Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEMUCO

Chillán, uno de abril de dos mil veintiséis.

Visto: 1º.- Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad nacional NUM000, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEMUCO, representada legalmente por su Alcalde, por la omisión que califica de arbitraria e ilegal consistente en la negativa a pagar sus subsidios por incapacidad laboral correspondientes al periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 y el 05 de noviembre de 2025.

Expone, en cuanto a los hechos, que la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), mediante Resolución Exenta Ord. NUM001 de fecha 05 de febrero de 2026, recaída en el Dictamen NUM002, aprobó sus licencias médicas NUM003 y NUM004, prescribiendo un reposo de 45 días a contar del 22 de septiembre de 2025. Añade que el referido ente fiscalizador transfirió los fondos respectivos al municipio, haciendo presente que, dada su calidad de funcionaria pública, los subsidios le son reembolsados a su empleador, circunstancia que acredita mediante el "Listado maestro pago de subsidio FONASA" de fecha 05 de febrero de 2026, el cual consigna un líquido de subsidio total ascendente a $1.586.798. Denuncia que, a pesar de la disponibilidad de los fondos, el Alcalde se niega a efectuar el pago. Agrega, a través de una presentación de hecho nuevo de fecha 27 de febrero de 2026, que en sesión pública del Concejo Municipal de Pemuco de esa misma jornada, transmitida oficialmente en la red social Facebook, el señor Alcalde, a partir del minuto 05:15 del registro audiovisual, manifestó expresamente su decisión de no proceder al pago de las remuneraciones adeudadas, advirtiendo que, en caso de recibirse recursos provenientes de la COMPIN por concepto de Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), estos serían devueltos al organismo emisor bajo el argumento de que la recurrente ya no mantendría la calidad de funcionaria.

En cuanto al derecho, alega que el acto municipal carece de fundamentación, vulnerando la exigencia contemplada en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, según se colige del Oficio NUM005 de fecha 12 de febrero de 2026 emanado de la Oficina de Defensa Laboral de Concepción de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío; acompañando además comprobante de denuncia ante la Contraloría General de la República bajo el Folio NUM006, tramitada mediante Oficio NUM007, Ref. NUM008, de 16 de enero de 2026.

Sostiene que el actuar edilicio conculca directamente la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, privándole de su derecho de propiedad sobre los estipendios legalmente devengados.

Termina pidiendo a esta Iltma. Corte que acoja el presente recurso y ordene el pago inmediato de lo adeudado. 2º.- Que, informa don Federico Oscar Espinosa Muñoz, abogado, RUT NUM009, en representación convencional de la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEMUCO, corporación de derecho público Rol Único Tributario N°69.141.600-3, debidamente representada por su Alcalde don Johnnson Neftalí Guiñez Núñez, cédula de identidad NUM010, solicitando el íntegro rechazo de la acción impetrada.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que mediante Decreto Alcaldicio NUM011, de fecha 06 de agosto de 2025, doña nombre reservado fue designada en calidad de contratada para desempeñar funciones de docente de aula, con una jornada de 42 horas cronológicas semanales, en la Escuela Básica Dafne E.

nombre reservado. Enfatiza que dicha vinculación tuvo por objeto exclusivo operar como reemplazo de la docente titular doña nombre reservado, producto de haber presentado esta última la Licencia Médica N°3 Folio NUM012, que ordenaba su reposo laboral total por 25 días a partir del 07 de agosto de 2025 y hasta el 31 de agosto de 2025. Añade que la funcionaria titular presentó una nueva licencia, sin solución de continuidad, singularizada bajo el N°3 Folio NUM013, disponiendo reposo por otros 25 días desde el 01 de septiembre de 2025 y hasta el 25 de septiembre de 2025, motivo por el cual la recurrente continuó prestando servicios para el municipio estrictamente hasta esta última data. Precisa que, con fecha 22 de septiembre de 2025, la actora presentó la Licencia Médica NUM003, prescribiendo reposo laboral total por 30 días a su respecto. Esgrime que, al vencer el contrato de reemplazo ineludiblemente el 25 de septiembre de 2025, la municipalidad procedió a pagar sus remuneraciones exclusivamente hasta ese día, cubriendo la referida licencia médica el lapso comprendido entre el 22 y el 25 de septiembre de 2025. Califica, en consecuencia, de del todo improcedente la pretensión de la recurrente de exigir el pago de subsidios por el resto del periodo de esa licencia —del 26 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025—, además de otra extensión que abarcaría hasta el 05 de noviembre de 2025, toda vez que la actora no prestó servicios a contrata para su representada con posterioridad al 25 de septiembre de 2025.

En lo concerniente a los fundamentos de derecho, la recurrida invoca expresamente el artículo 2° inciso 2° de la Ley N°18.883, precepto legal que asienta que los cargos a contrata tendrán el carácter de transitorios. Subraya que esta era esencialmente la naturaleza que revestía el vínculo de la recurrente, al haber sido contratada como reemplazo temporal para cubrir la ausencia de una funcionaria titular. Sostiene que acoger la tesis de la actora importaría obligar a la entidad municipal a mantener artificialmente vigente una relación laboral pactada en términos esencialmente transitorios, prolongándola más allá del vencimiento convenido por la sola circunstancia sobreviniente de acogerse a una licencia médica. Concluye señalando que no existe acto ilegal ni arbitrario en la falta de pago de los subsidios devengados desde el 26 de septiembre de 2025 en adelante, resultando jurídicamente indiferente que dichas licencias hayan sido formalmente aprobadas, ampliadas o reducidas por el organismo fiscalizador correspondiente, por cuanto en ese periodo la recurrente ya carecía de toda relación formal con el ente edilicio.

Termina pidiendo tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con costas. 3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°. Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, el arbitrio constitucional interpuesto se funda en la omisión que la actora califica de arbitraria e ilegal, consistente en la negativa de la Ilustre Municipalidad de Pemuco a efectuar el pago de sus subsidios por incapacidad laboral correspondientes al periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 y el 05 de noviembre de 2025, argumentando la recurrente que dichos fondos, ascendentes a la suma de $1.586.798, habrían sido aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta Ord. NUM001 y transferidos al ente edilicio en su calidad de empleador, estimando con ello vulnerado su derecho de propiedad amparado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, frente a lo cual la entidad recurrida asila la legitimidad de su proceder esgrimiendo que la actora ostentaba la calidad jurídica de funcionaria a contrata de reemplazo, cuyo vínculo expiró indefectiblemente el 25 de septiembre de 2025 al cesar la ausencia de la docente titular. 7°.- Que, para una adecuada resolución del asunto sometido al conocimiento de esta sede cautelar, resulta ineludible determinar la naturaleza jurídica del vínculo que unía a las partes y la calidad de la funcionaria. Al respecto, fluye de los antecedentes probatorios allegados al proceso, en particular del Decreto Alcaldicio NUM011 de fecha 06 de agosto de 2025, que doña nombre reservado ingresó a la dotación docente municipal para desempeñarse en la Escuela Básica Dafne E. nombre reservado bajo la estricta modalidad de un contrato de reemplazo, con el objeto exclusivo de suplir la ausencia transitoria de la docente titular doña nombre reservado, condicionándose expresamente la vigencia de sus servicios al uso de licencia médica de esta última. Sobre este punto, cobra plena aplicación lo preceptuado en el artículo 79, incisos primero y segundo, del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1996, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, establece que “los contratos de trabajo de los profesionales de la educación regidos por este Título deberán contener especialmente las siguientes estipulaciones: a) Descripción de las labores docentes que se encomiendan; b) Determinación de la jornada semanal de trabajo, diferenciándose las funciones docentes de aula de otras actividades contratadas; c) Lugar y horario para la prestación de servicios: El tiempo que el docente utilice en un mismo día para trasladarse de un establecimiento a otro en virtud de una misma relación laboral, se considerará trabajo para todos los efectos de esta ley, y el costo de movilización será de cargo del empleador. Ambas circunstancias deberán señalarse expresamente; y, d) Duración del Contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo”. “El contrato de reemplazo, es aquel en virtud del cual un docente presta servicios en un establecimiento para suplir transitoriamente a otro contrato vigente que no pueda desempeñar su función, cualquiera que sea la causa. Deberá establecerse en él, el nombre del docente que se reemplaza y la causa de su ausencia. El contrato de reemplazo durará por el periodo de ausencia del profesional reemplazado, salvo estipulación en contrario. Si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional de la educación, el empleador tendrá derecho a contratar a otro en forma residual hasta el término del mismo”. 8°.- Que, en este orden de ideas, el contrato de reemplazo es un tipo específico de contrato laboral que tiene como finalidad suplir transitoriamente a un trabajador que no puede desempeñar sus funciones por diversas causas, como licencias médicas, dicho contrato se caracteriza dogmáticamente por su esencial transitoriedad y obedece al principio jurídico de suplencia, distinguiéndose normativamente del contrato a plazo fijo ya que, no obstante ser transitorio al igual que aquel, es además condicional, consistiendo la condición resolutoria, en el retorno del trabajador reemplazado, careciendo de fundamento su prolongación más allá del plazo o del cumplimento de la condición prevista para el término del reemplazo, hito que en la especie se encontraba indisolublemente condicionado a la reincorporación de la docente titular, circunstancia fáctica que acaeció el día 25 de septiembre de 2025, fecha en que expiró el reposo laboral ordenado por la Licencia Médica N° 3 Folio NUM013 de la señora nombre reservado.

Consecuencialmente, en dicha data operó el término de pleno derecho de la vinculación de la actora, sin que la circunstancia sobreviniente de acogerse ella misma a una licencia médica a partir del 22 de septiembre ostente la virtud jurídica de enervar la referida causal de término, ni de prorrogar o mantener artificialmente vigente una relación de naturaleza esencialmente provisoria más allá de la reasunción de funciones de la titular. 9°.- Que, sentada la premisa precedente, resulta forzoso concluir que al extinguirse válidamente la relación laboral el 25 de septiembre de 2025, la Ilustre Municipalidad de Pemuco obró con estricto apego a la legalidad al cesar el pago de remuneraciones y la tramitación de subsidios a contar de esa data, careciendo el ente edilicio de toda obligación estatutaria de enterar estipendios por incapacidad laboral devengados en periodos posteriores a la desvinculación, volviéndose jurídicamente irrelevante que la Superintendencia de Seguridad Social haya emitido la Resolución Exenta Ord. NUM001 respecto de un lapso en el cual la actora ya no revestía la calidad de funcionaria. En cuanto a la arbitrariedad, la decisión municipal censurada, así como la determinación del señor Alcalde vertida en la sesión del Concejo Municipal de fecha 27 de febrero de 2026 —aportada como hecho nuevo— relativa a la devolución de fondos a la entidad previsional emisora, se encuentran desprovistas de todo capricho, al asilarse en la justificación objetiva y racional derivada del término predeterminado del contrato de reemplazo, no asistiéndole a la recurrente un derecho preexistente e indubitado sobre los montos pretendidos, por lo que, al no divisarse conculcación alguna a la garantía fundamental de propiedad amparada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, la presente acción constitucional deberá ser necesariamente desestimada en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Pemuco.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Carlos Arzola Burgos, .

R.I.C. 185-2026-Protección.-