Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

2 Chillán, veintidós de abril dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Camilo Sebastián Bravo Riquelme, a favor de doña nombre reservado, deduciendo Recurso de Protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada legalmente por don nombre reservado, o quien le subrogue o reemplace, por vulneración de derechos constitucionalmente garantizados.

Para fundar su acción, refiere que con fecha 14 de febrero de 2019, contrató un crédito social con la recurrida, suscribiéndose para dichos efectos pagaré signado con el número 104319594, siendo aquella entidad la dueña del pagaré. El monto adeudado con la entidad financiera se pagaría en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $121.644, dicho monto se pagaría más el interés pactado correspondiente a 1.90% mensual. En cuanto a la fecha de vencimiento de este instrumento, todas las cuotas vencerían sucesivamente, venciendo la primera de estas el último día hábil de cada mes. La recurrente pagó dichas cuotas sólo hasta la correspondiente al 30 de Marzo del año 2019, por lo que, al día de hoy, se adeuda por concepto de capital la suma de $3.977.482. A consecuencia de lo señalado, el 09 de enero del año 2020, la recurrida, mediante su representante legal, interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, la que se tramitó bajo el Rol C-624-2020, caratulados “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes/nombre reservado”, ante el 24° Juzgado Civil de Santiago.

Agrega que, con fecha 17 de mayo del año 2023, se presentó escrito de excepción a la demanda ejecutiva, dictándose sentencia acogiendo la excepción de prescripción con fecha 5 de febrero del año 2024, certificándose que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada con fecha 25 de abril del mismo año. No obstante, lo anterior, tras recibir la liquidación de sueldo correspondiente al mes de febrero del presente año, se percató que, en su liquidación de sueldo, en la sección titulada “Otros Descuentos”, aparecía que tiene como título el de “Crédito Caja Personal Los Héroes 14/60”, reflejando un descuento a su remuneración por un monto de $121,644.

El letrado estima, conforme a los hechos antes descritos, que la recurrida con su actuar, ejerce de manera indirecta una especie de autotutela, al descontar sin fundamentos parte del sueldo de la recurrente, desconociendo con este acto las acciones judiciales que la misma recurrida realizó en causa Rol C-624-2020, llevada ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, en la cual se acogió la excepción de prescripción, vulnerando con ello lo consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en relación con la legislación laboral y el tratamiento de las remuneraciones a la luz de los derechos fundamentales, en particular el artículo 58 del Código del Trabajo, relativo a los descuentos que se pueden realizar sobre las remuneraciones de los trabajadores, incurriendo con ello en un acto arbitrario e ilegal que deviene en una situación que lesiona gravemente el derecho de propiedad de su representada. Al respecto añade que los derechos emanados de los contratos o convenciones válidamente suscritos, como lo es un contrato de trabajo, se encuentran amparados por la acción de protección, pues se encuentran incorporados en el patrimonio de sus titulares, y por tanto, constituyen cosas incorporales patrimonializadas, lo que permite exigir el cumplimiento de las cláusulas, reglamentos o términos y condiciones por la vía de la protección cuando estas son flagrantemente violadas, como ha ocurrido en la especie, donde se ha privado ilegítimamente y arbitrariamente del derecho de propiedad del cual es titular su representada, sobre las remuneraciones producto de su trabajo.

Termina solicitando que esta Corte, se sirva tener por interpuesto la presente acción de protección, la declare admisible, la acoja, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a la recurrida las siguientes acciones: 1. Que se deje sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones de la recurrente, acto realizado por su empleador a requerimiento directo de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por los motivos ya expuestos, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho, el cual fue quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida. 2. Que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de febrero del año 2025, por concepto de descuentos a su remuneración, los cuales ascienden a una suma total a la fecha de $ 121.644. 3. Se condene en costas a la parte recurrida de autos.

2°- Que, al informar, don Manuel Saavedra Ubilla, abogado, en nombre y representación judicial de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, refiere que no resulta ser un acto arbitrario ni ilegal por parte de su representada el envío de planillas de cobranza requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudadas, sino que, por el contrario, se trata de una actividad absolutamente apegada a derecho que tiene como finalidad la obtención del pago de lo que se le adeuda. Las Cajas de Compensación tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que le permite la ley y le ordena su ente fiscalizador, para obtener el recupero del crédito social, para evitar el desmedro del Fondo Social.

Señala que, conforme a lo anterior, su representada no comete un acto ilegal o arbitrario ni antojadizo al proceder con solicitar el descuento por planilla de la deuda que mantiene la Sra. nombre reservado, toda vez que está actuando dentro de sus márgenes legales, esto de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.833, en el Código del Trabajo y en la Ley 17.322.

Por otra parte, manifiesta que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, disponen de dos acciones distintas e independientes y de un mecanismo extrajudicial para proceder con el cobro de lo que deba un deudor de crédito social; aquella que deriva del pagaré autorizado ante notario; aquella que deriva del mutuo de dinero, y; el mecanismo extrajudicial que deriva de lo prescrito en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Añade que, la única limitación que tienen para accionar es no ejercer acciones en paralelo, y que en este sentido, en el caso de marras, mientras se ventiló la prescripción de la acción cambiaria, no se ejerció la facultad extrajudicial, sino una vez finalizada la litis ejecutiva, por cuanto además no existiría impedimento legal para proceder de dicha manera.

Así las cosas, la recurrente concurrió libre y voluntariamente, con su consentimiento exento de vicios, a contratar un crédito social, el que fue puesto a su disposición por su representada, en virtud de lo cual suscribió un pagaré y un contrato de mutuo. A mayor abundamiento, no existe declaración de prescripción respecto de la acción emanada del pagaré, ni de la acción cambiaria y el contrato de crédito no se encuentra invalidado por alguna sentencia judicial, por tanto, surte sus efectos jurídicos. Sin embargo, sostiene que la parte recurrente alude que su representada comete actos arbitrarios e ilegales que deben ser objeto de corrección mediante determinadas providencias que busquen reestablecer el imperio del derecho, en circunstancias que su representada no incurre en la comisión de ningún acto arbitrario ni ilegal, sino que, por el contrario, simplemente ha ejercido sus derechos emanados del aludido contrato de crédito de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.

Agrega que, en otro orden de ideas, es preciso señalar que, si lo pretendido por la recurrente es obtener la declaración de prescripción de alguna de las acciones de las que dispone su representada, la presente vía jurídica intentada no es la idónea. En este sentido, el asunto que la recurrente ha propuesto al análisis y resolución de esta Corte, excede los objetivos del recurso de protección de garantías constitucionales, y debe ser declarado en un procedimiento de lato conocimiento, contradictorio.

Finaliza su presentación, solicitando que esta Corte, En mérito de lo expuesto, se sirva tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por la recurrente en contra de su representada, con expresa condenación en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el acto que la actora reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que han efectuado en su remuneración, a partir, a lo menos, del mes de febrero del año 2025, figurando un descuento de $121.644 de la remuneración de la recurrente, efectuado por la Caja de Compensación Los Héroes, sin perjuicio de encontrarse prescrita la deuda por sentencia judicial ejecutoriada en causa rol C-624-2020, seguida ante el 24° Juzgado Civil de Santiago.

Que, de los antecedentes allegados por la recurrente, es posible constatar que, en la causa mencionada anteriormente, se acogió la excepción de prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva, por sentencia de cinco de febrero de dos mil veinticuatro, la cual conforme certificación de veinticinco de abril del mismo año se encuentra ejecutoriada.

7°.- Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, en el caso de autos consta que la recurrida optó por judicializar el cobro de la obligación, tal como consta en causa rol C-624-2020 de ingreso del 24° Juzgado Civil de Santiago, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, al retomar los descuentos de dicho crédito a través del actual empleador de la recurrente desde febrero de 2025, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, al revivir un cobro basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible establecer en este caso, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que ejerció, como se acreditó, una acción de cobro ejecutiva por las cuotas adeudadas, juicio que se encuentra terminado por sentencia judicial ejecutoria, que impide que la recurrida quede habilitada para perseguir el cobro mediante el mecanismo establecido en el precepto legal precitado.

Que, en ese sentido, y conforme lo que se viene razonando, la recurrida, una vez elegida la vía judicial, queda privada de ejercer el derecho consagrado en el mencionado artículo 22.

8°.- Que, constatada la arbitrariedad del acto y la afectación del derecho de propiedad de la protegida, en tanto se le priva de parte de sus remuneraciones, ejerciendo abusivamente sus atribuciones, especialmente en casos como éste al ejercerse respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo, reiniciando una cobranza extrajudicial a la que renunció al optar por la vía judicial, no cabe sino acoger la acción de protección intentada.

9°.- Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre su remuneración, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Camilo Sebastián Bravo Riquelme, a favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, en consecuencia, la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de las remuneraciones del actor y deberá reembolsar los montos indebidamente descontados desde las remuneraciones del mes de febrero de 2025 en adelante, en un plazo de quinto día desde este sentencia se encuentre ejecutoriada, sin perjuicio del derecho de la recurrida a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro señor Claudio Arias Córdova.

Rol N°186-2025 PROTECCIÓN. -