nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Chillán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

1º.- Que, comparece don nombre reservado, abogado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., Rol Único Tributario N° 76.265.736-8, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Acciona por el acto que califica de ilegal y arbitrario de fecha 16 de enero de 2026, mediante el cual se rechazó su solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Señala como antecedentes de hecho que, en su calidad de profesional extranjero y dando íntegro cumplimiento a los requisitos de la Ley N° 18.156, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales. Sin embargo, con fecha 16 de enero de 2026, fue notificado mediante correo electrónico del rechazo de su requerimiento, fundamentado en que: "No se adjuntó constancia de afiliación vigente, la cual debe encontrarse apostillada en el país extranjero donde fue emitida o, en su defecto, legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El documento aportado corresponde a una constancia de cotización, la cual no cumple con los requisitos, ya que no corresponde al documento solicitado".

Expone que dicha decisión constituye una interpretación formalista que desatiende la finalidad del legislador, toda vez que, junto con su contrato de trabajo y anexos, acompañó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanada de la Presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Detalla que dicho instrumento público, expedido el 6 de febrero de 2026 y con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, consigna expresamente que el actor, titular de la cédula de identidad venezolana N° RUT reservado, posee 603 semanas cotizadas, con fecha de primera afiliación el 4 de febrero de 2005 y estatus de asegurado cesante en la Empresa Socialista Metro de Maracaibo C.A. (Número Patronal Z19918691) desde el 5 de octubre de 2016. Destaca que la autenticidad de esta constancia es plenamente verificable en el portal web oficial del IVSS mediante el código de verificación alfanumérico N° 1ea075345-2026109, mecanismo de validación que incluso es aceptado y tramitado con éxito por otras entidades como AFP Cuprum.

En cuanto a los fundamentos de derecho, aduce que la exigencia de legalización o apostilla constituye un requisito no establecido expresamente en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 ni en la Ley N° 18.726, y que resulta materialmente imposible de cumplir debido a un hecho público y notorio consistente en la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile. Afirma que este escenario configura una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor al tenor del artículo 45 del Código Civil en relación con su artículo 18, lo que pretendió subsanar acompañando además una declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada.

Sostiene que la actuación de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dispensando un trato desigual frente a otros solicitantes e impidiendo el ejercicio de su dominio sobre los ahorros previsionales. En apoyo de su tesis, invoca la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema contenida en las sentencias Rol N°28.881-2022, Rol N°7.254-2025 y Rol N°96.380-2021, además de resoluciones de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Concepción (Rol N°1269-2025), La Serena (Rol N°533-2025), Valparaíso (Roles N°3391-2025 y N°3860-2025), nombre reservado (Rol N°6043-2025) y Temuco (Roles N°2307-2025, N°2359-2025, N°2537-2025 y N°1867-2025).

Termina pidiendo tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

2º.- Que, evacúa informe doña Ana Maria Herrera Brummer, abogada, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., con domicilio en domicilio reservado.

Opone, como alegación previa, la improcedencia de la acción cautelar, sosteniendo que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. Argumenta que la recurrente pretende discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N° 3.500 en sede de emergencia, persiguiendo la declaración de un derecho dubitado que excede los fines del arbitrio constitucional, amparando su postura en la jurisprudencia de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Concepción (Rol N° 19.407-2016) y nombre reservado (Rol N° 19.583-2024).

En cuanto a los hechos y el fondo del asunto, asevera que el rechazo de la solicitud notificado el 16 de enero de 2026 carece de vicios de ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto su representada se limitó a dar estricto cumplimiento al Decreto Ley N° 3.500 (artículos 2, 23, 34 y 51) y a su Reglamento (artículo 64), normativas que otorgan a los fondos de las cuentas de capitalización individual un destino único y exclusivo orientado a generar prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En este escenario, precisa que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcionalísimo y de interpretación restrictiva, cuya letra b) del artículo 1° exige que la certificación extranjera conste debidamente legalizada.

Expresa que, de conformidad con la sistemática jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, dictada al amparo del artículo 3° del D.F.L. N°101, y contenida específicamente en los Oficios Ordinarios N°5.376, N°12.954, N°21.880 y N°3.141 de 2024, no resulta suficiente un documento que describa genéricamente los beneficios foráneos. Subraya que la autoridad previsional competente debe certificar de forma expresa que el trabajador contó con la protección por todos los riesgos previstos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, requiriendo que la cobertura de salud sea integral y comprenda prestaciones médicas y pecuniarias. Detalla que la Constancia Electrónica de Cotizaciones aportada por el actor carece de firma de quien la emite, menciona las coberturas de forma genérica y no se encuentra apostillada, incumplimiento que resulta insalvable a la luz de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de la Apostilla, vigente en Chile desde el 30 de agosto de 2016. Agrega que las declaraciones juradas suscritas por el propio afiliado ante notario chileno no constituyen medios idóneos por recaer en una materia propia y exclusiva de la seguridad social.

Añade que los antecedentes revelan una manifestación de voluntad contradictoria y extemporánea que enerva la exención, toda vez que en el contrato de trabajo originario de fecha 1 de agosto de 2022 el trabajador no hizo mención alguna a un régimen extranjero, expresando su voluntad de mantener dicha afiliación recién en un anexo de fecha 1 de mayo de 2024. Aduce que tal dilación vulnera la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 según lo instruido en los Dictámenes N°27.587 de 2015 y N°23.170 de 2016. Asimismo, advierte que el recurrente posee cédula de identidad chilena, residencia permanente y es propietario de un inmueble en Chile, circunstancias que, conforme a la Ley N°20.255, no garantizan su retorno al país de origen y exponen al Fisco a asumir en el futuro el financiamiento de una pensión básica solidaria.

Sustenta la legalidad de su actuar invocando abundante jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que avala el rigor en las exigencias formales, individualizando los fallos Rol N°238.255-2023, Rol N°12.359-2024, Rol N°17.866-2025, Rol N°28.646-2025, Rol N°6.932-2025, Rol N°11.330-2025, Rol N°4.154-2025 y Rol N°20.366-2025, además de sentencias de las Iltmas. Cortes de Apelaciones de Concepción (Rol N° 1442-2025), San Miguel, Iquique, Valparaíso, La Serena, Antofagasta y Punta Arenas.

Termina pidiendo se sirva rechazar en todas sus partes la presente acción, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías constitucionales del actor.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el arbitrio constitucional interpuesto se funda en la decisión adoptada por la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., comunicada mediante correo electrónico con fecha 16 de enero de 2026, a través de la cual se rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales requerida por el actor en su calidad de técnico extranjero, argumentando la recurrida que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada incumple las exigencias normativas por carecer de la correspondiente apostilla en el país extranjero donde fue emitida o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y por corresponder a una constancia de cotización y no al documento de afiliación solicitado, decisión que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria por exigir requisitos no contemplados expresamente en la ley y realizar una interpretación formalista que desconoce la fuerza mayor derivada de la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, vulnerando con ello sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, frente a lo cual la recurrida justifica su actuar en el estricto cumplimiento del marco legal y de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, alegando además como excepción previa la improcedencia de la vía cautelar por tratarse del debate de un derecho controvertido propio de un juicio de lato conocimiento.

7°.- Que, haciéndose cargo primeramente de la alegación previa deducida por la recurrida, relativa a la improcedencia de la acción por versar sobre materias de lato conocimiento y derechos dubitados, corresponde su rechazo, toda vez que el presente arbitrio no persigue la declaración, constitución o reconocimiento de derechos sustantivos complejos que requieran de un término probatorio lato, sino que se circunscribe estrictamente a ponderar y determinar si la decisión de la entidad previsional de denegar la restitución de los dineros, basándose en la calificación de los antecedentes documentales aportados a la luz de la Ley N°18.156, se encuentra revestida de razonabilidad y sustento normativo, o si, por el contrario, constituye un acto ilegal y arbitrario susceptible de corrección mediante esta excepcional vía jurisdiccional de emergencia, materia que resulta plenamente connatural a la esencia protectora de la acción deducida.

8°.- Que, despejado lo anterior e ingresando al análisis del fondo de la controversia, resulta ineludible asentar que el ordenamiento jurídico previsional estructurado a partir del Decreto Ley N°3.500 consagra la regla general de que los fondos existentes en toda cuenta de capitalización individual poseen un destino único y exclusivo, consistente en el financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, por lo que la Ley N°18.156, que autoriza la devolución a los técnicos extranjeros, constituye un régimen estrictamente excepcional, establecido en el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”. Así es entonces que éste régimen de excepción exige perentoriamente el cumplimiento copulativo de las condiciones dispuestas en su artículo 1°, requiriendo en su letra a) que el trabajador acredite encontrarse afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y en su letra b) que en el respectivo contrato de trabajo exprese de manera inequívoca su voluntad de mantener dicha afiliación, presupuestos ineludibles para que, al tenor de su artículo 7°, nazca el derecho a solicitar la restitución de los ahorros depositados.

9°.- Que, la facultad legal de interpretar esta normativa de excepción y fijar las directrices de alcance general para la correcta acreditación documental de estas exigencias recae privativamente en la Superintendencia de Pensiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del D.F.L. N°101, autoridad fiscalizadora que, ejerciendo dichas atribuciones, ha dictado el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los Oficios Ordinarios N°5.376, N°12.954, N°21.880 y N°3.141. A este respecto, la Excma. Corte Suprema ha señalado que, la Superintendencia de Pensiones ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Así, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En el mismo sentido, el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, instruye que: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgo previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

10°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañado por el recurrente no es apto para dar por cumplido el requisito establecido por la Ley 18.156.

En tal sentido se ha resuelto recientemente por la Excelentísima Corte Suprema en sentencias de 18 de febrero del año en curso, dictadas en causas Roles 4399-2026, 4380-2026, 4383-2026, 3344-2026, 3348- 2026, precisando además que si bien la circunstancia de no existir relaciones consulares entre Chile y Venezuela puede dificultar el cumplimiento del requisito de legalizar o apostillar, establecido en la normativa en comento, “(...) no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

11°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, queda de manifiesto que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, pues se ha limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 establecen para el retiro solicitado.

12°.- Que, sometiendo el acto impugnado al respectivo escrutinio de legalidad, fluye de que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y aportado por el actor, adolece de falencias insalvables para el ordenamiento jurídico nacional que justifican a cabalidad el actuar denegatorio de la recurrida, toda vez que el referido instrumento digital no cuenta con la firma de la autoridad emisora, omite certificar de manera específica la cobertura médica y pecuniaria integral requerida limitándose a una mención legal genérica, y, carece de la indispensable legalización o apostilla consagrada en la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, formalidad solemne ineludible para que un instrumento público extranjero surta efectos jurídicos en el territorio nacional, sin que la coyuntura diplomática del cierre de la embajada de Venezuela en Chile constituya una hipótesis asimilable a la fuerza mayor que releve a la Administradora de verificar el cumplimiento estricto de la ley o que transforme en arbitraria su negativa.

13°.- Que, a mayor abundamiento y analizando el requisito de oportunidad contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, los antecedentes acompañados revelan una actuación contradictoria y extemporánea en la manifestación de voluntad del trabajador que por sí sola enerva el beneficio pretendido, al constar que en el contrato de trabajo originario del actor, de fecha 1 de agosto de 2022, no existió estipulación ni reserva alguna sobre la mantención de su régimen previsional extranjero, expresando dicha intención de manera tardía recién en un anexo datado el 1 de mayo de 2024, proceder que pugna abiertamente con la regla de exteriorizar la voluntad ex ante precisada en los Dictámenes N°27.587 de 2015 y N°23.170 de 2016 de la Superintendencia del ramo, y que, sumado al innegable arraigo del actor evidenciado en la tenencia de cédula de identidad chilena, residencia permanente y dominio de bienes raíces en el país, ratifica la absoluta razonabilidad del acto impugnado.

14°.- Que, al tenor de los razonamientos expuestos, fluye de manera inconcusa que la decisión adoptada por la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. no reviste el carácter de ilegal, toda vez que su actuar se ciñó al marco normativo previsto en la Ley N°18.156, a los mandatos del Decreto Ley N°3.500 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Tampoco resulta factible calificar su proceder como arbitrario, desde que la negativa no es fruto del mero capricho, sino que encuentra su pleno sustento en un raciocinio técnico y objetivo amparado en el incumplimiento de requisitos formales, materiales y temporales insoslayables por parte del cotizante, por lo que, no advirtiéndose conducta antijurídica o inmotivada alguna que prive, perturbe o amenace el derecho de propiedad o la igualdad ante la ley del actor, la presente acción tutelar carece de un derecho preexistente e indubitado que legitime el amparo requerido y debe ser necesariamente desestimada en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

R.I.C. 167-2026-Protección.-