nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 31 de agosto de 2021
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 1924-2021, sentencia de 31 de agosto de 2021
Resumen
Se rechaza el recurso de protección porque no se acreditó la prohibición de ingreso al predio ni actos de autotutela, y existe un conflicto jurídico sobre los derechos en el terreno que excede esta vía cautelar.
Texto íntegro
Chillán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.
Vistos:
1°.- Que, comparece el abogado don Sebastián Ortiz Toro, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, explicando que con fecha 23 de junio de 1958 se celebra contrato de compraventa en el cual, don nombre reservado compra para sí y su hermana nombre reservado la propiedad denominada Parcela Santa Marta, ubicada en el Km. 16 ½ camino a Tanilvoro con una superficie de 5 cuadras más o menos, estipulando en la cláusula Primera: “… doña nombre reservado y nombre reservado compraron para sí en la forma que se indica en la cláusula cuarta…”. Luego, en la cláusula Cuarta las partes manifiestan claramente su voluntad al disponer: “Los contratantes declaran expresamente que el predio adquirido constituye propiedad individual y por separado dividiendo por una línea que va de Norte a Sur desde el punto que marca los cien metros medidos desde el límite Nororiente camino, nombre reservado sobre el deslinde Norte, camino público y corre paralelo al deslinde Oriente, nombre reservado hasta el deslinde Sur, Posesión Kaiser. De las dos porciones en que queda dividido el predio, don nombre reservado adquiere para sí la propiedad ubicada al lado Oriente, de una cabida de más o menos dos cuadras y doña nombre reservado la porción ubicada al lado poniente de una cabida de más o menos tres cuadras, dejando expresa constancia que esta última porción que adquiere nombre reservado están ubicadas las actuales construcciones con que cuenta la propiedad”.
Agrega que, posterior al fallecimiento de ambos contratantes, se constituyen dos comunidades hereditarias independientes entre sí, la primera de ellas integrada por su representada doña nombre reservado (nuera del comprador nombre reservado) y sus hijos legítimos nombre reservado y nombre reservado, cuya data de la Inscripción Especial de Herencia es del año 1989 y la otra comunidad integrada por don nombre reservado (cónyuge sobreviviente de la compradora doña nombre reservado) y sus legítimos hijos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado todos nombre reservado.
Indica que, a mediados de la década del año 1990, su representada adquiere la legitimación activa para actuar en representación de sus hijos en las gestiones tendientes a recuperar el bien raíz ocupado arbitrariamente por la sucesión nombre reservado. Así, en el año 2001 presenta al Servicio Agrícola y Ganadero el plano de la subdivisión de la Parcela Santa Marta el cual se acompaña con su aprobación y el certificado correspondiente emitido por ese Servicio. Posteriormente, el plano y certificado de la subdivisión emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero es presentado al Servicio de Impuestos Internos, sección Avaluaciones y este Servicio emite nuevos roles para los Lotes 1 y 2 resultantes de la subdivisión de la mencionada parcela.
Señala que, al momento de la celebración del contrato de compraventa de la Parcela Santa Marta en el año 1958 don nombre reservado era padre de dos hijos: nombre reservado y nombre reservado. En el año 1970, su hijo nombre reservado contrae matrimonio con su representada, doña nombre reservado. El año 1973 don nombre reservado y su hijo Carlos son ejecutados por agentes del Estado, suceso de público conocimiento. El año 1975, el único hijo sobreviviente y cónyuge de su representada don nombre reservado es detenido y desaparecido por agentes del Estado en la ciudad de Santiago, declarándose su muerte presunta en junio de 1983. Luego de estos sucesos, su representada a comienzos del año 1990 se radica definitivamente en la ciudad de Chillán e inicia las gestiones para obtener la entrega de la propiedad que por derecho le correspondía a sus hijos y a ella. A pesar de las múltiples solicitudes pacíficas a la sucesión nombre reservado, destinada a obtener la entrega de la propiedad, dichas tratativas han sido infructuosas hasta el día de hoy.
Manifiesta que en dicha propiedad existen 250 castaños en producción, empastadas y huertas, de cuya producción y explotación su representada nunca ha obtenido beneficio o participación alguna y tampoco han permitido su ingreso al predio. Por ello, con fecha 21 de junio su representada le solicita que se haga presente en la mencionada parcela, con el propósito de informarles que dentro de la semana irían con un equipo de trabajadores para iniciar el cierre de la parte que le corresponde en la subdivisión. Al llegar a la propiedad fue atendido por la comunera nombre reservado (hija del recurrido) quien al manifestarle el motivo de su visita, le responde que mientras su padre se mantenga con vida, no permitirán el ingreso de los comuneros de la sucesión nombre reservado, de lo que dejó constancia en Carabineros de Chile.
Estima que la actitud adoptada por el recurrido es arbitraria y sin sustento ni base legal, pues está ejerciendo justicia por mano propia, situación contraria a derecho y, que solo puede ser restablecida mediante este recurso, por lo que solicita, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de don nombre reservado e hijos, acogerlo con expresa condenación en costas, adoptando las medidas que estime conducente a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos constitucionales hoy conculcados, y, en particular: A) Ordenar al recurrido cesar todo acto de autotutela en perjuicio de su mandante, con el propósito de permitir la entrada al predio para instalar el cerco divisorio de los lotes Nº 1 y Nº 2 singularizados en el plano de subdivisión que acompaña. B) Que se disponga que el recurrido permita una posesión pacífica, tranquila y libre de toda perturbación para proceder a instalar el cerco divisorio ya singularizado y del cual la recurrente es poseedora legal. C) Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda disponer este Ilustrísimo Tribunal para restablecer el imperio del derecho.
2°.- Que, informa el abogado don Luis Eduardo Zapatel Urra, en representación de doña nombre reservado, quien comparece por su padre don nombre reservado de 82 años de edad, señalando que este último se encuentra postrado, muy delicado de salud y, por ende, totalmente inhabilitado para defenderse en estos autos.
Alega la improcedencia del recurso, toda vez que doña nombre reservado señala ser dueña de acciones y derechos hereditarios sobre el predio adquirido y la existencia de las dos porciones en que este queda dividido, siendo actualmente sus titulares y dueños don nombre reservado, cónyuge sobreviviente de doña nombre reservado y sus legítimos hijos doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado. Sin embargo, en la acción no se recurrió a ellos, sobre todo porque la recurrente solicita se disponga permitir una posesión libre de toda perturbación para instalar el cerco divisorio, que no ha sido singularizado ni se han acompañado antecedentes fundantes del lote que pretende.
Sostiene la inexistencia de los hechos en la forma señalada en el recurso de protección y de todo acto ilegal y/o arbitrario, dado que no es efectivo que no cuenten con posesión inscrita ni menos material del predio pretendido, sino que el día 21 de junio de 2021, el abogado de la recurrente, concurrió al inmueble para, a través de un tercero, entregarle un documento a su representada, consistente en un certificado de asignación de roles, dejándole su tarjeta de presentación con el objeto de que se comunicara con él posteriormente.
Añade que en causa sobre nombramiento de juez partidor, caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, Rol C-983- 2016 del Primer Juzgado Civil de Chillán, la recurrida solicitó el nombramiento de un juez partidor en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, con fecha 15 de marzo de 2016, procedimiento que terminó por declararse la jueza partidora incompetente para seguir conociéndolo, por encontrase vencido el plazo legal el 29 de octubre de 2019, por lo que se debería solicitar un nuevo juez partidor, que es precisamente el procedimiento que corresponde y no este recurso.
Solicita el rechazo del presente recurso de protección, por no ser efectivos los hechos en que se sustenta, añadiendo que respecto del inmueble y los títulos esgrimidos por la recurrente, en forma errada, refieren que sería el título de dominio, que los transformaría en titular de un predio que, aun cuando no se individualiza siquiera someramente, tampoco tiene una denominación, solo hace referencia a un lote 2, asignan el rol de avalúo fiscal N° 3199-184 de la comuna de Chillán, según certificado de asignación de roles, el cual no tiene ninguna validez, puesto que su representada concurrió personalmente al Servicio de Impuestos Internos, donde le señalaron que la contraria solicitó la separación y asignación de roles y que oficiaron al Servicio Agrícola y Ganadero, donde fue informada que no fue aceptado el proyecto de subdivisión porque tenía una duración de 3 meses y debía tener la firma del recurrido. Por lo tanto, nada puede desprenderse de dicha inscripción, la que no sirve de título de las acciones y derechos que la recurrente alega, pues dicho documento carece de toda precisión para individualizar un inmueble, sobretodo porque para que proceda una subdivisión en el Servicio Agrícola y Ganadero, deben firmar todos los comuneros de una propiedad. En la especie, el plano de subdivisión y el certificado de autorización de subdivisión del Servicio Agrícola y Ganadero, solo demuestran el proyecto de parcelación que tiene en un registro, no cumpliendo con los requisitos legales.
Considera que el recurso de protección de estas características no puede prosperar, por cuanto importaría una discusión de fondo acerca del dominio de un determinado inmueble, no siendo esta acción constitucional la vía idónea para ello, los hechos no han ocurrido en algún predio en el que la recurrente detente dominio sobre un lote determinado y, en definitiva, no ha existido ningún acto ilegal y/o arbitrario por parte del recurrido, de modo tal que solicita su rechazo con expresa condena en costas.
3°.- Que, funcionarios de Carabineros de Chile que se constituyeron en el lugar, observaron que en el interior del predio existe una decena de árboles de castaños, no se observan empastadas y se encuentra cerrado con cercos de alambre de púas en toda su extensión. Asimismo, la hija del recurrido, manifiesta que doña nombre reservado, es propietaria de parte del terreno, pero en la actualidad no está demarcado ni medido.
4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.
5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.
7°.- Que, de acuerdo con los antecedentes que se han incorporado, no es posible dar por acreditada una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por el recurrido o alguien de su familia, que haya vulnerado las garantías constitucionales de la actora y que sea susceptible de ser subsanada por esta vía, puesto que, por una parte no ha resultado acreditado el hecho fundante del recurso, en cuanto a una prohibición de ingreso al predio, que implique la ejecución de actos de autotutela y, por otra, de las versiones que las partes entregan, se aprecia un claro conflicto jurídico en torno a los derechos que a cada uno le corresponde en el predio adquirido por sus antecesores y en torno a la existencia de una comunidad o división del terreno en lotes, cuestión que no puede definirse en esta sede cautelar que solo tiene por objeto dar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales, lo que excluye la declaración de derechos controvertidos, no siendo, por tanto, ésta la vía idónea para la definición de la controversia, sino aquella contenciosa que corresponda, donde sea posible aportar las probanzas en apoyo de las posiciones que cada uno sostiene, motivos que llevan a desestimar la acción impetrada.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el interpuesto por el abogado don Sebastián Ortiz Toro en representación de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado.
Notifíquese.
En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.
Redacción a cargo de la Ministra Paulina Gallardo García.
No firma el señor nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones según lo establece el artículo 80 inciso 2° de la Constitución Política de la República.
ROL 1924-2021–PROTECCIÓN.- 6