nombre reservado con nombre reservado

Chillán, trece de mayo de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece la abogada Carola Merino Muñoz, en representación del Comité De Agua nombre reservado, persona jurídica de derecho privado, con domicilio en nombre reservado Alto comuna de Quillón, representada por don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Expone que la recurrente es dueña de un retazo de terreno ubicado en Quillón, sector nombre reservado, denominado “Lote B”, de una superficie de 9 m2, y cuyos deslindes indica en su escrito, rol de avalúo territorial 2092-30, y el título de dominio rola a fojas 2.424, número 1.893, del Conservador de Bienes Raíces de Bulnes del año 2007. Señala que fue donado para construcción de un pozo profundo, y que por el mismo acto de donación, el donante constituyó una servidumbre de paso, perpetua e irrevocable en favor del “Lote B” y sobre el predio de la donante, agrega que la servidumbre nace en el camino vecinal o deslinde oriente del predio sirviente y corre formando un vértice hasta llegar al Lote “B” o dominante, y que tiene el carácter de clausula esencial, puesto que es la única forma de permitir el acceso al “Lote B”, adjunta imagen en su escrito que grafica la servidumbre.

Hace presente que la recurrida es dueña del inmueble que colinda con el del recurrente, cuyos deslindes particulares indica en su escrito, y señalando que al momento de confeccionar el plano, al comprar la recurrida, se dibujó la servidumbre del predio del comité de agua en forma recta, acompañando imagen al efecto, y concluyendo al respecto que la servidumbre fue arbitrariamente modificada por el plano nuevo, lo cual no consta en escritura pública.

Señala que lo anteriormente expuesto perjudica a la recurrente, puesto que al establecerse la servidumbre en forma recta, no le permite postular a proyectos de ampliación de la red de agua potable, ni a ningún otro, al no dar la cabida, haciendo presente que recientemente fue rechazado un proyecto, toda vez que la empresa ocuparía una parte de la servidumbre, lo cual la recurrida no permitió que ocurriera, perjudicando a toda la comunidad que se abastece del sistema de agua potable rural, ya que la red de agua no alcanza a abastecer a toda la población del sector.

Continúa indicando que el actuar de la recurrida perjudicó a la comunidad de nombre reservado, al no permitir que la servidumbre se dejara tal cual se constituyó, ni al tampoco autorizar que se pudiera construir en el pequeño espacio solicitado a fin de llevar a cabo el proyecto, señala que estos actos han sido constantes, manteniéndose en el tiempo, al solicitarle constantemente que regrese la servidumbre al estado en que se encontraba, a fin de que la empresa comience a construir otro pozo, a lo cual no accede.

Agrega que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, constitutivo de auto tutela, les ha impedido ampliar la red de agua potable, afectando a la comunidad en donde la recurrida no reside, ni tiene vivienda, por lo demás la existencia de la servidumbre es indubitada, constituida por escritura pública, en el título de dominio de Comité de Agua nombre reservado, debiendo adoptarse medidas extraordinarias de protección, menciona que así lo ha resuelto en un caso similar la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 17035-2018.

Estima vulnerada la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 respectivamente de la Constitución Política de la República, al privarle la recurrida de ejercer todas las facultades inherentes al dominio.

Finaliza solicitando tener por interpuesto el recurso de protección, admitirlo a tramitación, y en definitiva se acoja en todas sus partes, ordenando a la recurrida que respete la servidumbre constituida en la inscripción de donación, en subsidio, se ordene el uso de la fuerza pública para eliminar los cercos a fin de que se recupere el imperio del derecho, y se ponga término a la conducta ilegal y arbitraria denunciada, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa el abogado Claudio Marcelo Morales Cruz, en representación de nombre reservado, indicando que la madre de la recurrida previamente era dueña de un predio, que individualiza en su escrito, el cual fue objeto de subdivisión predial, del cual resultaron siete lotes, de acuerdo a plano elaborado y suscrito por el profesional nombre reservado, cuyo número de certificado o autorización es el 738667, por el Servicio de Impuestos Internos, VIII Dirección Reg. Concepción, Depto. Reg. Unidad de Avaluaciones, unidad Chillan, comuna de Quillón, documentos que se encuentran agregados en el Registro de Propiedad del año 2017, bajo el número 1037. Así las cosas, se otorgó escritura pública de compraventa con de fecha 15 de noviembre del año 2017, celebrada entre la recurrida y su madre, adquiriendo el Lote 6, cuyos deslindes particulares detalla en su escrito, inscrito a fojas 3.647, número 2.397 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Bulnes, del año 2017.

Agrega que es efectivo que la madre de la recurrida donó en su oportunidad, a la recurrente, un retazo de terreno de una superficie total de 9 m2, sin perjuicio de aquello, en la misma escritura constituyeron una servidumbre de tránsito, que hoy en día grava el lote 6, de propiedad de la recurrida. Hace presente que al subdividirse el predio del cual era dueña en totalidad la madre de la recurrida, se procedió a realizar un nuevo levantamiento topográfico, respetándose la superficie total donada de 9 m2, manteniendo dicho retazo de terreno conexión directa al camino vecinal, extendiendo una servidumbre de tránsito en forma recta de una superficie de 18 m2, que corre paralelo al lote 6.

Indica que la recurrida al tiempo de comprar, se ciñó al plano actual, respetando la superficie donada y cerrando su propiedad con cercos, desconociendo la existencia de esta servidumbre que gravaba el terreno anterior de su madre y ahora el suyo, entendiendo, que la servidumbre actual es la reflejada en el nuevo plano de subdivisión, agregando que hasta ese punto entiende lo reclamado por la recurrente, pero no así el hecho de argumentar que los proyectos a los que han postulado han sido rechazados por los hechos descritos, toda vez que se ha señalado por la propia recurrente que pretenden construir sobre dicha servidumbre de la cual es solo usuaria, pero no dueña, se trata de otro el problema, motivo de sus rechazos, de lo cual la recurrida no tiene injerencia, destacando que la recurrida se opone a lo pretendido por la recurrente, toda vez que pretende utilizar la servidumbre para construir, cuando la finalidad de la servidumbre de transito constituida, tal como lo señala su naturaleza es de tránsito, y en ningún caso para construir.

Sostiene que el pretender construir sobre la servidumbre afecta el derecho de propiedad de la recurrida, pues la servidumbre es solo un gravamen que debe soportar, pero en ningún caso un traspaso de dominio, sino que una limitación a éste. Agrega que el pretender hacer ocupación de una superficie destinada a servidumbre, con la finalidad de ampliar su terreno, deriva en una ocupación ilegal. Destaca que en los hechos, el terreno en donde la recurrente tiene el pozo, nunca se la ha suprimido el paso, sino que más aún se le ha facilitado su entrada, permitiendo tener un acceso directo, sin necesidad de pasar por ningún terreno privado. Cita en su escrito lo dispuesto en los artículos 820, 821 y 849 del Código Civil, a fin de referirse a la regulación de las servidumbres.

En cuanto al derecho y a la supuesta garantía constitucional vulnerada de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2, señala que de ninguna forma ha sido pasado a llevar, y que en el nuevo plano se mantiene, considera y respeta tal y como fue donado en su oportunidad, entregándole incluso una superficie de servidumbre de transito con conexión directa al camino principal, no existiendo vulneración alguna. Y en cuanto al derecho de propiedad contenido en el artículo 19 N°24, el cual afecta a la persona natural, indicando que no existe representación legalmente constituida en cuando al Comité de Agua ´Potable, en favor de quien se encuentra establecida la servidumbre, no existiendo antecedentes respecto a de qué forma se estaría vulnerando el derecho de propiedad respecto de la persona que dice representar al Comité, no existiendo arbitrariedad, ni tampoco ilegalidad en el actuar de la recurrida.

Finaliza solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

3°.- Que, con fecha 13 de marzo de 2024, se recibe en la causa, Oficio N°173, de igual fecha, de la Prefectura de Carabineros de Ñuble, que acompaña set fotográfico, y que en acta de constitución, en lo pertinente expresa: “(…)pudo establecer que no se aprecia camino de servidumbre ni huellas de vehículos, no obstante, existe un portón metálico de color negro de 5 metros de ancho por 3 metros de alto aproximadamente y un cierre perimetral de unos 50 metros de largo de estructura de alambres y polines, manteniendo un ingreso a unos 50 metros al poniente para llegar la pozo”.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, la recurrente acusa, por un lado, la modificación del trazado de la servidumbre de tránsito constituida en beneficio del lote B, del cual es propietaria, por parte de la recurrente, propietaria del lote 6. Añade que ambos predios son colindantes, y que la conducta de la recurrida constituye actos de autotutela, por cuanto no hubo acuerdo en la modificación del trazado, siendo alterado unilateralmente por la Sra. nombre reservado.

Además, reclama que la actitud de la recurrente, que no autoriza efectuar construcciones en la servidumbre, le ha impedido acceder a proyectos para la ampliación de la red de agua potable del sector.

A su turno la recurrida, si bien reconoce la modificación en el trazado, señala que no existe perturbación o amenaza al derecho de propiedad de la recurrente, toda vez que la servidumbre constituida es de tránsito, y no se han alegado impedimentos en el acceso al predio Lote B.

8°.- Que, se ha acreditado la existencia de un derecho real de servidumbre de tránsito de carácter perpetuo en beneficio del predio de los recurrentes, cuestión que ha sido reconocida por la recurrida.

Sin embargo, los actos que se imputan a la propietaria del predio sirviente distan de constituir vulneraciones al derecho real de servidumbre de tránsito, toda vez que se cuestiona la prohibición de levantar construcciones en el retazo de terreno que constituye la servidumbre de tránsito.

9°.- Que, para resolver este arbitrio, es necesario esclarecer, que respecto de la negativa de la recurrida a permitir construcciones resulta irrelevante el trazado de la servidumbre, desde que sea cual sea éste, en ningún caso concede la facultad de levantar construcciones en el predio sirviente, sino solo la facultad de transitar a través de este para acceder al predio dominante, manteniendo la recurrida el dominio sobre la franja de servidumbre.

En este contexto, si bien consta una alteración del trazado, ésta no tiene la entidad de provocar una vulneración o amenaza de los derechos legalmente constituidos en beneficio de la actora, toda vez que la expectativa de levantar nuevas edificaciones en el predio de la recurrida, a fin de ampliar el pozo profundo, no es derecho que se encuentre incorporado a su patrimonio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el interpuesto por Carola Merino Muñoz, en representación del Comité De Agua nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Redacción del Ministro Sr. Guillermo Arcos Salinas.

No firma el abogado integrante señor Juan Pablo Ortega Arroyo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no haber integrado el día de hoy.

Rol N° 185-2024-Protección.