nombre reservado con nombre reservado

5 Chillán, veinticinco de enero de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece la abogada doña Geraldinne Cid González, en representación de don nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que el recurrente es dueño de la Hijuela N° 1, ubicada en Coyanco, comuna de Quillón, denominada lote N° 2, que según plano, aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, agregado al final del Registro del Conservador de Bienes Raíces de Bulnes, correspondiente al año 1998 bajo el número 1430, tiene una superficie de cuatro hectáreas, y los siguientes deslindes: Norte con la propiedad del vendedor don nombre reservado y con la propiedad de don nombre reservado, en 128 metros lineales. Sur con el rio Coyanco, en 155 metros lineales. Este con la propiedad de nombre reservado, de por medio camino vecinal, en 386 metros lineales, hoy nombre reservado. Oeste con la propiedad del vendedor don nombre reservado, hoy lote 3, en 386 metros lineales. El título de dominio a nombre del recurrente rola inscrito a fojas 152 N° 139 del Registro de Propiedad del año 1998 del Conservador de Bienes Raíces de Bulnes.

Hace presente que el sector indicado se vio afectado por los incendios producidos en el verano del año 2023, por lo que el recurrente tomó la decisión de vender su terreno, agregando que para acceder a su predio y conectar con el camino público, existe un camino vecinal que figura en el plano respectivo, archivado bajo el N° 231 del Registro del año 1979 del Conservador de Bienes Raíces de Bulnes, constando también su existencia en el plano que se encuentra ante el Servicio de Impuestos Internos, y que acompaña junto con su escrito, y que subdividió el predio del cual proviene el inmueble singular de que es dueño, según certificado N° 667 del Servicio de Impuestos Internos.

Señala que el recurrido construyó un portón en el camino vecinal antes indicado, destacando que esto no era un problema para el recurrente puesto que tenía acceso por el camino y transitaba sin problemas, sin embargo, el 22 de noviembre de 2023, al concurrir a su predio con motivos de venta, es que el mencionado portón se encontraba cerrado con cadena y candado, se le impidió hacer uso del camino en cuestión. Agrega que al intentar conversar la situación con el recurrido se percata que éste había construido un cerco en su deslinde “Este”, precisamente donde figura el camino vecinal y único acceso a su predio y conexión con el camino público.

Indica que, tras conversar con el recurrido, se intentó llegar una solución, manifestándole la intención de pasarle las llaves del candado instalado en el portón, pero nada se ha concretado a la fecha de la presentación del recurso.

Estima vulnerado su garantía constitucional de propiedad sobre su predio, consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que la recurrida ha alterado una situación de hecho preexistente y aceptada, conculcando los derechos del recurrente, y agravando su situación, al tener que acceder por otros sectores, utilizándose lugares riesgosos para transitar.

Finaliza solicitando se acoja el presente recurso de protección interpuesto, ordenándose al recurrido que permita el acceso peatonal y vehicular del recurrente a su predio, entregándole las llaves de acceso del portón antes indicado, ordenándole además retirar los obstáculos construidos en el acceso directo del predio del recurrente, respetando los respectivos deslindes, sin perjuicio de adoptar toda otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho, con costas.

2°.- Que, informando Carabineros de Chile, Prefectura Ñuble N° 17, señala que con fecha 21 de diciembre de 2023 se constituyó en Sector Coyanco Lote 2-E, s/n, comuna de Quillón, y logró establecer que en el lugar efectivamente hay un portón metálico con madera color café, con cierre mediante control remoto, existiendo, además, un cerco con latas de zinc, en el deslinde de ambas propiedades. Se adjuntan fotografías.

3°.- Que, al informar el abogado don José Miguel Ortiz Fuentes, en representación del recurrido don nombre reservado, tras referirse a la procedencia del recurso de protección, alegó la caducidad de la acción, fundándose en que el portón de acceso se construyó en el año 2020, justo después de comprar la propiedad, y en cuanto al cercado, señala que igualmente ha existido como tal desde ese año, el cual servía para delimitar las propiedades colindantes, destacando que el pasado año, producto de los incendios que afectaron la zona, el cercado original fue víctima de aquello, procediendo el recurrido a construirlo nuevamente en los meses de julio y agosto de 2023, todo lo cual supera con creces el plazo para interponer la acción constitucional.

Además, expuso que esta acción constitucional de protección no es el medio idóneo para discutir la situación de marras, puesto que la parte recurrente busca obtener de manera sencilla y a través de un procedimiento cautelar, una acción que debería ser de lato conocimiento, y que corresponde sean conocidas por los juzgados de letras en materia civil.

En cuanto al fondo, niega absolutamente los hechos, y especialmente que haya construido su representado, un cerco con el objeto de negarle el acceso al recurrente, asimismo indica, que no existe un camino vecinal que llegue al predio del recurrente, de hecho, el camino servidumbre no llega al camino de su representado, según plano que acompaña, es más directo la parcela 2D para los efectos que pretende el recurrente.

En base a lo anteriormente expuesto, indica que no se ha vulnerado un derecho preexistente, debido a que los cercos reclamados existen desde hace más de tres años, pudiendo el recurrente transitar libremente hasta su parcela, sosteniendo que éste pretende obtener de manera expedita una servidumbre de tránsito, debido a que desea vender la propiedad, por lo que no existe un hecho arbitrario e ilegal. Agrega, en cuanto al portón de acceso, que es lógico que su representado lo asegure, no siendo procedente solicitar por el recurrente que se le dé llaves o se elimine aquél, lo cual afectaría el derecho de propiedad del recurrido.

De otro lado explica que hay una Inexistencia absoluta del hecho arbitrario e ilegal, aunque la recurrente no explica detalladamente el hecho arbitrario e ilegal, su parte desprende que se trataría de la supuesta construcción del cercado de 24 metros o el hecho de poner candados a su portón. En cuanto al portón de 24 metros, este ha existido desde hace bastante tiempo anteriormente era un cercado de púas, lo cual a pesar de estar fuera de plazo cualquier tipo de reclamación por este medio, su representado lo hace en su predio, si el recurrente desea un paso peatonal o vehicular por ese lugar, debe pagar una servidumbre y en cuanto al portón con candados, es un acceso de hace más de 3 años, por tanto, es lógico que su parte lo asegure, y no es dable solicitar las llaves o que se elimine en beneficio del recurrente, además de afectar claramente su derecho de propiedad.

Finaliza solicitando, se tenga por evacuado el informe, y que atendido los fundamentos y la exposición de los hechos, se rechace, en todas sus partes, la acción de protección deducida, con costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, en relación a la alegación de caducidad de la acción de protección por parte del recurrido, fundado en que referido portón habría sido instalado el año 2020, al comprar la propiedad, negando la existencia de un camino vecinal que llegue hasta el predio del recurrente, se debe tener presente, que aparte de no haberse acreditado suficientemente la fecha en que fue construido el portón, además, conforme a las características del acto denunciado como arbitrario e ilegal, las eventuales consecuencias de éste se mantendrían en el tiempo, produciéndose una vulneración permanente del derecho invocado, circunstancias que llevan necesariamente a desechar tal alegación.

8°.- Que, en cuanto al fondo, el recurrente estima vulnerada su garantía constitucional contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que el recurrido habría impedido el acceso a su predio, al haber instalado un portón metálico, con madera, en el camino vecinal que lo conecta al camino público, impidiéndole circular libremente, por dicha vía.

A su turno, el recurrido sostuvo que esta acción constitucional de protección no era el medio idóneo para discutir la situación de marras, puesto que estos hechos deben ser conocidos en un procedimiento de lato conocimiento; además, negó haber construido un cerco con el objeto de negarle el acceso, señaló también, que no existía un camino vecinal que llegara al predio del recurrente, negando que haya vulnerado un derecho preexistente, debido a que los cercos reclamados existen desde hace más de tres años, pudiendo el recurrente pretendiendo transitar libremente hasta su parcela, obteniendo de manera expedita una servidumbre de tránsito, reconociendo el recurrido, que existe un portón de acceso, siendo lógico que lo asegure, afirmando por último, que no era procedente solicitar por el recurrente que se le dé llaves o se elimine aquél.

9°.- Que, en el contexto dado, y de los antecedentes aportados por las partes, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, aparece que el predio de la parte recurrente, y que consta en Plano de Subdivisión Predial aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero el año 1997, por su lado oriente, sí cuenta con un camino vecinal, el que hoy tendría bloqueado su paso por la existencia de un portón de fierro y madera que le impide el ingreso a su predio.

En refuerzo de las conclusiones anotadas, los antecedentes aportados en el plano acompañado por el propio recurrido también darían cuenta de la existencia de este camino que permite el ingreso al predio del recurrente, el que en el Plano de Subdivisión Predial acompañado a folio 9, se grafica como “Servidumbre de Petrox” de 10 metros de ancho, situación de hecho que no puede ser alterada de manera unilateral por la parte recurrida, transformándose en un acto de auto-tutela que no puede ser tolerado por el derecho y que impone la protección de las garantías del recurrente, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

10°.- Que, en segundo lugar, la recurrente alega que don nombre reservado habría procedido a construir un cerco de 27 metros de plancha y palos y de 24 metros de pandereta, teniendo tomado metros de su dominio en dicho deslinde.

Por su parte, la recurrida indica que tras su destrucción causada por los incendios forestales, se procedió a levantar nuevamente el cerco que separaba las dos propiedades.

11°.- Que, en cuanto a este punto, las versiones dadas por las partes evidencia la existencia de un conflicto jurídico en relación a los derechos que pretende la recurrente, particularmente en cuanto la existencia de un cerco sobre su propiedad, cuestión que no puede es posible resolver en esta sede cautelar, la que tiene por objeto único, como se adelantó, el otorgar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales, lo que excluye la declaración de derechos controvertidos, no siendo la vía idónea para la definición de la controversia anotada, de lo que se concluye que la acción invocada no es la vía idónea para la decisión de dicha controversia, toda vez que este recurso extraordinario tiene por finalidad corregir, de forma expedita, y en un plazo breve, la afectación ilegítima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no siendo el medio para la definición de un pleito entre partes relativo a la posesión o propiedad de un predio, como la expuesta, cuestión que, por sus particularidades, debe ser conocida a través de los procedimientos establecidos por la ley al efecto, de lato conocimiento y de carácter contradictorio, donde las partes puedan hacer valer sus pretensiones, rindiendo las pruebas que estimen atingentes para la consecución del resultado esperado, no pudiendo, el recurso de protección, transformarse en la sede procesal en la que se atribuya certeza a derechos inciertos o controvertidos, ya que él sólo protege el “legítimo ejercicio” de derechos indubitados, y en la especie resulta claro que cada parte sostiene encontrarse realizando actos en “su propiedad”, por lo que no puede hablarse de ejercicio “legítimo” del derecho consiguiente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por la abogada doña Geraldinne Cid González, en representación de don nombre reservado, contra don nombre reservado, sólo en cuanto la parte recurrida deberá permitir el libre tránsito por el camino vecinal que permite el ingreso a propiedad del recurrente, entregándole llaves y/o control remoto del portón que se encuentra bloqueando dicho paso, durante el plazo de 6 meses, debiendo, la parte recurrente, ejercer las acciones civiles que correspondan, rechazándose en lo demás el recurso interpuesto.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

No firma la ministra señora Pezoa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso.

Rol N°1458-2023 PROTECCIÓN.-