nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE ÑUBLE

Chillán, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble, representado por su Director Regional don Roberto Iván Grandón Monsalves.

Funda su recurso en que con fecha 24 de agosto del año 2023, en causa RIT 3854-2023, se efectuó audiencia de formalización por amenazas simples, y a la propiedad, de acuerdo a lo señalado en el artículo 296 N° 3, por controversia con doña nombre reservado, funcionaria de SERVIU Región de Ñuble, institución a la cual también prestó servicios hasta el mes de junio del año 2022. Dicha causa concluyó con un acuerdo reparatorio, que consistió en disculpas públicas y la prohibición por un año de aproximarse a la víctima, su lugar de trabajo, de estudios o donde quiera que esta se encuentre, a excepción de cualquier encuentro casual, no pudiendo hacerlo en términos violentos y/o agresivos.

Relata que es funcionaria administrativa de una constructora, que le presta servicios de construcción y reparación de viviendas al SERVIU en la Región de Ñuble y, en cumplimiento de estas funciones debe concurrir al SERVIU, lo que hizo el 11 de enero pasado, acompañada de su hijo menor. Al ingreso, fue interceptada por un guardia de seguridad que señaló que tenía prohibida la entrada, por orden de nombre reservado, quien también apareció, indicándole de forma autoritaria y desafiante que no podía ingresar, además de otros insultos, tales como “dedícate a pagar lo que debes”. Indica que todo esto ocurrió frente al abogado del Servicio, Alejandro Lara y demás personas que se encontraban en el lugar; que la funcionaria nombre reservado no estaba en funciones; que su acuerdo con la dirección del servicio ha funcionado perfectamente en los últimos tres meses, y que estos funcionarios sólo persiguen coartar su libertad de trabajo.

Manifiesta que el 5 de septiembre último, efectuó una presentación al Director Regional del SERVIU exponiendo su situación, donde también vivió un episodio de maltrato verbal; que el 5 de octubre la Contraloría le ordenó al Director dar respuesta directa al reclamo, lo que aún no se ha materializado.

Sostiene que lo obrado en su contra configura un acto discriminatorio, arbitrario e ilegal, en razón que el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Ñuble (SERVIU) no protege a los ciudadanos que ingresan a su establecimiento y no reconoce sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República.

Invoca que se han vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 4, 16 y 21 de la Constitución Política de la República, pues se le priva de ejercer una labor económica no existiría ningún sustento para impedir su ingreso al SERVIU o que impida realizar la labor como administrativa en la empresa de construcción, a diferencia de otros compañeros a los cuales no se les impone ninguna medida de restricción. También se vulnera el derecho a la honra, considerando las faltas de respeto sufridas y el nulo ejercicio de la disciplina por los superiores y el aislamiento social promovido por los involucrados.

Finaliza solicitando a esta Corte acoger la acción constitucional y se declare arbitrario y/o ilegal el impedimento para ingresar a dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Ñuble, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa el abogado del Departamento Jurídico del SERVIU Región de Ñuble don Alejandro Lara Martínez, quien estima que en el presente caso no se dan los presupuestos procesales de la acción de protección, pues el Servicio ha dispuesto todas las medidas administrativas correspondientes para hacer cumplir de la mejor forma posible lo ordenado por el tribunal de garantía de Chillán, cumpliendo con su función de servicio público con los usuarios y a la vez reguardando la integridad física y psicológica de sus funcionarios.

Señala que mediante Resolución Exenta RA N° 125625/37/2022 el servicio puso término a la contratación de la recurrente, conforme a los argumentos que se contienen en dicho acto administrativo.

Añade que el 18 de abril de 2022 la recurrente fue denunciada por una funcionaria y el Director(s) del Servicio, ante la Fiscalía Local de Chillán, dando origen a la causa RUC 2200385251-6, RIT 3854-2023, en el Juzgado de Garantía de Chillán, por amenazas simples; que la recurrente fue formalizada en audiencia de fecha 24 de agosto de 2023 y se arribó a un acuerdo reparatorio consistente en públicas disculpas que la imputada ofreció a la víctima, además del compromiso de no incurrir nuevamente en hechos como los que motivaron la causa, y, además se estableció que “Se le prohíbe a la imputada por el término de un año aproximarse a la persona de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo, de estudio o donde quiera que ésta se encuentre, a excepción de cualquier encuentro casual, no pudiendo hacerlo en términos violentos y/o agresivos.”

Añade que, como consecuencia de lo anterior, conforme a las obligaciones de protección y deber de resguardo de la integridad de la funcionaria que interpuso la denuncia en calidad de víctima, el Director Regional del Serviu Ñuble instruyó al personal de vigilancia en los siguientes términos: “Para efectos de regular el ingreso de la Sra. nombre reservado al Servicio, considerando que esta realiza gestiones laborales con empresa vinculada a Serviu, y que además se encuentra tramitando un subsidio de arriendo, y en mi rol y obligación como jefe superior del Servicio de proteger la integridad de los funcionarios con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma, se instruye lo siguiente: 1.- La Señora nombre reservado podrá ingresar al Servicio a efectuar el ingreso de documentos a oficina de partes. No obstante, deberá limitarse al ingreso de la documentación, no pudiendo desplazarse libremente en las distintas oficinas del Servicio o utilizar las dependencias internas del Servicio, sino sólo efectuar su gestión documental. 2.- Cuando deba efectuar gestiones de carácter técnico con algún funcionario del servicio, en el marco del algún proyecto habitacional, el profesional del área técnica u de operaciones habitacionales, o quien requiera, deberá atenderla en el módulo derivador o la misma oficina jefe SIAC-OIRS, procurando entregar la información solicitada, para lo cual el servicio de vigilancia deberá acompañarla hasta una de las referidas oficinas de atención. 3.- Respecto a su tramitación del subsidio de arriendo en donde ella fue beneficiada, señalar que debe ser atendida por el beneficio estatal obtenido, no obstante, y como deber institucional, conforme a lo consagrado en el Estatuto Administrativo y lo indicado en el Acuerdo Reparatorio dictaminado por el Juzgado de Garantía de Chillán, donde se impone esta restricción, se deberá proceder de la misma forma señalada precedentemente. 4. En portería se deberá dejar registro del Ingreso de la Sra. nombre reservado al Servicio, así como también el funcionario o funcionaria que la atienda, deberá registrar la gestión por la cual fue atendida.”

Añade que la funcionaria nombre reservado puso en conocimiento de la Fiscalía Local de Chillán el incumplimiento del acuerdo reparatorio; que sí se dio respuesta al reclamo presentado por ella con fecha 5 de septiembre; que el funcionario nombre reservado ingresó formalmente una denuncia al Departamento de Administración y Finanzas por los hechos ocurridos el 11 de enero de 2024, solicitando acciones para resguardar su integridad como funcionario público en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 90 del Estatuto Administrativo, razón por la cual con fecha 12 de enero de 2024 se ingresó la correspondiente denuncia a la Fiscalía Local de Chillán.

En razón de lo anterior, afirma que no existe vulneración alguna y que la recurrente pretende un trato diferenciado de los demás, ya que ningún usuario que concurre a Serviu Ñuble hace uso de sus instalaciones, ni tiene acceso libre a las oficinas operativas del Servicio, ya estos son atendidos en los espacios habilitados de atención de público y en caso de necesitar una gestión administrativa o técnica en virtud de sus labores, este debe ser registrado e informar al profesional para su debida atención. Por lo demás, siempre se le ha otorgado una respuesta a los requerimientos formales presentados, actuando el SERVIU Región de Ñuble conforme a la normativa aplicable, dando cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Garantía de Chillán y al deber de protección de sus funcionarios.

Finaliza solicitando tener por informado el recurso y, con su mérito, rechazarlo en todas sus partes, con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, la actora acusa el actuar arbitrario e ilegal del Servicio recurrido, al impedirle el ingreso a sus dependencias, a fin de realizar las diligencias que su trabajo exige, pues ejerce labores para una empresa constructora que necesariamente debe gestionar documentación en dicho servicio público.

A su turno, la recurrida niega los hechos en que se funda el recurso, afirmando que no se ha impedido el ingreso de la recurrente al Servicio y que sólo se han implementado medidas para dar cumplimiento a la resolución del Juzgado de Garantía de esta ciudad y al deber de protección de sus funcionarios.

7°.- Que, de acuerdo con los antecedentes acompañados y lo expresado por los intervinientes, son hechos no controvertidos los siguientes:

a) La actora, nombre reservado es ex funcionaria del Servicio de Vivienda y Urbanización de Ñuble (SERVIU).

b) La señora nombre reservado fue formalizada en audiencia de 24 de marzo de 2023 por el delito de amenazas simples contra las personas y propiedades, previsto y sancionado en el artículo 296 N° 3 del Código Penal cometidas en contra de doña nombre reservado, funcionaria del SERVIU.

c) En la referida audiencia, se arribó a un acuerdo reparatorio consistente en que la imputada ofreció disculpas a la víctima, comprometiéndose a no incurrir en hechos como los que motivaron la causa, y, en lo que interesa al presente recurso, se dispuso la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo, de estudio o donde ésta se encuentre, a excepción de cualquier encuentro casual, no pudiendo hacerlo en términos violentos y/o agresivos, por el plazo de un año.

8°.- Que, asimismo, de la lectura del correo enviado por el Director Regional de SERVIU, don Roberto Grandón Monsalves, de fecha 3 de octubre de 2023, no se advierte la disposición de impedir el ingreso de la recurrente al edificio donde funciona el servicio, sino que, dadas las labores que ejerce la actora y que implican su concurrencia para realizar trámites en representación de su empleador, se establecieron medidas que tienden a implementar la prohibición impuesta por el Juzgado de Garantía, de acercarse a la funcionaria nombre reservado y a su lugar de trabajo.

9°.- Que, por otro lado, tampoco ha resultado acreditado que el guardia u otro funcionario de la recurrida haya negado el ingreso de la actora a la dependencia correspondiente del SERVIU para la realización de las diligencias que pretendía, pues, tal denuncia fue contradicha por el Servicio recurrido, que además informó que se ingresó una nueva denuncia ante la Fiscalía Local, en contra de la ex funcionaria, ahora recurrente.

10°.- Que, en el contexto referido, no se aprecia alguna actuación ilegal o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales que invoca la actora, por lo que el arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de Ñuble.

Regístrese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol N° 15-2024-Protección.