nombre reservado CONTRA nombre reservado

Chillán, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, chileno, comerciante frutícola, casado, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Funda su recurso en que el 8 de julio del año 2020, concurrió hasta el domicilio de la recurrida, ubicado en domicilio reservado, con el fin de cancelarle tres meses de arriendo atrasado del bien inmueble ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, y no mediando motivo alguno la recurrida lo insultó, tratándole de forma humillante y amenazándolo de forma prepotente, no escuchando el motivo por el cual le había visitado que era pagar los tres meses de deuda atrasada debido a la pandemia, precisando que la recurrida le gritó que no quería que le páguese y que debía irse al día siguiente de forma inmediata, considerando humillante la forma de actuar de la recurrida.

Manifiesta que tiene un contrato legal de arriendo de fecha 27 de julio del año 2011 y que en nueve años nunca se había atrasado, precisando que el aludido contrato fue ante notario Francisco Yaber Lozano, por un monto de $100.000 mensuales, estando al día en sus permisos municipales, agua, luz e impuestos internos, por lo que recurre de protección ante la amenaza de que le sean sacadas todas sus cosas afuera incluso trayendo una tercera persona, lo que califica de arbitrario e ilegal.

Agrega que la Ley 18.101, que regula los arriendos establecidos en sectores urbanos, indica que hay dos meses de desahucio desde su notificación por un Tribunal, no existiendo en el presente caso juicio precario, haciendo presente que la propia Ley 18.101 establece un mes por año dependiendo los años que hubiese ocupado dicho local y como él tiene nueve años le corresponderían seis meses después de los dos meses de desahucio que indica la ley, no existiendo otra forma legal de expulsar a un arrendatario de forma violenta y de forma prepotente como en el caso de marras.

Por todo lo anterior, termina solicitando que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de nombre reservado, responsable directa de los hechos que se exponen en esta materia.

A su presentación acompañó el actor, copia de su cédula de identidad, fotocopia de permiso municipal para la venta de frutas y verduras, fotocopia de comprobante del Servicio de Impuestos Internos sobre exención de emitir boletas y copia de contrato de arrendamiento.

2°.- Que, comparece doña nombre reservado, chilena, pensionada, casada, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliada en ampliación nombre reservado, domicilio reservado de la comuna de Chillán, quien refiere que recibe una pensión básica solidaria que corresponde al monto de $144.898, por lo que no rechazaría la cantidad de dinero adeudada por el recurrente, teniendo en cuenta que su pensión es baja y que además gran parte de ésta la destina al pago de contribuciones que ascienden a una suma de $78.923, las que debe seguir pagando, aun cuando no reciba el dinero del arriendo descontando dicho dinero de su pensión.

Añade que, el 8 de julio se encontraba viajando hacia la ciudad de Chillán y que no pernoctó en su domicilio, ya que hizo cuarentena voluntaria en el hogar de su hijo, porque en su hogar no se encontraban las condiciones idóneas para realizar la cuarentena, por existir otro adulto mayor y un menor de edad. Reconoce haber celebrado un contrato, pero no es el mencionado por el recurrente, ya que se celebró uno nuevo el 29 de julio de 2015 ante el notario público nombre reservado, en el cual se estipuló que el precio de la renta sería de $130.000.

Manifiesta que no desconoce la actual ley vigente de arrendamiento, ya que ha seguido el conducto legal para poner término al presente contrato con fecha 23 de enero de 2020, mediante una notificación para término de contrato por carta al domicilio del presente, pero que el recurrente se rehusó a aceptarla. Expresa que el recurrente en una persona poco accesible al dialogo de manera normal, a quien le habría notificado verbalmente el término del contrato por causa de no pago de arriendo, lo cual queda expuesto en una publicación que hizo un cliente por la red social Facebook en la cual expuso que Don nombre reservado había actuado de una forma violenta, grosera y prepotente contra un cliente de dicho local, precisando que éste arrienda una parte de la propiedades, 10x10, con la cual cuenta con un acceso a la verdulería por calle Erasmo Escala y Avenida O'Higgins, manteniendo actualmente una deuda del mes de abril de 2019 que asciende a una suma total de $2.740.000, monto adeudado al presente mes.

Acompaña la recurrida copia de su cédula de identidad; comprobante de pago de pensión básica solidaria; comprobante pago de contribuciones; copia de contrato de arrendamiento; copia de carta de notificación de término de contrato y publicación de Facebook.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe recordar que el recurrente estima que se han conculcado las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, 12 y 24 de la Constitución Política de la República debido a que, cuando concurrió al domicilio de la recurrida a objeto de pagarle rentas de arrendamiento atrasadas respecto a un inmueble que le arrienda a ésta, habría sido rechazado e insultado por la recurrida, quien quiere lanzarlo de la propiedad, sin respetar lo que establece la Ley de Arrendamiento.

Que, por su parte, la recurrida ha negado haber rechazado el supuesto pago que invoca el actor y niega también haberlo insultado, asegurando que no estaba en su domicilio el día que indica el señor nombre reservado, reconociendo que efectivamente celebraron un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble, no cumpliendo el recurrente con su obligación de pagar las rentas correspondientes y que se le adeudaría por dicho concepto $ 2.740.000.-, por lo que en el mes de enero del presente año le notificó el término del contrato en comento, no recibiendo el actor la carta en que se le comunicaba dicho término.

6°.- Que, del análisis de los antecedentes documentales acompañados por las partes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no es posible advertir la existencia de las circunstancias fácticas que describe el actor en su recurso, respecto a que él habría concurrido al domicilio de la recurrida y que ésta lo habría insultado, humillado y que se habría negado a recibir un pago de cánones de arrendamiento que aquél quería realizar, desde que no existe ningún antecedente que demuestre la efectividad de aquellas supuestas acciones e insultos que la habría proferido la recurrida.

Que, sin perjuicio de lo anterior, lo que sí puede advertirse del mérito de los argumentos de las partes y de los antecedentes que éstas acompañan, es la existencia de una controversia respecto al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que emanan de un contrato de arrendamiento celebrado por las partes, respecto de un inmueble urbano de propiedad de la recurrida, discrepancia ésta que no puede resolverse mediante esta acción extraordinaria de carácter constitucional de naturaleza eminentemente cautelar, sino que ello debe resolverse necesariamente en un proceso de lato conocimiento o sumario, de carácter contradictorio, en el que las partes puedan exponer sus posiciones y rendir las pruebas pertinentes para acreditar los hechos que invocan.

7°.- Que, así las cosas, no existiendo elementos de convicción suficientes para estimar acreditados los hechos invocados en el recurso de la manera cómo los describe el actor y que, por lo tanto, exista algún acto u omisión arbitraria o ilegal de parte de la recurrida que amague, altere o prive a la recurrente el legítimo ejercicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, 12 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, considerando además que, la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia relativa a un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Ministro Titular Darío Silva Gundelach.

RIC N° 1491-2020-PROTECCIÓN.-