Protección contra Resolución Exenta N° 224 de fecha 20 de enero de 2021

Chillán, quince de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, comparece nombre reservado, administradora de empresas, domiciliada en domicilio reservado, quien actuando en representación de Sociedad Wal - Mor Consultora e Ingeniería y Laboratorio Limitada, interpone recurso de protección en contra de la Resolución Exenta N° 224 de fecha 20 de enero de 2021, notificada a su parte el 15 de marzo del presente año y en contra de Res. Exenta N° 1105 de fecha 26 de marzo de 2021 y notificada a su representada el 5 de abril de 2021 a través de carta certificada de Correos Chile, que rechaza el recurso de reposición interpuesto, disponiendo término anticipado del contrato y resolución que rechaza recurso de reposición, resoluciones que emanan del Subsecretario de Minería del Ministerio de Minería nombre reservado con domicilio en domicilio reservado, en contra del Seremi Regional de Minería del nombre reservado, representado por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y en contra del Subsecretario de Minería del Ministerio de Minería nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber incurrido dichas autoridades por sí o por personal de su dependencia o contratado al efecto, en actuaciones ilegales y/o arbitrarias, en el marco de contrato que corresponde a la nombre reservado denominada “Ejecución del Servicio de Sondaje de 1.300 metros para la Pequeña Minería Artesanal de la Región del nombre reservado”, en el marco de las actividades a realizar por el programa F.N.D.R. código BIP: RUT reservado, nombre reservado que fue publicada en el portal Mercado Público con el ID RUT reservado-LQ20, indicando que dicha resolución de término anticipado de contrato no se ajusta a los hechos ni al derecho.

Al fundamentar su presentación refiere latamente que la recurrida es el Subsecretario y el Seremi de Minería de la Región del nombre reservado, responsables de contrato mencionado, el cual se desarrolla en la Provincia de Arauco, los que han incurrido en graves ilegalidades al no autorizar aumento de plazo, aplicando multas inexistentes de forma arbitraria y poniendo término al contrato de forma arbitraria e inconstitucional no teniendo en cuenta lo que el mundo está viviendo. Estima que la acción de protección resulta ser procedente desde que se está ante una actuación material de carácter permanente, que afecta gravemente a una Pyme la cual queda expuesta a la virtual quiebra, y a expensas de la voluntad de la autoridad de turno, con las nefastas consecuencias que se están produciendo a partir de la negativa por parte de la correspondiente autoridad a no dar aumentos de plazos y aplicar multas improcedentes que faltan a la verdad, efectuar cobros indebidos de multas, efectuar cobro arbitrario de garantía causando un daño irreparable a su representado, no respetando los principios de contradidoriedad, impugnabilidad e imparcialidad, consagrados en la ley, además de no haberse pronunciado respecto de defectos de tramitación, vicios de procedimiento o de forma y no pronunciarse sobre el fondo de los descargos presentados, actuaciones éstas que dañan y repercuten el normal desarrollo económico y continuidad de la Sociedad que representa, haciendo presente que, en cuanto al plazo, tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° 1105 de 26 de marzo de 2021, el pasado 29 de abril del año en curso en la localidad de San Carlos, donde por razones de pandemia se encuentra con teletrabajo. Plantea que el 7 de julio de 2020, por Resolución Exenta N° 2114 de la Subsecretaria de Minería, se le adjudicó la nombre reservado para la contratación del servicio de ejecución de un mínimo de 1.300 metros de sondaje de diamantina, con recuperación de testigo, para el programa F.N.D.R. de la Región del nombre reservado, ID RUT reservado-LQ20, por un valor de $127.00.000 de pesos, exentos de I.V.A., licitación la cual se desarrolló en el marco del Sistema Portal Mercado Público, regulado por la Ley D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 1 9.886. La resolución que aprueba la total tramitación del contrato le fue notificada a su parte el 17 de septiembre de 2020 a través del portal mercado público, teniéndose por notificado a su parte 24 horas posteriores. Señala que, el criterio arbitrario del Servicio Nacional de Geología y Minería, el contrato estará vigente por lo que dure la ejecución del proyecto, más 60 días hábiles, y como el plazo ofertado, como así lo dispone el Servicio, es de 75 días, no otorgándose el aumento de plazo solicitado en tiempo y en forma, por lo tanto, el plazo de vigencia de la ejecución del contrato vence el 1 de diciembre de 2020 y la vigencia de las garantías y el contrato expira el 12 de febrero de 2021. Plantea que como lo señala la misma Resolución Exenta N° 224 en su numeral 5, la vigencia del contrato se encuentra estipulada en el artículo 25 de las Bases de Licitación, en concordancia con la cláusula N° 7 del contrato que estipula lo siguiente: "La contratación comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato y tendrá una vigencia de 120 días corridos. Así, de acuerdo a lo señalado anteriormente, la resolución que aprueba el contrato quedó notificada a través de la publicación en el portal mercado público con fecha 18 de septiembre de 2020, por lo que los 120 días corridos de vigencia expiran el 6 de enero de 2021, tomando en cuenta la notificación de la total tramitación del contrato. Indica que durante el desarrollo del proyecto se vieron afectados por la pandemia Covid-19, lo que les significó que personal, herramientas, repuestos y accesorios necesarios e indispensable para la ejecución de los trabajos, fueran suministrados por sus proveedores en los plazos y tiempos que la pandemia se los permitió, viéndose gravemente interrumpida su cadena de suministros, personal, equipos disponibles, plazos y tiempos que no estuvieron a su alcance manejar, circunstancias las que motivaron que dentro de plazo, el 18 de noviembre del año 2020, solicitaran un aumento de plazo, en cuya presentación esgrimieron y explicaron los motivos que hacían necesario el aumento del plazo requerido para ejecutar el proyecto, los que transcribe en su libelo, para luego sostener que la referida solicitud fue rechazada por el Secretario Regional Ministerial de Minería de la Región del nombre reservado, nombre reservado, mediante oficio de fecha 23 de diciembre del año 2020, documento que fue recibido el 29 de diciembre de 2020, Resolución la cual señala no acompaña documentos que la fundamenten. Añade que la Resolución Exenta N° 224, detalla multas que contienen elementos que vician o anulan la Resolución en comento por falta de fundamentos de hecho y de derecho. Plantea que el cuadro de incumplimientos de 23 de diciembre de 2020 emitido por nombre reservado, Seremi del nombre reservado, señaló en ítem "hecho que motiva aplicación de multas"; no mantener stock de materiales y maquinarias; Proveedor no llegó a instalarse a la faena conforme a lo acordado en reunión de arranque; Llega segunda máquina la que no puede ser instalada por falta de materiales y no contando con los implementos necesarios para operar; No se encuentran trabajadores en la faena de lo que se deja constancia en fiscalización, y al término de la mitad del plazo de ejecución de obras no se ha recuperado mínimo del 70% del testigo. Expresa que tal cual señala la Subsecretaria de Minería en el numeral 7 de la Resolución Exenta N° 224, lo cual indica que la reunión de arranque se efectuó finalmente el día 26 de octubre de 2020, fecha a contar de la cual se comienza a contar los días para la ejecución de los trabajos. Sin embargo, el oficio que señaló las multas indica que se está cobrando una multa para el día 10 de octubre de 2020, día que no corresponde aplicar dicha multa por cuanto el arranque del desarrollo de los trabajos se estableció a partir del día 26 de octubre de 2020 de acuerdo a lo señalado por la misma autoridad que emite dicha Res. Exenta N° 224 en su numeral 7, por lo tanto, la aplicación de multas para los días 10 de octubre de 2020 y el día 12 de noviembre de 2020 son improcedentes porque faltan a la verdad y no se ajustan a las condiciones de desarrollo de los trabajos, existiendo por un lado un Libro de Obras disponible a partir desde el mismo día 12 de noviembre de 2020, y porque no son aplicable las multas antes de la reunión de arranque que fue el día 26 de octubre de 2020. Así da cuenta la propia Resolución Exenta N° 224 de fecha 20 de enero de 2020 en su numeral 7. También así da cuenta el Libro de Obras de fecha 12 de noviembre de 2020, donde personal de la Subsecretaría de Minería estampa que el Libro de Obras se encontraba disponible, fojas N° 07-08. Plantea que se está frente a un caso excepcional por la pandemia Covid-19, lo cual ha afectado el normal desarrollo de todas las actividades del país y del mundo y ninguna institución o personas, sean de la índole que sean, se pueden abstraer de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Es así como han planteado que se han visto afectados por haberse interrumpido su cadena de abastecimiento de equipos, herramientas y accesorios necesarios para ejecutar los trabajos encomendados, junto con agregar que existe falta de mano de obra, por lo que traspasar la total y exclusiva responsabilidad ante esta circunstancia al proveedor es del todo arbitrario y por ende inconstitucional, no tomando ni siquiera en cuenta que a raíz de la Pandemia Covid-19 la propia Contraloría emitió, entre otros, Oficio 3610 de fecha 17 de marzo del 2020, oficio sobre medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado a propósito del brote de Covid-19, o entre otras, las Recomendaciones sobre Contratación Pública para Órganos Compradores con Motivo de la Pandemia del Virus Covid-19, emitido por la Directiva de Contratación Pública N° 34, que en el numeral 3.2 sobre Medidas de Apoyo a Proveedores, indica que si dentro de las razones de incumplimiento esgrimidas por el proveedor se plantean situaciones de caso fortuito o fuerza mayor asociados a la contingencia sanitaria, tales como interrupción en su cadena de abastecimiento, atrasos en la entrega por falta de personal y otras, se recomienda a las entidades compradoras ponderar debida y razonablemente tales justificaciones y, eventualmente, aplicar atenuantes o eximentes de responsabilidad. Con todo, no corresponde condonar incumplimientos sin un proceso previo en el que se consideren los descargos del proveedor y se califiquen los hechos que concurren en el caso. Manifiesta que la Ley 19.886 en su Capítulo 111 artículo 10 inciso tercero, consagra el principio de estricta sujeción a las bases de licitación que se debe respetar, indicando que el artículo 13 además señala en su inciso final que "Las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberán ser fundadas". En atención a lo anterior, continua señalando la recurrente, su propuesta técnica mediante carta Gantt considera una reunión de coordinación de dos días la cual fue propuesta precisamente ante la pandemia que se está viviendo, la cual fue aceptada en esas condiciones, planteando que se considera que el plazo de inicio se debe contabilizar desde la reunión de coordinación, la que no se ha llevado a efecto, y que dicha reunión como se define en su carta Gantt debe considerar todos los planteamientos e inquietudes de ambas partes, para la correcta ejecución del proyecto encomendado, y que dicha reunión de coordinación tendrá una duración de dos días, reunión de coordinación que no se ha realizado a la fecha. El artículo 14 de las Bases Administrativas de la presente Licitación y el artículo 63 del Título VIII del D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda, contempla que las propuestas mantendrán su vigencia por un plazo de 60 días corridos, contados desde la apertura de las ofertas, fecha esta ultima de 18 de mayo de 2020, debiendo considerarse además la fecha firma de Contrato de 30 de julio de 2020 y fecha de aprobación de Contrato 14 de septiembre de 2020, es decir, para ambas fechas habían transcurrido más de 60 días corridos que contempla el artículo 14 de las Bases que rigen la Licitación, por tanto su oferta no estaba vigente en las condiciones que la ofertaron. Aduce que la Resolución Exenta N° 224 de fecha 20 de enero de 2020 contiene vicios de procedimiento o de forma, toda vez que vulnera los principios de estricta sujeción de bases y principio, en cuanto a que las resoluciones deberán ser fundados. Así, dicha resolución y oficio que aplica multa contienen los siguientes vicios de procedimiento de forma y fondo: El Artículo N° 26 de las Bases Administrativas señalan en su número: Multas: La subsecretaria de Minería, a través del encargado de contrato, llevará un registro de los atrasos, incumplimientos y multas imputables al proveedor, notificando de tal situación al mismo, en forma escrita, indicando el porcentaje acumulado de sanción hasta la fecha. Que por un lado no existió tal notificación, y tanto el oficio de multas como la Resolución N° 224 carecen de la indicación del porcentaje de multas incurridas hasta la fecha. A su turno en el mismo numeral señala;" En caso de que una multa exceda el 15% del valor de la contratación, o que la suma de las multas aplicadas en un mes calendario alcance este mismo porcentaje, la Subsecretaria de Minería procederá a poner término a la misma. Como se puede ver, expresa la recurrente, a simple vista tanto el oficio de multas como la Resolución Exenta Nº 224 no indican los porcentajes de multas que permitan poner término anticipado del contrato. En cuanto al procedimiento para la aplicación de multas y cobro de garantía, la recurrente expresa que las Bases Administrativas que regulan la Licitación señalan: "La Subsecretaría de Minería, a través de la SEREMI de Minería del nombre reservado, llevará un registro de los atrasos, incumplimientos y multas imputables al proveedor y procederá a notificar en forma escrita de tal situación al mismo, indicando el porcentaje acumulado de sanción hasta la fecha. La contraparte técnica de la Subsecretaría de Minería deberá comunicar al adjudicatario, por cualquier medio disponible, el respectivo reclamo, indicando la falta cometida y la solicitud de que se adopten las medidas tendientes a revertir dicha situación, en el plazo que el encargado indique. El adjudicatario, por su parte, deberá corregir los incumplimientos denunciados por el encargado del Contrato en el plazo que se señale al efecto, o bien, podrá mostrar su disconformidad con el contenido de dicho reclamo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de su incumplimiento. Se plantea que a la fecha no se les ha informado conforme a las Bases, artículo 26 N° 3 de los incumplimientos, no se les ha señalado el plazo para revertir los incumplimientos que señala el oficio de fecha 23 de diciembre del 2020, en él no se señala además el % de multas a la fecha, no se acompañan las visitas de comité técnico, ni las medidas asociadas al incumplimiento que el proveedor debería tomar para subsanar los incumplimientos. Recién con fecha 15 de marzo de 2021 se les notifica y se acompañan actas de visitas del comité técnico, sin embargo, en ellas no se indica el plazo para revertir los incumplimientos, no se indican recomendaciones o alternativas de solución. Como se puede apreciar del Libro de Obras y de Actas de Visitas de comité técnico, lo más común ha sido la falta de insumos, por ello el Oficio de Aplicación de Multas y Resolución Exenta N° 224, vulnera los principios consagrados que se deben respetar y defender, como ser: el debido proceso, el principio de imparcialidad, falta de ponderación debida y razonable. La Resolución Exenta se fundamenta en actas de visitas de comité técnico las cuales durante la ejecución del contrato no tuvieron conocimiento y no fueron informados oportunamente, recibiendo copia de ellas recién con fecha 15 de marzo de 2021, las que acompañaban al oficio conductor emitido con fecha 10 de marzo de 2021, el cual reconoce que la versión enviada el día 22 de febrero de 2021 acompaña la Resolución Exenta N° 224 sin la documentación de respaldo. Pero lo grave de ello, es que en ningún momento recibieron copias de las actas de visita del comité técnico del mandante, lo cual es arbitrario e inconstitucional, pues la Resolución Exenta N° 224 se fundamenta en dichas visitas, lo que evidenció que no tuvieron acceso a un debido proceso. Así, las multas solo proceden luego de este plazo para subsanar o revertir los incumplimientos, en tal caso y solo en ese caso es aplicable las multas, esto es, que el proveedor no haya corregido o revertido los incumplimientos en el plazo que la contraparte técnica informa, y como no se informó dicho plazo, no se comprobó que el incumplimiento haya sido revertido o no, por lo que la aplicación de multas es arbitraria e inconstitucional al no ajustarse al procedimiento establecido en las Bases Administrativas y Técnicas que rigen la Licitación, vulnerando el principio de estricta sujeción de bases consagrado en el artículo 10 de la Ley N° 19.886 Sobre Compras Públicas del Estado y sus diversas Instituciones de carácter público. En cuanto a la reunión de arranque plantea que no existe en las Bases Administrativas tal reunión, y lo que en la propuesta técnica carta Gantt el proveedor considera para la ejecución de las obras es una reunión de coordinación de dos días, reunión que no se ha llevado a cabo. En cuanto a los plazos sostiene que el 14 de septiembre de 2020 se publicó en la página y en la licitación la Resolución que aprueba el contrato, tomando en cuenta que el plazo de ejecución ofertado es de 60 días para los metros del contrato, a contar de la aprobación de éste, y teniendo en cuenta que la publicación en el portal de la resolución N° 2966 fue subida el 14 de septiembre de 2020, el plazo concluyó el día 14 de noviembre de 2020, por tanto el oficio que aplica multas y Resolución Exenta N° 224 que pone termino anticipado al contrato es extemporáneo, toda vez que se emite con fecha 23 de diciembre de 2020 (oficio aplica multas lo que no se ajusta a las bases de licitación) y 20 de enero de 2021 (Res. Exenta N° 224 que fundamenta su resolución en base a actas de visita del comité técnico, de las cuales el oferente no tuvo conocimiento sino hasta el 15.03.2021, lo que vulneró el principio de estricta sujeción de bases y el principio del debido proceso). Por otro lado, señala la actora que a la Subsecretaría de Minería se le pasó por alto el inicio de los trabajos, por lo que inventó una reunión de arranque que no se ajusta a las condiciones particulares que señalan las Bases que rigen el Contrato y la oferta técnica señalada y aceptada, transcribiendo al efecto el artículo 25.

En cuanto a la afectación de los derechos constitucionales refiere que la conducta en que ha incurrido la recurrida, por sí misma o por personal que actúa por ella, resulta ilegal y en su caso, arbitraria, en la medida que, no por el hecho de ser el mandante, se encuentran habilitados para aplicar criterios de forma arbitraria e ilegal de acuerdo a su propio punto de vista y forma de interpretar los antecedentes que regulan la licitación, resultando su aplicación sólo favorable a sus intereses, dejando de lado toda consideración o respeto por las garantías constitucionales, y debido proceso, situación que afecta a su empresa, profesionales, socios y empleados que, lamentablemente, está llevando a la quiebra de la empresa, lo que les está afectando psíquica y psicológicamente. Los daños que imputan a la conducta de la recurrida constituyen una evidente afectación o, a lo menos, grave amenaza al derecho de quienes conforman la empresa, ya sea directa o indirectamente, como son sus profesionales, socios y empleados, derechos que su representada tiene como cualquier ciudadano. En efecto, como lo ha expuesto, los daños involucran la existencia y continuidad de su giro, es decir, afectan la tranquilidad emocional y espiritual que cualquier persona desea mantener sana en la privacidad o en la actividad económica y laboral. Más aún, también existe en la especie un atentado contra la integridad física de quienes conforman la empresa en la medida que los daños y perjuicios afectan directamente la actividad que desarrollan, lo cual es innegable. No sólo significa el perjuicio material, sino que también económico el cual equivale a perder un contrato de $127.000.000, a lo que se debe agregar la garantía de correcta ejecución del contrato entregada por el 10%, compra de insumos por $ 50.000.000, pagos de gastos generales por más de S50.000.000, lo que totalizo la suma de S239.700.000. Plantea que la actual situación del mundo por la Pandemia del Covid-19, en especial la del país, es muy grave y ello se acrecienta aún más con cualquier violación de los derechos constitucionales, porque ya agrava de sobremanera la precaria situación que están viviendo personas y empresas, sobre todo aquellas de menor tamaño. Expresa que no pueden existir personas e instituciones que ostenten privilegios que la ley no se los ha otorgado, practicando abusos de autoridad, ejerciendo una presión y haciendo valer criterios de forma arbitraria, por sobre la ley. Lo contrario sería avalar a grupos con privilegios, que la Constitución no les otorga. Considera que la actuación mediante la negativa a no otorgar el aumento de plazo solicitado en tiempo y en forma, vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, pues como queda de manifiesto de los documentos acompañados, el Seremi del nombre reservado de Minería rechazó el aumento de plazo, no teniendo en consideración las dificultades por las cuales atraviesa el país en su conjunto, estimando que sus fundamentos no son antojadizos, sino que obedece a lo que la propia Controlaría General de la Republica ha señalado como un caso fortuito. Estima que la sociedad está constituida por diversos profesionales, donde su empresa presta servicios profesionales de toda índole a diversas instituciones de carácter público o privado, que por la misma razón se encuentran inscrito como proveedores en diversos registros dentro de los cuales se encuentra el Sistema del Portal Mercado Público, y para mantenerse hábiles en dicho sistema no pueden mantener ningún tipo de deudas fiscales o laborales - previsionales, por lo que con mucha dificultad han mantenido al día dichas exigencias. Por tal razón, su empresa mantiene de forma permanente un número importante de personas contratadas a honorarios, donde todos tienen familias de las cuales son responsables, por lo que la actuación intolerante del Seremi de Minería del nombre reservado atenta contra el derecho a la libertad de trabajo de cada uno de los que componemos la empresa, dado que su actuar les llevará al cierre inminente de su actividad económica. Considera que no puede una autoridad pública atentar contra este derecho que debe proteger, por lo que la actuación arbitraria consistente en rechazar todos sus recursos, el aumento de plazo, etc. les limita a postular a trabajos, los que benefician a sus profesionales, socios y trabajadores, por cuanto cualquier incumplimiento que las instituciones planteen al sistema Mercado Público les dejarán fuera del sistema. Finalmente, expresa que sin duda la negativa del Seremi de Minería del nombre reservado al rechazar el aumento de plazo sostenido por el oferente, rechazar todas sus apelaciones y requerimientos a la Res. Exenta N° 224, atenta directamente contra el derecho de libre desarrollo de su actividad económica, sin perturbación de ninguna especie, dado que el término de contrato es una causal de inhabilidad en el sistema Mercado Público, que les coartará su oportunidad de ser parte del sistema, lo que les impedirá cumplir con un requisito esencial para celebrar todo tipo de contratos con Instituciones Públicas de cualquier naturaleza en virtud de Ley especial D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda y Ley N° 19.886, Bases Administrativas que regulan la Licitación.

Termina solicitando que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 numerales 1, 2, 3, 16, 21; artículo 20 de la Constitución Política de Chile; D.S. N° 250 y Ley 19.886, que rigen el sistema de compras públicas y el mérito de lo expuesto, se tenga por presentado el presente recurso de protección especial en contra de las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería, y en contra de todos quienes lo representen con domicilios en domicilio reservado, en domicilio reservado, por las actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas respecto de la recurrente que representa en el marco del proceso de Licitaciones Públicas del cual emanan las resoluciones que rechazan los recursos administrativos, tanto el recurso de reconsideración como el recurso de reposición y, en definitiva, se le acoja declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, la negativa de cualquier acto material que implique o pueda significar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, sin perjuicio, además, de establecer su obligación en orden a proceder, también en forma inmediata, a reparar a su propio costo y a entera satisfacción de la recurrente y afectados, por los graves daños causados que actualmente se producen con la negativa a dar el aumento de plazo en tiempo y en forma, la negativa a dar lugar a las presentaciones y requerimientos, todo ello, con expresa condenación en costas y en definitiva se le ordene al Seremi del nombre reservado del Sernageomin retrotraer el contrato al momento de solicitarse el aumento de plazo por caso fortuito y, en definitiva, lo otorgue conforme a derecho, asumiendo el Servicio Nacional de Geología y Minería las consecuencias legales de dichos actos que emanan de la Res. Exenta N° 224, la que se fundamenta en documentos, actas de visitas a terreno del comité técnico de las cuales la recurrente no ha tenido conocimiento alguno sino hasta luego de declarado el término anticipado del contrato, se declare que es arbitraria e ilegal la Res. Exenta N° 224 que vulnera el principio del debido proceso, por no tener conocimiento el oferente de los antecedentes que respaldan dicha resolución en tiempo y en forma; que las multas cursadas son nulas por no cumplir con los requisitos esenciales que señalan las Bases que rigen la licitación, al no indicar los % de multas incurridos, y no señalar los incumplimientos de plazos para corregirlos y si fueron verificados los levantamientos de las observaciones planteadas; que las multas y liquidación del contrato son extemporáneos, contados desde la fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato y que el cobro de la garantía es extemporáneo contado los plazos de la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato.

2°.- Que, informando la presente acción de protección la abogada María Luisa Baltra Vergara, quien, previo a referirse al fondo de la cuestión planteada, aborda los antecedentes del recurso como también efectúa una relación cronológica de los hechos, señalando que el 30 de septiembre de 2016, el Gobierno Regional del Biobío y la Subsecretaría de Minería suscribieron el Convenio de Transferencia de Recursos del Programa "Fondo Regional Regularización de la Pequeña Minería Artesanal de la Región del Biobío", código BIP: RUT reservado, el que fue aprobado por la Resolución Afecta N° 187, de 2016, del Gobierno Regional y por la Resolución Exenta N° 715, de 2017, de la Subsecretaría de Minería, el cual se encuentra actualmente vigente, y que tiene por objeto potenciar el desarrollo económico de la actividad minera artesanal, fomentar la seguridad minera de las faenas a través de asesoría en operaciones mineras, geológicas, geomensura y legales, además de implementar equipos de sondajes y prospección minera, entrega de equipamiento y elementos de protección personal para los mineros del carbón en la Región del Biobío. Indica que en el marco de la ejecución de dicho programa, la Subsecretaría de Minería requirió contratar el servicio de ejecución de un mínimo de 1.300 metros de sondaje de diamantina con recuperación de testigo, a realizar en distintas faenas de las provincias de Arauco y Concepción. Para ello, a través de la Resolución Exenta N° 1.471 de 22 de abril de 2020, la Subsecretaría de Minería aprobó las bases y llamó a nombre reservado para la ejecución del servicio señalado, publicándose en el portal www.mercadopublico.cl. bajo el ID RUT reservado-LQ20. Considerando las preguntas recibidas a través del foro de la licitación, la Subsecretaría modificó las referidas Bases, mediante la Resolución Exenta N° 1.553, de 11 de mayo de 2020, con el objeto de aclarar el proceso licitatorio. Luego, por medio de la Resolución Exenta N° 2.114, de 7 de julio de 2020, la Subsecretaría de Minería, adjudicó la referida nombre reservado al proveedor Soc. WalMor Consultora e Ingeniería y Laboratorio Limitada, al haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación, haciendo presente que ésta fue realizada dentro del plazo de vigencia de la oferta, cumpliéndose así con todas las disposiciones legales aplicables. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de las Bases: "Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de apertura de las ofertas "El acto de apertura se realizó el día 18 de mayo de 2020, por lo que la vigencia de las ofertas se extendió hasta el 17 de julio de 2020. Una vez notificada la adjudicación al proveedor, conforme con lo establecido en las Bases, el 30 de julio de 2020, la Subsecretaría de Minería y Soc. Wal-Mor Consultora e Ingeniería y Laboratorio Limitada, suscribieron el correspondiente contrato de prestación de servicios, que fue aprobado por la Resolución Exenta N° 2966 de 14 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría de Minería. Plantea que la vigencia de la contratación se encuentra estipulada en el artículo 25 de las Bases de Licitación, en concordancia con la cláusula N° 7 del contrato que estipula lo siguiente: "La contratación comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato y tendrá una vigencia de 120 días corridos (. . .) El plazo que se estipula para la ejecución de los trabajos será como máximo de 75 días corridos, de acuerdo con la Carta Gantt presentada por el proveedor en su oferta, y que se entiende parte integrante de este contrato. Dicho cronograma de actividades podrá ser modificado de acuerdo con las indicaciones que dé la Contraparte Técnica. La empresa contratista asimismo está obligada a cumplir con la Propuesta de Trabajo acompañada a su oferta, la que también se considerará parte integrante del presente contrato. La iniciación de las actividades por parte de la Empresa Contratista, incluyendo la movilización inicial, deberá estar oficializada en una Reunión de Arranque entre ambas partes, donde se levantará un Acta de Inicio para tales efectos". Precisa la letrada que el proveedor al momento de presentar su oferta acompañó una "Propuesta de Trabajo y Operación del Servicio" y una Carta Gantt con la planificación de la ejecución del contrato, documentos los cuales se entienden incorporados al contrato e indican que el proveedor comprometió un plazo para la ejecución de éste de 75 días corridos. El 24 de septiembre de 2020, el proveedor solicitó a través de correo electrónico, un aumento de plazo para la ejecución del contrato, con motivo de la pandemia COVlD-19 y las dificultades asociadas a ésta. En dicha solicitud se indicaba lo siguiente: "Tener a bien dada la contingencia por Covid-19 que enfrenta el Mundo, nuestro país y la Región del nombre reservado, especialmente la Zona de Curanilahue - Lebu, etc. se Solicita una prórroga de 45 días en carácter preventiva frente a los acontecimientos (. . .) Además, se nos viene el plebiscito, la situación de la violencia en la Zona, y para ello estamos contratando seguros personales y para los equipos, etc. Estamos al mismo tiempo solicitando la respectiva prorrogación de la garantía". (sic) Indica que dicha solicitud fue rechazada por el administrador del contrato, nombre reservado, Secretario Regional de Minería de la Región del Biobío, mediante correo electrónico de 9 de octubre de 2020, en el que se indicó lo siguiente: "A vuestra solicitud esperando que el tiempo que ha pasado desde el envío de este correo les haya otorgado un margen para que podamos empezar con las labores acordadas y la necesidad de comenzar los trabajos de sondaje a la brevedad, además de la entrega de beneficios, nuestra preocupación también está en que si no se realizan los trabajos en los plazos acordados se verá afectada toda nuestra programación presupuestaria para el 2020, debido a que necesitamos ejecutar los montos acordados durante el año 2020 para rendir cuentas al Gobierno Regional respecto a los dineros que efectivamente utilizaremos para cerrar el año, y si no tenemos el segundo estado de avance de sondajes durante 2020, tendremos problemas para la asignación de recursos, lo cual nos traerá consecuencias negativas para nuestro presupuesto 2020 y un probable retraso en los pagos de nuestro servicio. Por otra parte, podemos ayudarlos a gestionar permisos colectivos para transitar en la zona, ya que actualmente existe cuarentena en el sector, y no así cordón sanitario que sería el que podría complicar la movilidad. Es así que les solicitamos comenzar los trabajos a la brevedad. Si necesitan alguna visita en terreno no duden en contactarme y podemos gestionarla. Mi intención es que podamos partir la próxima semana con los trabajos". Plantea que el rechazo a la solicitud de ampliación de plazo, efectuada por el Secretario Regional de Minería de la Región del Biobío, se enmarca dentro de las facultades conferidas en las Bases y el contrato. Lo anterior, considerando además que el plazo para la ejecución de los servicios fue definido por el proveedor en su oferta, a la que acompañó una "Propuesta de Trabajo y Operación del Servicio" y una Carta Gantt con la planificación de la ejecución de las obras, documentos los cuales se entienden incorporados al contrato y en los cuales el proveedor compromete un plazo para la ejecución de 75 días corridos, plazo que fue considerado al momento de la evaluación y posterior adjudicación de la licitación, y que le permitió que su oferta fuera la mejor evaluada, y por ende, las más conveniente para la Subsecretaría de Minería. En cuanto a la reunión de arranque, la letrada expresa que ésta se efectuó finalmente el día 26 de octubre de 2020, fecha a partir de la cual se comenzaron a contar los días para la ejecución de los trabajos para efectos de los procesos sancionatorios en cuestión, por lo que de acuerdo con lo anterior, el plazo para la total ejecución de los servicios de sondaje contratados, concluyó el día 9 de enero de 2021. Asimismo, añade la letrada, mediante correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2020, el Seremi de Minería de la Región del Biobío, hace presente a la recurrente de los incumplimientos en la ejecución de los trabajos, conforme se había acordado en la reunión de arranque, expresándose lo siguiente: "Estimados, Junto con saludar, como Seremi de Minería necesito me comenten la razón del retraso del inicio a los trabajos de sondaje en Curanilahue. Es importante recalcarles los plazos que ustedes mismos acordaron para realizar (sic) los trabajos.

Según cronograma, los trabajos tienen un plazo de 75 días corridos contados desde la fatal tramitación de la REX, que aprueba el contrato de ejecución, esto es, contados desde el día 14-09-2020 según REX 2966/2020, que en su punto 11 y 12 habla de las sanciones, multas y término anticipado del contrato, y que también está entre las facultades asignadas a esta Seremia en la medida que los sondajes no se lleven a cabo.

De acuerdo al cronograma y propuesta de trabajo, la empresa fija los 75 días, siendo el plazo para terminar el 29 de noviembre. Dentro de esta ejecución pueden ustedes pedir ampliación a la contraparte técnica con razones fundadas, pero no pueden exceder los 120 días totales.

Estaré atento a su respuesta, Saludos. "Menciona que en ese sentido, mediante el Memorándum N° 36, de 13 de noviembre de 2020, el Secretario Regional Ministerial de Minería de la Región del Biobío, informó a la Jefa de la División Jurídica de una serie de incumplimientos ocurridos durante la ejecución del contrato. Para ello, se adjunta un registro de atrasos elaborado por profesionales del programa, donde se detallan todas las infracciones al contrato ocurridas a la fecha, detallando que el mencionado informe fue complementado por un nuevo informe, elaborado por el Comité Técnico de la Secretaría Regional de Minería de la Región del Biobío, con fecha 14 de diciembre de 2020, en el que se detallan todos los incumplimientos acumulados por el proveedor a esa fecha, los que detalla en un cuadro resumen. Conforme al procedimiento establecido en las cláusulas N° 26 de las Bases y N° 11 del contrato, el 23 de diciembre de 2020, el Secretario Regional de Minería de la Región del Biobío notificó mediante carta certificada al proveedor de los incumplimientos anteriormente enumerados, entregando el plazo de 5 días hábiles para recibir los descargas correspondientes, los que fueron remitidos dentro de plazo. De acuerdo con lo anterior, y habiéndose efectuado el procedimiento administrativo que dispone la ley y las Bases, por medio de la Resolución Exenta N° 224, de 20 de enero de 2021, la Subsecretaría dispuso el término anticipado y cobro de garantía de fiel cumplimiento al proveedor, por cuanto sus incumplimientos reiterados constituyen un incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas tanto en las Bases como en el contrato. Al respecto, añade la letrada, la cláusula N°26 "Efectos derivados del incumplimiento" de las Bases, en concordancia con la cláusula N° 12 "Término anticipado" del contrato, disponen que, la Subsecretaría podrá declarar anticipadamente el término anticipado, sin derecho a indemnización alguna en el siguiente caso: "Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, reservándose la Subsecretaría el derecho a deducir las acciones legales correspondientes. Se entenderá por incumplimiento grave: la no ejecución, la ejecución parcial o la ejecución incorrecta, de acuerdo con las especificaciones establecidas en las presentes Bases de licitación y en la oferta adjudicada, de alguna de las prestaciones que el proveedor se obligó, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la Subsecretaría un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones''. Se expresa que el incumplimiento grave de las obligaciones, se configuró de acuerdo a lo siguiente: a) Ejecución parcial. Al día 23 de diciembre de 2020, la cantidad de metros avanzados por el proveedor era de 131,5 metros respecto de los 1.550 comprometidos en su oferta: Lo anterior, considerando que la fecha de inicio de los servicios se cuenta desde la reunión de arranque, efectuada el día 26 de octubre de 2020. Por otra parte, de acuerdo con lo informado por la Contraparte Técnica de la Subsecretaría, el trabajo del proveedor no ha sido constante, habiendo semanas en las que incluso el avance total fue de un metro. De acuerdo con el Informe elaborado por el Comité Técnico de la SEREMI, el rendimiento promedio del proveedor era de 3,2 metros diarios, en circunstancias que el rendimiento esperado es de 20,7 metros diarios para terminar dentro de los plazos estipulados en el contrato. Al respecto, agregar que el plazo para la ejecución del contrato (75 días corridos) fue fijado por el proveedor en la Carta Gantt acompañada a su oferta, lo que fue considerado para el cálculo de la evaluación y su adjudicación. b) Ejecución incorrecta. Las Bases técnicas, en su cláusula 36.3 "Sondaje", exigen al proveedor lo siguiente: "Debe contar con 2 equipos de perforación de diamantina, con la capacidad de sondear hasta más de 200 metros de profundidad. Se requiere maniobrabilidad para perforar en ángulos de 90°. El contratista deberá entregar las especificaciones técnicas de las plataformas, debiendo considerar las condiciones de terreno cuando corresponda. El contratista debe especificar las máquinas de sondaje que utilizará y la contraparte técnica deberá dar visto bueno a este equipo". Por otra parte, el proveedor en su propuesta de trabajo, que se entiende parte integrante del contrato, se obligó a lo siguiente: "El equipamiento para realizar los Sondajes será de dos Sondas montadas sobre camión, una Sonda adicional que estará en faena para reemplazo en caso de panne de alguna Sondajera que se encuentre perforando. En total habrán tres equipos en faena, y estos equipos de Sondaje son capaces de perforar sobre los 500 metros de profundidad y hasta 1200 metros". De lo anterior, se desprende que el proveedor no solo incumple las Bases técnicas, sino que además su propuesta de trabajo, acompañada a su oferta y que fue tomada en consideración al momento de evaluar y adjudicar la licitación. Plantea que el 23 de diciembre de 2020, fecha en que se notificó al proveedor de los incumplimientos que dieron lugar al término anticipado y cobro de garantía, aun no se contaba con la disponibilidad de las 2 máquinas, ya que la segunda máquina estaba incompleta y no cumplía con las características requeridas, lo que ha significado un perjuicio a la Subsecretaría de Minería en el cumplimiento de sus funciones. El contrato en cuestión se suscribió en el marco del Convenio de Transferencia de Recursos del Programa denominado "Fondo Regional Regularización de la Pequeña Minería Artesanal de la Región del Biobío". Así, la contratación de estos metros de sondaje fue realizada para beneficiar a pequeños mineros de la zona. Al no ejecutarse los trabajos dentro de los plazos estipulados, se afectó gravemente la programación presupuestaria del año 2020. Al tratarse de una contratación efectuada en el marco de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), es necesario ejecutar y rendir cuenta de los recursos asignados al Gobierno Regional, lo que impacta directamente en la asignación de recursos para el año 2021. El 22 de marzo de 2021, se recibe recurso de reposición contra la Resolución Exenta N° 224, de 2021, por parte del proveedor "Soc. Wal-Mor Consultora e Ingeniería y Laboratorio Limitada”. Dicho recurso fue rechazado por medio de la Resolución Exenta N° 1105, de 26 de marzo de 2021, por cuanto el recurso presentado no acompañaba fundamentos, tanto de hecho como de derecho, suficientes como para desestimar la aplicación de la sanción. En ese sentido, dispone la letrada, y dando cumplimientos a las obligaciones legales de la Subsecretaría, el día 29 de marzo de 2021 fue enviada la solicitud de ejecución del certificado de fianza entregado por el proveedor a la empresa Más Aval, como emisora de dicha garantía, la cual no se ha cursado hasta la fecha. En cuanto al derecho, la letrada sostiene que es necesario señalar que todo contrato que suscriba la Subsecretaría de Minería, con el objeto de adquirir el suministro de bienes muebles, o contratar la prestación de servicios a título oneroso, quedan bajo la regulación de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras"; de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en adelante el Reglamento; de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y en caso de procesos de compras de nombre reservado, por sus correspondientes Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, y por las consultas, respuestas y aclaraciones efectuadas dentro de dicho proceso, a través del sistema de información de compras y contratación pública. Debido a lo anterior, el contrato suscrito con la recurrente, que tuvo por objeto contratar el servicio de ejecución de un mínimo de 1.300 metros de sondaje de diamantina con recuperación de testigo, queda regulado por la normativa citada y por los documentos que se señalan, los que en caso de discrepancia se interpretarán de manera armónica, primando en todo caso, lo establecido en las respectivas Bases que se elaboraron al momento de efectuar el proceso de nombre reservado. Expresa que la facultad de poner término anticipado al contrato de prestación de servicios ha sido ejercida a través del procedimiento y mediante la dictación de los respectivos actos administrativos fundados, acreditándose de manera fehaciente los incumplimientos graves de las obligaciones contraídas por la recurrente, que se establecieron detalladamente tanto en las bases de la nombre reservado, como en el contrato de prestación de servicios suscrito, y que, por dicha circunstancia, eran de pleno conocimiento de la recurrente, precisando que la referida facultad, se encuentra descrita en el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la Ley 19.886, y en tal sentido, la ejecución parcial e incorrecta de la prestación de los servicios, por parte del proveedor recurrente, debidamente acreditadas por la Subsecretaría de Minería y su contraparte técnica, y legalmente notificadas, para permitir la debida defensa y emisión de los respectivos descargos, incluyendo la interposición de un recurso administrativo de reposición, habilitaron a ejercer la potestad de poner término anticipado de la contratación, y a su vez, requerir e iniciar las gestiones de cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, todo conforme a lo dispuesto en las propias bases de la nombre reservado y en el contrato suscrito. En otras palabras, postula la letrada, la actuación de la Subsecretaría de Minería, ha permitido que, ante la ocurrencia de incumplimientos graves, previamente establecidos en las bases de la nombre reservado y en el contrato suscrito, se haya ejercido el procedimiento administrativo, para notificarlos, y, luego, recibir los descargos, y posteriormente, la reclamación administrativa, a través del recurso de reposición, ante la decisión de poner término anticipado a la contratación, lo que ha garantizado el debido proceso, al permitir la defensa, y conocer los fundamentos y circunstancias que configuraron cada uno de los incumplimientos graves y por lo mismo, no puede ser calificada de arbitraria o ilegal la actuación de la Subsecretaría de Minería, que ha ejercido la facultad de poner término anticipado al contrato, por haberse configurado y acreditado, en el marco de un debido proceso, de diversos incumplimiento graves, previamente establecidos en el proceso licitatorio, lo que ante su ocurrencia, se convierte en un deber para la administración, en el buen uso de los recursos públicos involucrados, y en el interés público comprometido en la ejecución contractual. En lo referente a la alusión efectuada por la recurrente respecto de la pandemia, la letrada expresa que con ocasión del brote de COVID-19 que ha afectado al territorio nacional, se dispuso la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en todo el país, según lo dispuesto en el Decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y sus modificaciones, lo que ha implicado, entre otras medidas, el establecimiento de restricciones a las libertades de desplazamiento de la población. Sin perjuicio de aquello, en lo que incumbe, no es posible, per se, determinar que la pandemia producida por el COVID-19, configure por sí misma, en el ámbito del cumplimiento contractual, un caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las obligaciones contraídas en un contrato de prestación de servicios. En lo referido a las garantías constitucionales que se estiman conculcadas la letrada sostiene, en relación a la garantía prevista en el artículo 19 número 1, que el actuar de la Subsecretaría de Minería, de poner término anticipado al contrato, por incumplimiento grave de las obligaciones, previamente fijadas en las bases de licitación y en el contrato, de previo conocimiento de la recurrente, y debidamente acreditadas, no implica vulnerar la citada garantía constitucional, ni menos el estado de salud de todos sus trabajadores, sino más bien, el actuar de la Subsecretaría se apegó a la normativa legal vigente, y al ejercicio de sus potestades públicas, en materia de contratación administrativa. A su vez, y con respecto a la garantía prevista en el número 2 del citado artículo 19, la que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, la letrada postula que el actuar de la Subsecretaría de Minería no afectó la citada garantía constitucional, dado que, el contrato suscrito con la recurrente se originó de un proceso de nombre reservado, que permitió el llamado abierto, a cualquier persona natural o jurídica, para participar y presentar sus ofertas, en el marco de un pliego de condiciones, donde de manera previa, reguló los derechos y obligaciones, del proveedor que fuere adjudicado, y en tal sentido, regulando las condiciones y obligaciones de cómo llevar a cabo la prestación de servicios, sin que el actuar de la Subsecretaría, frente a incumplimientos graves, fuere bajo un criterio distinto a lo que establecieron las bases y el contrato, actuando en consecuencia amparado en las potestades y regulaciones contenidas en la Ley N° 19.886 y su reglamento. Con relación a la garantía prevista en el numeral 3, se considera que lo descrito por la recurrente no puede implicar una conculcación a la garantía descrita, sobre todo cuando la decisión de acceder a una petición de aumento de plazo pasa por un análisis y mutuo acuerdo entre las partes de un contrato administrativo, y que, sin perjuicio de los efectos de la pandemia y la declaración del estado de excepción constitucional, vigente desde varios meses, siendo un hecho conocido por todos quienes decidieron participar de la nombre reservado. En el caso especial de la recurrente, no acreditó como el caso fortuito impediría el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se estima que la libertad de trabajo y su protección, y el derecho a la libre contratación y la libre elección del trabajo, con una justa retribución, no han sido vulneradas por parte de la Subsecretaría de Minería, como lo pretende acreditar la recurrente, al manifestar que la empresa, por el hecho de estar inscrita en el registro de proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y no poder hacer frente a sus obligaciones remuneracionales y previsionales para con sus trabajadores, estará impedida de postular a trabajos, debido al inminente cierre de su actividad económica, haciendo presente que, el hecho de poner término anticipado a un contrato por parte de un organismo de la administración del Estado, por el incumplimiento grave de las obligaciones, no trae aparejada como consecuencia impedir al contratista postular a propuestas públicas o privadas, o a contrataciones directas con el Estado, sino que tal circunstancia se puede configurar respecto de una persona natural o jurídica que, dentro de los 2 años anteriores al momento de la presentación de la oferta, formulación de propuesta o suscripción de un contrato, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, según lo dispone el inciso segundo del artículo 4° de la Ley 19.886, situación que difiere de la establecida en el inciso tercero del citado artículo, donde se regula el caso de que un proveedor registre deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores en los últimos 2 años, donde en caso de adjudicación, los primeros estados de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones. Se indica que sin perjuicio de la citada distinción, entre las inhabilidades para ofertar con el Estado, y del hecho de poder dirigir los primeros pagos para cubrir deudas de remuneraciones o cotizaciones, el actuar de la Subsecretaría de Minería, no ha vulnerado la garantía citada.

Termina solicitando que, en atención a todo lo expuesto, se tenga por evacuado el informe solicitado y se rechace el recurso en todas sus partes, atendidas las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, con expresa condenación en costas, tendiendo en consideración que el acto recurrido se ajusta completamente a la normativa vigente que lo regula, y no implicó la vulneración de las garantías constitucionales señaladas por la recurrente.

A su informe se acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, conforme al relato efectuado por la recurrente en su presentación, los hechos denunciados mediante el presente recurso dicen relación con una eventual vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2, 3, 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referido al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas; a la igualdad ante la ley; la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; la libertad de trabajo y derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respectivamente, lo que tendría su origen en la dictación de la Resolución Exenta Nº224 de 20 de enero de 2021 y Resolución Exenta Nº1105 de 26 de marzo último que rechaza el recurso de reposición interpuesto y en consecuencia dispone el término anticipado del contrato que le había sido adjudicada mediante nombre reservado por parte de la Subsecretaría de Minería, denominada “Contratación del Servicio de Ejecución de un Mínimo de 1.300 metros de Sondaje de Diamantina, con Recuperación de Testigo, para el Programa F.N.D.R de la Región del nombre reservado, ID RUT reservado-LQ20, por un valor de $127.000.000.-, exentos de IVA”.

7º.- Que, es un hecho asentado en autos, conforme a los antecedentes agregados al presente recurso, que efectivamente mediante la Resolución Exenta Nº224 y Nº1105, emanadas de la Subsecretaría Regional de Minería, se rechazó el recurso de reposición deducido por la recurrente, disponiéndose en consecuencia el término anticipado del contrato de nombre reservado referido en el motivo que antecede, debido al incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, en cuanto al plazo de ejecución del contrato, establecido en 75 días corridos por el propio proveedor en la carta Gantt, acompañada a su oferta, antecedente éste que fue considerado para el cálculo de la evaluación y su adjudicación, y en que no obstante lo anterior, el trabajo del proveedor no fue constante configurándose un grave incumplimiento dado que la cantidad de metros avanzados por éste al 23 de diciembre de 2020, era solo de 131,5 metros respecto de los 1.550 a los que se había comprometido en su oferta, no quedándole otra alternativa a la recurrida que poner término anticipado al contrato, fundado en que constituye un deber para la administración el buen uso de los recursos públicos involucrados, de manera que habiéndose incumplido gravemente el contrato, se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la ley 19.886, por la ejecución parcial e incorrecta de la prestación de los servicios por parte de la recurrente, circunstancia ésta debidamente acreditada por la Subsecretaría de Minería y su Organismo Técnico Asesor, ejerciéndose el procedimiento administrativo de rigor.

8º.- Que, en consecuencia, y conforme lo razonado en los motivos anteriores, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto del recurso, toda vez que la Subsecretaría Regional de Minería del nombre reservado ha actuado en el ejercicio de sus funciones, y dentro del ámbito de sus competencias, enmarcándose su accionar dentro de las disposiciones de la ley 19.886, y en el artículo 77 numeral 2 de su reglamento, todo lo cual excluye la posibilidad de tipificar como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, conclusión ésta que lleva necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en representación de la Sociedad Wal-mor Consultora e Ingeniería y Laboratorio Limitada, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Minería, Región del nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

ROL N° 1466 - 2021 PROTECCIÓN.