Protección contra resoluciones de la Contraloría General de la República

Chillán, cuatro de agosto julio de dos mil veintiuno.

Vistos: 1°.- Que, comparece el abogado Gustavo Tomás Baeriswyl Padilla, domiciliado en domicilio reservado, quien lo ha ce en representación de nombre reservado, profesor, de su mismo domicilio, y recurre de protección en contra de las resoluciones de la Contraloría General de la República, entidad la cual en un recurso de revisión del Dictamen de la Contraloría Regional, con fecha 16 de mayo del presente año, notificó a su representado que rechazaba la petición que éste dedujo en contra de la Contraloría Regional de Ñuble, la que rechazó el recurso administrativo interpuesto en contra de la Resolución de la Municipalidad de Chillán, la cual le negó su reintegro en calidad de profesor en el Liceo nombre reservado de la comuna de DIRECCION000.

El letrado refiere, en forma previa, que su representado era profesor de educación física en el Liceo nombre reservado, ubicado en la periferia de la ciudad de DIRECCION000, con un índice de vulnerabilidad de un 97 por ciento, con 22 años de servicio, evaluación docente competente, y en el tramo del docente de acuerdo al registro del CPEIP, nivel avanzado, destacando que el recurrente se ha desempeñado en la educación municipal y en distintas unidades educativas de la comuna de Chillán, teniendo una trayectoria y desempeño intachable, de acuerdo a su evaluación docente competente. Sin embargo, por rencillas personales con la Directora del establecimiento, su representado entró en una abierta contradicción, de acuerdo a los planteamientos de la Jefa de la Unidad, la que dio inicio, bajo hechos infundados, a un sumario administrativo, sosteniendo como cargos la ejecución de un delito en que habría incurrido por agresión física a 4 alumnos del establecimiento en el desempeño de su actividad como profesor, destacando que los alumnos afectados presentan un largo prontuario de malas conductas, faltas graves a la disciplina e incluso, conductas cercanas al delito, además de haber sido acusado por actos hostiles y agresivos en contra de la Directora, indicando que los primeros hechos debieron ser puestos en conocimiento del Ministerio Público, por cuanto las agresiones físicas a los menores constituían un delito de acción penal pública, mientras que el maltrato verbal en contra de la Directora del establecimiento, quedó en el ámbito administrativo y se investigó de la misma manera que el cargo anterior, esto es, la agresión física de los menores. Detalla que su representado, si bien resultó formalizado por el delito contemplado en el artículo 403 Bis del Código Penal, maltrato cometido por garante, en causa RUC N° 1700862129-2, RIT-3.958-2018 seguida ante el Juzgado de Garantía de Chillán, de los 4 eventuales objetos de violencia o delito investigado, se descartaron a 3 alumnos como víctimas, sosteniendo juicio sólo respecto de uno de ellos, ofreciéndosele la suspensión condicional del procedimiento la cual no aceptó, requiriendo por ello, que su responsabilidad se determinara en un procedimiento simplificado, el que se materializó el 15 de marzo del año 2019, siendo absuelto de los cargos. Indica que ante lo resuelto por el Tribunal de Garantía, se requirió a la Municipalidad de Chillán para que, de acuerdo al artículo 120 inciso 1° de la Ley 18.884, dejara sin efecto la sanción administrativa y reintegrara a su representado a sus funciones, a lo que el Departamento de Educación Municipal se negó aduciendo que la responsabilidad penal es distinta de la responsabilidad administrativa.

Ante ello se recurrió a la Contraloría Regional de Ñuble, y previo informe del Departamento de Educación Municipal, dicha repartición pública apoyó la tesis del Departamento de Educación Municipal, sosteniendo la misma posición, cual es, que el hoy recurrente debería permanecer separado del servicio, por cuanto la responsabilidad penal y administrativa eran distintas. Ante tal decisión recurrieron ante el Contralor General, ya que estimaron que la disposición del Estatuto Administrativo que ordena la reintegración, requiere un solo hecho para que produzca su efecto anulatorio respecto a la sanción administrativa, cual es, que los hechos sean los mismos, tanto los del sumario como los del juicio penal. Se sostiene por parte del letrado que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán, en su informe, puso en duda la aplicación del Estatuto Administrativo, aduciendo que preferentemente se debería aplicar el Estatuto Docente por ser especial, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 del Código Civil. Sin embargo, el principio de la especialidad debe aplicarse en forma lógica, tal como lo establecen los artículos 19, 20, 21 y 22 del mismo Código, estimándose por parte del letrado que el Estatuto Administrativo debe aplicarse con preferencia al estatuto docente, por cuanto este último no tiene referencias reglamentarias en cuanto al sumario administrativo y sus efectos, siendo el Estatuto Administrativo el único cuerpo legal que reglamenta el sumario administrativo en detalle y en especialidad íntegra. En ese orden de ideas, el letrado cita y transcribe el artículo 120 inciso 1° del Estatuto Administrativo, al estimar que la situación de su representado queda comprendida en la hipótesis contemplada en la citada disposición, a saber: a) Que su representado fue acusado de 4 delitos distintos; b) Que el Ministerio Público, haciendo uso de una facultad legal, privativa de la Fiscalía, solo enderezó una investigación y acción penal, por uno de los menores, por el cual se formalizó a su representado; c)

Que llegado a juicio, su representado fue absuelto, razón por la cual procede la aplicación del artículo 119 inciso,.... del Estatuto Administrativo General, ya que el Tribunal estableció en definitiva que no existió delito y; d) El Dictamen 17.363 del año 2009, establece que el artículo 120 del Estatuto Administrativo, exige como requisito esencial para la reincorporación al servicio del funcionario, "el hecho de haber sido absuelto o sobreseído definitivamente del proceso criminal, por no constituir delito los hechos denunciados". Conforme a lo expuesto el letrado considera que, mantener a su representado destituido de su cargo por las eventuales agresiones a los 4 menores, las que no se pudieron sostener y por llevarse mal con la Directora del colegio, cargo el cual señala, tampoco fue acreditado, lo que resulta ser ilegal, injusto y antirreglamentario.

En el plano de las garantías constitucionales, el letrado considera que los hechos descritos precedentemente han vulnerado y conculcado, conforme lo consagra el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, a lo menos el artículo 19 N° 3 inciso 5° y 19 N° 4, sin perjuicio de la violación al artículo 6 y 7 de la Carta Magna. Sobre el particular y con relación a la garantía prevista en el inciso 5° del numeral 3 del artículo 19, el letrado postula que el actuar arbitrario e ilegal de la Contraloría General de la República y de la Municipalidad de Chillán, hace que se transforme a la autoridad en los cuales se ha materializado la ilegalidad, arbitrariedad e injusticia en comisiones especiales de juzgamiento, que en el caso de autos ha tomado una determinación que desconoce una disposición legal expresa de la Ley 18.834, que establece que, absuelto por un Tribunal el imputado en una causa criminal que versa sobre los mismos hechos del sumario, éste también debe sobreseerse, haciendo presente que la Fiscal que conoció el sumario administrativo en contra de su representado, ha transgredido absolutamente todas las normas que reglamentan su actuar y atribuciones, permitiendo que se mantenga la situación de despido y de cesantía, conjuntamente con todas las otras sanciones que el sistema administrativo establece para todos aquellos empleados públicos que son desvinculados por medio de un sumario de sus funciones, como es la prohibición de ingresar nuevamente a la administración pública, si no hubiere transcurrido el plazo de 5 años y medio. Se añade, por parte del letrado, que un segundo aspecto en cuanto a la vulneración de la garantía constitucional planteada, ha sido el hecho que se ha materializado en el proceso sumarial otra ilegalidad, consistente en que el sumario, no obstante ser tramitado en un inicio de acuerdo a la ley, se constituyó también en una comisión especial abiertamente ilegal, con un resultado o dictamen, ilegal desproporcionado y sin fundamento y base jurídica. Al respecto expresa que el artículo 121 del Estatuto Administrativo contempla las sanciones o medidas disciplinarias que se pueden aplicar a los funcionarios, estableciendo en la letra D) de dicha disposición, evidentemente, la más grave, esto es, la destitución del funcionario, y a continuación el mismo Estatuto va señalando en que consiste cada una de las sanciones hasta llegar al artículo125 en que establece en su inc. 2, lo siguiente: "la medida disciplinaria de destitución procederá solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y además en los siguientes casos: - C) Condena por crimen o simple delito; E) En los demás casos contemplados en estos estatutos o leyes especiales. Conforme lo expuesto el letrado plantea que la autoridad administrativa que materializó el sumario en contra de su representado, la Municipalidad de Chillan, en la solicitud de reposición del sumariado, y la Contraloría Regional y Nacional, se han constituido en una comisión especial, que no está establecida por la ley por cuanto han aplicado una sanción absolutamente desproporcionada de acuerdo a los antecedentes del proceso sumarial y más aun considerando fundamentalmente de acuerdo a la sentencia judicial que absolvió a su representado de toda responsabilidad penal, no existe dicha sanción, por cuanto el hoy recurrente fue absuelto, por ello no puede ser destituido, que es la más grave de las sanciones que se le puede aplicar a un funcionario público, cuestión la cual estima, atenta incluso contra el principio de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 8°, que establece "ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.". El letrado también considera que su representado ha sido privado de su derecho de propiedad sobre su empleo o cargo, sosteniendo al respecto que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política establece y protege, mediante el recurso de protección, el derecho de propiedad, concepto dentro del cual quedan comprendidos los derechos, por lo cual es posible concluir que existe propiedad sobre un empleo, trabajo o profesión. Sobre la manera como esta garantía constitucional se ve vulnerada, el letrado reitera los argumentos ya esgrimidos, en cuanto a que no obstante existir una sentencia absolutoria en una causa penal, su representado se ve privado de la propiedad de su empleo, la cual le es desconocida por una situación o interpretación de carácter administrativo que está desvinculada de la realidad, cual es, la absolución en el juicio penal y dictada, además, contra una norma expresa como es el artículo 120 del Estatuto Administrativo. El letrado plantea que conforme el artículo 19 del Código Civil, norma referida a la interpretación de la ley, establece que cuando el "sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu". Pero bien se puede, para interpretar una situación oscura de la ley, recurrir a su intención o su espíritu, claramente manifestada en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento. El artículo 195 del Estatuto Administrativo establece claramente que cuando una conducta investigada en un sumario administrativo, se basa en los mismo hechos que en un juicio penal, si se absuelve en este último se debe sobreseer el sumario administrativo, norma la cual advierte el letrado, no admite interpretación para entenderse, ni es oscura ni hay que recurrir a la intención o espíritu de la ley, ya que la disposición citada es absolutamente clara y decisiva. Por su parte, el artículo 24 del Código Civil, que establece las reglas de interpretación de la ley desde el punto de vista orgánico, de acuerdo a la sintonía o uniformidad que debe existir en el ordenamiento jurídico en total, estima el letrado, le daría la razón, pues no puede existir un sumario administrativo, y un fiscal, alcalde y contralor que ejercen funciones administrativas, que interpreten la ley de tal manera que vaya en contra de un fallo judicial, sobre todo en una causa penal. Lo lógico es que la presunción de inocencia tenga sus efectos en todos los aspectos de la eventual sentencia, y si ésta es absolutoria no se puede aplicar una sanción que provenga directamente de una condena que no existe. Por último, el letrado expresa que los recurridos han mencionado, como argumentos los siguientes: 1.- Que el artículo 119 del Estatuto Administrativo, ordena la reintegración del funcionario sumariado, cuando los hechos son los mismos que son materia de una investigación criminal, y es absuelto en la causa penal, debe ser sobreseído en el sumario respectivo. 2.- Los recurridos han manifestado que su representado regia su actuar por un estatuto jurídico distinto, cual es, el Estatuto Docente, por lo tanto no le es aplicable el Estatuto Administrativo y por ende el artículo 119 de éste. En relación a los argumentos señalados con anterioridad, insistimos que el Estatuto Administrativo, desde los artículos 119 hasta el artículo 145, es aplicable a la totalidad de las investigaciones sumarias administrativas y sumarios administrativos, porque no existe norma sobre ritualidad de la tramitación de éstos en disposiciones distintas. 3.- Además de lo anterior, los recurridos señalan que la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal son distintas, en circunstancia que existe una norma expresa, esto es, el artículo 119 del Estatuto Administrativo, que señala que cuando el sumario administrativo versa sobre los mismos hechos de una investigación penal, y el acusado es absuelto en el juicio, debe ser inmediatamente sobreseído definitivamente en el sumario administrativo. 4.- En la especie, eran los mismos hechos sobre los cuales recayó la investigación penal, los mismos denunciantes, el mismo imputado, y fue absuelto por no poder acreditar en la instancia penal la responsabilidad que le cabía a éste en el delito. Como se concilia lo anteriormente mencionado, con lo señalado por la Contraloría General de la República y la Municipalidad de Chillán, por el hecho de que por ser regidos por estatutos distintos no se aplicaba el artículo 119 de la Ley 18.834.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, disposiciones constitucionales y legales citadas, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Magna, en relación con los artículos 5, 6, 7,8, 19 N°3 inciso 5°, 19 N°24, lo dispuesto además, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de fecha 17 de Julio del año 2015 que establece el texto refundido del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, artículos 119,120, 135, 138, 140, 143,145 y demás pertinentes de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo y sus modificaciones, artículo 27 de la Ley 19.880 y demás normas legales pertinentes, se tenga por interpuesto en representación de nombre reservado, en tiempo y forma, el presente recurso de protección de los derechos constitucionales antes señalados, esto es, infracción al artículo 19 N °3 inciso 5° y 19 N°24 de la Constitución Política del Estado, en contra del Alcalde de la ciudad de Chillán nombre reservado y en contra del Contralor Regional Mario Quezada Fonseca, ambos ya individualizados, con domicilio ya señalado y en definitiva, acogiendo el presente recurso, se reconozca que nombre reservado se encuentra, al día de presentación de esta tutela constitucional, siendo juzgado por una comisión especial en virtud de no haberse respetado y/o haberse trasgredido las garantías constituciones y, además, lo han privado de su cargo de profesor de educación física del Liceo nombre reservado de la ciudad de DIRECCION000; asegurar el debido proceso de los recurrentes y su derecho de propiedad sobre el cargo, órgano jurisdiccional-administrativo que lo ha convertido en una comisión especial de juzgamiento y sanción, y, en mérito a ello, se ha conculcado su derecho a ser juzgado por un órgano que haya respetado las disposiciones legales atingentes al hecho efectivamente acaecido y sus resultados judiciales, y atentatorio hacia su derecho de propiedad sobre el cargo antes mencionado, y en mérito a ello, declarar arbitraria, ilegal y contraria al ordenamiento Constitucional y Jurídicos los dictámenes de la Contraloría General de la República referentes al tema, que mantienen la resolución ilegal, injusta y arbitraria notificada a su parte el día 16 de mayo del presente y la resolución de la Municipalidad de Chillán que rechazó la petición del recurrente de la orden de dejar sin efecto el sumario respectivo, como consecuencia resolutoria del Juzgado de Garantía de Chillán.

Que, sin perjuicio de lo solicitado en el numeral precedente, se adopten las demás providencias que se juzgaren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección de nombre reservado.

A su presentación el letrado acompaña documentos. 2°.- Que, informando la presente acción constitucional el abogado Eduardo Chamorro Abarca, por la recurrida Municipalidad de Chillán, solicita desde ya su rechazo.

El letrado, en forma previa a emitir su informe, efectúa un resumen de la presentación realizada por el recurrente, para luego sostener que el presente recurso pretende se declaren arbitrario, ilegal y contrarios al ordenamiento constitucional y jurídicos, los dictámenes de la Contraloría General de la República "referentes al tema", según señala expresamente, lo que resulta del todo impreciso e inespecífico, puesto que se omite durante todo el desarrollo del libelo la singularización de los referidos dictámenes, así como la resolución de la Municipalidad de Chillán que rechazó su solicitud de dejar sin efecto el sumario administrativo desarrollado en su contra, como consecuencia directa de la sentencia absolutoria dictada en la causa seguida en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Chillán, estimando que la pretensión del recurrente, expresada en el petitorio de su libelo, encuentra toda su fundamentación en la orden contenida en la parte final del inciso 1º del artículo 120 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto dispone el reintegro del funcionario sancionado con la medida disciplinaria de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, razón por la que el funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. Añade el letrado que resulta muy importante tener presente que lo primero que surge como fundamento de la determinación de su representada, es que los hechos investigados en el proceso penal referido e invocado, no son los únicos y exclusivos que justifican la medida de destitución adoptada, ya que en el proceso sumarial se han formulado dos gravísimos cargos, como resultado de una exhaustiva investigación, que reunió e indagó una importante cantidad de prueba documental y testimonial, principalmente, formulando, a saber los siguientes: Cargo Uno: "Haber actuado en forma intolerante y faltarle el respeto reiteradamente a otros profesionales de la educación del Liceo nombre reservado de DIRECCION000, establecimiento del cual usted forma parte como profesor de Educación Física. Entre otras ocasiones, específicamente a la Directora Sra. nombre reservado, durante la reunión que se efectuó el día 13 de marzo de 2018, con la participación de ella, además de los Sres. nombre reservado, encargado de convivencia, nombre reservado, profesor de Educación Física, nombre reservado, profesor de educación física y usted, de manera que con esta reiterada conducta que se le reprocha, usted ha incumplido gravemente las obligaciones que impone su función como profesional de la educación del liceo nombre reservado de DIRECCION000, establecidas en la Ley 19.070., Estatuto de los Profesionales de la Educación.". Cargo Dos: "Haber sometido a varios alumnos del Liceo nombre reservado de DIRECCION000 a los cuales usted hace clases de educación física (menores de 18 años), a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, mediante reiteradas agresiones físicas y sicológicas.

Específicamente, a los niños: Yair; al cual usted agredió verbalmente en septiembre de 2016 (agresión presenciada, entre otros, por la propia madre del alumno) y físicamente el 28 de agosto de 2017, mediante agarrón en el cuello, zamarreo y un golpe en el pecho. Adam; al cual usted agredió verbal y físicamente, mediante un golpe en la cabeza y otro en el cuello, a fines de agosto de 2017. Adonis; al cual usted agredió verbal y físicamente el 28 de agosto de 2017, sacándolo de un tirón de la clase y dándole un golpe en la nuca. Adrián; al cual durante el mes de mayo de 2017 usted agredió verbal y físicamente apretándolo con colchonetas y con sus manos. Con esta reiterada conducta que se le reprocha, usted ha incumplido gravemente las obligaciones que impone su función como profesional de la educación del Liceo nombre reservado de DIRECCION000, establecidos en la Ley 19.070.-, Estatuto de los Profesionales de la Educación. Al infringir eventualmente el Art. 403 ter. Del código Penal, introducido por la Ley N º 21.013, sobre maltrato infantil. Añade el letrado que el Decreto Alcaldicio Nª 8.960 / 2018 de 2 de agosto de 2018, que aplica al recurrente la medida disciplinaria de destitución, tuvo su fundamentación en el exhaustivo análisis de la investigación enderezada por la fiscalía instalada al efecto. Señala, en primer término, haber tenido presente para dar inicio al procedimiento sumarial, el Decreto Alcaldicio Nº 3.515 de 28 de marzo de 2018, donde se ordena instruir el referido sumario en contra del Sr. nombre reservado, el que a su vez tuvo como antecedente el Memorandum Nº 1502 / 2017 de fecha 14 de septiembre de 2017 que dirigiera doña nombre reservado (Asistente Social DAEM Chillan) al Director de Educación Municipal, en que se analizan reiteradas denuncias por malos tratos verbales y físicos del profesional docente hacia varios alumnos, debidamente individualizados, haciendo presente la existencia de denuncia ante el Ministerio Público, solicitando dar inicio a la investigación disciplinaria correspondiente. Se tuvo presente, además, el Ordinario Nº 1227 / 2018 de 28 de marzo de 2018, del Director de Educación Municipal, por el que se deja constancia de la conducta grosera del docente Sr. nombre reservado hacia la Directora del establecimiento y colegas docentes. Luego hace referencia al informe de la dupla Sicosocial del establecimiento, las declaraciones de los docentes del Liceo nombre reservado de DIRECCION000, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, e Irene nombre reservado, todos contestes en los hechos y en las circunstancias relatadas.

Frente a la gravedad de los hechos indagados y los cargos formulados (a fojas 241 y 244 del expediente Sumarial), la autoridad edilicia estuvo por rechazar los descargos del recurrente por carecer de mérito suficiente para desvirtuarla, atendida la multiplicidad de los antecedentes documentales y declaraciones recopiladas en la investigación. Los antecedentes y fundamentos referidos en la Vista Fiscal del Sr. nombre reservado de fecha 11 de Junio de 2018, que justifican la sanción propuesta., los que se resumen en el razonamiento que los pondera, señalando que aun existiendo antecedentes que dan cuenta de la desobediencia de los alumnos, éstas no justifican en ningún caso las agresiones físicas y síquicas sufridas por los estudiantes que se individualizan en el expediente, concluyendo a continuación que, particularmente atendida su condición de profesional de la educación, tiene un deber especial de protección o cuidado respecto de aquellos. Finalmente, razona en torno a que encontrándose acreditados de manera indubitada la efectividad de los hechos denunciados, y siendo palmaria y evidente la gravedad de los mismos, estima procedente y proporcional a los mismos, aplicar la medida disciplinaria propuesta, esto es la sanción de destitución. Considera el letrado que las conclusiones a las que arriba la autoridad edilicia no son antojadizas ni arbitrarios, ya que siempre se tuvo presente las alegaciones formuladas, fundamentos invocados y las diligencias probatorias solicitadas por el recurrente, resguardando con ello el desarrollo de la investigación con apego al principio del debido proceso, todo lo cual resulta evidente de la sola revisión del expediente sumarial que acompaña. El letrado postula que la principal alegación que plantea el recurrente consiste en que, ambas recurridas, niegan el derecho que le asiste a ser reincorporado en sus funciones laborales en los términos ordenados en el artículo 120 de la Ley 18.834, cuestión la cual asevera no tiene sustento fáctico ni jurídico, ya que tal afirmación parte de una errada interpretación de la normativa, interpretación que más bien resulta sesgada y caprichosa, estimando que el Decreto decisorio del alcalde subrogante, plasma plenamente el principio de independencia de las responsabilidades consistente en que la autoridad administrativa puede absolver, sobreseer, o bien, aplicar una medida disciplinaria de acuerdo al mérito del procedimiento sancionatorio al margen de las decisiones adoptadas en el proceso jurisdiccional que paralelamente se esté instruyendo o se hubiere sustanciado, por los mismos hechos, en la instancia correspondiente, haciendo presente que artículo 15 inciso 1º de la LOC Nº 18.575, consagra el principio de independencia de responsabilidades, y establece que "el personal de Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiera afectarles", siendo desarrollado por el artículo 120 del Estatuto Administrativo. Así, plantea, se reconoce entonces la autonomía del ilícito administrativo frente a la apreciación de la magistratura penal, y viceversa, esto es, la independencia de la infracción penal en relación con la contravención disciplinaria. Plantea que el artículo 20 del Código Penal refuerza también dicho principio jurídico, al señalar que no se reputan penas, entre otras, "la separación de los empleos públicos acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones", "ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinaria o atribuciones gubernativas". Conforme al artículo 120 inciso 1º del Estatuto Administrativo: "La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos". Conforme al principio de independencia de responsabilidades, la administrativa es diversa de la civil y penal, por lo que uno y otro tipo obedecen a fundamentaciones y circunstancias disimiles y la finalidad de una u otra es diferente, dado que cada una posee distinta configuración jurídica. La responsabilidad y la sanción derivan de una infracción a normas, cuyas motivaciones y propósitos son distintos; en la responsabilidad civil es el perjuicio e indemnización del daño; en la penal, la ocurrencia de un acto u omisión que la ley configura como delito y lo sanciona; en la responsabilidad administrativa, una infracción a las obligaciones funcionarias que involucran un castigo, el que responde al interés público concretado mediante la acción de la administración, y que, además a esta última la regulan normas especiales, las que, al contravenirse, originan sanciones administrativas; no obstante, ésta deriva del ejercicio de la potestad disciplinaria, como elemento de la potestad jerárquica. El letrado manifiesta en su informe que, en el artículo 120 del Estatuto Administrativo, existen dos excepciones al principio de separación de responsabilidades, para el caso del funcionario (o ex servidor) que fuere destituido, y luego en el proceso penal resulta absuelto o sobreseído por no constituir delito los hechos denunciados, casos en los cuales debe o puede ser reincorporado, dependiendo si tales hechos son o no consecuencia exclusiva de la destitución. "Si se le sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. En este caso conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en actividad". Sobre el particular, el letrado indica que conviene analizar para el presente recurso, la primera de las excepciones indicada y transcrita. Tres son los requisitos, para que opere, obligatoriamente, esta primera excepción al principio de independencia, consistente en el derecho del ex funcionario a ser reincorporado: 1º Que se sancione al funcionario con la destitución; 2º Que dicha destitución se aplique como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito; 3º Que en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados. Cumpliéndose tales exigencias, la repartición administrativa correspondiente debe proceder de inmediato a disponer la reincorporación del afectado y dejar sin efecto el acto administrativo sancionatorio anterior. Conforme lo dicho considera que en el presente caso resulta evidente que la sanción disciplinaria impuesta obedece a la gravedad de los hechos investigados y la procedencia de la medida no basa su justificación en la sola conducta inapropiada del hoy recurrente hacia el menor Adam, investigada en la causa RIT. 3958 - 2018 del Juzgado de Garantía de Chillán, como pretende el actor, sino que el mérito de sus fundamentos arranca y se sustenta en otros reiterados hechos que no guardan relación alguna con el menor referido ni con los hechos investigados en tal proceso, no siendo, por tanto, los hechos investigados en el proceso penal referido, los únicos y exclusivos que justifican la medida de destitución adoptada, por lo que la solicitud del peticionario en orden a que se realicen las declaraciones indicadas resulta del todo improcedente, insistiendo en que la medida disciplinaria impuesta fue aplicada como consecuencia de reiteradas denuncias por malos tratos verbales y físicos hacia varios alumnos bajo su cuidado, hacia la Directora del Liceo nombre reservado, y hacia otros colegas docentes, todos debidamente acreditados de manera indubitada y en razón de lo anterior estima que, por el solo hecho de haber sido absuelto por el delito denunciado en contra del menor Adam, no se cumplen con las exigencias previstas por el legislador para tal medida, ni del mérito que la justifique. Conforme lo expuesto el letrado considera que el procedimiento disciplinario adoptado y la medida impuesta, más el rechazo a la solicitud de reincorporación presentada en su oportunidad por el recurrente, no se podrían estimar arbitrarios, toda vez que la arbitrariedad supone una actuación carente de razón o meramente caprichosa, lo que no ocurre en la especie, dado que las motivaciones del decreto aparecen coherentemente fundamentadas en los preceptos legales y reglamentarios que facultan a la autoridad administrativa a imponer la sanción aplicada, por lo que su representada, la Municipalidad de Chillán, al emitir los Decretos Alcaldicios Nº s 3.515 / 2018 y 8.960 / 2018, de 28 de marzo de 2018 y 2 de Agosto de 2018, respectivamente, no ha hecho sino concretar una competencia que la ley le entrega, no existiendo por tanto ilegalidad o arbitrariedad alguna en la emisión de tales decretos, sino estricto apego a la normativa señalada.

Termina solicitando que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se tenga por evacuado el informe de rigor por la recurrida, Municipalidad de Chillán y, en definitiva, se declare que se rechaza en todas sus partes el recurso de protección, con costas.

A su informe la recurrida acompaña documentos. 3°.- Que, informando la Contraloría General de la República y luego de efectuar una detallada singularización de los antecedentes del presente recurso, alega en primer término la falta de peticiones concretas en la acción de protección, planteando al respecto que el actor interpone la acción solicitando que se declare arbitraria, ilegal y contraria al ordenamiento Constitucional y Jurídico los dictámenes de la contraloría general de la república referentes al tema, que mantienen la resolución ilegal injusta y arbitraria notificada a su parte el día 16 de mayo del presente año y la resolución de la ilustre municipalidad de chillan que rechazó la petición del recurrente de la orden de dejar sin efecto el sumario respectivo, como consecuencia resolutoria del juzgado de garantía de Chillan [sic]., lo cual no constituye una petición concreta en los términos requeridos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siendo indispensable para la procedencia de la presente acción cautelar que el actor pida, de manera concreta, que el Tribunal adopte alguna medida con respecto al acto que se impugna, lo que en la especie no concurre, puesto que se solicita se declare genéricamente la ilegalidad y arbitrariedad de los dictámenes referentes al tema, sin individualizar a qué pronunciamientos se refiere su petición de dejarlos sin efecto. En segundo término, se alega la extemporaneidad del recurso, petición la que se sustenta sobre la base que si bien la acción cautelar, en lo que atañe a la recurrida informante, se dirige en contra de los dictámenes dictados por ésta referentes al tema, lo cierto es que la recurrida estima que de los fundamentos que se exponen en el recurso, se podría desprender que la presunta vulneración de garantías se habría configurado a partir de la emisión del oficio N° 2.441, de 1 de octubre de 2019, ello por cuanto el oficio N° E103842 de 10 de mayo de 2021, fue emitido en respuesta al recurso jerárquico formulado por el recurrente en contra del citado oficio N° 2.441 de 1 de octubre de 2019, el cual fue rechazado por ser improcedente y por tal motivo, estima la recurrida se debe entender que el supuesto agravio que alega el actor se habría producido en la época en la que éste tomó conocimiento del anotado oficio N° 2.441, de 2019, lo que se produjo el 25 de noviembre de 2019, fecha en que el recurrente interpuso el citado recurso jerárquico, considerando que adoptarse una interpretación contraria permitiría al actor construir artificiosamente un nuevo plazo para recurrir de protección mediante la interposición de recursos improcedentes. En tercer lugar, se alega la falta de legitimación pasiva, argumentándose al respecto que el artículo 54 de la Ley 19.880 establece que interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada, y el inciso segundo del mismo artículo dispone que, planteada una reclamación ante la administración se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional.

Conforme lo anterior se informa que el actor solicitó un pronunciamiento respecto de la decisión contenida en el oficio N° 400/216/2019, de 12 de junio de 2019, de la Directora de Asesoría Jurídica de esa entidad comunal, que rechazó su solicitud de reincorporación al establecimiento educacional. Enseguida, la misma norma continúa indicando que el plazo volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. En consecuencia, agotada la vía administrativa con la notificación del oficio N° 2.441, de 1 de octubre de 2019, que desestimó la petición del actor, de conformidad con lo dispuesto en el indicado inciso 2° del artículo 54 de la ley 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de la recurrida que informa sino en contra de la Municipalidad de Chillán, quien fue la que emitió el acto que supuestamente causa el agravio que reclama el recurrente. En dicho orden de ideas, la recurrida concluye que, en el supuesto de ser procedente la impugnación de la referida determinación administrativa por la vía del recurso de protección, en ningún caso debería dirigirse en contra de ella, toda vez que el agravio alegado en autos no tiene su origen en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, sino en la decisión de la autoridad edilicia, por lo que corresponde que se desestime el recurso de protección de autos, por falta de legitimación pasiva de la acción respecto de la Contraloría Regional. También se alega por parte de la recurrida, que el asunto planteado es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, manifestando que de la lectura del libelo de autos, es posible inferir que el actor al entablar la presente acción pretende discutir el alcance, sentido e interpretación del artículo 120 de la Ley 18.834, ya que no concuerda con la opinión emitida en el pronunciamiento impugnado, por parte de la Entidad de Control, lo cual es ajeno a la naturaleza de un recurso como el de la especie. Asimismo, la recurrida alega la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, ya que no advierte de qué manera los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República sobre la materia, y en específico, los oficios Nos 2.441, de 2019 y E103842, de 2021, de la Contraloría Regional de Ñuble, podrían ser calificados de ilegales, puesto que fueron emitidos al amparo de los artículos 98 de la Constitución Política; 1°, 6° y 9° de la Ley 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, funciones que, además, han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011, estimándose que tampoco la actuación de la Contraloría General de la República y de su Sede Regional de Control es arbitraria, ya que los pronunciamientos impugnados no obedecieron a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, que condujeron a la conclusión que en ellos se indica, conforme a la jurisprudencia administrativa, a emitir un pronunciamiento motivado en derecho. En cuanto al fondo, la recurrida plantea que el recurrente no reúne los supuestos fácticos establecidos en el artículo 119 de la Ley 18.883 para su aplicación al caso concreto, alegación la cual sustenta sosteniendo que en su presentación el actor señala que fue sancionado en el sumario administrativo por los supuestos malos tratos cometidos en contra de cuatro alumnos del Liceo nombre reservado, dependiente del Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán y que, pese a que el Ministerio Público dispuso el archivo provisional de los antecedentes de tres de los estudiantes y que el Juzgado de Garantía de la ciudad de Chillán dictó sentencia absolutoria respecto del cuarto de los menores involucrados, la Municipalidad se negó a ordenar su reincorporación. Agrega que sobre el particular, el artículo 119 de la Ley 18.883 prescribe, en lo que interesa, en su inciso primero, que: "La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. Si se le sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la municipalidad en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. En este caso conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en actividad. Conforme a lo expresado, la recurrida manifiesta que lo que dispone expresamente el inciso primero del artículo 119 de la citada ley, es que la sanción administrativa es independiente de la civil y penal, motivo por el cual, el archivo provisional no exceptúa de la posibilidad de imponer un castigo administrativo en razón de los mismos hechos, toda vez que aun cuando se trate de iguales conductas, las ponderaciones que existen para establecer la existencia de responsabilidad administrativa son distintas de las que se realizan en el contexto de un juicio penal, por lo que el archivo provisional puede dejar subsistente la responsabilidad de índole administrativa, criterio reiterado por la jurisprudencia administrativa de la Entidad de Control, entre otros, en el dictamen N° 15.364, de 2011. Añade que de la revisión de los antecedentes que conformaron el expediente sumarial, y específicamente de los cargos formulados en contra del actor, aparece que el proceso disciplinario se instruyó con el objeto de establecer la eventual responsabilidad administrativa del hoy recurrente de protección con ocasión de malos tratos físicos y verbales proferidos en contra de varios alumnos del Liceo nombre reservado, así como de una conducta grosera cometida en contra de la Directora y de otros docentes pertenecientes al mismo establecimiento, aspectos los cuales también fueron ponderados por la máxima autoridad municipal, al aplicar la sanción de que se trata, y que no formaron parte de la causa penal en las que se dispuso el archivo provisional por el Ministerio Público. También se expresa, en cuanto a la absolución decretada en la causa criminal seguida por el maltrato cometido respecto del menor Adam, que el inciso primero del citado precepto, luego de consagrar el principio básico de independencia de responsabilidades ya referido, dispone que para que proceda la reincorporación de un funcionario se requiere que haya sido destituido como consecuencia exclusiva de actuaciones que revisten caracteres de delito y que en el proceso criminal, haya sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir ilícitos los hechos denunciados. Añade en su informe que el término de la relación laboral del actor se produjo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 letra b) de la Ley 19.070, artículo que señala que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, entre otras, por las siguientes causales: "b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan". En consecuencia, su desvinculación se debió a la falta de probidad y conducta inmoral, la que fue establecida en el sumario seguido en su contra en el que se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, pero no por la aplicación directa de la referida sanción y en ese contexto, en la especie no concurre ninguno de los dos requisitos anteriormente expresados, puesto que, respecto del primero, el actor no fue destituido, sino que se le puso término a su relación laboral por falta de probidad, conducta inmoral, la que fue establecida fehacientemente en el sumario seguido en su contra y, por otra parte, la medida disciplinaria de destitución, aplicada al término del procedimiento disciplinario, no se debió exclusivamente a los hechos objeto del requerimiento del Ministerio Público, siendo éste un requisito establecido perentoriamente por la referida normativa, precisándose que la medida de destitución aplicada en el procedimiento disciplinario, lo fue en razón de los dos cargos formulados en el sumario, esto es, haber actuado en forma intolerante y faltarle el respecto reiteradamente a otros profesionales de la educación del Liceo nombre reservado de DIRECCION000, y a la Directora del mismo, y el maltrato físico y verbal reiterado a los alumnos de dicho establecimiento, y en específico, respecto de los cuatro alumnos ya señalados, los que fueron fehacientemente acreditados en éste. Se hace presente por parte de la recurrida que de lo consignado en los considerandos décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia pronunciada por el Juzgado de Garantía de Chillán - RIT 3958-2018-, aparece que se absolvió al señor nombre reservado, en atención a que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía resultaron absolutamente insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que lo amparaba, y no por no constituir delito los hechos investigados, planteándose que el Juzgado de Garantía de Chillán estableció en el considerando décimo cuarto de su sentencia: "Que en mérito a lo razonado en los considerandos precedentes esta sentenciadora accederá a la petición de absolución planteada por la defensa, pues como se señaló, la prueba incorporada por la Fiscalía impide formar convicción suficiente sobre la ocurrencia efectiva de hechos que se encuadren dentro del tipo penal del artículo 403 Bis inciso 2 del Código Penal".

En otras palabras, estima la recurrida que el Tribunal declaró la no culpabilidad del actor en razón de que no se adquirió el convencimiento suficiente con la prueba aportada por el Ministerio Público, pero no dispuso su absolución porque los hechos denunciados no fueran constitutivos de ese tipo de ilícito y por lo mismo, de ser aplicable el precepto de la especie, debe concluirse que no tiene derecho a ser reincorporado a su cargo en la mencionada municipalidad, toda vez que, por una parte, no fue destituido y los hechos por los que se le sancionó en el sumario no se referían exclusivamente a la conducta imputada en el proceso penal por la cual fue absuelto, y por otra, porque la referida absolución lo fue por una causal distinta a la exigida en ese precepto legal. Se sostiene por parte de la recurrida, que el artículo 120 de la Ley 18.834, debe entenderse en armonía con lo prescrito en el artículo 1° del citado texto legal, que señala que las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 21 de la Ley 18.575, por lo que no encontrándose las corporaciones edilicias entre los organismos indicados precedentemente, debe concluirse que los preceptos de la anotada Ley 18.834 no son aplicables a los funcionarios que se desempeñan en aquellas. En cuanto a la aplicación del artículo 119 de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el que contiene una redacción idéntica al mencionado artículo 120 de la Ley 18.834, esta vez para los funcionarios que se desempeñan en el sector municipal, tampoco resulta aplicable al caso de autos, pues el artículo 71 de la Ley 19.070, dispone, en lo pertinente, que los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de ese estatuto, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

Por su parte, el artículo 72 señala que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las causales taxativamente expresadas en dicho artículo, el que en su letra b) prescribe: "b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.

En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor". En relación con lo expuesto, los procesos disciplinarios seguidos en contra de los docentes se sustentan en la remisión que el artículo 72, letra b), de la Ley 19.070, efectúa a las normas sobre tramitación de los procedimientos de esa clase contenidas en la ley N° 18.883, preceptiva dentro de la cual no se encuentra comprendido el artículo 119 de este último cuerpo legal, referido a las excepciones al principio de independencia de las responsabilidades administrativa y penal, razón por la cual aquel no resulta aplicable a la situación expuesta por el recurrente, criterio que ha sido reiterado por la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor, entre otros, en los dictámenes Nos 29.651, de 2002 y 32.758, de 2009.

También se argumenta por parte de la recurrida que no se advierte irregularidad en la tramitación del procedimiento disciplinario que culminó con la aplicación de una medida disciplinaria al recurrente, pues luego de realizado el estudio del expediente sumarial, se pudo constatar que las infracciones reprochadas al recurrente fueron suficientemente acreditadas, entre otros medios de prueba, por la declaración de testigos, así como por la prueba documental, por lo que su responsabilidad administrativa, de acuerdo a los cargos que se le formularon, se encuentra demostrada, procurándose al inculpado las instancias legales a fin de asegurar su debida defensa, lo que consta de sus descargos y del recurso de reposición deducido ante la propia autoridad alcaldicia, tal como se hiciera presente en el oficio N° E103842, de 2021. Finalmente, y con relación a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, el ente Contralor con relación al derecho contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República plantea que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política, en armonía con lo previsto en los artículos 1°, 6° y 9° de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, y 51 y 52 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, entre las facultades de la Entidad de Fiscalización se encuentra la de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, en particular, la de emitir dictámenes en asuntos que se relacionen con el régimen estatutario de los funcionarios públicos. Dichas funciones han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011, por lo que al emitir los mencionados oficios, la Contraloría Regional no ha hecho otra cosa que exteriorizar una competencia que la Carta Fundamental y la legislación citada le confieren para emitir dictámenes jurídicos respecto de los servicios sometidos a su fiscalización y, por tanto, no ha ejercido facultades jurisdiccionales como sostiene el recurrente y por consiguiente, no puede sostenerse que el ejercicio de tales atribuciones signifique arrogarse facultades de orden jurisdiccional, pues se trata de facultades de control de carácter administrativo, expresamente previstas en el ámbito de competencia de la potestad dictaminante de la Contraloría General, conforme a la Constitución y a las normas legales ya citadas. En cuanto al derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, hace presente la recurrida que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha declarado que, en lo relativo a la garantía en comento, no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza, tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración, ya que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter, el que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio, que no otorga al funcionario ninguna forma de propiedad sobre el empleo, el que se mantendrá mientras no opere una causal legal de cesación de funciones o expiración de ella, lo que, precisamente ocurrió en la especie.

Termina solicitando se rechace la presente acción constitucional.

A su informe, acompaña documentos. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, amenace o perturbe ese atributo. 5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7º.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida, Contraloría Regional de Ñuble, en orden a que el recurso de autos sea declarado inadmisible por extemporáneo, ello no aparece así de lo actuado en este recurso, toda vez que la conducta y decisión de la recurrida, Ilustre Municipalidad de Chillán, ratificada por la Contraloría Regional de Ñuble, en orden a no reincorporar al recurrente a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía, se mantendría en el tiempo con todos sus efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación. 8º.- Que, en lo que respecta al fondo de la acción deducida, y de acuerdo al relato contenido en el libelo, es posible advertir que lo que el recurrente considera como acto ilegal y arbitrario, sería la negativa de la Ilustre Municipalidad de Chillán de reincorporarlo a sus labores habituales, como asimismo, lo resuelto por la Contraloría Regional de Ñuble, en cuanto este organismo de control ratifica el dictamen pronunciado por la corporación edilicia, sosteniendo el recurrente que lo anterior constituye una actuación que se aparta de la normativa legal vigente, argumentando al efecto que los hechos que dieron motivo al sumario administrativo incoado en su contra, y que en definitiva concluyó con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, fueron conocidos por el Juzgado de Garantía de Chillán, habiendo sido declarado absuelto en dicha sede judicial, de manera que correspondía hacer aplicación de lo preceptuado en el artículo 120 inciso 1º de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, precepto legal éste que establece que "Si se sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía, conservando todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en actividad". 9º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, cabe advertir que el propio precepto legal citado con antelación, en su parte inicial señala que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos preparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. 10º.- Que, a mayor abundamiento, y tal como se desprende de la disposición legal transcrita con antelación, para que el funcionario pueda ser reincorporado es necesario que en sede judicial se hubiese concluido que los mismos hechos que originaron el proceso administrativo, no constituían delito, situación ésta que no ha ocurrido en la especie, toda vez que en sede penal sólo se conoció uno de los cuatro ilícitos que cometió el sumariado, y por otra parte, respecto del que conoció el Tribunal, en ningún caso se resolvió o declaró que no constituyese delito, sino que la absolución se debió única y exclusivamente a falta de prueba suministrada por el Ministerio Público, siendo oportuno agregar además, que tampoco en sede penal se conoció respecto de la denuncia por la conducta grosera y maltrato de palabra hacia la directora del establecimiento educacional, Liceo nombre reservado de DIRECCION000, hecho éste que también constituyó fundamento fáctico para la aplicación de la medida disciplinaria objeto del reproche. 11º.- Que, en consecuencia, y conforme a lo razonado en los motivos anteriores, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto del recurso, toda vez que la Ilustre Municipalidad de Chillán, como asimismo, la Contraloría General de Ñuble, han actuado en el ejercicio de sus funciones, y dentro del ámbito de sus competencias, enmarcándose su accionar dentro de las disposiciones de la ley 18.834, todo lo cual excluye la posibilidad de tipificar como ilegal y arbitrario el actuar de las recurridas, conclusión ésta que lleva necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, el deducido por el abogado don Gustavo Tomás Baeriswyl Padilla, en representación de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad De Chillán y de la Contraloría Regional de Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Regístrese y hecho, archívese.

Redacción del abogado integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

ROL: 1796- 2021- PROTECCIÓN-