Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

Chillán, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece doña Linda Quintero Mogollón, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo acción de protección contra la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por su gerente general don nombre reservado, por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos de afiliado extranjero N°2123, de fecha 02 de febrero de 2026.

Expone que, al actor, de nacionalidad venezolana, durante el curso de la prestación de sus servicios en Chile, se le ha descontado, y se han enterado sus cotizaciones, salud y cesantía en los servicios respectivos, a pesar de haber manifestado por escrito su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen, conforme a lo dispuesto en la Ley 18.156.

Señala que con fecha 19 de noviembre de 2025 su representado presentó ante la recurrida su solicitud de retiro técnico de fondos extranjeros N° 2123; que al día siguiente recibió correo electrónico de Provida S.A. informándole que su solicitud había sido rechazada, por falta de constancia de afiliación vigente, en atención a que el documento aportado no estaba apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Añade que, ante tal respuesta, el recurrente dedujo reclamo administrativo, con fecha 20 de noviembre de 2025, ante la Superintendencia de Pensiones, fundado en la imposibilidad material de cumplir con la apostilla y reiterando que el documento acompañado es el que emana de la autoridad administrativa de previsión en Venezuela y por tanto es idóneo. Tal reclamo fue rechazado con fecha 27 de noviembre de 2025 por la Superintendencia, que confirmó el rechazo, por no estimar suficiente la constancia electrónica del IVSS sin apostillar. Posteriormente, con fecha 31 de enero del año en curso, el recurrente reiteró el reclamo, el que también fue rechazado, con fecha 2 de febrero último, por estimar la recurrida que no se cumplían los requisitos copulativos del artículo 1° de la Ley 18.156, en sus letras a) y b).

La letrada destaca que el recurrente acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en la cual consta que se encuentra afiliado desde el 06 de agosto de 2010, encontrándose, por tanto, vigente su cobertura previsional en su país de origen desde antes del inicio de prestación de servicios en Chile, por lo que el requisito se encuentra cumplido.

Sostiene que el requisito de falta de apostilla es una exigencia que resulta arbitraria y de cumplimiento imposible en la realidad actual, toda vez que desde el año 2024 no existe representación consular de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, hecho público, notorio y ampliamente conocido, que permita la legalización del referido documento. Además, el propio sistema de apostilla electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla de este tipo de instrumentos, circunstancia que consta en los registros oficiales de consultados en línea. A mayor abundamiento, de acuerdo con oficios emitidos por el Servicio Autónomo de Notarías y Registros de Venezuela, tampoco es posible realizar declaraciones juradas respecto de este documento con el objeto de ser posteriormente apostillados, por encontrarse expresamente excluidos de dicho procedimiento.

Estima que la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales, al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, norma que únicamente exige acreditar la existencia de cobertura previsional en el extranjero, sin requerir la apostilla del documento en los términos impuestos por la AFP. Agrega que el recurrente sigue estando afiliado al sistema de seguridad social venezolano (IVSS) y esto puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo que acredita fehacientemente que el recurrente mantiene su cobertura previsional activa en su país de origen.

Concluye que el acto impugnado deviene en ilegal, puesto que la recurrida se funda en una hipótesis no prevista por el legislador para no acoger a trámite lo solicitado por el peticionario, conculcando con dicho proceder, su garantía a la igualdad ante la ley y amenazando su derecho de propiedad.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., quien en fecha 02 de febrero de 2026, notifica solicitud “rechazada” de retiro de fondos del recurrente, nombre reservado, siendo este, un acto ilegal y arbitrario, que impide la devolución de fondos previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

2°.- Que, comparece informando la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S. A. y alega primeramente la extemporaneidad de la acción, pues con fecha 20 de noviembre del año 2025, su representada informó al actor el rechazo de su solicitud, por tanto, se encuentra con creces vencido el plazo de 30 días desde la desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, establecido en el auto acordado que regula el recurso de protección.

Sostiene, además, que la presente acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

En cuanto al fondo, indica que efectivamente el actor solicitó la devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156, con fecha 17 de junio de 2025. Detalla que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico.

Relata que con fecha 19 de noviembre de 2025 AFP Provida rechazó la solicitud del recurrente, debido a la falta de constancia de afiliación vigente, pues esta debe estar apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; que el documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado y no puede ser considerado de conformidad a lo dispuesto en el Oficio N° 5376 emitido por la Superintendencia de Pensiones y reiterada jurisprudencia administrativa de la misma.

Hace presente que el Decreto Ley N° 3.500 del año 1980, que crea el sistema nombre reservado de vejez, invalidez y sobrevivencia, y su reglamento, dejan claramente establecido que el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, una vez que cumpla los requisitos legales establecidos al efecto.

A su vez, la Ley N° 18.156 que establece la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, establece en su artículo 1 requisitos a los que se debe dar cumplimiento para ello. Dichas exigencias consisten en detentar la calidad de técnicos; encontrarse afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y, que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. En tal contexto normativo y fáctico, el actuar de AFP Provida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero del recurrente de autos, solo ha exigido que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Cita jurisprudencia en apoyo de su planteamiento.

Finaliza solicitando a esta Corte rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en contra de Provida, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada, no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal.

3°.- Que, informa don nombre reservado, Jefe del Departamento Judicial de la Superintendencia de Pensiones.

En primer término, la recurrida plantea que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, desde que por la presente vía se ha denunciado una controversia acerca de los certificados presentados por la parte recurrente, lo que demuestra que su decisión debería ser materia de un juicio declarativo, pues el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección es de tipo inquisitivo, de emergencia, rápido, no apto para discutir y declarar derechos.

Respecto del fondo del asunto, señala que en el Sistema de Gestión Documental consta la Consulta Web N°18137, ingresada el 20 de noviembre de 2025, en la que el recurrente interpone un reclamo en contra de AFP Provida, por haberse negado a dar curso a su solicitud de retiro de fondos previsionales. Explica que se solicitó informe a AFP Provida, la que, mediante carta de 27 de noviembre de 2025 señaló que no fue posible acceder a la solicitud formulada por el extranjero, pues no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al retiro regulado por la Ley N°18.156, añadiendo que no se adjuntó la Constancia de Afiliación al IVSS, pues sólo aportó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no puede ser considerada, ya que, según el Oficio N°5376, emitido por la Superintendencia de Pensiones, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale, en forma genérica, las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar, en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley 8.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Agrega la recurrida que AFP Provida hizo referencia a que el único documento con el que se puede dar continuidad al trámite es una Constancia de Afiliación Vigente, emitida por la autoridad previsional competente, y el documento debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Finalmente expresó que, como parte del proceso del trámite de devolución de fondos por concepto de técnico extranjero, amparado bajo la Ley 18.156, se aplican las respectivas medidas de validación de la documentación que se presenta ante esa Administradora de Fondos nombre reservado.

Añade que la Superintendencia de Pensiones comunicó al recurrente la necesidad de dar estricto cumplimiento a los requisitos de procedencia del beneficio contemplado en la Ley 18.156, haciéndose referencia expresa a los requisitos de validez de los documentos legalizados en años anteriores, los que deben cumplir con los criterios de vigencia definidos por la autoridad competente, además de contar con la correspondiente legalización o apostilla, conforme a la normativa chilena aplicable.

En cuanto a la normativa aplicable al presente caso, cita y transcribe los artículos pertinentes de la Ley 18.156, Oficio N° 5.963 y disposiciones del D.F.L. N° 101 de 1980, del D.L. N° 3500 del mismo año y Ley 20.255, para luego sostener que el acto impugnado por el actor se encuentra plenamente amparado en la legalidad y carece de toda arbitrariedad, al fundamentarse en la falta de concurrencia de los requisitos que hacen procedente el retiro de los fondos nombre reservado solicitado por el actor. Detalla que si bien éste acreditó su calidad de técnico extranjero, al acompañar su título técnico o profesional, debidamente apostillado, no ocurre lo mismo con el segundo requisito, pues para ello es preciso acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social y a tales efectos es insuficiente la constancia acompañada por el recurrente, pues carece firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, y aun cuando incorpore un código de verificación electrónica, ello no es suficiente para poder sustituir los requisitos legales vigentes, especialmente, cuando el ordenamiento jurídico exige, expresamente, la legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que produzcan efectos en el territorio nacional.

Afirma que la Superintendencia no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad, toda vez que se ha limitado a pronunciarse respecto de la solicitud de autos, dentro de la esfera de su competencia.

Termina solicitando se tenga por cumplido lo ordenado, declarando improcedente el recurso de protección deducido, porque la materia por la que se recurre excede el ámbito de la acción de protección y, en subsidio de lo anterior, se rechace el recurso de protección deducido, con costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por AFP Provida, cabe consignar que, conforme lo dispone el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, éste debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En el presente caso, es el propio recurrente quien señala que tomó conocimiento del acto que estima arbitrario e ilegal el 20 de noviembre de 2025, ocasión en que la administradora de fondos nombre reservado le comunicó el rechazo de su solicitud de retiro de fondos efectuada con fecha 19 de noviembre de 2025. Luego agrega que, en contra de aquel rechazo interpuso reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, institución que con fecha 27 de noviembre de 2025, confirmó lo resuelto por AFP Provida.

8°.- Que, del registro de ingresos de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones se constata que la acción de protección fue interpuesta con fecha 9 de febrero de 2026, esto es, transcurrido en exceso el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado respectivo, tanto respecto de la comunicación de rechazo por parte de AFP Provida, de 20 de noviembre de 2025, como de la confirmación del mismo por parte de la Superintendencia de Pensiones, de 27 de noviembre de 2025.

En efecto, si bien el recurrente señala que después del 27 de noviembre de 2025 interpuso un nuevo reclamo en contra de lo resuelto, no resulta admisible que tras un primer rechazo, se requiera un nuevo pronunciamiento, con el solo objeto de provocar una resolución, en contra de la cual posteriormente recurrir de protección, generándose artificialmente un plazo para ejercer esta acción constitucional, no obstante haber transcurrido con creces el plazo de treinta días desde que se tuvo noticia de la decisión de la AFP Provida y de su ratificación por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

En consecuencia, la alegación de extemporaneidad formulada por AFP Provida debe ser acogida, motivo suficiente para que la acción deducida deba ser desestimada, sin que sea pertinente emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado.

En tal sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en situaciones semejantes, entre otras, en causas Rol 19.244-2024 y Rol 28.403-2025.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña Linda Quintero Mogollón, en representación de don nombre reservado, contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

No firma el abogado señor Coloma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol 158-2026 PROTECCIÓN.