nombre reservado con nombre reservado

Chillán, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Comparece la abogada Vannessa Alejandra Vizcaya Lara, con domicilio en domicilio reservado, en favor de: don nombre reservado, ingeniero civil; doña nombre reservado, Kinesióloga y nombre reservado, economista, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la ocupación ilegal y bloqueo del inmueble ubicado domicilio reservado, Región de Ñuble, limitando con ello el libre ejercicio del derecho de propiedad de sus representados.

En los hechos señala que los recurrentes son dueños del Lote Número Dos, casa habitación y sitio ubicado en la ciudad de Chillán, en calle dieciocho de septiembre número ochocientos setenta y cinco, inmueble con los siguientes deslindes particulares: al NORTE, lote número uno; SUR, con propiedad de Gatica; AL ORIENTE, lote número dos; y AL PONIENTE, domicilio reservado. Cuyo domino se encuentra inscrito a fojas 4252 número 3067 del registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2023.

Refiere que, sus representados tenían en arriendo esta propiedad, sin embargo, el día 21 de febrero del presente año, fueron víctimas de la usurpación violenta de la misma, por los recurridos, siendo rotos los candados de acceso; plantea que, doña nombre reservado, quien reside en España, fue informada de esta situación ese día, colocándose en contacto con la letrada, quien constata la efectividad de los hechos, con un infructuoso intento de dialogo y un abierto reconocimiento de los recurridos a haberse tomado la casa, colocándose así la respectiva denuncia en Carabineros de Chile, quienes indican que nada pueden hacer, no obstante la flagrancia; y se añade que a la fecha de interposición de la presente acción el Ministerio Público no ha despachado ninguna diligencia.

Así las cosas, estima que los hechos expuestos precedentemente vienen a constituir una arbitrariedad e ilegalidad que constituyen una verdadera amenaza a las garantías previstas en: el artículo 19 n°3 inciso 4°, en el sentido que se ha actuado de facto, mediante una actuación de autotutela, confiriéndose un derecho a ocupar el inmueble y bloquear el acceso a sus representados, alterando la situación de hecho existente en el lugar; nº21, como consecuencia de lo anterior no pueden arrendar el inmueble; y Nº24 de la Constitución Política de la República, pues los recurridos se han tomado y bloqueado el acceso al predio manera ilegítima.

Finaliza, solicitando a esta Corte se adopten inmediatamente las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, y asegurar la protección de las garantías constitucionales de sus representados y se declare que el acto de ocupar ilegalmente el inmueble y bloquear el acceso al mismo, es ilegal y arbitrario; que la Fiscalía Local de Chillán debe disponer inmediatas medidas de protección de las víctimas; que los recurridos y sus dependientes deben hacer abandono inmediato del inmueble y retirar toda obstrucción o limitación de ingreso de la propiedad; con costas.

2°.- Al informar los recurridos, nombre reservado y nombre reservado, indican que, ingresaron a la casa sin destruir nada, pues tanto la reja como la puerta se encontraban abiertas.

Plantean que, son una familia que llegó de Santiago por falta de trabajo y por lo peligrosa que es la vida allá, y que luego de pasar algunos días durmiendo a la intemperie, y observar la casa vacía, ingresaron, hicieron aseo, algunas reparaciones, y cerraron la puerta de acceso por seguridad de sus hijos.

Hacen presente que fueron bien recibidos por una vecina del sector, ya que, por ese inmueble desocupado ocurrían diversos episodios de delitos contra sus propiedades; sin embargo, señalan que, cuando apareció la supuesta corredora de propiedades, intentaron dialogar con ella, para llegar a algún acuerdo, ésta se limitó a gritarles e insultarles; añaden que tampoco han podido contactar a los dueños, porque saben que la vecina que era dueña de la casa falleció y sus herederos no viven en Chillán, ni mantienen contacto con nadie del barrio.

Refieren que, son una pareja joven con dos niños de nueve y ocho años, con deseos de salir adelante y mantienen excelentes relaciones con los vecinos, quienes siempre les dicen que se sienten más seguros ahora que esa casa está siendo usada por una familia tranquila y no por los anteriores habitantes de la casa, pero especialmente, porque ahora no está abandonada y con tránsito constante de personas que la usaban para tomar, drogarse o acceder a las demás casas del barrio.

Concluyen solicitando a esta Corte, no se acoja la presente acción y se les permita llegar a un acuerdo para permanecer en el lugar, comprometiéndose a mantener la casa en mejor estado del que se encontraba, sosteniendo como no efectivo lo señalado en el libelo, en cuanto a que no se entró al inmueble de forma violenta, ni tampoco se encontraba habitado.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, a fin de abordar el conflicto sometido al conocimiento de esta Corte no es posible perder de vista que, en virtud de sus facultades conservadoras, esta magistratura se encuentra habilitada para adoptar todas las medidas que estime conducentes para otorgar la debida protección a todos quienes hayan visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En este orden de ideas, el mérito de los antecedentes da cuenta efectivamente de una afectación sufrida por los recurrentes quienes han dado cuenta de una perturbación a su derecho de propiedad, debidamente acreditado con la correspondiente inscripción de dominio; puesto que han sido impedidos de ejercer sobre él las facultades que les confiere tal calidad, por hallarse la propiedad ocupado por terceros, desprovisto de un título jurídico que les sirva de justificación, sino que además fue realizado contra o sin el consentimiento de sus dueños, razón por la que, sin duda los recurrentes han visto amagado su derecho de dominio y la igualdad ante la ley.

7°.-Que, en consecuencia, la conducta de los recurridos que ocupan irregularmente la propiedad de los recurrentes resulta ser ilegal, en vista de que si bien se trata de un fenómeno social de gran envergadura, involucra una cuestión que va más allá de una mera informalidad de asentamiento, de impacto social y humano innegable, lo cierto es que los hechos develados en la presente acción de cautela de derechos, demuestra la afectación directa del derecho de propiedad de los recurrentes como la igualdad ante la ley, al verse privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión del bien inmueble de que son titulares, con mayor fundamento si se tiene en consideración que la ocupación en tales términos se mantiene incólume, a pesar de la voluntad contraria manifestada por los propietarios y/o sus representantes a los ocupantes y a la autoridad competente.

8°.- Que, por consiguiente, se advierte la necesidad imperiosa de adoptar tempranamente las medidas conducentes a evitar la prolongación de la ocupación del inmueble de los recurrentes, a causa del asentamiento de los terceros ajenos, razón por la cual el presente recurso deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, con lo previsto en los artículos 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Ilustrísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge, el recurso de protección interpuesto por la abogado doña Vannessa Alejandra Vizcaya Lara, en favor de don nombre reservado, doña nombre reservado y de doña nombre reservado y se disponen las siguientes medidas:

I.- Que, los ocupantes de la propiedad ubicada en Chillán, domicilio reservado, deberán hacer abandono del inmueble, disponiendo de 5 días desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres, bajo apercibimiento de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública en caso de incumplimiento u oposición.

II.- Que, no se condena en costas a los recurridos.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona.

Rol I.C.A. N° 200-2024