Recurso de protección

Chillán, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, administrativa, interponiendo acción de protección en su favor y en contra de nombre reservado, ignora profesión u oficio, por la comisión de actos arbitrarios e ilegales que vulneran sus derechos constitucionales, solicitando se adopten las medidas que impidan su ocurrencia y se restablezca el imperio del derecho.

Expone que el 18 de febrero de 2021 fue contactada vía WhatsApp por la recurrida solicitándole ayuda urgente para colaborar en la búsqueda de su hijo desaparecido en el sector de DIRECCION000, y ante la gravedad y el evidente estado de angustia, accedió a ello gestionando en el mismo día el respectivo permiso en su trabajo y trasladándose durante la noche al domicilio de la recurrida para prestar la ayuda y el apoyo humano frente a la contingencia que afectaba a su grupo familiar.

Agrega que permaneció en el domicilio familiar durante aproximadamente tres días, pernoctando y colaborando activamente en tareas de acompañamiento, contención emocional y apoyo logístico, recorriendo sectores cercanos en labores de búsqueda del menor desaparecido. Añade que durante su permanencia constató que el grupo familiar se encontraba bajo fuerte presión social, con episodios de hostigamiento externo por parte de terceros que los increpaban y amenazaban, generando un ambiente de alta tensión y riesgo. En dicho contexto, realizó labores de contención, a fin de evitar enfrentamientos y hechos de violencia, todo ello de manera voluntaria y sin recibir pago alguno, recalcando que toda su intervención fue humanitaria y de apoyo, sin que existiera relación contractual, contraprestación económica ni interés distinto al de colaborar frente a una situación de emergencia que afectaba directamente a la recurrida.

Señala que, a raíz de haber convivido con la recurrida y su círculo cercano durante aproximadamente tres días en su domicilio, fue citada el 24 de febrero de 2021 a declarar en calidad de testigo por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción, luego el 16 de marzo del mismo año, como testigo por la fiscal regional doña Marcela Cartagena, en la causa relativa a la desaparición del hijo de la recurrida, menor nombre reservado, y en febrero de 2024, declaró ante la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia, por encargo de la Fiscal de Los Ríos, doña Tatiana Esquivel, en el marco de otra línea investigativa relativa a la desaparición del niño.

Finalmente, el 4 de junio de 2025, declaró directamente ante la Fiscal de Los Ríos por vía telemática Zoom.

Refiere que la recurrida inició actos de hostigamiento en su contra a partir del día 19 de febrero de 2024, fecha en que se levantó el secreto de la carpeta investigativa, donde comenzó a recibir llamadas amenazantes e incriminatorias, de parte de la recurrida, su madre y de personas pertenecientes a su círculo cercano, conductas que se han reiterado en el tiempo y que afectan gravemente su tranquilidad personal. Relata que el 3 de febrero del presente año, la recurrida inició una serie de publicaciones y declaraciones públicas en su contra, efectuadas a través de sus redes sociales Instagram nombre reservado, Facebook nombre reservado y TikTok nombre reservado, todas ellas configuradas como cuentas abiertas al público y sin restricción de acceso para terceros, en la cual exponen su identidad, efectúan imputaciones falsas, atribuyéndole conductas reprochables y constitutivas de ilícito, sin respaldo judicial alguno y fuera de todo proceso legal, utilizando expresiones directas y calificativos denostativos como “mentirosa”, “farsante”, “oportunista” y “obstructora”, señalando que habría engañado a la familia y entorpecido procesos vinculados al caso, imputándole conductas impropias, según constan en las imágenes que acompaña en su recurso.

Explica que dichas cuentas son públicas, permitiendo que cualquier usuario pueda visualizar, compartir y replicar su contenido, hecho que la recurrida conoce al mantener dichas configuraciones abiertas. Debido a ello, y el alto número de seguidores, las publicaciones tuvieron un alcance inmediato y masivo, siendo compartidas por miles de personas generando múltiples reacciones, comentarios y replicaciones. En cuanto al alcance, detalla que el vídeo que la recurrida subió funándola en Instagram el 03 de febrero del presente año tiene 135.000 reproducciones, siendo compartida por 118 personas, reposteada por 479 usuarios y con 522 comentarios a la fecha de esta presentación. Luego, la publicación de misma fecha y plataforma, cuenta con 1.135 reacciones, 70 comentarios, 60 reposteos y 5 veces compartida; un vídeo subido a Tiktok de la recurrida, el mismo que subió a Instagram, cuenta con más de 12.600 likes, 639 comentarios, 398 compartidos, las cuales perduran en ambas redes sociales hasta la fecha de presentación, logrando una divulgación inimaginable, que la humilla e invita a otros a comentar y divulgar ante otros desconocidos, lo que estima como actos ilegales y arbitrarios que en reiteradas ocasiones han sido condenadas por los Tribunales de Justicia.

Conforme a lo expuesto, señala que lo sucedido es lo que se conoce como funas, a través de las redes sociales de Tiktok, Facebook e Instagram, creyendo que la libertad de expresión no tiene límites, desprestigiando públicamente la imagen de una persona, sin mayores argumentos de manera abusiva, ilegal y arbitraria, haciendo uso de una auto tutela contraria al ordenamiento jurídico, llamando a la violencia y a un injusto repudio, que constituye motivo suficiente para que esta acción prospere. Agrega que dicha conducta atenta contra la integridad psíquica, el respeto, protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, la protección de datos personales, y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Precisa que una de las consecuencias más graves en el actuar de la recurrida es la grave sensación de odio que ha provocado diversos comentarios en medio de esta publicación, llevando a terceros a contactarla para insultarla y amenazarla, divulgando sin límites las acusaciones, transformándose en una verdadera pesadilla, sumando a ello que el contenido además fue reproducido y difundido por medios de comunicación digital y portales informativos, ampliando exponencialmente su alcance y la extensión del perjuicio causado, a través de capturas de pantallas e imágenes, concluyendo que la intención de la recurrida es deshonrarla e insultarla públicamente.

Hace presente que el actuar de la recurrida ya lo ha realizado previamente por medio de funas a través de publicaciones de Facebook, Instagram y Tiktok, permaneciendo indefinidamente, que se trata de una situación reiterativa en el tiempo, y sin medir consecuencias realiza publicaciones que atentan contra las garantías fundamentales de las personas, señalando que se comprende el dolor que como madre siente doña nombre reservado por los hechos acaecidos a su hijo, pero no la libera de regirse por las normas sociales básicas de convivencia y no atentar contra las garantías fundamentales de otras personas, como lo realizó en diversas ocasiones, tales como en contra de su antiguo abogado Pedro Díaz, contra la Fiscal Regional del Bío-Bío doña Marcela Cartagena, entre otras. Sostiene además que el perjuicio no solo se le ocasiona a ella, sino que también a su familia, a quienes se les consulta por la funa que realizó la recurrida.

En cuanto al derecho, estima conculcadas las garantías del artículo 19 número 1º, 3 y 4, por cuanto, las publicaciones realizadas en redes sociales le provocaron un profundo daño psicológico a su familia y a la recurrente al ser acusada injustamente, quienes solo quedan con la versión de la recurrida, cuando no debiendo ser juzgada por terceras. Asimismo, estima vulnerada su honra al denostarse su reputación por diversos sitios de noticias nacionales viéndose menoscabada además su dignidad personal y familiar. En apoyo de sus planteamientos, cita jurisprudencia y normas de privacidad de Facebook.

Finalmente sostiene que la recurrida no tomó en cuenta ninguna de las disposiciones referidas, ni las normas Constitucionales del artículo 19 Nos. 1, 3, y 4 y artículo 20, teniendo el conocimiento que sus actos constituyen actos ilegales y arbitrarios que privan, perturban y amenazan directamente sus garantías constitucionales y las de su familia, optando por la vía de denostar públicamente a la recurrente.

Pide, que se ordene la eliminación de todo el contenido publicado en sus perfiles de tiktok, facebook e instagram en descredito de la recurrente; se ordene a la recurrida que se abstenga en lo sucesivo de seguir realizando publicaciones de ese tipo por cualquier vía y no se contacte por ningún medio con la recurrente, con costas.

Finaliza solicitando tener por interpuesto el presente declararlo admisible, y en definitiva acogerlo, contra la recurrida y contra de todos aquellos particulares que resulten responsables, solicitando se adopten las medidas que impidan su ocurrencia y restablezcan el imperio del derecho quebrantado, ordenando la eliminación de las publicaciones en las cuentas de Tiktok, Facebook e Instagram de la recurrida, que tengan por objeto denostarla, ordenando en lo sucesivo la prohibición de estas conductas, prohibiéndosele asimismo las publicaciones injuriosas y/o calumniosas u otras que generen desprestigio, descrédito o afecten la honra, ya sea que las emita por cualquier plataforma de red social o de cualquier otro modo, todo con expresa condenación en costas. 2°.- Que habiéndose apercibido a la recurrida para que evacuara el informe solicitado en autos, a folio 15, por resolución de cuatro de mayo del año en curso, se prescindió del mismo, trayéndose los autos en relación. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, en la especie, la recurrente imputa a la recurrida actos difamatorios, difundidos mediante la red social Facebook, Instagram y TikTok, que vulneran su honra, integridad psíquica y la igual protección ante la ley, al efectuar un juzgamiento público en lugar de acudir a los tribunales. 7°.- Que la recurrente ha acompañado capturas de pantalla de las redes sociales mencionadas, en las que consta que la recurrida publicó expresiones tales como "ella no es médium, ella es asistente social de la celulosa Arauco… es muy mal intencionada" y "esa mujer perjudicó el caso, voy a mostrarla para que la conozcan a la muy farsante", entre otras afirmaciones que la sindicarían como una obstructora de la justicia. Respecto de los enlaces acompañados, aquel que dirige a un video publicado en la red social TikTok no se encuentra disponible a la fecha de la presente resolución, situación que se repite con dos de los correspondientes a la plataforma Instagram. 8°.- Que, de lo expuesto y razonado en las motivaciones precedentes, se desprende que los comentarios vertidos por la recurrida no alcanzan la intensidad, o extensión, en cuanto al descrédito alegado por la recurrente, desde que se aprecia en ellos una crítica o cuestionamiento al proceder de doña nombre reservado, pero no tienen la entidad suficiente para significar una afectación de las garantías constitucionales que estima vulneradas la recurrente, encontrándose ellos amparados por la garantía de libertad de emitir opinión comprendida en el N°12 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, razón por la que este arbitrio habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado contra nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Claudio Arias Córdova.

ROL N°154-2026 -PROTECCIÓN.-