nombre reservado con CAM - CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

Chillán, diez de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Comparece doña nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de: doña nombre reservado, chilena, abogada, divorciada, domiciliada en domicilio reservado; de DICOM EQUIFAX S.A empresa del giro de procesamiento de datos personales, representada por nombre reservado, chileno, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado; y de la Cámara de Comercio De Santiago A.G., representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que pasa a exponer, estimando vulneradas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final,11,12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24, y 25 de la Constitución Política de la República.

Señala como fundamentos de hecho de la acción interpuesta, que con fecha 24 de noviembre, concurrió al Banco Santander de Chillán, sucursal de calle Constitución, a efectos de solicitar un crédito, lo que no fue posible, pues según lo expuesto por la ejecutiva aparecía con un cheque protestado por falta de fondos, lo que señala como no efectivo, pues no mantendría créditos ni deudas pendientes. Mismo episodio, le habría ocurrido en la misma fecha, pero en el Banco Estado de Chillán, donde se le niega un crédito, por la misma razón, crédito que le resulta imprescindible para ampliar su negocio.

Por lo anterior, con fecha 25 de noviembre, solicita certificado de deudas a las recurridas, DICOM Equifax y Cámara de Comercio de Santiago A.G. en conformidad a la ley 20.575 y 19.812; los cuales son entregados en la misma fecha. Sin embargo, queda sorprendida por su contenido que transcribe: con fecha 16/06/2020, fue publicado en el boletín n° 4765, el protesto por falta de fondos, del cheque n° 174, del Banco Santander, por un monto de $40.000.000. Señala que el título de crédito mencionado fue girado contra su cuenta corriente Nº [cuenta reservada] correspondiente al Banco Santander, el cual había sido dado en garantía de una promesa de compraventa, escritura que consta en el repertorio N° 1632, del año 2019 de la Notaría nombre reservado de Chillán, y cuyas partes son la recurrente y Sociedad de Inversiones Santa nombre reservado Limitada, cuyo representante es don nombre reservado, el cual le manifiesta al momento de firmar, que lo hiciera a nombre de su hermana nombre reservado, hoy recurrida, y que supuestamente en nada alteraba el contrato. Sin embargo, la compraventa no se llevó a efectos por causas ajenas a la voluntad de la recurrente.

De ahí, señala que, con fecha 7 de octubre de 2020, doña nombre reservado, actuando de mala fe, interpuso en su contra gestión previa de notificación de protesto de cheque, causa rol C-3338-2020 del Primer Juzgado Civil de Chillán; transcribiendo la respectiva presentación. Luego destaca que con fecha lunes 27 de noviembre de 2023, con su clave de la OJV constató a través de su abogado la existencia de la causa, la que sostiene nunca fue notificada legalmente, pues el estampado de la receptora judicial Susana Marianela Parraguez Álvarez, corresponde a la domicilio reservado de Chillán, y es de público conocimiento que dicho inmueble estaba arrendado a la empresa constructora que estaba construyendo el nuevo edifico de Tribunales ubicado en calle Vegas de Saldías esquina de Yerbas Buenas, como consta del contrato de arrendamiento de dicho inmueble que acompaña.

Luego de lo anterior, la mencionada recurrida jamás interpuso la correspondiente demanda ejecutiva de cobro de cheque, y osadamente pretende, en el líbelo que dio origen a la causa Rol N° C-3338-2020 del Primer Juzgado Civil de Chillán, preparar la vía ejecutiva y de configurar en su caso el delito de giro doloso de cheque, o el de estafa, con un total descaro y desprecio por la verdad y las leyes.

Sostiene que dicho instrumento mercantil, es el mismo dado en garantía de la promesa de compraventa, en la escritura ya individualizada, razón por la que no constituye cheque, habiendo sido desnaturalizado.

Identifica a continuación las actuaciones ilegales y arbitrarias de los recurridos; respecto a nombre reservado, reitera lo expuesto a propósito del supuesto engaño entre ella y su hermano para la expedición del documento, luego la notificación de mala fe del protesto del cheque, que por lo demás posteriormente no se inició la vía ejecutiva, y aun de considerarse cheque al instrumento desnaturalizado, la acción para perseguir su cobro se encontraría prescrita, dejándole con el perjuicio ya señalado, sin el actual acceso a créditos. En este sentido expone latamente sobre una sentencia de la Excma. Corte Suprema de la que destaca que: “el instrumento mercantil que constituye el título ejecutivo que se hizo valer en la ejecución, carece de fuerza ejecutiva, toda vez que jurídicamente no constituye un cheque, al haber sido entregado en garantía, y no en pago de obligaciones o en comisión de cobranza, tal como fue explicado en la sentencia de casación que antecede. Que siendo así, el cheque en cuestión no puede servir de fundamento al cobro ejecutivo que se pretende, por lo que se configuran en la especie los requisitos de la excepción de falta de fuerza ejecutiva del título contemplada en el artículo 464 número 7 del Código de Procedimiento Civil.”

Respecto de los otros recurridos, señala que la comunicación de dicha supuesta deuda por parte de DICOM EQUIFAX S.A utilizando datos obtenidos de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (a través de su plataforma ICOM), y la publicación de dichos datos por esta última nombrada, sin duda configuran una situación contra legem, que infringió lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 19.628, que transcribe, sobre tratamiento de datos personales, y contraviene lo dispuesto en el capítulo 18-5, información sobre deudores de las instituciones financieras de la ex SBIF, actual CMF; de ahí sostiene que, la información publicada por éstos no responde a la situación real, habiéndose publicado datos de una deuda inexistente, pues el cheque fue dado en garantía, sumado a otra ilegalidad, que la supuesta deuda al día 16 de junio de 2020 no presentaba una morosidad igual o superior a 90 días y, tampoco se tenía a esa fecha un título ejecutivo válido y vigente sin tampoco seguir las gestiones de cobro correspondientes respecto de dicho supuesto cheque, con los evidentes perjuicios que ello le conllevó, vislumbrando así, una falla en la auditoría interna de estos, pues debían percatarse si se acreditaban tanto la existencia de la deuda, como la evidencia de las gestiones de cobro y, al no hacerlo, estima que, han infringido la ley y vulnerado sus derechos constitucionales y los de su empresa.

Como fundamentos de derecho, transcribe en primer término el artículo 20 de la Constitución Política de la República, añade como vulneradas las garantías constitucionales del numeral 3 inciso quinto, 4 y 21 del artículo 19 de la norma citada. De ahí sostiene que, la recurrida nombre reservado, interpuso recién el día 7 de octubre de 2020, gestión preparatoria de la vía ejecutiva, notificación de protesto de cheque, pero, hasta la fecha nunca interpuso la correspondiente demanda ejecutiva, estando prescrita la acción para perseguir el cobro, lo que basta, para que las recurridas DICOM EQUIFAX S. A. y la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., le excluyeran de su base de datos como deudora, al no haber sido demandada durante el transcurso del plazo de prescripción de las acciones respectivas y, al no hacerlo, es porque al día 16 de junio de 2020, día de la publicación aquí denunciada no se cercioraron que la información que pretendían publicar cumplía o no con el propósito deseado por el legislador para su publicación, lo que tampoco hicieron año a año como está establecido para el presente caso, causando perjuicios evidentes a su persona y a su empresa.

Plantea que lo expuesto, no se ajusta a la normativa, y afecta y perturba de manera ilegítima y arbitraria, el desarrollo de una actividad económica lícita y su acceso al crédito en las entidades bancarias, impidiéndose o restringiéndose su acceso a bienes o servicios. Habiéndose desatendido el tenor literal del inciso segundo del ya citado artículo nueve: la información publicada debe ser “exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos”. Lo que en el caso no ocurre, produciéndose las vulneraciones denunciadas, y añade como vulnerada la garantía del artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental.

Por otra parte se reserva la acción de indemnización de perjuicios en sede civil, contra las recurridas en consideración a la configuración de las infracciones ya latamente señaladas. Al efecto, en el sentido del recurso, cita y transcribe en lo pertinente un pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema causa rol 961‐2018.

Finaliza solicitando a esta Corte, decretar las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho y en definitiva, acoger el presente recurso, resolviendo y ordenando a las instituciones banco de datos aquí recurridas, que dejen sin efecto la publicación referente al protesto del supuesto cheque, el que ha sido ilegal y arbitrariamente informado por doña nombre reservado, debiendo esta última hacerle entrega del mencionado documento que ella pretende contra derecho ser cheque; con expresa condena en costas.

2°.- Al informar la abogada Jazmina Santibañez Farías, en representación de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., indica en primer término que es la respectiva institución bancaria la fuente de información del Boletin Comercial, en atención a ciertos cuerpos normativos; informándose efectivamente en el boletín de informaciones comerciales el protesto de un cheque individualizado como Cheque N° 174, por la suma de $ 40.000.000, con fecha de protesto el 26 de mayo de 2020, correspondientes al Banco Santander.

Luego entra a analizar la falta de fundamento del recurso; plantea que no existe una conducta ilegal o arbitraria, pues la publicación del referido protesto es solo el cumplimiento de una obligación legal, del D.S. n° 1971 del Ministerio de Hacienda, del año 1945, concordándolo con la ley N° 19.628, y el D.S. de Hacienda n° 950, de 1928; y que en cumplimiento de éstas normas, el Banco Santander-Chile comunicó a su parte, la Cámara de Comercio de Santiago. Luego de recibida la información y dando cumplimiento a la obligación que a ella le impone en forma imperativa la ley, procedió a publicar el cheque en cuestión. De esta manera, sostiene que, es claro que el rol de la Cámara de Comercio de Santiago se ha circunscrito a dar estricto cumplimiento a una obligación legal, en consecuencia, en ninguna circunstancia podría ser considerada como un acto ilegal y tampoco podría atribuírsele el carácter de arbitrario. En este sentido cita los pronunciamientos en lo pertinente de las causas rol n° 833-2020 de esta Corte, y n° 74.876-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, ambos rechazando la acción, siendo esto confirmado por la Excma. Corte Suprema.

De ahí profundiza en la ley N° 19.628, destacando, a la luz del artículo 17 de dicha ley, que está permitido publicar en registros o bancos de datos personales las siguientes obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial: cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cuando éstas consten en cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; cuando se trate del incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales. Así, sostiene que, correspondiendo las publicaciones que motivan el presente recurso de protección a distintas obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, las cuales dan cuenta del protesto de diversos cheques por falta de fondos, la ley permite su comunicación sin la autorización del titular del dato.

Por otra parte, plantea que, la aplicación de las disposiciones del Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, está referido al, Registro de Deudores Morosos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual CMF, lo que es diferente al Boletín de Informaciones Comerciales, regulado por el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, y por la Ley Nº 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por esto no se advierte de qué manera la publicación de las morosidades en cuestión habría constituido una infracción al Capítulo 18-5 como lo señala la recurrente.

Indica además que, ni persona ni institución alguna ha acreditado a la Cámara de Comercio de Santiago, en su carácter de entidad administradora de las bases de datos que da cuenta de las publicaciones que motivan la interposición del presente recurso de protección, que dicha obligación se encuentra extinguida a consecuencia del pago o de alguno de los otros modos de extinguir las obligaciones contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. Añade que, contestó el reclamo presentado por la recurrente, donde supuestamente alega una prescripción extintiva; sin embargo, no consta esto en ninguna sentencia, la que se le pidió acompañar, sin haberlo realizado. También plantea que, a la luz de la ley 19.628 y el Decreto N° 950, no ha transcurrido el plazo máximo, de cinco años, previsto para mantener la comunicación de una determinada publicación.

Agrega que, a la luz del artículo 16 de la referida ley, no existe un derecho indubitado que requiera protección ante la existencia de un procedimiento declarativo especial para discutir la procedencia de eliminar un dato publicado, el que aun siendo un juicio sumarísimo, contempla un efectivo contradictorio y la posibilidad de ofrecer y producir prueba, que permite dilucidar si es o no procedente la negativa a modificar, cancelar o bloquear un dato personal.

Concluye señalando que, su representada ha dado estricto cumplimiento a una obligación impuesta por la ley y se ha sometido en todo momento a las disposiciones que regulan el tratamiento de datos de carácter personal contenidas en la Ley N° 19.628 y a las normas que reglamentan el Boletín de Informaciones Comerciales contenidas en el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928; de ahí, solicita a esta Corte rechazar el recurso en todas sus partes por no cumplir con los supuestos establecidos en nuestra Constitución Política de la República, todo con expresa condenación en costas.

3º.- Al informar los abogados Juan Enrique Nazar Muñiz y Pamela Salinas Rodríguez, en representación de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, indican en primer término que, los sistemas de información o bases de datos de Equifax están compuestos no sólo por información entregada por aportantes directos al Boletín Electrónico Dicom, sino que también lo integran otros sistemas de información de otros responsables, como por ejemplo la base de datos denominada “BOLCOM”, que corresponde al Boletín Comercial, cuyo responsable es la Cámara de Comercio de Santiago A.G. Es del caso, que la morosidad comunicada por el Banco De Crédito e Inversiones proviene de la base de datos BOLCOM. De ahí, esta parte no sería responsable de esa base de datos, en este sentido, añade en lo pertinente algunas citas jurisprudenciales: causa rol protección 292-2015, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, y Rol 1844-2021, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Talca.

Por otro lado, alega la falta de legitimación pasiva respecto a la publicación reclamada, sindicando como responsable a la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. quienes publican en cumplimiento de su obligación legal, Decreto Supremo N° 1.971 del Ministerio de Hacienda, del año 1945, Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928, y Ley N° 19.62. De ahí que su representada no es la fuente de los datos, pues el Banco, por mandato legal, envió la información referente a los cheques protestados, los que fueron publicados por la Cámara de Comercio de Santiago, a través de su Boletín Comercial y posteriormente, esa misma información fue retransmitida por su representada, sin poder Equifax efectuar modificación alguna de dichos datos. A esto añade que, tampoco consta que haya operado un modo de extinguir las obligaciones respecto a la información publicada.

Concluye destacando que, no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a Equifax que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente y, en consecuencia, no existiría ninguna providencia que se deba impetrar en orden a restablecer el imperio del derecho; de ahí, solicita el rechazo de la presente acción de protección, con expresa condena en costas.

4°.- Al informar doña nombre reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado, indica que, con fecha 27 de marzo de 2019, la sociedad Inversiones Santa nombre reservado Limitada y la recurrente suscribieron un contrato de arriendo y promesa de venta sobre el bien raíz ubicado en domicilio reservado; que, en la cláusula sexta de dicho instrumento, se estableció que la venta del inmueble debía suscribirse a más tardar el día 31 de marzo del año 2020 agregando la cláusula novena que para el caso que la suscripción del contrato de venta no se realizara dentro del plazo estipulado, las partes establecieron una cláusula penal de cuarenta millones de pesos, para lo cual se giró el cheque del banco Santander por parte de la recurrente. De ahí, el cheque que fundamentó la notificación judicial de protesto de cheque no fue un cheque dado en garantía, sino que en pago de la cláusula penal, como se estableció en la cláusula novena del contrato de arriendo y promesa de venta, suscrito ante el Notario de Chillán don nombre reservado, con fecha 27 de marzo de 2019.

Plantea que, dicho título de crédito no es un documento en garantía, como se pretende argumentar, sino que es un documento de pago de una obligación, como lo exige el DFL 707 de 1982. Pago que no se pudo materializar por falta de fondos en la cuenta corriente de la libradora y que el banco librado protestó por dicha causa. Dicho protesto fue notificado en el domicilio que ella misma registraba el banco librado. En cuanto a las publicaciones, las identifica como no atribuibles a su parte.

Concluye que, de la documentación acompañada en autos, queda de manifiesto que doña nombre reservado contrajo una obligación de pagar cuarenta millones de pesos como cláusula penal en caso de no suscribir el contrato de venta del inmueble ya referido, dentro del plazo estipulado. Que dicho pago lo realizó con un cheque del banco Santander, el cual fue protestado por falta de fondos, motivo por el cual no se generó la extinción de la obligación. Por tal motivo y a objeto de preparar la vía ejecutiva, se le notificó judicialmente el protesto del mismo. De esta forma, sostiene que, todo el actuar de los recurridos, se ha ajustado a derecho, no existiendo ni ningún acto ilegal o arbitrario en la forma de proceder. De ahí solicita a esta Corte el rechazo en todas sus partes del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

5°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8°.- Que, para resolver el presente recurso, cabe destacar que la recurrente, en síntesis, estima que el actuar de la recurrida nombre reservado es ilegal y arbitrario puesto que se le ha cobrado un cheque dado en garantía de una promesa de compraventa el que no constituye cheque, habiendo sido desnaturalizado; se le notificó de mala fe de una gestión preparatoria de protesto del cheque en un domicilio en que no estaba; no se inició la vía ejecutiva, y la acción para perseguir su cobro se encontraría prescrita, en tanto que respecto de los otros recurridos, señala que la comunicación de dicha supuesta deuda por parte de Dicom Equifax S.A utilizando datos obtenidos de la Cámara de Comercio de Santiago A.G sería ilegal y arbitraria ya que la información publicada por éstos no responde a la situación real, habiéndose publicado datos de una deuda inexistente, pues el cheque fue dado en garantía.

9°.- Que, analizado los antecedentes que obran en el recurso, esta Corte no advierte -al menos en esta sede de protección- que los recurridos hayan efectuado un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado de la recurrente y que requiera protección constitucional.

En efecto, tratándose de la recurrida nombre reservado, no aparece que el cheque cobrado por aquella haya sido dado en garantía para el cumplimiento de una obligación y que por tanto no tendría esa calidad al estar desnaturalizado, ello por cuanto tal anomalía se ha denunciado en otras ocasiones para el caso de cheques que por lo general se extienden abiertos en cuanto a su fecha y monto, y se entregan para asegurar el pago a un prestador de salud para el evento que las prestaciones médicas no se paguen oportunamente por el paciente, siendo usualmente extendido sólo con la firma del que lo entrega, lo que constituiría una práctica no aceptada e incluso ilícita. Sin embargo, en el presente caso sublite la situación es bien distinta, por cuanto el cheque entregado por la recurrente y guardado en custodia notarial lo ha sido en virtud de un contrato de arrendamiento y promesa de venta firmado por aquella y la contraparte según se dice en la cláusula novena del contrato, suscribiéndose de forma completa y por una cifra clara (cuarenta millones de pesos) para el caso de no celebrase el contrato de compraventa prometido al que se obligaron las partes, lo que sin duda constituye una cláusula penal, y por ende, válida, sin que se desnaturalice el cheque, ya que se ha girado en pago de una obligación determinada consistente en una multa penal establecida contractualmente para el caso de incumplimiento de celebrar el contrato prometido y no un mero documento en garantía de obligaciones indeterminadas.

10°.- Que, por otra parte, tampoco pueden ser considerados -al menos en esta sede- los argumentos consistentes en que hubo una notificación de mala fe del protesto del cheque, ya que lo único que ha hecho la recurrida es notificar dicho protesto en el domicilio que el librador tenga registrado en el Banco, según lo autoriza el artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley 707 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques; ni que la acción para perseguir su cobro estaría prescrita, por cuanto para ello es necesario una declaración judicial que así lo establezca lo que no consta en los antecedentes, aspectos que en todo caso debieran ser discutidos en el procedimiento respectivo y no por medio del presente recurso.

11°.- Que, en suma, de acuerdo a lo analizado en los considerandos precedentes, la recurrida Riesgo nombre reservado solo ha ejercido las acciones judiciales que le franquea la ley, y ha cobrado un cheque que se entregó en pago de una obligación establecida en una cláusula penal en un contrato de arrendamiento y promesa de compraventa firmado por todas las partes, de tal manera que no puede señalarse que su actuación es arbitraria e ilegal. Por último, si la recurrente insiste en sus argumentos relativos a la naturaleza del cheque otorgado y la prescripción de la acción, así como la mora de la deuda, tales alegaciones constituyen cuestiones de fondo que no pueden ventilarse en una acción constitucional de cautela de derechos fundamentales cuya existencia debe encontrarse indubitada, no siendo en consecuencia el presente arbitrio la vía la adecuada para resolver tales cuestiones.

12°.- Que, adicionalmente, tampoco puede considerarse que la actuación de la recurrida Cámara de Comercio De Santiago A.G., haya sido arbitraria e ilegal, debido a que, tal como lo indica en su informe, la publicación del referido protesto es solo el cumplimiento de una obligación legal, del D.S. N° 1971 del Ministerio de Hacienda, del año 1945, concordándolo con el D.S. N° 50 de 1928, del Ministerio de Hacienda, y se ha sometido en todo momento a las disposiciones que regulan el tratamiento de datos de carácter personal contenidas en la Ley N° 19.628; de tal manera que ha actuado dentro de la normativa vigente y aceptada.

13°.- Que, finalmente, tratándose de DICOM EQUIFAX S.A., es claro que solo informa en virtud de la comunicación que le ha sido entregada por otros aportantes directos, como es el caso de la base de datos que corresponde al Boletín Comercial, cuyo responsable es la Cámara de Comercio de Santiago A.G., quien a su vez publica en cumplimiento de su obligación legal, por lo que ninguna actuación ilegal o arbitraria puede reprochársele a esta recurrida.

14°.- Que, en consideración a lo analizado en los fundamentos anteriores, es claro que las recurridas han actuado dentro de las facultades que le autoriza el ordenamiento jurídico, no pudiendo estimarse que sus conductas sean ilegales o arbitrarias por los motivos ya expuestos, ni que hayan afectado un derecho fundamental de la recurrente, de modo que el recurso de protección necesariamente deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado, Dicom Equifax S.A y Cámara de Comercio De Santiago A.G..

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado el día de hoy.

R.I.C. N°1475-2023 -PROTECCIÓN. -