Protección contra garantía del N°4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República

Chillán, tres de septiembre de dos mil veinte.

Visto:

1°.-Que comparece el abogado don Gustavo Tomás Baeriswyl Padilla por don nombre reservado y doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor de estos, toda vez que, con fecha 22 de julio último, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, publicaron en la red social Facebook lo siguiente: “Estoy funando a estos tres personajes que son socios de una empresa llama TIERRA SUR, que está ubicado en panamericana sur km 410, donde es domicilio particular de la señora nombre reservado, gobernadora por Itata y el esposo nombre reservado, actual presidente del partido Evopoli Ñuble, y nombre reservado, representantes legales de la empresa y estafador por profesión y no solo lo digo yo, lo dicen varios pequeños productores. Estos nos quedaron debiendo varios meses de sueldo y 2 años de imposiciones, también nos ha afectado en la AFC y espero que estas personas no sigan robando a más personas. Quedando debiendo dinero al Fisco, proveedores, productores y a sus propios funcionarios. También espero que como funcionaria pública, no le sigan robando al pueblo”. Expresa que dichas afirmaciones están destinadas a imputar a sus representados, no solo una conducta impropia desde el punto de vista comercial y personal, sino que además, constituye la imputación de un delito, como es el de la apropiación de descuentos previsionales, contemplado en el artículo 470 N° 1 del código penal, en relación con artículo 5° del decreto ley 3.500, sobre nuevo sistema de pensiones. Argumenta, además, que no sus representados no socios de la sociedad o sociedades que se mencionan en las diferentes publicaciones, por lo tanto, no tienen la calidad de infractores a las normas legales mencionadas, y aunque así lo fueran, las sociedades a las que se le imputan dichas conductas, son, personas jurídicas distintas de las personas naturales que las forman.

Estima que el actuar de los recurridos, constituye un acto arbitrario o ilegal, que atenta en contra de la garantía del N°4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en especial, porque doña nombre reservado y nombre reservado son funcionarios públicos que su buen nombre y prestigio debe ser reguardado y protegido.

Finalmente, pide a esta Corte acoger el presente recurso y se ordenen las siguientes medidas, de ordenar la eliminación de las redes sociales de las publicaciones ofensivas y atentatorias, contra el buen nombre de mis representados, en todas las redes sociales y grupos en los que se publicó tal información, con costas del recurso.

2°.- Que informando la presente acción constitucional los recurridos en estos autos, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, indican que el año 2018 se autodespidieron de la “Sociedad Agrícola Tierra Sur” de don nombre reservado y doña nombre reservado y Sociedad Comercial Golden South Ltda de don nombre reservado por el no pago de cotizaciones previsionales, pago de AFC y seguros asociados durante todo el tiempo que prestaron servicios, por ello, interpusieron una demanda en Juzgado del Trabajo de esta ciudad (RIT O- 831-2018) en la cual llegaron a conciliación, comprometiéndose los recurrentes a realizar los pagos previsionales y de remuneraciones impagas, lo que a la fecha de la presentación del presente informe no ha ocurrido.

Añaden que, intentaron conversar con don nombre reservado para pedirle cumpliera con el acuerdo referido, sin embargo, la conversación no se llevó a cabo y solo recibieron la respuesta prepotente –a su juicio- que “tiene muchas demandas en los Juzgados del trabajo y que no le hará daño a él ni a su esposa una más ya que tienen el poder político en la ciudad de Chillán” esto debido a que Doña nombre reservado, ocupa el cargo de Gobernadora De La Provincia De Itata en la región de Ñuble y él es Presidente de un Partido Político. Explican que por esa “humillación y de sentirnos sobrepasados por la angustia de ser pequeños y estar peleando con un gigante”, difundieron por redes sociales su realidad para prevenir a otras personas que no confiaran en en los recurridos. Agregan que además, el incumplimiento que los requeridos han cometido ha afectado su posibilidad de retiro del 10% desde las AFP, lo que también los motivó a hacer público su malestar.

Posteriormente, se preguntan si “¿Es entonces que esta parte está mintiendo en las declaraciones realizadas? ¿O es que debemos mantenernos callados para no molestar a los Srs. Recurrentes y dirigirnos nuevamente ante la justicia ordinaria para que pacientemente nos vuelvan a mentir ante el mismísimo tribunal aprovechándose de la vulnerabilidad en la que nos encontramos, considerando además la particular situación que atraviesa nuestro país por la pandemia? ¿Por qué si las empresas supuestamente no tienen relación alguna con los recurrentes, estos en su recurso hablan del prestigio comercial? ¿Cómo podría afectarles a ellos si se trata de una empresa no relacionada con el matrimonio nombre reservado?”.

Luego, sostienen que nombre reservado es dueño de la empresa que los habría contrato e incumplido sus obligaciones como empleadores, toda vez que, así lo demuestra el acta de notificación de la demanda referida anteriormente y el perfil de Facebook en que el 18 de agosto de 2020 se identifica como fundador y socio de ambas empresas. Además, la Sra. nombre reservado, en su declaración de Patrimonio e Intereses al asumir el cargo el año 2019, señala que es propietaria del 50% de la Sociedad Exportadora South Land SpA, la otra empresa demandada en sede laboral y con la que se llegó a acuerdo incumplido. También se acredita con el informe de DICOM del enero del año 2019 de las empresas aludidas en que se identifican claramente ambos recurrentes como socios propietarios. Por lo anterior, señalan, que en absoluta evidencia que el matrimonio nombre reservado tiene directa relación con las empresas que les adeudan sus derechos laborales, tal como lo han indicado y como ellos han tratado de negar a través de declaraciones espurias. Estiman que la legitimidad de las pretensiones de una parte no puede basarse en ningún caso en acomodar la interpretación de normas de manera tan diametralmente diferente al sentido natural y obvio que busca un determinado articulado “agregando” partes que el Constituyente no incorpora.

Luego, expresan que su publicación es legal, debido a que si bien puede resultar molesta para la recurrente y puede ser discutible el tono y redacción de lo publicado, se ha probado en este informe que los hechos denunciados respecto a los recurridos son efectivos, lo que hace que también esta publicación carezca de arbitrariedad, ya que tal como se ha señalado, no es un mero capricho de esta parte, sino una reacción contra los abusos de los recurrentes y una manera de buscar públicamente una reacción de parte de estos que los empuje a cumplir con sus deudas laborales y dejar de abusar desde la impunidad. Reseña la causa de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 12.443-2018. Entonces –argumentan- su actuar no puede sino calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho amparado en la libertad de expresión, ya que tal como se ha expuesto, el uso de un medio social para hacer pública la denuncia de abuso por parte de los dos recurrentes a través de empresa con la que tienen relación directa, ha sido la última vía utilizada en medio de la desesperación y angustia provocada por la seguidilla de hechos en que los recurridos hemos sido vulnerados directamente por los recurrentes, no sólo atentando contra su dignidad a través de frases soberbias y prepotentes amparados en su situación de poder, sino que además humillándoles incumpliendo avenimiento aprobado judicialmente en sede laboral, al que los concurrentes consentimos de buena fe y empujados por la necesidad. Estiman que no se trata de una “funa” para hacer justicia por mano propia fuera de la institucionalidad judicial como pretende mostrar la recurrente, ya que aquí lo primero que esta parte hizo fue precisamente llevar sus pretensiones a la justicia ordinaria dónde a pesar de un avenimiento aprobado ante el juzgado laboral correspondiente, el matrimonio nombre reservado YABER, recurrente de autos, a través de persona jurídica de su propiedad como se prueba en los documentos que se acompañan, a la fecha cumplen sólo parcialmente dichos pagos y además utilizan amenazas respecto a su poder local para señalar que no conseguiremos el pago de la diferencia que se nos adeuda.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. Para ello habrá de tenerse presente el tenor de la publicación realizada en redes sociales virtuales por los recurridos, y la utilización de diversos calificativos denostadores en relación a los recurrentes.

6º.- Que, en un primer orden de ideas, se constata que la publicación cuestionada en la presente acción constitucional se realizó a través de Facebook por el recurrido don nombre reservado. A su respecto, no es posible considerar la actuación que se reprocha a la recurrida como el legítimo ejercicio de un derecho, cuando de la lectura del texto de que es autora, contiene epítetos que agravian a los recurrentes, tales como “estafador de profesión”, “que estas personas no sigan robando” y “no le sigan robando al pueblo”, denunciándolos en una red social tan masiva como es Facebook y sin limitaciones de publicidad, sin que ello se haya determinado en juicio alguno de que se tenga noticia, donde sea posible arribar a una conclusión debidamente acreditada a ese respecto.

De este modo, aquella conducta más bien se aviene con la intención de denostar a las personas que en la publicación se refieren, asumiendo como cierto los hechos que se imputan, sin obtener las medidas de remedio que nuestro ordenamiento jurídico contempla, provocando en el público a quienes va dirigido, la sensación de veracidad de la denuncia –cuyos hechos aun no son asentados en sede judicial- y que trasunta la vulneración de las garantías esgrimidas por los actores, en cuanto resultan idóneas para afectar la honra, al verse expuestos a comentarios que lesionan su imagen ante la sociedad.

7°.- Que, así las cosas, el actuar de la recurrida no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho, cuando de los antecedentes acompañados al libelo por el recurrente se observa el uso de un medio social para denostar a los recurrentes -con o sin razón- prescindiendo de la institucionalidad.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que, SE AGOGE, sin costas, el aludido recurso interpuesto por el abogado don Gustavo Tomás Baeriswyl Padilla en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, solo respecto del recurrido don nombre reservado, el cual deberá eliminar de Facebook toda referencia a los recurrentes y abstenerse en el futuro de ejecutar este tipo de conductas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante don Alejandro Sepúlveda Andrades ROL 1573-2020-PROTECCION