AGRICOLA HUERTO ESPERANZA SPA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SAN nombre reservado

Chillán, once de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que comparece el abogado don Eduardo Javier Tapia Díaz, en representación de la Agrícola Huerto Esperanza S.p.A., representada por don nombre reservado quien recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo San nombre reservado, representada por el Inspector comunal jefe del Trabajo de San nombre reservado, don nombre reservado, fundado en que con fecha 28 de mayo de 2021 su representada tomó conocimiento de la existencia de la aplicación de 5 multas en su contra por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, que totalizan equivalentes en pesos al día de hoy, la suma de $19.011.200, debido a la recepción de un correo electrónico de parte de la Tesorería General de la República donde le informaba que tiene una situación tributaria pendiente, pese a que, hasta antes de la recepción del correo electrónico nunca la Agrícola o sus representantes habían recibido alguna notificación de resolución de multa de parte de la Inspección del Trabajo por alguna fiscalización de que haya sido objeto. Que luego de indagar se enteran que la notificación de la multa habría sido entregada el 25 de febrero de 2021 a una persona llamada nombre reservado, quien es totalmente ajeno a la Agrícola, no tiene ningún tipo de vínculo contractual, legal o de hecho con ella, es más, esa persona es dependiente con contrato de trabajo vigente en la empresa Agencia de Aduanas nombre reservado G. y Cia. Ltda., y se desempeña como Jefe de Oficina en la sucursal de dicha empresa. Sin embargo, su representada aún no ha tomado formal conocimiento de las resoluciones dictadas por la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado pues ellas no han sido legalmente notificadas. Entonces, al no haber recepción formal de la Carta Certificada con la resolución de las multas, No hay notificación Legal y, por lo tanto, no hay emplazamiento para poder ejercer los derechos que la ley dispone para que el afectado por una resolución administrativa de multa dictada por un órgano del Estado, pueda impugnarla. Ergo, la resolución aún no está firme y ejecutoriada.

Posteriormente, sostiene que la recurrida con su actuar ilegal y arbitrario ha vulnerado las normas legales del debido proceso del articulo 19 Nº3 inc.5º de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la Ley, articulo 19 N°2 del mismo texto, el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, como asimismo a la protección de sus datos personales y derecho de propiedad en sus diversas especies, contenidos en los Nº 4 y 24 del artículo antes dicho.

Finalmente, pide que esta Corte acoja el presente recurso, ordenando en concreto lo siguiente: 1.

Que se ordene a la recurrida INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN nombre reservado y a su entidad matriz, la Dirección del Trabajo, a eliminar de inmediato toda publicación, anotación o registro de las multas ya aludidas (que corresponden a la resolución sancionatoria Nº 3966 /21 /002 (o Nº 3966 /21 /002-1, Nº 3966 /21 /002-2, Nº 3966 /21 /002-3, Nº 3966 /21 /002-4, y Nº 3966 /21 /002-5) de todo Registro del Estado de Chile, incluyendo entidades públicas y particulares, mientras la sanción no esté firme y ejecutoriada conforme a la ley. 2.- Que se ordene a la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN nombre reservado a que se abstenga de ejercer cualquier orden o acto de cobro y/o ejecución de las multas originadas en la resolución sancionatoria Nº 3966 /21 /002 (o Nº 3966 /21 /002-1, Nº 3966 /21 /002-2, Nº 3966 /21 /002-3, Nº 3966 /21 /002-4, y Nº 3966 /21 /002-5) mientras el proceso sancionatorio que tiene motivo en ella no se encuentre terminado, con resolución firme y ejecutoriada. 3.- Que se ordene de inmediato a la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN nombre reservado a dar orden a la Tesorería General de la República de suspender y/o anular cualquier cobro o retención de dineros, mientras la resolución administrativa ya descrita no se encuentre firme y ejecutoriada. 4.- Que se anule lo obrado en la fiscalización que concluyó con la resolución sancionatoria de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN nombre reservado que aplicó las multas antes referidas en contra de AGRÍCOLA HUERTO ESPERANZA S.P.A y se retrotraiga al estado de emplazarse válidamente a mi representada o, en su defecto, se retrotraiga al estado de notificar válidamente la resolución Nº 3966 /21 /002 (o Nº 3966 /21 /002-1, Nº 3966 /21 /002-2, Nº 3966 /21 /002-3, Nº 3966 /21 /002-4, y Nº 3966 /21 /002-5). 5.- Que se condene en costas a la recurrida.

2°.- Que al informar nombre reservado A. nombre reservado, Inspector del Trabajo, por la recurrida, la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, refiere que en el marco de sus facultades fiscalizadoras de la aplicación de la legislación laboral, la Dirección del Trabajo, a través de la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, procedió a imponer una sanción de 5 multas a la recurrente, luego de constatar hechos que importan conculcación de leyes laborales, contenidas en la resolución N° 3966.21.2, de fecha 01 de febrero de 2021. Para efectos de su notificación, la carta certificada que contenía la resolución, fue depositada en Correos de Chile con fecha 19 de febrero de 2021, y despachada al domicilio de la recurrente; esto es: BLANCO ENCALADA N°480, TALCAHUANO, entendiéndose notificada, según lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, el día 26 de febrero de 2021. A su vez, el domicilio de la casa matriz del destinatario, se obtuvo de los registros del sistema informático de la Dirección del Trabajo, coincidiendo éste, totalmente, con el que figura en la planilla de pagos de cotizaciones previsionales, documentación enviada incluso por la propia recurrente durante el proceso de fiscalización, por lo que resulta al menos curioso, indica, tamaña sorpresa por parte de la contraria, acerca de la fiscalización y la multa que se le aplicó. Por otra parte, la contraria reconoce expresamente en su libelo que la persona que recibió la carta certificada fue el Sr. nombre reservado, Run, pero que no se explica quién es esta persona, que no tiene ninguna relación con este señor, que es un tercero ajeno a Agrícola Huerto Esperanza SPA, ya que tiene vínculo laboral con otra empresa, AGENCIA DE ADUANAS nombre reservado G. Y CIA. LTDA., la cual tiene oficina contigua con la recurrente. Ahora, de una sola lectura de las planillas de cotizaciones, agrega, se verifica que el nombre del representante legal de Agrícola Huerto Esperanza SPA, es don nombre reservado, quien es el mismo representante legal de Agencia de Aduanas nombre reservado G. y Cia. Ltda., según se puede apreciar en el contrato de trabajo del señor nombre reservado, celebrado el día 24.10.2008 con Agencia de Aduanas nombre reservado G. y Cia., acompañado en autos por la recurrente. Por lo que resultan poco convincentes los argumentos de la contraria, en relación a que no tenían la más mínima idea de quien podría ser el señor nombre reservado. Más bien ha quedado demostrado la relación entre Agrícola Huerto Esperanza SPA y Agencia de Aduanas nombre reservado G. y Cia. Ltda., y que no solo se vinculan en cuanto a la figura de idéntico representante legal, sino que también se ubican en el mismo piso, del mismo Edificio de oficinas de la ciudad de Talcahuano.

Luego, sostiene que la presente acción es improcedente toda vez que esta vía no resulta idónea para la discusión planteada por la recurrente, por existir procedimientos específicos para ello y porque el análisis de la cuestión planteada requiere de un proceso previo, lo que importa que la empresa afectada carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección.

Añade que, en la especie, la recurrente refiere que la Inspección del Trabajo ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal al publicar las multas que le fueron cursadas en el Formulario sobre Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, sin estar notificadas, además del cobro de las mismas mediante la Tesorería General de la Republica.

Que, en primer término, y según indica, cabe señalar que en virtud de los artículos 43 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 505 del Código del Trabajo y 20 de la Ley N° 19.628, la Dirección del Trabajo se encuentra legalmente facultada para publicar en el Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional las deudas por el no pago de multas administrativas que cursa en razón de su labor de fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales.

Es así que en virtud de la presunción establecida en el artículo 508 del Código del Trabajo, según la cual las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se entenderán practicadas al sexto día hábil contado desde la fecha de recepción de la carta certificada por la oficina de Correos respectiva, y al no tener noticia de la interposición de recursos administrativos o reclamos judiciales, consagrados en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, se procedió a la publicación en el mencionado Boletín de las multas impagas cursadas a la recurrente. Asimismo, el sistema informático institucional de la Dirección del Trabajo, denominado DTPlus, cargó las multas para su cobro en la Tesorería General de la República. De esta forma, de mediar una resolución administrativa, en el caso del recurso de reconsideración del artículo 511 del Código del Trabajo, o de una sentencia judicial, en el caso de los reclamos de los artículos 503 ó 512 del citado cuerpo legal, que deje sin efecto las multas, o bien, rebaje su monto, esta Dirección procede a descargar las sanciones de la Tesorería General de la República, solicitando la restitución al empleador de las sumas correspondientes. Sin embargo, la recurrente no accionó en sede administrativa ni judicial.

En cuanto las garantías supuestamente conculcadas, manifiesta, respecto al derecho a la igualdad en la ley y ante la ley y debido proceso, consagrados en los Nos. 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no se aprecia una discriminación ni arbitrariedad en el actuar de la Dirección del Trabajo respecto del traspaso a cobro de la multa cursadas a la recurrente, pues como se ha señalado la multa fue notificada al domicilio legal, mediante carta certificada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, como se hace en la mayoría de los casos, verificándose con la revisión del seguimiento en línea de Correos de Chile. Por lo que no se ha incurrido en las supuestas vulneraciones a las garantías de igualdad en y ante la ley y al debido proceso, por lo demás tampoco hay un desarrollo en el recurso de la situación fáctica que daría pie a tal aseveración. En cuanto a la supuesta vulneración de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, las actuaciones desplegadas por la Inspección solo se ciñen a la legalidad vigente. Respecto de la supuesta vulneración de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, los argumentos de la recurrente no permiten establecer con claridad cómo el supuesto acto ilegal y arbitrario afecta el ejercicio del derecho de propiedad, más aún si queda de manifiesto que la resolución que impone la multa se encuentra firme o ejecutoriada.

Finalmente, indica que el presente recurso de protección ha perdido oportunidad, debido a que no existe en la actualidad acto u omisión arbitraria o ilegal de la Dirección del Trabajo que implique privación, perturbación o amenaza de los derechos de la recurrente, toda vez que las multas han sido válidamente notificadas, no siendo ésta la vía idónea para discutir sobre la exigibilidad de las deudas originadas por dichas sanciones.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en el presente caso, este recurso de protección se fundamenta en la circunstancia de que la recurrente con fecha 28 de mayo de 2021 tomó conocimiento de la existencia de la aplicación de cinco multas en su contra por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, que totalizan la suma de dinero que se indica, debido a la recepción de un correo electrónico de parte de la Tesorería General de la República donde le informaba que tiene una situación tributaria pendiente, pese a que, hasta antes de la recepción del correo electrónico, nunca la recurrente o sus representantes habían recibido alguna notificación de resolución de multa de parte de la Inspección del Trabajo por alguna fiscalización de que hubiere sido objeto. Y que luego de indagar la situación, se enteran que la notificación de la multa habría sido entregada el 25 de febrero de 2021 a una persona llamada nombre reservado, quien es totalmente ajeno a la Agrícola y no tiene ningún tipo de vínculo contractual, legal o de hecho con ella, es más, dicha persona es dependiente con contrato de trabajo vigente en la empresa Agencia De Aduanas nombre reservado G. y Cía. Ltda., y se desempeña como Jefe de Oficina en la sucursal de dicha empresa. Que, con lo dicho, su representada aún no ha tomado formal conocimiento de las resoluciones dictadas por la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, pues ellas no han sido legalmente notificadas. Que en tales condiciones y al no haber recepción formal de la carta certificada con la resolución de las multas, no hay notificación legal, y por lo tanto no hay emplazamiento para poder ejercer los derechos que la ley dispone para que el afectado por una resolución administrativa de multa dictada por un órgano del Estado pueda impugnar. Que la resolución, de esta manera, aún no está firme y ejecutoriada.

7º.- Que al informar el recurso nombre reservado A. nombre reservado por la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, señala que en el marco de sus facultades fiscalizadoras de aplicación de la legislación laboral, la Dirección del Trabajo a través de la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, procedió a imponer una sanción de cinco multas a la parte recurrente luego de constatar hechos que importan conculcación de leyes laborales, contenidas en la Resolución Nº 3966.21.2., de 1 de febrero de 2021. Y que para los efectos de su notificación la carta certificada que contenía dicha Resolución fue depositada en Correos de Chile con fecha 19 de febrero de 2021, y despachada al domicilio de la recurrente, en este caso, Blanco Encalada Nº 480, Talcahuano, entendiéndose notificada según lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 26 de febrero de 2021.

Agrega, a la vez, que el domicilio de la casa matriz del destinatario se obtuvo de los registros del sistema informático de la Dirección del Trabajo, habiendo total coincidencia con el que figura en las Planillas de Pagos de las Cotizaciones Previsionales, documentación ésta incluso enviada por la propia recurrente durante el proceso de fiscalización. De la misma manera indica que la recurrente reconoce en su recurso que la persona que recibió la carta certificada fue el Sr. nombre reservado, Run, pero que no se explica quién es esta persona, que no tiene ninguna relación con este señor, y que es un tercero ajeno a Agrícola Huerto Esperanza SPA, ya que tiene vínculo laboral con otra empresa, Agencia de Aduanas nombre reservado G. Y Cía. Ltda., la cual tiene oficina contigua con la recurrente.

De la misma manera, señala que de la lectura de las Planillas de Cotizaciones se verifica que el nombre del representante legal de la parte recurrente es don nombre reservado, persona que también es el representante legal de la Agencia de Aduanas nombre reservado G. y Cía. Ltda., por lo que resultan poco convincentes los argumentos de la actora.

8º.- Que en conformidad con lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

9º.- Que, en el presente caso, y según se advierte del texto del recurso, no se encuentra en cuestionamiento la procedencia de la notificación por carta certificada, ni tampoco la forma como ella se practicó, esto es, depositándosele en la oficina de correos respectiva, lo que ocurrió el 19 de febrero de 2021, ni tampoco el domicilio hábil al que fue remitida y recepcionada, en este caso, “Blanco Encalada Nº 480, Talcahuano”, correspondiente al registrado por la parte recurrente en la Dirección del Trabajo y en Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales que se acompañan, con lo cual la resolución impugnada, por el ministerio de la ley, se entiende notificada al sexto día hábil, contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos.

Al efecto cabe dejar presente que se ha declarado por la jurisprudencia de nuestros tribunales que el artículo 508 del Código del Trabajo establece una presunción de derecho en atención a la certeza que presenta para los involucrados el fijar como fecha inmodificable a partir del cual se cuenta la notificación practicada por carta certificada el sexto día desde que aquella es recepcionada por la oficina de correos respectiva. Así, se ha señalado: “Cuarto: Debe indicarse que este asunto relativo a si estamos en presencia de una presunción de derecho o simplemente legal en aquellas reclamaciones formuladas en contra las decisiones administrativas, regulada por las disposiciones laborales ya citadas, ha sido ampliamente discutido, lo que ha dado lugar a jurisprudencia oscilante, que sin embargo permite encontrar afirmaciones contundentes de nuestro máximo tribunal que estima que la regla del artículo 508 del Código del Trabajo establece una presunción de derecho, en atención a la certeza que presenta para los involucrados el fijar como fecha inmodificable a partir del cual se cuenta la notificación practicada por carta certificada el sexto día desde que aquella es recepcionada por la oficina de correos respectiva. Y se ha sostenido: “no pudiendo estimarse que el término para presentar el reclamo comenzó a correr antes del sexto día hábil de su recepción en la oficina de correos respectiva, puesto que concluir lo contrario significa desconocer lo dispuesto literalmente en el artículo 508 del Código del Trabajo” (Causa Nº 4989/2011, Resolución Nº 43.603 de Corte Suprema, Sala Cuarta, de 30 de septiembre de 2011).

De la misma manera, se ha declarado: “Para la resolución del asunto sub lite, corresponde dilucidar desde cuándo se computa el plazo previsto en el inciso tercero del artículo 503 del Código del Trabajo, en relación a las notificaciones de actuaciones resoluciones dictadas por la Dirección del Trabajo. En efecto, el reclamado sostiene que este lapso debe computarse, en principio, desde vencido el término previsto en el artículo 508 del citado cuerpo legal, esto es, a partir del sexto día hábil contado desde la recepción de la carta certificada por la oficina de correos, entendiendo que dicha norma como una presunción simplemente legal. Por su parte, del análisis de la resolución impugnada, aparece que tanto la reclamante como el juez a quo cuentan el plazo desde el día que ingresó a correos el 19 de diciembre de 2018.

“El artículo 508 del Código Laboral, expresa: “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que consta en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

“La norma antes citada contiene una presunción de derecho en relación a la fecha en que debe tenerse por practicada las notificaciones efectuadas por el ente fiscalizador. En efecto, la acepción “se entenderá” contenida en la norma transcrita en el acápite anterior, debe ser entendida como sinónimo de significar o querer decir. Por lo demás, la disposición en comento tiene por objeto disponer un plazo objetivo para el administrado para el cómputo de aquellas actuaciones o resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, a fin de dar certeza jurídica a éste.” (Corte de Apelaciones de Santiago, 4 de julio de 2019, Rol 556-2019; y en el mismo sentido Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 28 de mayo de 2019, Nº Laboral Cobranza 632-2019).

Dicha notificación, en consecuencia, se entiende realizada al sexto día hábil a contar de la recepción de la carta por la oficina de correos respectiva.

En estrecha concordancia con lo anterior, y sin perjuicio de aquello, cabe dejar asentado, también, que en el libelo no se controvierte la circunstancia de que dicha carta efectivamente se recepcionó en el domicilio correspondiente a la recurrente registrado por ésta en la Dirección del Trabajo y vigente, en el caso, calle “Blanco Encalada Nº 480, Talcahuano”.

Lo que se alega, es que “la notificación de la multa, habría sido entregada el 25 de febrero de 2021 a una persona llamada nombre reservado quien es ajeno a la Agrícola –cuestión no imputable a la recurrida-, que no tiene ningún tipo de vínculo contractual, legal o de hecho, es más, dicha persona, según se sostiene, es dependiente con contrato de trabajo vigente en la empresa Agencia de Aduanas nombre reservado G. y Cía. Ltda. y se desempeña como jefe de oficina en la sucursal de dicha empresa….”, y cuyo domicilio de ésta, a la vez, es “Blanco Encalada Nº 480, Talcahuano”, mismo que corresponde a la parte recurrente, siendo representante de ambas empresas, es decir, de la parte recurrente, y de la Agencia de Aduanas nombre reservado G. y Cía. Ltda., don nombre reservado, persona ésta para quien trabaja el señor nombre reservado, según lo justifica la recurrente con el contrato de trabajo agregado a este recurso.

10º.- Que, por las razones expresadas en los motivos 8º) y 9º) que anteceden, a juicio de esta Corte no puede estimarse que haya existido ilegalidad ni arbitrariedad por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado en la notificación de la Resolución Nº3966.21.2, de 1 de febrero de 2021, que aplica las multas que indica, y en su consecuente y siguiente procedimiento que se reclama, sino que, por el contrario, dicha notificación aparece ajustada a la legislación vigente sobre la materia, quedando establecido, además, que la referida notificación por carta certificada, según consta de los antecedentes acompañados al recurso, fue remitida y recepcionada en el domicilio de la recurrente, que es el mismo que ésta mantiene registrado y vigente en la Dirección del Trabajo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado don Eduardo Javier Tapia Díaz, en representación de la Agrícola Huerto Esperanza S.P.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, representada ésta por su Inspector Comunal Jefe don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Regístrese; hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Raúl Fuentes Sepúlveda.

Rol N° 1831-2021.- PROTECCIÓN.-