nombre reservado con nombre reservado

Chillán, catorce de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, chileno, soltero, ingeniero civil metalúrgico, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, chilena, soltera y de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, chilena, soltera, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Refiere el recurrente que el pasado 19 de septiembre de 2019, estuvo en una fiesta familiar en el campo de su padre, compartiendo en distintas actividades en compañía de la familia nombre reservado y otros invitados, todo ello dentro del contexto de las festividades patrias, donde bailamos en un galpón con toda la familia, dentro de un ambiente participativo y dinámico, sin que hayan existido presiones u hostigamientos de ningún tipo por su persona, a ninguno de los invitados a la fiesta. Añade que, al término de dichas celebraciones, alrededor de las 22:45 horas, se creó un grupo dentro de la plataforma de mensajería WhatsApp en conjunto con amigos y familiares con el objeto de reunirse en las ramadas de Yungay y continuar con las celebraciones. Detalla qué al haberse realizado las celebraciones en su domicilio, debió quedarse hasta tarde ordenando y guardando todos los equipos de música que se utilizaron, para luego dirigirse a la casa de su tío para reunirse con su hijo y su esposa, e ir a las ramadas, lugar en el que ya se encontraban sus primos. Indica que concurrió con sus primos Alan y Daniela a la fonda “La Yungayina”, donde se reunieron con el resto del grupo, en el que se encontraban las recurridas. Plantea que al percatarse que ellos ya habían consumido los tragos que habían comprado, decidieron comprar pisco, bebida e hielo, lo que quedó a disposición de todos para el consumo de todo el grupo conformado por Alex, Julio, Trinidad, Josefina, nombre reservado y el recurrente. Terminadas las ramadas, con todo el grupo se fueron del lugar y llegaron a la sede Municipal de Yungay, donde había otras personas festejando, momento en el cual Josefina indicó que quería irse del lugar y preguntó quién podía ir a dejarla, a lo que nadie respondió. Luego de un rato, le dijo que él podría acompañarla a su domicilio y nombre reservado también quiso irse en ese momento, por lo que se fueron en conjunto a dejar a Josefina a su casa. Luego de ello, caminó por el paseo peatonal con nombre reservado y en un momento, se acercó a ella y se besaron en el lugar, sin presiones de ningún tipo. Luego continuaron subiendo por el paseo peatonal, específicamente por calle Dolores y al llegar a Esmeralda se volvieron a besar. Posteriormente se fueron abrazados hasta llegar a calle Dolores con Arturo Prat y se besaron nuevamente al lado del árbol del lugar por un largo rato, haciendo presente que en ningún momento sintió negativas por parte de nombre reservado, quien en ningún momento le pidió que se detuviera ni le dio señales de ello, sin embargo, al sentir una sensación de culpa le pidió a nombre reservado que no lo comentaran con nadie al ser primos. Añade que al llegar a su casa, se dio cuenta de que había extraviado su bolso tipo banano, por lo que su amigo revisó el grupo de WhatsApp de sus primos donde se indica que una señora había encontrado sus pertenencias, a lo cual nombre reservado comenta: “jajaja lo pasó mal anoche”, burlándose de la situación y haciendo una referencia sarcástica a lo que había ocurrido entre ellos, por lo que no respondió. Después de ello, no le envió ningún mensaje ni la llamó por ninguna vía con el objeto de no ahondar más en lo sucedido ni generar algún tipo de daño en ella o su familia, por lo que simplemente ignoró todo lo ocurrido. Expresa el recurrente que luego del estallido social, tomó conocimiento de que nombre reservado había realizado una “funa” en redes sociales a nombre reservado, a quien declara el recurrente no conocer, denigrando su imagen y publicando imágenes personales del sujeto. También tomó conocimiento de que se puso en contacto con personas de su universidad, con el objeto de dar cuenta de un supuesto abuso por parte de Erwin. Luego de ello, ambas recurridas, que son hermanas, comenzaron a amenazarle por redes sociales, diciéndole que le harían lo mismo que a Erwin, dañando su imagen frente a la sociedad, a lo cual hizo oídos sordos, no obstante recibir amenazas no solo por redes sociales, si no que fue hostigado por las recurridas por las calles de Yungay, gritándole abusador a él, su familia y seres queridos. Además de eso, la recurrida nombre reservado le arrojó piedras en la calle, escupiéndole y violentándole verbalmente. Finalmente, el 9 de agosto tomó conocimiento por redes sociales de una “funa” contra su persona, la cual fue compartida por nombre reservado y nombre reservado, encargándose de que su núcleo laboral tomara conocimiento de sus imputaciones, así como sus compañeros de universidad, colegas, entre otros, indicando que en dicha funa, no sólo se comparte su imagen acompañada del texto contenedor del relato de la recurrida, sino que además, se comparte su perfil de Linkedin, red social dedicada exclusivamente al mundo laboral, lo cual le ha traído gran perjuicio. Detalla que en el texto se acompañan varias imágenes de su rostro, indicando donde vive y su ocupación, además de muchas imputaciones que podrían, eventualmente, ser constitutivas de delito, por lo que, a su juicio, la vía correcta para perseguir el esclarecimiento de los hechos es distinta, estando prohibida la autotutela en el ordenamiento jurídico, agregando que luego de la publicación en su contra, se volvió a compartir por redes sociales la funa a Erwin, lo que da cuenta del actuar reiterativo de las recurridas, obviando las instancias generadas por la judicatura para ese tipo de imputaciones y contraviniendo el estado de derecho, promoviendo la autotutela y un juicio público contra su persona.

En cuanto al derecho, luego de citar y transcribir el artículo 2 letras f) y g) de la Ley 19.628, denuncia que el acto arbitrario de la recurrida, conculca las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Política, dado que la única forma legal de imputar, denunciar, formalizar o declarar una responsabilidad penal respecto de una persona, ocurre sólo a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada, que ha de provenir de un “debido proceso” llevado a efecto por una “órgano público competente”, que son los Tribunales de Justicia, y no mediante afirmaciones unilaterales que en forma intencionada se divulgan en una red social, sin que exista posibilidad de defensa alguna de la persona referida en tal comentario. También considera vulnerada la garantía del artículo 19 numeral 1 de la Carta Fundamental, ya que el daño grave a su imagen ha tenido incidencia clara y directa en su psiquis, pues se ha tornado decaído de ánimo, depresivo, con temor de salir a la vía pública, afectándole toda su vida normal.

Termina solicitando que, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 numeral 4, artículo 20 y demás pertinentes de la Constitución Política de 1980, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, solicita se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de nombre reservado y nombre reservado, ambas ya individualizadas, acogiéndolo a tramitación, se declare admisible y, en definitiva, haciendo lugar al recurso, se restablezca el imperio del derecho, y se declare que:

a) Se ordena a las recurridas la prohibición de aproximarse a la persona del recurrente y su familia, en su domicilio, lugar de trabajo y en cualquier lugar donde se encuentren y asimismo abstenerse de emitir comentarios, fotografías u otros motivos referidos al recurrente;

b) Borrar y eliminar desde todo perfil de red social Instagram, Facebook, etc., que administren o tengan acceso libre, la información, historias o noticias, fotografías que indiquen derechamente o aludan al recurrente, que digan relación con los hechos objeto del recurso; debiendo ordenársele, además, que pidan disculpas públicas por el mismo medio en que realizaron la publicación arbitraria e ilegal, bajo apercibimiento del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, además de que se abstenga de perseverar en su conducta ilegal y arbitraria, a objeto no vuelva en el futuro a subir nuevamente la información objeto del presente recurso.

c) Que, se condene en costas a las recurridas.

A su presentación el actor acompaña documentos.

2°.- Que informan las recurridas nombre reservado y nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, lo siguiente:

Expresan que los hechos narrados por la recurrente, se limitan a dar a conocer una versión de lo acontecido el 19 de septiembre y la madrugada del 20 de septiembre del año 2019, consistiendo básicamente en refutar lo que acompaña de las publicaciones efectuadas por las recurridas, haciendo presente que no es por la vía del recurso de protección que se deben contrastar los relatos del recurrente y de las recurridas. Se expresa que lo relatado por nombre reservado en su Instagram personal y publicado con el 2 de agosto de 2021, son hechos que pueden ser constitutivos de un delito, el cual debe ser investigado por la judicatura competente, previa denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de los tipos penales, añadiéndose que ésta, en un acto de desesperación ante el hecho de no contar con red de apoyo suficiente (en ese momento), optó por accionar y contar lo que había vivido, siendo un relato personal de carácter privado que decidió hacer pública a fin poder acceder a redes de apoyo en un grito de auxilio desesperado, por la vulneración de la que fue víctima. En consecuencia, las publicaciones, las realizó en un acto de frustración y de completa desprotección de su familia directa- esto en función del temor de la familia de ser objeto de exponer el nombre familiar- intentando que los hechos quedasen en un ambiente de secreto familiar, normalizando situaciones que no lo son. Plantean que la familia nuclear de la recurridas, al tomar conocimiento de los hechos minimizaron la situación; sin embargo, luego de la publicación efectuada en Instagram, accionaron con la finalidad de brindar contención y apoyo a la hoy recurrida, señalando que la vía idónea para exponer lo acontecido era la vía judicial correspondiente, instándola a efectuar la denuncia de los hechos ante el órgano publico competente y prestando auxilio psicológico. Manifiestan que luego de dimensionar lo que implicaba para ella que dichas publicaciones estuviese en su perfil de Instagram, entendiendo que no quiere ser revictimizada por los hechos acontecidos, ni ser tratada como una víctima de delito de connotación sexual, optó por eliminar las publicaciones de su Instagram personal con fecha 22 de agosto del presente año, por lo que al momento de ser notificadas del presente recurso, las publicaciones ya habían sido eliminadas desde su red social de Instagram. Niegan que los hechos expuestos por el recurrente en el recurso en los numeral 6 parte final y 7 sean efectivos, ya que nada de lo acontecido en la madrugada del día 20 de septiembre de 2021 fue consentido por parte de nombre reservado, quien fue víctima de delitos de connotación sexual. Expresan que el recurso no señala de qué manera ha sido efectivamente dañada o vulnerada las garantías constitucionales enunciadas, limitándose a citar jurisprudencia en relación a “Funas” por redes sociales. Manifiestan que si bien se hicieron las publicaciones, éstas fueron eliminadas de las redes sociales el 22 de agosto del año en curso, ello a objeto que la recurrida nombre reservado, no fuera señalada como la “chica abusada” o que su perfil fuese asociado a ese hecho, lo que también le ha llevado a cerrar Instagram y generar uno completamente nuevo, lo cual declaran se puede verificar al ingresar al Link https://instagram.com/abi_dudu?utm_medium=copy_link. Añaden que el recurrente, en el numeral 10 y 11 del recurso, falta a la verdad en su narración y exposición, ya que nombre reservado sí hizo pública una situación que le había acontecido con anterioridad, y de la cual, por parte del ofensor, hubo reconocimiento y pidió las disculpas pertinentes. En cuanto a las supuestas agresiones que ha sido víctima el recurrente por parte de nombre reservado, refieren que ellas no son ciertas, pues no ha habido hostigamiento ni se le ha perseguido ni se le ha amenazado. Manifiestan que con posterioridad a las publicaciones, no ha habido ningún tipo de acercamiento con el recurrente por ninguna vía de comunicación escrita ni pública, haciendo presente que en la actualidad, la recurrida, nombre reservado, se encuentra residiendo en la ciudad de Santiago, con la finalidad de no tener que encontrarse con el recurrente, por el temor que le ocasiona.

Se afirma por parte de las recurridas que no ha existido vulneración, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados por la recurrente, desde que las recurridas, no han hecho público ningún dato de carácter personal o dato personal, ni datos sensibles como argumenta la recurrente, pues las publicaciones, fueron con información contenida en las redes sociales, las que son de público conocimiento. Consideran que si bien existieron publicaciones, éstas se limitaron a relatar hechos de carácter privado, un relato personal de una experiencia de vida. Consideran que la presente acción de protección busca resolver cuestiones que exceden el ámbito propio del recurso, debiendo tenerse presente que los hechos y dichos de las recurridas y el contenido de las publicaciones que se acompañan, revisten tal como lo reconoce en su presentación el recurrente el carácter de delito lo que debe ser conocido por el órgano jurisdiccional competente, una vez efectuada la denuncia y/o querella, estimando que las peticiones formuladas por el actor contenidas en su letra a) resultan ser absolutamente improcedentes, toda vez que las recurridas no constituyen una amenaza para la integridad física y seguridad del recurrente, haciendo presente que la recurrida nombre reservado, no reside actualmente en la comuna de Yungay, sino que en la ciudad de Santiago, producto del temor de tener que encontrarse con el recurrente. En cuanto a la petición de la letra b) consideran que ellas tampoco resultan ser procedentes, toda vez que las publicaciones ya han sido eliminadas de las redes sociales donde fueron publicadas, recordando que, al momento de la notificación del recurso de protección a las recurridas, las publicaciones ya habían sido eliminadas por lo que la acción de protección a ese instante ya había perdido su oportunidad. En cuanto a las disculpas públicas, sostienen que ello no es procedente en esta instancia, ya que se les estaría privando de accionar a través de la vía judicial pertinente, y sería ocasión de revictimizar a la recurrida al exponerla a desmentir los hechos vividos y de los que fue víctima. Por último y en lo referente a la condenación en costas, consideran que no sería la ocasión, ya que la acción deducida al momento de ser notificada ya había perdido oportunidad.

Terminan solicitando que, en virtud de lo expuesto y de lo dispuesto en el Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema y sus modificaciones, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales y demás normas legales pertinentes, se tenga por evacuado el informe solicitado, y con el mérito de los antecedentes expuestos y que se acompañan, se sirva rechazar el recurso de protección interpuesto por el recurrente, por no existir vulneración, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados, toda vez que los actos perturbadores en que se sustenta la acción han cesado, lo que implica que no existe amenaza, perturbación o privación actual para el recurrente en el legítimo ejercicio de las garantías contempladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ni medida alguna que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, toda vez que el recurso ha perdido oportunidad, todo ello con expresa condenación en costas. A su presentación acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, dicho lo anterior, para precisar si se está en presencia de un actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, debe señalarse que la “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189). Lo “ilegal”, en tanto, se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, conforme el tenor del recurso, se desprende que se denuncia por el recurrente, la publicación realizada por la recurrida en la red social Instagram, en la cual le imputa haberla abusado sexualmente, afectando con ello las garantías constitucionales que indica.

La recurrida, a su turno, si bien reconoce haber realizado la publicación cuestionada, agrega que lo hizo en un momento de desesperación y motivada por los hechos sufridos, agregando, que ya fue eliminada de la citada red social.

7°.- Que, previamente, es dable señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República no menciona “el derecho a la imagen” entre las garantías susceptibles de ampararse a través del recurso de protección, sin embargo, no puede ignorarse que el derecho a la imagen, constituye hoy un derecho fundamental de la persona, que pertenece a los derechos de la personalidad, y como tal queda inserto dentro de los derechos que reconoce el artículo 19 de la Carta Fundamental en sus numerales 4 y 24, por lo cual, el recurso de protección es plenamente aplicable al caso de autos.

En la especie, tratándose de un proceso especial de tutela urgente de derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo relevante para la resolución del asunto no apunta a determinar la efectividad de la responsabilidad del recurrente, pues tal hecho debe ser esclarecido en las instancias judiciales pertinentes, sino decidir acerca de la afectación del derecho reclamado.

8°.- Que, consta de lo manifestado por los comparecientes y de los documentos acompañados, que efectivamente las recurridas han reconocido la autoría de las publicaciones denunciadas en la red social Instagram, que contiene epítetos que agravian al recurrente al imputarle conductas graves como ser autor de abuso sexual, actuación que evidentemente constituye un juicio capaz de afectar el derecho a la honra y la protección de la vida privada del recurrente, pues no es el medio idóneo para establecer tales hechos, lo que debe realizarse en la sede que corresponda. Además, debe considerarse qué por haber sido emitidas en una red social, pueden provocar en el público una serie de reacciones, entre las cuales se hallan, sostener la veracidad del hecho publicado y el total descrédito del actor, entre otras perniciosas consecuencias.

9º.- Que, en este sentido, ha de quedar fehacientemente aclarado que, si bien no es dable desconocer que asiste a las recurridas el derecho de expresar libremente cualquier opinión, lo cual pueden verificar por la vía que estimen más apropiada a sus intereses, incluido el empleo de medios masivos de comunicación, como lo son en concreto las redes sociales adscritas a las empresas “Facebook” e “Instagram”, dicha facultad ha de tener siempre como límite infranqueable el respeto por la vida privada y honra de las personas, el cual no puede ser rebasado ni siquiera so pretexto o bajo el alero de la denuncia pública de hechos de connotación sexual.

En tal orientación, palmario es que las publicaciones por medio de las cuales se imputa una conducta reprochable al recurrente, inclusive desde la perspectiva jurídico-penal, atribuyendo la calidad de autor de un delito sexual, contribuye a denostar el derecho que toda persona posee a la propia imagen y buena reputación, ambas dimensiones del derecho a la honra, que el Constituyente resguarda por la vía de la presente acción constitucional en el numeral 4 del artículo 19 del texto del ramo.

10º.- Que, en el descrito contexto, no puede sino inferirse que el actuar de las recurridas deviene en ilegal y arbitrario, toda vez que adolece de toda razonabilidad y desproporción entre el fin pretendido y el medio empleado, no pudiendo olvidar que, además, en el marco de un Estado de Derecho la solución a problemáticas como las descritas debe forzosamente buscarse en el cauce institucional vigente, en este caso el de la justicia penal, como se constató en efecto haberse realizado en proceso aparte, erigiéndose en ajena a la legalidad y entregada al mero arbitrio toda vía de hecho como las llamadas “funas”, que no son más que evidencia de la opción ilegítima por un mecanismo autotutelar proscrito por nuestro ordenamiento jurídico, que más allá de limitarse a visibilizar la vivencia de una experiencia traumática, se traducen, en la práctica y de ordinario, en un llamado a una reacción pública y social, que engendra descrédito y menoscabo en el (los) involucrado (s), desembocando a veces en impensadas y desmedidas respuestas de parte de los (as) receptores (as) de la información compartida, que suelen incitar a la venganza privada, a través de la materialización de daños en la propiedad y/o persona del aludido como supuesto ejecutor de la conducta indeseable, más aún al amparo del anonimato que otorga el mentado mecanismo virtual de las redes sociales.

11°.- Que, así las cosas, el actuar de la recurrida no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho, cuando de los antecedentes acompañados al libelo apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se observa el uso de un medio social para denostar al actor, prescindiendo de la institucionalidad.

12º.- Que, en cuanto a las peticiones, se accederá solamente a la eliminación de las publicaciones de las cuentas de las recurridas y la orden de abstención futura, más no a la petición de disculpas públicas, por encontrarnos en una sede de cautela, en la que la finalidad perseguida sólo es dar pronto remedio a la lesión de los derechos del actor y no sancionar a las recurridas, teniendo especialmente presente que los hechos descritos pueden eventualmente ser susceptibles de ser ventilados ante órganos jurisdiccionales.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, sólo en cuanto estas últimas deberán eliminar toda publicación emanada de su cuenta de la red social Instagram u otra equivalente, alusiva al recurrente, como la que consta en el documento acompañado al recurso, y abstenerse en el futuro de realizar publicaciones del mismo tenor, que signifique descrédito o difamación del mismo.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Interina doña Roxana Salgado Salamé.

ROL N° 2015-2021-PROTECCIÓN.-