nombre reservado con SEREMI BIENES NACIONALES REGIÓN ÑUBLE

Chillán, catorce de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, chef, soltera, con domicilio en domicilio reservado, (hoy Los encinos S/N), Fundo los Petriles, nombre reservado, comuna de Pinto, quien recurre de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado y en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Ñuble, RUT RUT reservado, representado para estos efectos por nombre reservado o de quien la subrogue o reemplace, con domicilio domicilio reservado, por ingresar sin su consentimiento a su domicilio y vulnerar con ello la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República, y su derecho a la integridad física y psíquica establecidos en el artículo 19 N° 1 del mismo cuerpo legal.

Al fundamentar su presentación expone que desde el 2 de mayo de 2011 vive junto a su hijo, de actuales 8 años de edad, y su pareja, en el inmueble ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, de la comuna de Pinto, inmueble el cual posee una extensión de 500 metros cuadrados el cual le fue vendido en el año 2011 por don nombre reservado, con el compromiso de suscribir la escritura de compraventa respectiva más adelante. Añade que, con el objeto de habitar dicho inmueble, construyó una vivienda de madera y cercó el perímetro del terreno con alambre y estacas de madera, además de un portón de acceso al terreno que se mantiene cerrado con un candado, haciendo presente que la suscripción definitiva de la escritura nunca se concretó, porque don nombre reservado no era dueño, quedándose con la opción de adquirir el dominio mediante regularización ante Bienes Nacionales. Refiere que el pasado 16 de junio, mientras se encontraba en la ciudad de Concepción, recibió una llamada telefónica de su vecino, nombre reservado, quien le indica que en la vivienda que habita ella, cuyo inmueble se singularizó precedentemente, se encontraba nombre reservado en compañía de otra persona, asegurando este último, ser fiscalizador de Bienes Nacionales, justificando su presencia en el lugar en razón de mediciones al terreno en el ámbito de una supuesta regularización que el señor nombre reservado estaba realizando, no pudiendo la recurrente comunicarse con este último a fin le explique su comportamiento.

Considera que el proceder del recurrido constituye por una parte, un allanamiento a su hogar, y por otra, una perturbación a su integridad psíquica, toda vez que el supuesto motivo por el que ingresó, era para medir el terreno, ya que señaló estar regularizando el inmueble por Bienes Nacionales, inmueble que como ya lo ha expresado la actora, ha poseído continua y pacíficamente por más de 10 años, por lo que el recurrido, no puede desconocer porque precisamente es él, quien hace 10 años, se lo vendió.

En cuanto al derecho sostiene que la conducta realizada por los recurridos atenta contra el derecho establecido en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República, debido al ingreso al terreno donde está emplazada su casa, sin su conocimiento y sin su autorización. También estima conculcada la garantía prevista en el numeral 1 de la citada norma constitucional.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por interpuesta la presente acción constitucional en contra de nombre reservado y el Ministerio de Bienes Nacionales, representado para estos efectos por nombre reservado, o quien la subrogue o reemplace, por la acción arbitraria e ilegal de allanar el hogar, ingresando sin previa consulta, autorización y consentimiento, vulnerando el derecho a la inviolabilidad del hogar y perturbando el derecho a la integridad psíquica, se declare admisible el recurso, acogerlo a tramitación y, en definitiva. declarar:

- Que, la conducta de nombre reservado, de ingresar al domicilio sin autorización y consentimiento, vulneró el derecho a la inviolabilidad del hogar, así como perturbó el derecho a la integridad psíquica, ello garantizado por la Constitución de la República, ordenando se abstenga de realizar actos de dicha naturaleza y, en consecuencia, no vuelva a ingresar al domicilio, sin el consentimiento y/o autorización respectiva.

- Que, la conducta del Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Seremi de Ñuble, constituye un acto ilegal, toda vez que ningún funcionario de su servicio, puede ingresar a un domicilio sin moradores, saltando un cerco, bajo pretexto de estar realizando mediciones en el inmueble para su regularización.

2°.- Que, informa la abogada Carolina Angélica Navarrete Rubio, Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Ñuble, nombre reservado°62.000.510-K, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien solicita el rechazo de la acción constitucional deducida, en atención a la falta de fundamentos del mismo.

La letrada, luego de sintetizar tanto los hechos como el derecho contenido en la acción de protección, aporta antecedentes relativos a nombre reservado, indicando que éste, con fecha 28 de enero de 2019, ingresó a la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Ñuble, solicitud de regularización de título de dominio en base al procedimiento administrativo regulado en el Decreto Ley 2695 del año 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, solicitud la cual rola en su sistema informático con el folio N° 91458. Detalla que la solicitud recayó sobre el inmueble urbano ubicado en la hijuela N°3, parcela 17, Las Trancas, Fundo Los Petriles de la comuna de Pinto, de una superficie de 8.500 metros cuadrados. Añade que del análisis de los antecedentes de la carpeta digital y conforme los dichos del solicitante, se pudo establecer que el solicitante declara que adquirió el inmueble que pretende regularizar por simple apoderamiento material hace más de 5 años a la fecha, adjuntando al expediente declaraciones juradas emitidas por nombre reservado y nombre reservado, quienes acreditan que el solicitante es vecino del sector hace más de 5 años, teniendo la posesión del inmueble que pretende regularizar. Además, nombre reservado señala que facilita energía eléctrica al solicitante. Indica que se tuvo a la vista un set de fotografías en donde se observa una construcción de vivienda, cercos perimetrales y limpias. Además, según el certificado de residencia que acompañó al expediente, el solicitante tiene su domicilio en el inmueble a regularizar. Detalla que según declaración de vecinos colindantes -nombre reservado y nombre reservado- se señala que conocen al solicitante como único dueño del inmueble a regularizar, y que ha ejercido la posesión material de éste de forma tranquila, pacifica, exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, por más de 9 años a la fecha. Sin embargo, el rol de avalúo Nº 902-17 de la comuna de Pinto, que ampara la propiedad, excede el avalúo fiscal permitido de 800 UTM para la regularización de predios rurales, no cumpliendo así con el artículo 1 del D.L 2695/79. Expresa que consecuentemente con lo anterior, se dictó la Resolución E-17425 de fecha 28 de mayo de 2019, que denegó al señor nombre reservado continuar con la tramitación de la regularización en razón de lo siguiente: “Que, del análisis efectuado a los antecedentes acompañados se ha podido estimar que el solicitante no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto Ley N° 2.695/79, toda vez que; rol de avalúo Nº 902-17 de la comuna de Pinto, que ampara la propiedad, excede el avalúo fiscal permitido de 800 UTM para la regularización predios rurales, no cumpliendo así con el artículo 1 del D.L 2695/79.” Resolviendo lo siguiente: “Deniéguese la solicitud de regularización presentada por nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, provincia del DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, con una superficie aproximada de 8.500 mts2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 902-17, con un Avalúo Fiscal de $ 91.591.843 valor pesos.” Precisa que nombre reservado, en representación de nombre reservado, dedujo recurso de reposición en contra de la resolución que negaba el trámite, en donde da cuenta de sus actos posesorios y aclara la situación del rol de avalúo fiscal, señalando en definitiva que cumple con los requisitos del procedimiento. Por Resolución E-26450 de fecha 26 de julio del año 2019, se dispuso: “ACÓGESE el recurso de reposición interpuesto por don nombre reservado en contra de la Resolución Exenta Nº E-17425 de fecha 28 de Mayo de 2019, de esta Secretaría Regional Ministerial, dejándose sin efecto la resolución recurrida, por considerarse que, en principio, se cumplen los requisitos necesarios para tramitar la solicitud de regularización respecto del inmueble individualizado en el considerando primero de ésta, contenida en la solicitud Folio Nº 91458, sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento de los requisitos legales debe ser acreditado durante el procedimiento de regularización” La letrada manifiesta que, conforme a lo expuesto, se dio curso al procedimiento de rigor despachando oficios conforme lo dispuesto en los artículos 10 y siguientes del D.L 2695/79, además se adjudicó en nombre reservado RUT reservado-LE20 a la empresa contratista Raúl Beltrán e Hijos Limitada RUT N° RUT reservado, para la ejecución de las labores técnicas del procedimiento, en específico, la mensura y constatación de hechos materiales en el predio materia de autos. Plantea que con fecha 23 de diciembre de 2020, el ingeniero en geomensura nombre reservado, funcionario de la empresa contratista, procedió a la medición del predio, quien constató la posesión material del solicitante, con mejoras de casa habitación (25 metros cuadrados), cercado y fosa séptica, indicando además que el inmueble tiene una superficie 6.360,34 metros cuadrados. De este trabajo y conforme al artículo 10 inciso final del DL 2695/79, se dejó constancia por la empresa contratista por oficio N° 9 de 29 de diciembre de 2021. Manifiesta que, conforme al procedimiento establecido en el Manual de Normas Técnicas del Ministerio de Bienes Nacionales, se dispuso la visita a terreno, la que fue realizada por el topógrafo de la Seremi de Bienes Nacionales Gonzalo Llanos Plaza, revisión técnica la cual se realizó el 15 de febrero de 2021 y tuvo como resultado: “Se realiza visita al inmueble el día 15 de Febrero del 2021, donde se constata que efectivamente el inmueble se encontraba con todos sus cercos y una vivienda, al mismo tiempo se identificó que el deslinde oeste no es Calle los Radales, si no que un camino vecinal.

Una vez inspeccionado en gabinete se constata que el rol adjuntado por el solicitante no es el correcto, ya que, según información oficial del SII y levantamiento topográfico realizado por el ministerio de bienes nacionales, el terreno recae en el rol 902-11, teniendo este una inscripción vigente a nombre de nombre reservado. FOJAS 9179 N°6433 DEL AÑO 2008, con dirección domicilio reservado. El solicitante deberá presentar documentación asociada al rol 902-11, para que el ministerio pueda realizar una correcta notificación al titular del rol. Con estos antecedentes ya mencionados se entiende que existen comprometidos derechos de terceros.” Añade que conforme lo señalado en el numeral anterior, por Resolución E-18064 de fecha 30 de abril de 2021, se DENIEGA SOLICITUD DE REGULARIZACION Y ORDENA ARCHIVO DE DON nombre reservado, D.L. Nº 2.695/79. Resolución que fue notificada con fecha 3 de mayo del año en curso y que no fue impugnada por el solicitante.

Posteriormente la letrada se refiere a la misión del Ministerio de Bienes Nacionales y trata sobre el procedimiento de regularización contenido en el D.L 2695/79, para luego reiterar las alegaciones de la recurrente y establecer como fundamentos para el rechazo de la presente acción constitucional que el de 16 de julio del 2021, el expediente de Regularización folio N°91458, se encontraba con resolución denegatoria firme y que ningún funcionario del Ministerio acudió al lugar; que las visitas efectuadas, se hicieron al amparo y sin oposición de terceros en el marco del procedimiento administrativo en cuestión; que, no existe constancia en la Secretaría de algún reclamo o presentación de la recurrente que den cuenta de los hechos; y que más bien, aparece de manifiesto un conflicto de carácter civil y que es materia de un juicio de lato conocimiento entre la recurrente doña nombre reservado y el recurrido don nombre reservado, considerando que no concurren los requisitos de procedencia para el recurso de protección pues no existe acto arbitrario o ilegal imputable a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Ñuble, quien ha actuado conforme al DL 2695/79 y con el mérito de los antecedentes tenidos a la vista. No existe una relación de causalidad entre la amenaza o peligro inminente de la recurrente, puesto que no existen actuaciones de la Secretaría tendientes a ello, por el contrario, la recurrida ha dado cabal cumplimiento a las normas legales y administrativas que rigen la materia. No existe derecho indubitado que reestablecer, pues se cumplió con el procedimiento que exige la legislación para el caso del presente recurso, por tanto, carente de legítimo derecho sobre el mismo. En subsidio, estima la letrada, el derecho sería discutido tanto por el Fisco como por otros particulares, no siendo la instancia jurisdiccional para resolver tal controversia y finalmente, no hay garantía constitucional vulnerada por la Secretaria Regional Ministerial, pues respecto al derecho a la integridad física y psíquica, en donde la recurrente imputa a su representada hechos que habrían vulnerado dicha garantía constitucional, ello resultaría imposible pues a la fecha, el expediente se encontraba denegado y con resolución de término y en el transcurso del procedimiento nunca se tuvo conocimiento de un eventual conflicto posesorio sobre el inmueble. Así, estima que su representada no podría haber afectado garantía Constitucional alguna, al amparo de un procedimiento administrativo, del cual nunca se tuvo oposición alguna y que fue rechazado por eventuales derechos de terceros sobre el inmueble. Con relación al derecho de inviolabilidad del hogar plantea que nunca, hasta ahora, han tenido algún antecedente de que la propiedad en cuestión era pretendida por la recurrente, existiendo constancia en el expediente de las declaraciones de los vecinos colindantes que reconocen al Sr. nombre reservado como el poseedor del inmueble.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y disposiciones legales citadas, se tenga por evacuado el informe en tiempo y forma, y se rechace en todas sus partes con costas, el recurso de protección interpuesto en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Ñuble.

A su presentación acompaña documentos.

3°.- Que, informa la abogada Cecilia Halabí Bartalucci, domiciliada en domicilio reservado, en representación convencional de nombre reservado, de su mismo domicilio, pidiendo el rechazo de la acción constitucional impetrada, en todas sus partes.

Refiere que su representado de profesión comerciante, se dedica al área del turismo hace muchos años en el nombre reservado, teniendo varios inmuebles dedicados a hospedaje, amén de participar activamente con la comunidad en el área del turismo. Con respecto de los hechos señalados por la recurrente señala que los recurrentes jamás han vivido en el inmueble sublite, no teniendo posesión del terreno, ya que dicha propiedad es de su representado, el cual tiene la posesión pacífica, tranquila y regular hace aproximadamente 15 años, teniendo su residencia en el sector. El hecho que la recurrente no vive allí le consta no sólo porque tiene la posesión del inmueble, sino porque la única construcción que existe, no está apta para habitar y el dominio corresponde a su representado. Insiste en sostener que la recurrente jamás ha tenido posesión de la parcela y no tiene título de dominio sobre ella, toda vez que junto a su familia residen en la ciudad de Concepción, indicando que incluso su hijo estudia en el Colegio Alemán de Concepción, por lo anterior, faltaría a la verdad en la presente acción. Sostiene que, si bien la recurrente asevera tener un documento firmado por las partes, éste no cumpliría con ninguna de las formalidades requeridas por el Código Civil para servir de título traslaticio de dominio y que su representado niega. Añade que la recurrente expresa haber comprado 500 metros cuadrados en la parcela 18, no siendo su dominio de su representado. Niega que exista un cierre perimetral como lo señala la recurrente, ya que sólo está el cierre realizado por su representado en su propiedad completa de 5000 metros cuadrados. Con respecto a la violación de domicilio que la recurrente señala, la letrada manifiesta que tales hechos son falsos, ya que lo único efectivo es que su representado solicitó el saneamiento del predio en el cual tiene posesión hace más de 15 años de 5000 metros cuadrados aproximadamente, en el cual, en los trámites normales de saneamiento de Bienes Nacionales fue un contratista a realizar las mediciones perimetrales de dicho predio, las cuales se realizaron en diciembre del año 2020 y no como lo señala la recurrente, en junio del año 2021. Finalmente, la letrada sostiene que los hechos relatados exceden la competencia del presente recurso, en cuanto a que existe controversia entre las partes, lo cual debe ser visto y resuelto en su caso, en un juicio de lato conocimiento, y no en esta instancia, ya que no existe vulneración alguna, amparada por el presente procedimiento.

Termina solicitando que, en mérito de lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se tenga por evacuado el informe solicitado y se rechace la acción constitucional de protección interpuesta en autos, en todas sus partes, con expresa condena en costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, el actor ha invocado la protección de las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1 y 5 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se declare:

- Que, la conducta de nombre reservado, de ingresar al domicilio sin autorización y consentimiento, vulneró el derecho a la inviolabilidad del hogar, así como perturbó el derecho a la integridad psíquica, ello garantizado por la Constitución de la República, ordenando se abstenga de realizar actos de dicha naturaleza y, en consecuencia, no vuelva a ingresar al domicilio, sin el consentimiento y/o autorización respectiva.

- Que, la conducta del Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Seremi de Ñuble, constituye un acto ilegal, toda vez que ningún funcionario de su servicio, puede ingresar a un domicilio sin moradores, saltando un cerco, bajo pretexto de estar realizando mediciones en el inmueble para su regularización.

8°.- Que, conforme a lo expuesto por la recurrente y el mérito de los antecedentes acompañados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no es posible determinar con certeza la existencia de los actos que invoca la actora como ilegales y arbitrarios.

Incluso, la recurrente señala haber comprado, un retazo de terreno al recurrido, pero no hay documento que acredite aquello, pues en el comprobante que acompaña a su presentación comparece como comprador una persona distinta a la recurrente.

Por otro lado, las fotografías que también acompaña la recurrente no dan cuenta del lugar en que ellas fueron tomadas o que corresponda a la propiedad de la recurrida.

Finalmente, no hay antecedentes que acrediten la conducta del supuesto funcionario de la Seremi de Bienes Nacionales.

9°. - Que, tal como ha sostenido constantemente esta Corte, la acción constitucional de protección constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada, pues ello habilita a este Tribunal, sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, determinar si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos por los cuales resulta procedente. Sin embargo, en la especie, tal como se señala en el motivo que antecede, el mérito de los antecedentes no permite advertir la ocurrencia de las circunstancias expuestas en el recurso por el recurrente.

10°.- Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de nombre reservado, y en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado integrante Gumercindo Quezada Blanco.

Rol 2009 - 2021 PROTECCIÓN.