nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE (GGDD)

Chillán, catorce de abril dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Leopoldo Vidal González en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de Protección en contra de la Tesorería General de la República representada por don nombre reservado o quien la subrogue o represente, por vulneración de derechos constitucionalmente garantizados.

Para fundar su acción, refiere que la recurrente trabajó en la Subsecretaría de Salud Pública Ñuble, esto es la SEREMI de Salud Ñuble como trazadora dentro del marco de la pandemia del Covid-19 desde el 14 de junio de 2021. Fue despedida por la Subsecretaría de Salud Pública de Ñuble, con fecha 02 de agosto de 2023 por la causal del Artículo 159 número 4 del Código del Trabajo fundado en lo siguiente: “Vencimiento del plazo convenido en el contrato”.

Agrega que, al considerar la Srta. nombre reservado que su despido fue injustificado, demandó al Fisco de Chile en causa RIT O-506-2023 del Juzgado del Trabajo de Chillán por concepto de despido Injustificado, Nulidad del despido, Daño moral y cobro de prestaciones. Por sentencia definitiva de fecha 18 de abril de 2024 la cual se encuentra firme y ejecutoriada en el Juzgado del Trabajo de Chillán se acogió la demanda condenando al Fisco de Chile al pago de la suma de $1.189.986.- por concepto de feriado anual y la suma de $114.465.- por concepto de feriado proporcional; montos que deberían ser objeto de reajustes e intereses señalados en el artículo 63 del Código del Trabajo. Habiéndose reajustado y ordenado el pago, en definitiva, se ordenó a la Tesorería General de la República pagar a la recurrente la suma de $1.471.225 (Un millón cuatrocientos setenta y un mil, doscientos veinte y cinco pesos).

Señala que, el Ministerio de Justicia con fecha 08 de agosto de 2024, ordena el pago a Tesorería General de la República (TGR), quienes en un acto arbitrario e ilegal procede con fecha 09 de agosto del mismo año a retener y compensar la cifra de $1.500.807 (Un millón, quinientos mil ochocientos siete pesos) so pretexto de la deuda universitaria del Crédito con Aval del Estado de la recurrente. A entender del letrado, lo anterior constituye a todas luces un acto abusivo contrario a derecho, ya que se trata de conceptos remuneracionales inembargables por la naturaleza de los mismos, por lo que debieron ser enterados a su representada.

Añade que, el acto arbitrario e ilegal se realizó sin notificar por medio alguno a la recurrente ni a sus abogados patrocinantes, por lo que, de no mediar el impulso de la recurrente, tal acto seguiría siendo desconocido para los involucrados, afectando seriamente el debido proceso en la fase de pago de la sentencia obtenida válidamente en juicio.

Posteriormente el letrado pasa a referirse a la Ley 20.027, en particular al artículo 17 “que establece un sistema de financiamiento para la educación superior”, concluyendo que la Tesorería solo puede retener devolución de impuesto por concepto deudas de crédito universitario y no un crédito laboral (correspondiente a prestaciones laborales adeudadas a la recurrente) como ocurrió en la especie, en consecuencia nos encontramos ante un acto arbitrario e ilegal de Tesorería, ya que excedió e infringió lo dispuesto en la Ley al retener no una devolución de impuesto como lo faculta la norma, sino la sentencia laboral de su representada.

El letrado estima, conforme a los hechos antes descritos, que la recurrida con su actuar, perturba y priva del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de su representada, establecidas en el artículo 19 número 24º de la Constitución Política de la República. Al respecto, cita jurisprudencia atingente a la materia.

Termina, solicitando que esta Corte, se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida ya individualizada, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo disponiendo: 1. Que se declare que la retención informada y percibida por la recurrida respecto de su representada es ilegal y/o arbitraria. 2. Que se ordene a la recurrida, o a quien corresponda, el reintegro a su representada de lo retenido y percibido por la cifra de $1.500.807 (Un millón quinientos mil ochocientos siete pesos) correspondiente a las prestaciones laborales declaradas judicialmente. 3. Que dicha cifra, debe ser pagada con los respectivos intereses y reajustes. 4. Que se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones de la recurrente; 5. Todo lo anterior con expresa condena en costas.

2°- Que, al informar, don nombre reservado, Director Regional Tesorero de Ñuble, refiere que de la simple lectura de los hechos se puede concluir que la recurrente confunde dos instituciones jurídicamente distintas: por una parte la facultad de retención establecida en el artículo 17 de la ley 20.027, y por otra parte la compensación como modo de extinguir obligaciones.

Señala que, nuestro legislador autoriza expresamente a la Tesorería General de la República, en el artículo 6 del DFL N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, “para compensar deudas de contribuyentes con créditos de estos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.” En consecuencia, para que el Servicio de Tesorerías ejerza dicha potestad sólo requiere dar cumplimiento a los requisitos legales señalados en el artículo 1656 del Código Civil, que regula la compensación, luego de señalar que ella opera por el sólo ministerio de la Ley, previene que ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores. Dicho todo lo anterior, no cabe sino concluir que la compensación en materia tributaria es de carácter legal y, por ende, opera por el solo ministerio de la ley.

Agrega que, la Tesorería General de la República, se limita a cumplir con un mandato legal expreso, cual es el de compensar deudas de los contribuyentes con créditos que éstos hagan valer en contra del Fisco, según lo autoriza el artículo 6° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, con lo cual sólo se limita a ejercer sus facultades, legalmente establecidas, en cuyo actuar, entonces, no se aprecia un carácter ilegal o arbitrario. Consecuente con lo señalado anteriormente, no se advierte cómo la Tesorería Regional de Ñuble, podría haber vulnerado algún derecho del recurrente, lo que debe conducir al rechazo del recurso de protección que informa.

Manifiesta que, sin perjuicio de lo anterior, incluso forzando la interpretación antojadiza que plantea la recurrente, lo discutido se trataría del modo de extinguir las obligaciones tributarias, lo que lo convierte, qué duda cabe, en una alegación de fondo, que supera los contornos de una acción constitucional que debe basarse en derechos indubitados e integrados sin discusión al patrimonio del afectado.

Finaliza su presentación, solicitando que esta Corte, se sirva tener por evacuado el informe al tenor de la acción constitucional de protección deducida por el recurrente, y, en definitiva, rechazarla con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para una adecuada resolución del recurso, cabe destacar que la recurrente, en síntesis, reclama que la Tesorería General de la República procedió de manera ilegal y arbitraria a retener y compensar la suma de dinero que le debía ser devuelta a causa de un crédito laboral a su favor, ello, a raíz de una deuda que la actora mantiene por concepto del Crédito con Aval del Estado, sin además ser notificada previamente de ello.

7°.- Que, de los antecedentes allegados en autos y de la revisión de la causa RIT 0-506-2023, seguida por la recurrente en calidad de demandante y en contra del Fisco de Chile, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, consta que por sentencia ejecutoriada, se acogió la demanda de cobro de prestaciones deducida y se condenó a la demandada en la causa aludida, al pago de $1.189.986.- por concepto de feriado anual y la suma de $114.465.- por concepto de feriado proporcional, sumas que reajustadas fueron finalmente retenidas por la Tesorería en virtud de la deuda que la recurrente mantenía con motivo del crédito universitario con aval del Estado.

8°.- Que, los artículos 6 y 7 del D.F.L. N°1 DE 1994 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, dispone que la referida entidad cuenta con la facultad de compensar los créditos impositivos con los créditos que el Fisco adeuda a los contribuyentes, en razón de la existencia de deudas recíprocas entre el contribuyente y la Administración, quienes de manera simultánea tienen la calidad de deudor y acreedor, y cuyo efecto no es otro que extinguir las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

9°.- Que, si bien es claro que la compensación en materia tributaria contiene elementos que resultan ser comunes con aquella figura prevista en el derecho común, las particularidades de su regulación tornan necesaria la revisión de las exigencias que la distinguen de aquella establecida en los artículos 1655 a 1664 del Código Civil. Lo anterior resulta ser determinante para resolver la controversia en cuestión, puesto que, aun cuando es inconcuso que en la especie se trata de obligaciones de dinero respecto de las cuales ambas partes son recíprocamente deudoras y acreedoras, y se trata de deudas líquidas y actualmente exigibles, no puede perderse de vista que la compensación reconocida en la Ley Orgánica constituye un instituto propio del derecho tributario con una regulación expresa en la legislación impositiva.

10°.- Que, desde esa perspectiva, el artículo 6° en comento permite a la Tesorería General de la República compensar deudas de contribuyentes con los créditos de que son acreedores del Fisco; sin embargo, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo establece: “Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”, del que es posible colegir que, las deudas de esos contribuyentes deben tener por causa un tributo, cuestión que no resulta ser trivial si se considera que la deuda de la actora constituye un crédito laboral que no tiene carácter tributario, en razón de lo cual, no sería compensable.

11°.- Que, no es menos importante, y en lo particular de la presente acción, la Ley N° 20.027, tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad, surgiendo de la misma el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal.

En este sentido, una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1° del artículo 17 de la citada ley, dispone: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda (…)”.

12°.- Que, conforme lo señalado en los basamentos precedentes, es posible concluir que la citada ley, entre otros aspectos, reguló de manera expresa un mecanismo para garantizar el pago de dichos créditos, esto es, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados.

En esta línea la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías no resulta aplicable para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, dado que tiene una regulación excepcional y especial, que obliga a su aplicación preferente por sobre la normativa general.

13°.- Que, conforme lo que se viene razonando, el actuar de la recurrida resulta ilegal, perturbando la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto de la compensación efectuada en el caso de marras, la actora resultó privada de percibir el monto que obtuvo a consecuencia de la dictación de la sentencia laboral dictada en autos RIT 0-506-2023, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad por lo que el recurso de marras será acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Leopoldo Vidal González en representación de doña nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, sólo en cuanto se dispone que ese Servicio deberá restituir a la actora la suma correspondiente ordenada pagar por sentencia judicial, firme y ejecutoriada, sin perjuicio de las acciones judiciales de cobro que correspondan y que fueran pertinentes, en relación al Crédito con Garantía Estatal que mantiene.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

Rol N°174-2025 PROTECCIÓN.