Protección contra Servicio de Salud de Ñuble

Chillán, veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

Vistos 1°.- Que comparece doña nombre reservado, asistente social, e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Ñuble, representada legalmente por nombre reservado, por haber incurrido en las decisiones ilegales y arbitrarias materializadas a través de la Resolución TRA N° 434/17/2024, de 18 de diciembre de 2024, resultando vulnerada una serie de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República y en Tratados Internacionales, específicamente en el art. 19 N°s. 1, 2 y N°24 de la Carta Fundamental.

Indica que, a contar del año 2018, fue nombrada en calidad jurídica contrata, en la Dirección del Servicio de Salud de Ñuble, como profesional, grado 5° de la Escala Única de Sueldos (E.U.S.), donde desempeñó con total ecuanimidad, cortesía y esmero sus funciones como Jefa del Departamento de Calidad de la Vida Laboral.

Señala que, atendida la cantidad de labores y responsabilidades, tanto en calidad de funcionaria como de jefatura, se esforzó permanentemente, de manera que, en cumplimiento de mis obligaciones, tuvo calificaciones destacadas que le permitieron ser renovada sucesivamente para hacer uso del cargo. No obstante, los problemas durante la relación funcionarial comenzaron durante el año 2021, por cuanto fue objeto de una denuncia infundada de parte de la ex SEREMI de Salud de la Región de Ñuble, doña Ximena Salinas Urrutia, por presuntos hechos de hostigamiento y acoso laboral, denuncia que fue desestimada, y por tanto, sobreseída durante el año 2022.

Agrega que, con ocasión de lo anterior, durante el mes de septiembre de 2022, interpuso una denuncia por falta a la probidad, de conformidad al N°9 del art. 62 de la ley N°18.575, que dispone que contraviene especialmente el principio de probidad: “Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado”.

Indica que las circunstancias relatadas solo constituyen el antecedente de una serie de consecuencias en su situación laboral, toda vez que, posteriormente, a través de la Resolución Exenta N°5877, de 29 de noviembre de 2023, del Servicio de Salud de Ñuble, fue objeto de una arbitraria e injustificada renovación de contrata en términos diversos, al haberse rebajado su situación funcionaria a grado 10 E.U.S. A su vez, en contra de dicha determinación, interpuso un reclamo ante la Contraloría General de la República, que aún se encuentra pendiente de resolución. De lo anterior se advierte que la autoridad administrativa ha tomado represalias en su contra, invalidándole profesionalmente y despojándome del cargo que había desempeñado con ecuanimidad, sin que existiera una calificación deficiente, ni sumario administrativo que justifique el actuar relatado conforme a los propios criterios de la Contraloría General de la República, lo que demuestra una clara desviación de poder y falta de los requisitos legales para proceder a una renovación en términos diversos.

Señala que lo expuesto en el apartado anterior sólo constituye un preámbulo que subyace el acto arbitrario e ilegal impugnado, toda vez que, con posterioridad -y no bastando una considerable merma en mi situación funcionaria- la autoridad administrativa la apartó del cargo que servió profesionalmente durante más de seis años. En efecto, con fecha 12 de febrero de 2025, se envió por carta certificada la Resolución TRA N° 434/17/2024, del Servicio de Salud de Ñuble, que declara vacante su plaza laboral por salud compatible con el desempeño del cargo, de conformidad con lo establecido en el art. 151 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Sin embargo, dicho acto administrativo no contiene una fundamentación adecuada, desde el punto de vista jurídico y técnico, tendiente a comprender el razonamiento de esta decisión. A mayor abundamiento, dicha resolución se limita a exponer lo siguiente:

• Que, el prolongado ausentismo de la profesional ha mermado el normal desarrollo de los objetivos estratégicos que tienen las unidades de trabajo en las que no se ha desempeñado a causa de su alto ausentismo laboral.

• Que en el mismo sentido, otra de las consecuencias derivadas del ausentismo de la profesional es que no ha sido posible la evaluación de desempeño funcionario, manteniendo la calificación nota 7 por registrar más de 180 días de ausentismo en el período calificatorio (Artículo 5° Ley 18.834).

• Que pese a las acciones realizadas por el equipo de intervención biopsicosocial, de la Sección Calidad de Vida Laboral, como contactarla telefónicamente, utilizar otros medios electrónicos disponibles, enviarle carta certificada al domicilio registrado en su licencia médica, visitarla en el domicilio registrado en la licencia médica, no ha sido posible comunicarse directamente con la profesional, esto, con el objetivo de brindar apoyo y orientación desde el Servicio”.

Agrega que, el acto administrativo que disponga la salud incompatible con el desempeño del cargo debe estar fundado y además explicitar sus motivos, en elementos objetivos, conforme a los arts. 11 y 41 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. En tal sentido, conviene dejar sentado que el art. 11 inc. 2° de la Ley N°19.880 dispone: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Sostiene que este lineamiento impone la necesidad de fundamentar los actos administrativos de contenido desfavorable, como ocurre, precisamente, con la declaración de vacancia por salud incompatible, por cuanto se trata de una decisión que separa a un funcionario del cargo que desempeña normalmente en una repartición pública, en los términos señalados por el art. 151 de la Ley N°18.834.

Asimismo, cabe recordar que el art. 41 inciso 4° de la Ley N°19.880 expresa que “las resoluciones contendrán la decisión que será fundada”, vale decir, la resolución de las cuestiones sustantivas o de fondo que han sido planteadas por los interesados o promovidas por el propio Servicio, debe ser fundada o motivada en los antecedentes de hecho y de derecho que consten en el expediente administrativo.

Indica que existe una evidente falta de fundamentación de las razones por las cuales su estado de salud es incompatible con las labores asignadas, no se advierten elementos de mérito que permitieran al Servicio de Salud de Ñuble apartarse de la declaración de salud recuperable efectuada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, organismo que efectuó la evaluación técnica correspondiente. En este orden de consideraciones, queda de manifiesto que, al carecer de la motivación correspondiente, la decisión recurrida se muestra arbitraria, justificando el acogimiento del presente recurso de protección por configurarse plenamente el supuesto establecido por el art. 20 de la Constitución Política de la República.

En mérito de lo expuesto, solicita decretar el carácter arbitrario e ilegal del acto administrativo impugnado, ordenando que éste sea dejado sin efecto, procediéndose su reincorporación al Servicio y al pago íntegro de las remuneraciones y de cualquier otro estipendio en función del cargo del cual fue ilegal y arbitrariamente alejada, durante todo el periodo en que he permanecido alejada del mismo, así como también toda otra medida que estime pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas de la recurrida.

2°.- Que informando la recurrida señala que la facultad ejercida por el Servicio de Salud Ñuble respecto de la recurrente, se efectuó con estricto apego a lo establecido por el artículo 151 del Estatuto Administrativo. Así, verificado que la señora nombre reservado cumplía con el requisito de contar con más de seis meses de ausentismo en un lapso de dos años y previa realización de una serie de actos a adoptar dicha decisión, pues se cumplió con el requisitos de requerir a la COMPIN su pronunciamiento acerca de la condición de recuperabilidad de la salud de la recurrente. En efecto, con fecha 30 de julio de 2024, el referido organismo declaró como recuperable la salud de la señora nombre reservado.

Agrega que en autos sobre recurso de protección con el ROL N.º 20.482-2024 mediante sentencia de 31 de diciembre de 2024 de la Excma. Corte Suprema, que revocó la sentencia de primera instancia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, resolvió: Considerando quinto, último párrafo: “(…) la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años”. Continúa el análisis de dicho fallo en su considerando sexto con lo que sigue: “Sexto: Que a lo dicho anteriormente no se opone a la reforma operada por la Ley N.º 21.050, de 2017, que otorgó el reajuste de remuneraciones, entregó otros beneficios a los empleados públicos y modificó diversos cuerpos legales, entre otros, los artículos 151 y 148 del Estatuto Administrativo y del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, respectivamente, agregando sus actuales incisos finales, ni la operada en el Estatuto Docente por la Ley N.º 21.093, de 2018, que replicó para esa clase de profesionales lo dispuesto en la normativa general antes citada. Ello por cuanto, en primer término, los legisladores no modificaron —pudiendo hacerlo— el inciso primero de dichos artículos, que establece, en su literalidad, la facultad de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con su desempeño, “sin mediar declaración de irrecuperabilidad”.

Sostiene que habiéndose verificado la concurrencia de un ausentismo superior a seis meses y obtenido el pronunciamiento de la COMPIN, la actuación de su mandante se efectuó con estricto apego a la norma que contiene la facultad de declarar la vacancia por salud incompatible. Lo anterior se encuentra además reforzado toda vez que con fecha 09 de enero de 2025 la Contraloría General de la República tomo de razón el acto impugnado.

Destaca en cuanto a la supuesta arbitrariedad de que adolece el acto administrativo impugnado y a la supuesta falta de fundamentación de este, cabe hacer presente en primer lugar que desde el ingreso de la recurrente como funcionaria del Servicio de Salud Ñuble ocurrido el 31 de diciembre del año 2018 y hasta el día 21 de noviembre de 2024, época que se consideró al momento de dictarse la resolución que declaró la vacancia, la recurrente presentó un ausentismo global de 1044 días, y un ausentismo por licencias médicas ascendente a 865 días. Sin embargo, y a pesar que la recurrente cumplió con el requisito objetivo de contar con un ausentismo superior a seis meses en los últimos dos años desde hace varios años, lo cierto es que el Servicio de Salud Ñuble realizó sendos esfuerzos para contactarla y subsanar su situación, siendo la decisión de declarar la vacancia por salud compatible solo una medida de última ratio, todo lo cual fue debidamente indicado y respaldado a través de la documentación pertinente en la resolución impugnada.

Por lo expuesto solicita rechazar el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías-preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°. - Que, por medio del presente arbitrio constitucional, la recurrente pretende la invalidación de la Resolución TRA N° 434/17/2024, de 18 de diciembre de 2024, que declaró vacante el cargo por salud incompatible, por cuanto ella carecería de fundamentos, al ser declarada la patología que padecía como recuperable.

Por su parte, la recurrida sostiene que el acto fue dictado en uso de las facultades que la Ley le confiere al respectivo Jefe del Servicio, expresando debidamente los fundamentos objetivos en los que se sustenta.

7°. - Que, el artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de la modificación introducida por la Ley 21.050, dispone que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

8°. - Que, resulta es claro, del texto de la norma antes transcrita, que los jefes de servicios, tienen la facultad legal de declarar la vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

En cuanto a la diferencia entre salud irrecuperable e incompatible, nuestro máximo Tribunal ha señalado: “En lo que respecta a la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone, sin mediar declaración de salud irrecuperable o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años”. (Excma. Corte Suprema Rol 20.482-2024 y Rol 14.423-2024).

9°.- Que, de los expuesto por la partes, unidos a los documentos acompañados, en el presente recurso consta que la recurrente ha hecho uso de licencias médicas, por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, situación que faculta al jefe de servicio para declarar vacante su cargo, sin ser impedimento para ello, que la evaluación de su estado de salud, efectuada por el COMPIN determine su salud como recuperable, por cuanto, la enfermedad que llevó a la recurrente a ausentarse de sus funciones por más de seis meses en dos años, permiten concluir que aunque esta sea recuperable, es incompatible para ejercer su cargo.

Que no cambia esta conclusión, el análisis del inciso final del artículo 151 del Estatuto Administrativo, que ordena requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, por cuanto esta evaluación se refiere a la salud irrecuperable y no a la salud incompatible, así se desprende de la historia de la Ley N°21.050, en la cual no existe “referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, sino que ella se refiere, en cambio, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable”. (Excma. Corte Suprema Rol 20.482-2024 y Rol 14.423-2024).

10°. - Por lo anteriormente analizado, no se observa arbitrariedad o ilegalidad en la Resolución TRA N° 434/17/2024, por cuanto se funda en el hecho de haber hecho uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años, dejando de cumplir con sus funciones por más de seis meses, razón por la cual el recurso necesariamente debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Ñuble.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor nombre reservado, quien no firma por haber cesado en el cargo de Fiscal Judicial subrogante.

No firma el Ministro señor Claudio Arias Córdova, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol N°197-2025 - Protección