nombre reservado con FISCO DE CHILE - SERVICIO SALUD ÑUBLE

3 Chillán, dos de marzo de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que comparece el abogado don SERGIO SANDOVAL MOLINA,, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, por don nombre reservado, enfermero, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, representada legalmente por su director subrogante, don nombre reservado, ingeniero en geografía, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En cuanto a la interposición dentro de plazo del recurso, señala que si bien el acto que genera la perturbación de garantías constitucionales tiene su origen en resolución exenta del Servicio de Salud Ñuble de fecha 26 de noviembre de 2019, y que dicho acto señala que esta sería notificada personalmente o mediante carta certificada al domicilio registrado en el Sistema de Información de Recursos Humanos del Servicio de Salud, dicha notificación no llegó a materializarse, dado que no fue posible hacer entrega de la comunicación a través del correo, tal como se desprende de los documentos de correos de envío de carta certificada y de devolución de la misma acompañados, por lo anterior, el contenido de este acto sólo pudo ser conocido por su representado el día 7 de enero de pasado, en reunión sostenida con la Subdirectora de Recursos Humanos, en las oficinas del Servicio de Salud Ñuble, oportunidad en que se le comunicó al recurrente de la decisión de no renovar su contrata, no teniendo información alguna de esta resolución hasta esa fecha.

Enseguida señaló que cabe hacer presente que, inmediatamente antes de la emisión de la resolución de no renovación de contrata, por resolución fecha 21 de noviembre de 2019, notificada a su representado con fecha 26 de noviembre de 2019, don nombre reservado había sido reincorporado a sus labores, tras encontrarse suspendido durante la tramitación de sumario administrativo desde el 11 de septiembre de 2019, realizando regularmente turnos hasta el 3 de diciembre de 2019.

Asimismo, afirmó que desde el 4 de diciembre de 2019, su representado se encontraba haciendo uso de su feriado legal, el que expiraba con fecha 2 de enero de 2020, desconociendo durante todo este periodo que el Servicio de Salud Ñuble había resuelto no prorrogar su contrata. Prueba de lo anterior, es que con fecha 30 de diciembre de 2019, ante la proximidad del término de su feriado legal, su representado envió un correo electrónico a sus superiores, solicitando el envío del calendario de turnos para saber cuándo le correspondía presentarse a prestar servicios, recibiendo como respuesta de la Sra. nombre reservado, Jefa del SAMU Cordillera, el día 31 de diciembre de 2019, que debía comunicarse con la Subdirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud Ñuble, el día 2 de enero de 2020, comunicándose ese día telefónicamente con el Servicio de Salud Ñuble, con el objeto de consultar con la Subdirección de Recursos Humanos, donde le señalaron que debía dirigirse a las oficinas de dicho servicio al día siguiente.

Agrega que dado lo anterior, el día viernes 3 de enero de 2020, su mandante se dirigió al domicilio del Servicio de Salud Ñuble, lugar en que no recibió respuesta alguna frente a la consulta acerca de su situación laboral, por lo que transcurrida dos horas desde su llegada decidió volver a su casa dada la proximidad del nacimiento de su hijo nombre reservado, lo que ocurrió con fecha 4 de enero de 2020.

Finalmente, con fecha 7 de enero, y ante la necesidad de despejar la incertidumbre en torno a su situación laboral, se dirigió nuevamente a las oficinas del Servicio de Salud Ñuble, siendo notificado personalmente en esa oportunidad de la no renovación de su contrata en entrevista sostenida con la Subdirectora de Recursos Humanos del Servicio de Salud Ñuble.

Respecto al fondo, alega que el actor ingresó al servicio público el 1 de mayo de 2013, como profesional de grado 15° a contrata, en calidad de enfermero del Subdepartamento de Gestión Prehospitalaria SAMU del Hospital Herminda Martín de Chillán, encontrándose vinculado a dicho establecimiento asistencial dependiente del Servicio de Salud Ñuble, mediante contratas sucesivas hasta el 31 de julio de 2016, siendo contratado directamente por el Servicio de Salud Ñuble, para desempeñarse como enfermero en el Subdepartamento de Gestión Prehospitalaria SAMU, específicamente en el SAMU Cordillera, a partir del 1 de agosto de 2016, como profesional de grado 15°, mediante sucesivas contratas, prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2019. Es decir, su desempeño laboral para el Servicio de Salud Ñuble se prolongó desde 2013 a 2019, por 6 años y 8 meses ininterrumpidos, mediante sucesivas contratas.

Que, desde su ingreso al servicio en el año 2013, el recurrente, siempre fue calificado en Lista 1, y no tiene anotaciones de demérito ni le han sido aplicadas medidas disciplinaria.

Sobre el Derecho, dijo que el empleo a contrata, al igual que el cargo de planta, es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa. Por tal razón, rigen todas las normas estatutarias correspondientes, es decir, el Estatuto Administrativo, Ley N°18.834, y Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, Ley N.º 19.880. Sin embargo, el empleado a contrata, a diferencia del cargo de planta, tiene un carácter transitorio, cuya máxima duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Estatuto Administrativo. No obstante este carácter transitorio determinado por la ley, en la práctica las contratas de los servicios públicos se han transformado en una institución permanente, cuya regla general es la renovación anual, que asume funciones y responsabilidades de igual importancia que aquellas entregadas a los cargos de planta.

Refiere enseguida que el acto impugnado mediante la presente acción constitucional consiste en la no renovación de su contrata la que se encuentra consignada en la resolución exenta 4A1/N°5983 del Servicio de Salud Ñuble, de fecha 26 de noviembre de 2019.

A continuación señaló que tanto la jurisprudencia judicial como la administrativa, (Dictamen 6400 de 2018 Contraloría General de la República) han aplicado frecuentemente en el último tiempo el principio de confianza legítima, en virtud del cual se ha estimado que la recontratación reiterada de los funcionarios torna en permanente y constante la mantención del vínculo de los mismos, lo que determina, en definitiva, que la administración incurre en una práctica administrativa que genera para los funcionarios una legítima expectativa que les induce razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación, que se ve quebrantada al disponer la no renovación de una contrata de un funcionario que cumple con los requisitos tal como ocurrió en su caso. En efecto, este principio, no implica afectar las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas en cuanto a la atribución de decidir su no renovación, sino que la decisión de no renovar la contrata debe materializarse a través de un acto administrativo fundado y debidamente comunicado al interesado. Y asimismo, la Excelentísima Corte Suprema ha afirmado en reiterada jurisprudencia reciente la vigencia del principio de confianza legítima, y la exigencia de una adecuada motivación de las resoluciones que disponen la no renovación de las contratas en la administración pública, conforme a los preceptos contenidos en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos en fallo que cita.

En consecuencia, agrega, la mínima razonabilidad establecida en la Ley N° 19880 no se satisface con una fundamentación meramente formal. La finalidad del legislador es otra: dotar a la administración de procedimientos transparentes que permitan el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten, máxime cuando esas decisiones afectan intereses y derechos de las personas.

En la resolución cuestionada dice que se pueden distinguir tres tipos de fundamentos a saber:

1.-Que según resolución exenta N°4213 del 02/08/2019 se instruyó investigación sumaria y luego se elevó a sumario administrativo y sin perjuicio que el sumario no se encuentra afinado, el Sr. nombre reservado fue suspendido de sus funciones por el fiscal del sumario y reconoce el daño ocasionado intencionalmente a bienes de uso público como es la cámara de seguridad de las dependencias del SAMU.

Respecto de este argumento, es preciso reconocer que se instruyó investigación sumaria y luego se elevó a sumario administrativo respecto de don nombre reservado. Asimismo, tal como se indica en la resolución dicho sumario no se encuentra afinado en la actualidad. Igualmente es efectivo que fue suspendido de sus labores durante la tramitación del sumario administrativo, sin embargo, la resolución impugnada omite mencionar que dicha suspensión cesó por resolución del fiscal instructor, don nombre reservado, de fecha 21 de noviembre de 2019. No obstante lo anterior, no es efectivo que el Sr. nombre reservado haya reconocido haber ocasionado daño intencional a un bien de uso público como es la cámara de seguridad de las dependencias del SAMU. Lo que el Sr. nombre reservado reconoció fue un acto imprudente de rayado temporal de una cámara de seguridad de dependencias del SAMU, con un plumón de pizarra, de tinta deleble, rayado que fue limpiado durante la misma jornada en que se materializó por el mismo Sr. nombre reservado, no generando ningún daño en el funcionamiento de dicha cámara, tal como éste lo expone al hacer sus descargos con fecha 11 de noviembre de 2019.

Por otra parte, resulta al menos discutible que se pretenda esgrimir como argumento, un proceso sumarial que al momento de dictar la resolución, aún no se encuentra afinado, dado que no es posible tener certeza acerca del resultado del mismo.

2.-El correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2019 de Jefa Subdepartamento de Gestión Prehospitalaria SAMU dirigido al Director (S) y a la Subdirectora (S) de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Ñuble informando que el Sr. nombre reservado concurrió a la unidad de emergencia en calidad de detenido por participar de disturbios y desmanes.

Que en el portal del Poder Judicial de Chile aparece iniciada una causa penal en contra del funcionario de la que conoce el Juzgado de Garantía de Chillán, causa RIT Ord. 9058/2019, y RUC 1901262022-8, del 22 de noviembre de 2019, por desórdenes públicos, de acuerdo al Art. 269 del Código Penal y que conforme la información disponible en el mismo Portal, el día 25 de noviembre de 2019, el funcionario aparece privado de libertad.

Respecto de estos antecedentes, es preciso reconocer que el Sr. nombre reservado concurrió a la unidad de emergencias del Hospital Herminda Martín, con el objeto de constatar lesiones sufridas en el contexto de la detención realizada por Carabineros en el marco de las protestas sociales el día 21 de noviembre de 2019. En esta jornada, su representado se encontraba prestando asistencia de primeros auxilios, oportunidad en la que fue violentamente detenido, y producto del procedimiento policial sufrió lesiones. Sin perjuicio de ser efectiva la existencia de la causa indicada, no es efectivo que éste se encontrara privado de libertad con fecha 22 de noviembre de 2019, puesto que en el acta de la audiencia de control de detención y formalización de fecha 22 de noviembre de 2019, se señala expresamente que fue dejado en libertad en esa oportunidad, no constando en dicho documento que se hayan establecido medidas cautelares en su contra durante el curso de la investigación. Respecto de este punto, advierte que se utiliza un proceso en curso, del que no existe certeza alguna de su resultado, como un fundamento de la decisión de no renovación de la contrata, transgrediendo el principio de presunción de inocencia.

3.-Que según lo informado por la Jefa Subdepartamento de Gestión Prehospitalaria SAMU, la conducta errática mostrada en el último tiempo por el funcionario está afectando el normal funcionamiento de la Unidad de Trabajo, según lo han manifestado también sus propios compañeros de trabajo.

Señala que el argumento en análisis, adolece de una falta de precisión que impide conocer cuál es el cuestionamiento que se le realiza, dado que no se indica cuáles son las conductas que se estarían siendo reprochadas, ni en forma específica cuando habría ocurrido, ni tampoco cual es la connotación que se le otorga al calificativo de “errática”, ni como habría afectado el normal funcionamiento de la unidad de trabajo, ni porqué el carácter de “errática” que se refiere de cierta conducta de su representado podría ser fundamento suficiente para una determinación tan relevante, como lo es decidir que no se prorrogará la contrata de un funcionario con más de 6 años de labores para el Servicio de Salud Ñuble, con un desempeño destacado y calificaciones de excelencia durante todo el periodo de vigencia de la relación estatutaria.

Por otra parte aseveró que es así como a partir de la exposición detallada de los argumentos vertidos en la resolución, de 26 de noviembre de 2019, es posible concluir que resultan insuficientes para esta finalidad, por los fundamentos dados, y deviene en arbitraria e ilegal; arbitraria dado que conforme a lo razonado previamente carece de fundamento razonable, e ilegal pues no cumple con los deberes de fundamentación suficientes establecidos en la ley N.º 19.880, en relación a la motivación de los actos administrativos, en concordancia con la reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y la Contraloría General de la República.

A mayor abundamiento expresa que, cabe hacer presente que recientemente la jurisprudencia de la Corte Suprema, ha resultado aún más exigente con la administración en cuanto al proceder relativo a las contratas respecto de funcionarios amparados por la confianza legítima, exigiendo que la decisión de cesar la contrata se funde en un sumario administrativo que finalice con la destitución del funcionario o una calificación anual que amerite la misma sanción, y dichas circunstancias no constan, en ningún caso, en la resolución impugnada, por lo que aplicando este criterio, aún con mayor razón, debiera estimarse que dicho acto administrativo resulta ilegal y arbitrario.

Expresa que se afecta la igualdad ante la ley, en tanto, en este caso específico al decidir no renovar la contrata del recurrente, estableciendo de esta manera diferencias arbitrarias entre el actor y la generalidad de los funcionarios a contrata dependientes de la Servicio de Salud Ñuble, que se traducen en la afectación del derecho fundamental señalado.

Así las cosas, se ha realizado una distinción infundada y arbitraria entre sujetos que se encuentran en la misma situación jurídica, sin que pueda advertirse justificación válida alguna para esta diferencia en el trato que la recurrida le ha dado a al recurrente, respecto de la decisión adoptada en cuanto a la generalidad de los funcionarios a contrata del Servicio de Salud Ñuble, que se encuentran amparados por el principio de confianza legítima, a quienes se le ha prorrogado su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Finalmente pide se ordene el reintegro de don nombre reservado al cumplimiento de sus funciones en el SAMU Cordillera, ordenando al Director Subrogante del Servicio de Salud Ñuble, dictar de inmediato el acto administrativo que renueve su contrata hasta el día 31 de diciembre de 2020, disponiendo además el pago de todas las remuneraciones que le correspondan por el tiempo que pueda estar desvinculado, o, en caso de no acceder a estas solicitudes concretas, adopte las medidas que estime pertinentes destinadas a restablecer el imperio del derecho en el caso de autos; con expresa condenación en costas.

2°.- Que comparece, el abogado don ALEJANDRO JIMÉNEZ GALAZ, en representación del SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, quien informa el recurso en los siguientes términos:

En primer lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 letra g) del DFL 1/2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL 2763, que crea los Servicios de Salud, corresponde al Director del Servicio, como jefe superior del mismo, designar a los funcionarios, poner término a sus servicios y, en general, ejercer respecto del personal todas las facultades que correspondan a un jefe superior de servicio descentralizado.

En segundo lugar, el recurso presentado por el Sr. nombre reservado resulta ser extemporáneo, ello en razón de que la resolución exenta 4A1/5983, dictada por el Director del Servicio de Salud Ñuble, y por la cual se resolvió la no renovación de su contrato, le fue notificada por carta certificada como lo autoriza el artículo 45 de la ley 19.880 con fecha 30 de noviembre de 2019, en el domicilio registrado en la Subdirección de Recursos Humanos de la entidad empleadora, conforme los antecedentes aportados por el propio recurrente. En efecto, como consta de la documentación que en un Otrosí se acompaña, el domicilio del recurrente registrado en la subdirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud Ñuble, corresponde a la Villa Cordillera, domicilio reservado de la ciudad de Chillán, sin que hasta la fecha del término de su contrata haya indicado otro domicilio. Asimismo, consta de la documentación acompañada, que la carta certificada fue recepcionada en Correos de Chile el día 27 de noviembre de 2019, por lo que ese acto administrativo se tuvo por notificado a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos, es decir, el día 30 de noviembre del 2019 (artículo 46 de la ley 19.880).

En cuanto al fondo, dice que la resolución exenta 4A1/5983, de fecha 26 de noviembre de 2019, se encuentra debidamente fundada, de acuerdo a los antecedentes que en esa fecha tuvo a la vista el Sr. Director del Servicio de Salud Ñuble para decidir la no renovación de la contrata del recurrente.

En efecto, señala la recurrente que como fundamento de la resolución se considera un sumario que no se encuentra afinado, trasgrediendo el principio de inocencia al no saberse el resultado del mismo. Si bien esto es efectivo, hay hechos incuestionables, reconocidos por el recurrente en el expediente, que fueron considerados de una entidad suficiente, junto a otros que se dirán, para tomar la decisión consignada en la resolución impugnada. En ese expediente sumarial consta que el Sr. nombre reservado se mostró contrario a la instalación de cámaras de seguridad en dependencias del SAMU Cordillera, lugar de desempeño del recurrente, incluso llegando al límite de hostigar a los trabajadores externos que realizaron la instalación de las mismas. Los hechos, inicialmente fueron negados por el recurrente, pero ante la evidencia de las filmaciones, tuvo que reconocer su participación en el rayado de las cámaras con un lápiz marcador, conducta que produjo su inutilización hasta su posterior limpieza y arreglo.

A continuación afirmó que el recurrente señala que dicha cámara no sufrió daños y que fue reparada, pero nada dice de la acción deliberada, del daño causado a bienes públicos, de la falta a la verdad en su declaración, conductas por cierto reñidas con la probidad exigible a todo funcionario público, que debe mantener una actitud irreprochable tanto en el ámbito público como en el privado, no pudiendo tomar acciones de auto tutela para dañar bienes de la Institución. Por ello, independiente del resultado del sumario, las acciones realizadas y reconocidas por el funcionario son contrarias a los principios rectores que todo funcionario público debe mantener en su vida pública y privada.

En relación al “segundo” fundamento esgrimido para fundar el recurso y atacar la resolución, el recurrente señala similares alegaciones en cuanto indica que se recurre a un proceso penal en etapa de investigación, vulnerando el principio de inocencia de su representado. Pero, y tal como señala el recurrente en su escrito, con fecha 21 de noviembre de 2019, el señor nombre reservado fue detenido por Carabineros e ingresó con esposas al mismo centro asistencial donde presta funciones a fin de constatar lesiones. Indica de igual forma que dicha detención fue realizada en ciertas circunstancias (colaboración a heridos), pero al día de hoy el proceso se encuentra vigente y el recurrente formalizado como autor del delito de desórdenes públicos en grado consumado. Así las cosas, el recurrente estuvo efectivamente privado de libertad entre el 21 y 22 de noviembre de 2019. Si bien es cierto que el proceso penal está en investigación, volvemos al mismo fundamento anterior en el sentido que lo que se tuvo a la vista no es la sanción que eventualmente traerá aparejada su conducta, sino el hecho de que nuevamente el Sr. nombre reservado se ve expuesto a situaciones reñidas con la probidad administrativa y comportamiento propio de un funcionario público.

De igual forma señala la recurrente, que el argumento esgrimido por la Jefa del Subdepartamento de Gestión Prehospitalaria carecería de fundamentación al no señalar cuales serían las conductas erráticas y que afectarían el normal funcionamiento de la Unidad. Según consta de la documentación que se acompaña en esta presentación, existió una constante comunicación entre la Jefa del Subdepartamento de Gestión Prehospitalaria y la Dirección de este Servicio de Salud, frente al temor que les infundía al resto de los funcionarios de la Unidad el señor nombre reservado, siendo calificado como una persona violenta y que generaba temor. Incluso, funcionarias de la Unidad tuvieron que ser atendidas por personal de salud mental de la Asociación Chilena de Seguridad, frente al actuar errático, permanente y constante del recurrente.

Finalmente señala que no fue el hecho de que el señor nombre reservado actualmente esté siendo objeto de un sumario administrativo o que actualmente, de igual manera, está siendo investigado por desórdenes públicos ni tampoco su conducta agresiva e intimidante lo que se consideró por parte del Señor Director del Servicio de Salud para tomar la decisión de no renovación de la contrata del recurrente, sino el cúmulo de todas esas acciones, dichos, y conductas realizadas en el último tiempo por el recurrente, lo que además ha dañado el clima laboral de la Unidad de Trabajo, y que en su conjunto y tal como lo señala la normativa legal citada, atribuyen al Jefe del Servicio la potestad de no renovar, fundadamente, la contrata, siendo precisamente esto lo que ocurrió con el Sr. nombre reservado, por lo que solicita se rechace en definitiva el recurso deducido.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que lo alegado por el recurrente, en síntesis, es que el 7 de enero pasado, fue notificado de la resolución de 26 de noviembre de 2019, mediante la cual, la recurrida, no renovó su contrata. Tal decisión, la estima arbitraria e ilegal, por cuanto los fundamentos dados, no son efectivos ni suficientes para adoptarla, lo que afecta la igualdad ante la ley. Agrega que su relación con la recurrida se remonta al 1 de mayo de 2013, fecha desde la cual se ha mantenido ininterrumpidamente vinculado a la recurrida, generándose una confianza legítima en él en orden a obtener una nueva renovación, lo que no ocurrió.

7º.- Que la recurrida, a su turno, invoca la extemporaneidad de la acción, desde que la resolución recurrida es de fecha 26 de noviembre pasado, la que fue notificada por carta certificada que entregó en las oficinas de correo, al día siguiente, de modo que se entiende notificada el día 30 de noviembre último, fecha contada desde la cual ya han transcurrido más de 30 días, hasta la fecha en que se dedujo este recurso. A continuación alegó que la referida resolución de no renovación, si se encuentra fundada, pues, el hecho que ni el sumario administrativo, ni la causa penal seguida contra el recurrente, estén terminadas, no significa que no afecte, con su conducta, la probidad administrativa y buen comportamiento que debe guardar todo funcionario público, agregando que es percibido como violento por sus compañeros de trabajo, algunos de los cuales han sido atendidos por la ACHS. Y todos esos factores motivaron la resolución que se recurre.

8º.- Que en cuanto a la extemporaneidad alegada, cabe anotar, que si bien la recurrida remitió la carta certificada al domicilio registrado por el recurrente, tal como aparece de los antecedentes acompañados por ambas partes, también consta que dicha carta fue devuelta por no haber quien la reciba, de modo que, al menos en autos, no está acreditada su recepción efectiva y por ello, no procede la aplicación de lo establecido en el artículo 46 de la ley 19.880 para darlo por notificado. Por ende, descartando, por lo ya referido su notificación por carta certificada, y no existiendo otra forma de notificación acreditada, habrá de estarse a la fecha mencionada por el recurrente, 7 de enero de 2020, y desde ella hasta la interposición del recurso el día 6 de febrero pasado, no transcurrió el plazo máximo dispuesto por el Auto acordado que regula la materia, debiendo desecharse esta petición.

9º.- Que en cuanto al fondo cabe anotar, que no se ha controvertido, que el recurrente ha laborado para la recurrida, bajo la modalidad, a contrata, ininterrumpidamente desde el 1 de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y que el 26 de noviembre pasado se dispuso su no renovación por las razones expuestas en dicha resolución.

10º.- Que efectivamente, atendido el tiempo trabajado y su modalidad, al actor se le aplica el denominado principio de la confianza legítima, en virtud del cual, un funcionario público que se desempeñe a contrata para la administración, por más de dos años y después de su segunda renovación, tiene la legítima expectativa que se le seguirá renovando en los años venideros, a menos que exista una razón calificada, suficiente y fundada, que resuelva lo contrario. Así lo ha resuelto la abundante jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal.

11º.- Que al no existir un procedimiento para ponerle término o para no renovar las contratas, habrá de aplicar las reglas contenidas en la ley 19.880, en virtud de las cuales, puede concluirse que se requiere de un racional y justo procedimiento y que la resolución que lo disponga debe estar debidamente fundamentada, pudiendo los Tribunales Superiores controlar, la suficiencia de aquella argumentación, a fin de evitar la arbitrariedad.

12º.- Que de la sola lectura de la resolución reclamada, salta a la vista que contiene una serie de fundamentos, lo que lleva entonces a examinar su mérito o suficiencia para justificar la decisión adoptada.

13º.- Que, en dicho escenario se advierten 3 órdenes de razones en la mentada resolución, a saber, ser sujeto de un sumario administrativo en el que se estableció su daño al mobiliario de la recurrida, ser investigado en una causa criminal por el delito de desórdenes públicos y tener una conducta errática en el desempeño de su cargo, causando conflictos con sus compañeros.

14º.- Que, el sumario administrativo que se inició contra el actor, aún no ha terminado, de modo que se ignora su resultado, no pudiendo entonces validarse tal argumento por su falta total de certeza. En cuanto al daño provocado, sí está reconocido, hasta ahora, que el recurrente rayó una cámara que se instaló en su lugar de trabajo, ignorándose si trajo mayores consecuencias al equipo.

15º.- Que, ser sujeto de un proceso penal, aun ya formalizado, tampoco podrá considerarse suficiente, desde que aquél no está terminado, por lo que se ignora su suerte, arribando así a la misma incerteza que en el caso anterior, primera parte.

16º.- Que, en cuanto al mal clima laboral que generaría el recurrente, debe asentarse que la imputación de conducta errática es de por sí vaga, pero, sin perjuicio de aquella, no existen antecedentes de suficiente envergadura. En efecto, la recurrida acompañó algunas comunicaciones electrónicas en las que se daba cuenta de reclamos en contra del actor que hacían otros compañeros de trabajo, pero ciertamente aquello es insuficiente para fundar una decisión como la que se revisa, desde que no consta haberse sometido a una investigación mínima siquiera, en la que éste pudiera formular descargos y defenderse, rindiendo pruebas.

17º.- Que, así las cosas, sólo se tiene el rayado a una cámara de la recurrida como un hecho cierto y reconocido, pero que claramente no tiene la envergadura suficiente para terminar una relación laboral de 8 años, en la que no han existido antecedentes disciplinarios pretéritos que reprocharle al recurrente, por lo que si bien pueden justificar alguna sanción, ella no podrá ser la de mayor entidad, como es la terminación, vía no renovación, de su contrato.

18º.- Que, al carecer de la fundamentación suficiente la decisión de vuelve arbitraria y por ende afecta al recurrente en su derecho a la igualdad ante la ley, pues, otro funcionario público puesto en su situación no podría ser objeto de la no renovación, por no haber mérito suficiente para ello.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, por don nombre reservado, en contra del SERVICIO DE SALUD ÑUBLE y en consecuencia se deja sin efecto la resolución recurrida de 26 de agosto de 2019, y ordena la reincorporación de éste al servicio, ordenándose la renovación de su contrata desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre del mismo año, debiendo enterársele todas las remuneraciones desde el 1 de enero de 2020.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro titular Claudio Arias Córdova.

ROL 177-2020- PROTECCION.-