nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Chillán, dos de mayo de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece don Patricio Espinoza Martínez, abogado, en representación doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien viene en interponer un recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en lo relativo a la Resolución exenta N° R-01-UME-20636-2025 de fecha 18 de febrero del año 2025, que le fuera notificada mediante correo electrónico el día 03 de marzo del año 2025, y que rechaza las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado.

Expresa que a fines del año 2022 se le detectó a la recurrente - mediante examen de radiología - en su rodilla lo siguiente: “Estrechamiento severo del espacio articular femoro tibial en su compartimiento medial con espinas tibiales aguzadas y refuerzo esclerótico discreto del plato tibial interno acompañado de espacio articular femoro patelar conservado con superficies óseas articulares indemnes como signos de artropía degenerativa unicompartimental”, de lo que da cuenta certificado emitido por la Médico Radiologa doña nombre reservado.

Detalla que dicho hallazgo fue a consecuencia de malestares en su rodilla, producto de aquello, tuvo que tomar licencias médicas ya que tales malestares le impedían trabajar con normalidad. Dada la gravedad de aquel hallazgo se le concedieron licencias desde enero del año 2023 hasta la fecha. Esto último debido a que tuvo que someterse a diversos tratamientos de kinesioterapia rehabilitadora.

Relata que este problema en su rodilla derecha le implicó tratamientos largos y costosos, además de medicamentos que igual significaron un gasto económico no menor. Que, las últimas licencias que se le otorgaron, a saber, N°RUT reservado y la N°RUT reservado las cuales se le extendieron por 60 días a contar del 12 de septiembre del 2024 fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, argumentando que el reposo no era justificado.

Expone que, la recurrida conociendo del reclamo, al resolver, determinó que no se encontraba justificada la licencia, sobre la base de antecedentes médicos y administrativos evaluados por ellos y concluye que no existe incapacidad laboral más allá de los 617 días de reposo ya autorizados por la patología padecida por la recurrente, y finaliza declarando con que no se observa rol terapéutico del reposo otorgado.

Argumenta que dicho rechazo no fue sometido ni siquiera a un peritaje para determinar efectivamente la pertinencia de autorizar o no sus licencias médicas y determinar si efectivamente es o no justificada la licencia, es más, no hay una fundamentación clara, precisa respecto al rechazo de las mismas, lo cual atenta con el principio de fundamentación de los actos administrativos.

Expresa que tal decisión ha generado en la persona de su mandante el no poder pagar sus tratamientos ni medicamentos dado que dichas licencias no se le están siendo pagadas, sumado a aquello la angustia misma de tampoco disponer con aquel dinero para su diario vivir lo cual la mantiene afligida, mal anímicamente.

Por lo ya mencionado, estima la superintendencia ha actuado arbitrariamente, para identificar el modo arbitrario en que ha actuado la Superintendencia, basta con analizar que si bien el art. 2 letra c de la Ley N°16.395 dispone que “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c)Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso dentro del ámbito de su competencia”. El art. 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ e Instituciones de Salud Previsional” sostiene que, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los periodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ , la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a)

Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b)

Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c)

Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

d)

Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”

Argumenta que, si se contrasta las normas recién citadas con los hechos ocurridos queda en evidencia que la Superintendencia no dispuso de ninguna medida para resolver mejor el caso de su mandante pese al diagnóstico de aquella, de requerir intervención de especialistas para sacar conclusiones, solo se guiaron por los antecedentes aportados por mi mandante con los pocos medios económicos con los que cuenta sin hacer ni el mínimo esfuerzo como institución para reunir nuevos antecedentes que les permitiera resolver de una manera justa, fundada y no arbitraria.

De esta forma se ha incurrido en una perturbación y amenaza el derecho a la Integridad física y psíquica, amparado en el art. 19 N°1 de la carta fundamental; toda vez que el no reconocer su padecimiento sumado al rechazo de las licencias presentadas, han provocado una terrible angustia en mi mandante, traducido en cuadros de estrés con síntomas ansiosos, de no poder continuar con sus tratamientos sumado al carecer del dinero de aquellas licencias para dichos tratamientos y su diario vivir.

Sumado a esto, menciona que el proceder de la superintendencia ha afectado constantemente el derecho a propiedad que la Constitución Política confiere y que está consagrado en el art. 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental. Esto, toda vez que el actuar de la Superintendencia priva a la actora del correspondiente subsidio estatal, el cual sustituye la remuneración regular que debería recibir por su trabajo, durante el reposo.

Termina solicitando que se acoja el recurso, y de deje sin efecto la resolución exenta N° R-01-UME-20636-2025, emitida el 18 de febrero de 2025 por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y la N°RUT reservado y en consecuencia se le autoricen las mismas y le sean pagadas como en derecho corresponde.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informando e recurso, el abogado don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, expresa que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, argumenta, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar. Hace presente que el presente es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “. Por lo que pide que se rechace la acción intentada, por improcedente.

En cuanto al fondo, hace presente que consta en el expediente administrativo PAE código R-205611-2024, la interesada recurrió a la superintendencia el día 10 de diciembre de 2024, reclamando por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región De Ñuble, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 12 de septiembre de 2024, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-20636-2025, de 18 de febrero de 2025, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, el órgano fiscalizador concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 617 días de reposo ya autorizados por la misma patología. En efecto, no se observa rol terapéutico del reposo otorgado”.Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Hace presente el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, y advierte que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En relación a la presente Acción de Protección, indica que según consta en la cartola Médica la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ Ñuble emitió el siguiente Informe Médico acerca de la situación, por el médico traumatólogo, Dr. nombre reservado: “IMC de Dr nombre reservado, Cesfam Ultraestación, refiere que requiere evaluación por TMT con exámenes solicitados. Recuperabilidad a definir por especialista. “Se revisa DOCLID. ULTIMA ATENCIÓN EN TMT HCHM EL 13/08/2024 “CONTROL POR LICENCIA. “Anamnesis: PACIENTE EVALUADA EN TMT SOLO EN 1 OCASION EL 29/7/24 POR APARENTE LESION EN RODILLA DERECHA DE CASI 3 AÑOS, QUIEN NO REGISTRA ATENCIONES PREVIAS. SE LE SOLICITO RM, RXS Y SE LE INDICA RODILLERA SIMPLE. HA PERMANECIDO SEGUN RELATA CON LICENCIAS MEDICAS INDICADAS DESDE SU CESFAM POR CASI 2 AÑOS. INGRESA A BOX CON MARCHA BIZARRA, NO USA BASTON NI ORTESIS DE RODILLA PACIENTE SIN INDICACION MEDICA EN FICHA CLINICA PARA MANTENERSE CON LICENCIA MEDICA, LA CUAL HASTA EL CONTROL PREVIO LE FUE EMITIDA EN SU CESFAM, SE LE EXPLICA QUE DEBE ESPERAR EL CONTROL CON LOS EXS SOLICITADOS A FIN DE DEFINIR LESION EVENTUAL, YA QUE LA CLINICA NO PERMITE OBJETIVAR INESTABILIDAD NI DOLOR “Hipótesis Diagnóstica: OBS INESTABILIDAD CRONICA DE RODILLA DERECHA. “Indicaciones para Atención INTRACAE: DEBE ESPERAR CONTROL CON EXS COMO LE FUE INDICADO. “Nombre Profesional: nombre reservado RUT: RUT reservado. “Especialidad: TMT TOBILLO Y PIE. “En base a antecedentes médicos precedentes se RECHAZA LME pendientes 2228 y 8780. Reposo prolongado e injustificado. Cmb”.

Por su parte, transcribe informe elaborado el día 13 de febrero de 2025, la por la profesional de la superintendencia, nombre reservado que en lo medular consigna: “…Fundamentos de la resolución: Mujer de 43 años, con 617 días de reposo autorizado. LM emitida por médico general en modalidad libre elección. IMC refiere cuadro prolongado con persistencia de síntomas a pesar de tto farmacológico y kinésico. A la espera de evaluación por especialista con exámenes. Sin FPA. No adjunta informe kinésico ni exámenes. Visto el antecedente, no se observa rol terapéutico del reposo. Se sugiere rechazar”.

De esta forma, sostiene, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Expresa que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, mencionando las principales normas que gobiernan dicha tal función.

Explica que en dicho contexto, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, precisa, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de la superintendencia. Cita Jurisprudencia.

Por todo lo anterior, sostiene que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, estima que la superintendencia no puede haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. Termina solicitando el rechazo del recurso.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, como se ha expuesto, la recurrente estima vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1 y 24 de nuestra Carta Fundamental, al haber rechazado las licencias médicas, la Superintendencia de Seguridad Social, por medio de Resoluciones Exentas individualizadas, siendo dichos actos ilegales y arbitrarios.

7°.- Que, previo a informar el fondo del presente recurso, la recurrida alega improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos 8°.- Que, en cuanto a la improcedencia alegada, cabe anotar que ella no puede prosperar debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerada la integridad física de la recurrente, derechos que si se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

9°.- Que, sobre el fondo del recurso, se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez , la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez , la Unidad de Licencias Médicas o la Isapres correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

10º.- Que, conforme a los antecedentes aportados, aparece que la decisión de la recurrida, en cuanto confirma el rechazo del pago de la licencia médica objeto de este recurso, no se apoya en ninguna evaluación de la recurrente destinada a verificar su actual estado de salud, de manera de poder determinar que el reposo prescrito no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido.

11°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la recurrida, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las impugnaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

12°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la recurrente.

En atención a lo expuesto, la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, debió detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencia imprescindible para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.

13°.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por un facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

14°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de la licencia médica que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida, la salud y la igualdad ante la ley, las que resultan vulneradas con la conducta de la recurrida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Patricio Espinoza Martínez, abogado, en representación doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se ordena a la recurrida, disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone la licencia médica materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la licencia médica denegada.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del abogado integrante Baltazar Guajardo Carrasco, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N°199-2025 PROTECCIÓN.-