dichas sumas de dinero en forma separada al patrimonio de la administradora, y otorgar al afiliado las prestaciones que la ley señala, de manera de asistir a los estados de necesidad o carencia en las contingencias de vejez, invalidez o sobrevivencia. El mismo artículo 19 de la Constitución Política, en su numeral 18° ha declarado como garantía constitucional “El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.”

El sistema previsional vigente corresponde efectivamente al de capitalización individual, impuesto a partir del Decreto Ley 3.500, modificado en su esencia por la Ley 20.255, que introduce el concepto de “pilar solidario” asegurando pensiones mínimas sin relación con las cotizaciones acumuladas. Sin embargo, la propiedad del cotizante sobre sus fondos previsionales resulta relativa. Es efectivo que sus cotizaciones determinarán la cuantía de su pensión, distinguiéndose así del denominado “sistema de reparto”; pero ello no implica la libertad para disponer de tales fondos. En efecto, la facultad de disposición respecto de los fondos previsionales nunca ha sido absoluta, ni en el sistema de reparto ni en el de capitalización individual, desde que los fondos previsionales se hallan afectos a un fin específico, determinado por la ley, y que consiste en el financiamiento esencialmente de pensiones mensuales. Así fluye del examen de los principios doctrinales, la historia de la ley y los preceptos vigentes relativos a la materia. El afiliado puede complementar las cotizaciones de carácter obligatorio con cotizaciones voluntarias adicionales, y respecto de las que podrá pactar condiciones distintas, pero aquella parte de sus ingresos que de manera obligatoria ingresa a los fondos administrados por las AFP, no son susceptibles de disposición sino en la forma, oportunidad y cuantía que la ley ha previamente determinado.

9°.- Que, en cuanto a la situación específica planteada en el recurso, y referida a pensiones de sobrevivencia, rige el mismo principio ya esbozado, en cuanto a que efectivamente el patrimonio previsional de un afiliado le pertenece, pero las formas en que el titular, o en éste caso el “beneficiario” podría disponer de dicho patrimonio se encuentra legalmente limitada. Esta limitación aparece respaldada en el inciso segundo del número 24° del artículo 19 invocado en el recurso: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. En caso de suscitarse dudas en cuanto a la interpretación de las normas vigentes sobre fondos previsionales, se ha establecido una entidad denominada Superintendencia de Pensiones, a la cual se le ha entregado la facultad de interpretar dichas normas con carácter obligatorio para las administradoras. En consecuencia, las Administradoras de Fondos de Pensiones no actúan de manera arbitraria en cuanto ejecutan sus actos con apego a la legislación vigente y a las directrices interpretativas emanadas de la Superintendencia de Pensiones. Aun cuando el afiliado o incluso la comunidad toda pudiesen estimar que el sistema no cumple con los requerimientos que la dignidad humana reclama, dicho cuestionamiento no es susceptible de ser dilucidado en esta instancia, puesto que se analiza la actuación concreta de la recurrida, la que no se aparta de la legislación vigente.

10°.- Que, la renuncia que un beneficiario de pensiones pudiere efectuar, como forma de disposición de un patrimonio que le ha sido deferido, también queda afecto a las limitaciones propias del fin de utilidad pública a que se orientan las normas previsionales. La mera voluntad del beneficiario no podría ser aceptada como suficiente para desnaturalizar el sentido de las pensiones, como forma se asistencia durante etapas y acontecimientos de la vida en que el beneficiario requiere del suministro paulatino de tales fondos. Tal como los recurridos han coincidido la situación única de renuncia está referida al caso en que existen prestaciones asistenciales o indemnizatorias derivadas de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, incompatibles con las reguladas por el Decreto Ley 3.500. Empero, la irrenunciabilidad no obsta a que el beneficiario pueda voluntariamente abstenerse de percibir tales pensiones, manteniéndose en consecuencia, tales fondos en resguardo de la Administradora hasta que lleguen a constituir herencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, la acción interpuesta por doña nombre reservado, en contra de AFP Habitat y la Superintendencia de Pensiones.

Notifíquese y Regístrese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

ROL 2022-2021-PROTECCIÓN.-