nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 19 de agosto de 2020
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 1450-2020, sentencia de 19 de agosto de 2020
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección deducido por los recurrentes contra la titular, por haberse interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días corridos del artículo 1° del Auto Acordado, al computarse desde la existencia del muro y no desde la negativa a demolerlo.
Texto íntegro
Chillán, diecinueve de agosto de dos mil veinte.
Vistos:
1°.- Que, comparece la abogada doña Paola Vargas Vásquez, a favor de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado.
La abogado como antecedentes generales explica que nombre reservado es dueño del LOTE 1; nombre reservado, es dueña del LOTE 2;; nombre reservado es dueño del LOTE 3; nombre reservado es dueño del Lote 5; nombre reservado es dueño del LOTE 7 del proyecto de parcelación Ñuble Alto. Todos los cuales se encuentran favorecidos al ORIENTE con una SERVIDUMBRE DE PASO de 6 metros de ancho, la que se encuentra vigente y no se ha interrumpido su uso por más de 20 años pese a que la parcelación es del año 2016; además, actualmente constituye el único acceso que tienen los recurrentes para ingresar a sus respectivos predios.
Como fundamento de la presente acción constitucional, refiere que en el acceso al camino de Servidumbre referido y por sobre el camino público vecinal, se encuentra emplazado un muro de ladrillos de unos 2,20 metros de alto por aproximadamente 7 metros de ancho. Este muro fue construido por la recurrida, pese a que todos los vecinos del sector, incluyendo los recurrentes, le representaron que dicho actuar no correspondía y que debía ser trasladado de lugar para respetar el acceso al camino de servidumbre; y que por lo demás se estaba construyendo por sobre un camino público de uso vecinal. La recurrida, siempre respondió señalando que lo sacaría en algún momento, pero, pese a la insistencia de los vecinos, nunca lo hizo. El caso es, que en aquella época, formalizadas las actuales parcelaciones no se encontraban lindantes al acceso al camino de servidumbre y por lo tanto había "campo travieso", lo que aseguraba otros accesos debido a que no existían cercas.
Luego a partir del año 2017, se comenzaron a formalizar otras parcelaciones y el acceso de los recurrentes quedo limitado al camino que bordea el citado muro de ladrillos y que pasa justo por la propiedad de doña nombre reservado, específicamente por el camino interior de acceso a su predio. Doña nombre reservado, de buena voluntad permitió el paso por varios años, pero siempre insistió en que algún día necesitaría vender su propiedad y tendría que cercarla según sus títulos. Pues bien, el 25 de junio de 2020, ejerciendo actos de dominio, cerró su propiedad, instalando una reja de fierro y malla quedando un espacio de un poco más de 1 metro, entre la reja recién instalada y el muro de la recurrida, espacio por donde no alcanza un vehículo. Al día siguiente, ante la imposibilidad de los recurrentes de ingresar a sus predios, estos se apersonaron a hablar con la recurrida, como ya lo habían hecho en anteriores ocasiones, con el objeto de que procediera con urgencia retirar el muro que impide e1 acceso hacia el camino de servidumbre, incluso ofreciéndose a sacarlo incurriendo ellos en los gastos de tal faena; sin embargo, la recurrida respondió negativa y caprichosamente, sin ningún miramiento al perjuicio que está causando a sus vecinos y sin esgrimir ninguna razón lógica y pertinente; solo se limitó a indicar, que la única manera de que ella retiraría el muro es, "demandándola". Pues bien, desde el día 26 de Junio del presente año 2020, doña nombre reservado ha incurrido en la omisión ilegal y arbitraria de negarse a sacar el muro que imposibilita el acceso al camino de servidumbre que favorece los predios de sus representados.
Estima que la recurrida con su actuar vulnera el derecho constitucional a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas es establecido en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues impide el acceso al camino de servidumbre a cualquier vehículo de emergencia, siendo la situación más inmediata y grave, la del recurrente nombre reservado, puesto que en su parcela funciona un Centro Terapéutico de Equinoterapia que atiende a pacientes con todo tipo de condiciones físicas disminuidas, como daño neuronal, parálisis y otros. Actualmente, estos pacientes no pueden ingresar a sus terapias debido al impedimento causado por la omisión caprichosa, arbitraria e ilegal de la recurrida. Además, la del número 21 del mismo artículo, esto es, "el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales la regulen", toda vez que, los recurrentes nombre reservado y nombre reservado se dedican a la actividad agrícola de cultivo y comercialización de Hortalizas y vegetales, los recurrentes nombre reservado y nombre reservado se dedican a la actividad de cultivo de Alfalfa y comercialización de fardos de don nombre reservado cultiva y enfarda alfalfa; por su parte a para consumo de sus animales y además la parcela de la que es propietario es un centro terapéutico de Equinoterapia en el cual ejerce como terapeuta. Los recurrentes que ejercen actividad agrícola, se han visto afectados seriamente en su derecho, toda vez que encontrándose cerrado el acceso a sus predios, vehículos se han imposibilitados de ingresar con sus maquinaria especializada para la preparación de la tierra y la realización del resto de los trabajos indispensables para el cultivo la posterior cosecha y enfardación. Esto último, además ha perjudicado a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado que se encontraban prontos a iniciar trabajos de construcción con fines comerciales en sus predios. Por último, el del número 24, del mismo texto, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, norma a la que debe agregarse el inciso tercero del mismo número, el que indica que nadie puede en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, si no en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o calificada por el legislador; esta garantía ha sido vulnerada desde el 26 de· junio del presente año, fecha en que la recurrida ha incurrido en la omisión arbitraria e ilegal de negarse a quitar el muro que impide el acceso al camino de servidumbre, esta omisión arbitraria e ilegal deriva en la privación del legítimo derecho de ejercicio de la propiedad de sus representados, puesto que al impedir el acceso al comino de servidumbre constituye al menos una perturbación del ejercicios de sus derechos de Propiedad sobre sus predios, puesto que impide su normal uso y su goce. A mayor abundamiento, la omisión arbitraria e ilegal de la recurrida que impide el paso de todo vehículo al camino de servidumbre ha hecho imposible iniciar los trabajos de ampliación de la red de agua potable. Estos trabajos se realizaran por la empresa Essbio y beneficiaran con agua potable a los recurrentes y demás vecinos del sector.
Finalmente pide que esta Corte acoja el presente recurso de protección, y en definitiva: 1.Declare que la omisión en el acto de retirar el muro de ladrillos que impide el acceso a la servidumbre que beneficia los predios de sus representados es arbitrario e ilegal; 2.- Que la recurrida debe retirar el muro de ladrillos, en todo el ancho que corresponde a la entrada del camino de servidumbre despejando el acceso; 3. Que la recurrida debe pagar las costas de la tramitación del presente recurso 2°.- Que el informe evacuado por Carabineros de Chile de fecha veintinueve de julio último, refiere que existe un muro en el lugar y que la recurrida señaló que éste se encuentra en su terreno. Adjunta croquis y fotografías.
3°.-Que al informar el abogado don César Ignacio Hernández Espinosa, sostiene que el presente Recurso de Protección debe ser rechazado en su integridad, pues su representada no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, en la medida que, en la especie, ha hecho uso de su legítimo derecho de su propiedad por más de tres años y así como sus anteriores propietarios, junto con los cuales han poseído pacíficamente y sin turbación alguna los bienes que lo integran por más de 17 años a la fecha, sirviendo la propiedad raíz de residencia principal de la familia. Según se puede extraer de la lectura del relato de los recurrentes en el libelo, la supuesta vulneración de las Garantías Constitucionales ocurrió con ocasión de ser instalada, por doña nombre reservado, vecina de su representada, una reja movediza, también supuestamente el día 25 de junio del presente año, la que cubriría una sección de entrada al camino de la servidumbre que ha existido por años. Y que luego, a consecuencia de aquello, su representada incurrió en una omisiva de retirar un muro de ladrillos, responsable supuestamente de vulnerar Garantías Constitucionales. Ello -indica- refleja de inmediato que el Recurso de Protección de autos carece de razón y fundamento alguno, lo que evidencia únicamente, las pretensiones de mala fe, recurriendo de protección sin lograr acreditar, ni dar luces de ninguno de los hechos relatados; excepto, del hecho que los recurrentes figurarían como aparentes propietarios vigentes de los respectivos inmuebles que señalan. Asegura que su representada no ha instalado reja alguna, ni ha bloqueado camino de servidumbre y que la existencia de un muro de ladrillos, levantado por más de 13 años, no vulnera garantía constitucional alguna. Inclusive, estos dos hechos ni siquiera resultan ser controvertidos, pues, son los propios recurrentes quienes sostienen que su representada no participó en entorpecer acceso de entrada y salida al camino público, ni en esta ocasión ni en ninguna otra, lo cual resulta ser efectivo; y que, además, dicho entorpecimiento al acceso fue efectuado por otra persona, señalada expresamente, además, los propios recurrentes sostienen que la existencia de un muro de ladrillos, que por años se ha mantenido en pie, no ha bloqueado ni interrumpido el libre uso de la servidumbre que, por más de 20 años, se ha mantenido inalterable e imperturbable. Ni con ocasión a la construcción del muro de ladrillos, que ocurrió hace más de 13 años (2007), ningún vecino siquiera accionó de protección en su oportunidad por vulneración, privación y/o amenaza en sus derechos, por lo tanto, no es posible sostener que es efectivo que hoy en día exista una vulneración de Garantías Constitucionales, ni mucho menos que es su representada la que debe responder de reciente daño alguno. Refiere que la falta de coherencia queda aún más patente, al ser acompañados los mismos recurrentes, copias de las inscripciones de sus títulos de dominio que datan de sus adquisiciones en los años 2017 y 2019, por muy posterior a la época de la instauración de la servidumbre y levantamiento del muro de ladrillos, sin mediar reclamo alguno hasta la fecha y sin objeción alguna en celebrar compraventas para adquirir los bienes raíces. Todo lo que la parte recurrente ha reconocido en su libelo, es decir, se reconoce un muro de ladrillos que bordea, respeta y delimita un camino servidumbre, sin provocar privación, perturbación o amenaza de derecho alguno, y sin alterar el trazado original de la servidumbre. Estima que los actores crearon de manera forzada una ficción, por medio de la cual pretenden obligar a su representada a derribar un muro de ladrillos construido en su legítima propiedad. Obligación de derribar que, según la teoría del relato, se habría mantenido latente por más de 13 años desde su construcción pero que recién ahora, con ocasión a la instalación de una reja movediza, se pretende hacer exigible mediante una acción de protección por vulnerar Garantías Constitucionales; y todo ello a causa de un hecho de un tercero, como la provocada por la concurrencia de estos dos hechos aislados en el espacio, aislados en el tiempo, proveniente de dos personas distintas, no ligadas entre sí más que por una relación de vecindad, y con ocasiones absolutamente apartadas.
Respecto a los tres derechos estimados vulnerados, dice que si los recurrentes sostienen que sus Garantías y derechos se encuentran vulneradas con ocasión de la construcción de un muro de ladrillos, entonces, dicha vulneración no es efectiva, toda vez que, la existencia de un muro de ladrillos data de más de 10 años, sin estar sobre camino público y sin modificar el curso de un camino servidumbre, también inalterable por más de 20 años; y más aún, según acreditan los documentos correspondientes a las inscripciones y títulos que fueron acompañados en el recurso, los propios actores adquirieron sus propiedades raíces conociendo la situación existente. Si en cambio, sostienen los recurrentes que sus Garantías y derechos fueron vulnerados con ocasión a la instalación de una reja movediza que interrumpe el tránsito de una servidumbre hacia un camino público: Entonces, no es a su representada en contra de quién se debe dirigir la acción. Referencia especial se debe realizar al supuesto impedimento a desarrollar una actividad económica, las cuales son especificadas por los recurrentes: En manera alguna han logrado acreditar, ni dar indicios de que lo harán, el efectivo daño económico que les ha provocado la instalación de una reja movediza, la cual, ni siquiera cumple la función de “cerco”. Incluso, tampoco han logrado acreditar correspondientemente, que los individuos que figuran en las fotografías de actividad ecuestre, corresponden a la persona de uno de los recurrentes. Como comentario adicional, lo que en estos momentos podría estar imposibilitando y molestando a los actores el acceso de la servidumbre al camino público según el relato, sería la reja improvisada que, de manera deliberada y haciendo uso de justicia “por mano propia”, supuestamente doña nombre reservado instaló ejerciendo actos de dominio sobre lo que, también suponen ser parte de su propiedad, sin documentación correspondiente que lo avale y sin hacer uso de los medios legítimos que el ordenamiento jurídico dispone a cualquier interesado, como lo son, las acciones de demarcación y posterior cerramiento; todo esto, como se dijo, sin respaldo alguno que acredite dicha situación.
Por otro lado, expresa que el presente recurso de protección debe ser rechazado por improcedente, no solo por carecer de fundamentos plausibles para su interposición, sino que, además, carece absolutamente de un cómputo de plazo. Teniendo presente lo contemplado en el numeral 1° del Auto Acordado s/n “Acta 94-2015” sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, la supuesta vulneración ocurriría a consecuencia de la instalación de una reja improvisada que hizo un tercero, doña nombre reservado. A partir de ese hecho, pretenden los actores iniciar el cómputo del plazo de 30 días corridos para accionar de Protección. Sin embargo, dentro de esa ficción de plazo, no deciden accionar en contra de quienes, ellos mismos sostienen en su relato, instalaron la reja movediza; sino que deciden accionar en contra de su representada, quien no ha tenido participación alguna en la instalación de esa reja, y ni siquiera se han molestado en sugerir probar su participación. De todas maneras, deciden dirigir la presente acción en contra de su representada, y por otro hecho absolutamente distinto, el cual es la construcción de un muro de ladrillos. Por lo anterior, ni siquiera es posible sostener que el presente recurso se encuentra dentro o fuera de plazo, sino que resulta ser absolutamente infundado. Nuevamente, queda en evidencia que se trata de un accionar caprichoso y que pretende ampararse del derecho con fines deshonestos.
En lo que respecta a los hechos narrados en el libelo, señala que son efectivos, la existencia de una servidumbre, y su uso inalterable, ininterrumpido e inmemorial por más de 20 años, sin reclamo alguno hasta la interposición del presente recurso y que su representada no instaló la reja que bloquea la salida a la servidumbre.
Luego, indica aquellos hechos que no son efectivos, a saber, el muro de ladrillos se encuentra emplazado justo sobre el camino acceso a la servidumbre. De ser efectivo aquello, entonces por más de 17 años habría resultado imposible el uso de acceso a la servidumbre, la cual, como se mencionó expresamente en el libelo, se ha mantenido “VIGENTE” sin alteración alguna hasta antes de la fecha de la ocurrencia de los hechos. Sostiene que la parte recurrente ni siquiera se tomó el trabajo de ilustrar al Tribunal de la forma, trazado y dimensión que supuestamente debe tener el acceso a la servidumbre desde el camino público, por sobre la propiedad de su representada con respaldos de documentación legítima. Con la documentación que fue aportada por los recurrentes, específicamente, con las copias de las inscripciones de dominio, lo único que se puede concluir, es que sus propiedades deslindan en el lado ORIENTAL, con un camino de servidumbre, sin dar mayor información. Con las fotografías acompañadas solo se puede apreciar que, al parecer, una persona, ejercería actividades de equinoterapia. Tampoco es efectivo que el muro de ladrillos se encuentre construido sobre camino público. Tal afirmación sostenida por los recurrentes es falsa, y ni siquiera han aludido a que acreditarán en su oportunidad sobre tal hecho haciendo uso de medios probatorios. Solo han pretendido dar por acreditada la afirmación al indicarlo en la fotografía que fue acompañada en el Libelo. Conviene recordar a los recurrentes que una servidumbre no carcome al dominio, es decir, la franja de terreno sobre la cual está constituida la servidumbre, no resulta ser “tierra de nadie”, sino que, aquél terreno gravado por la servidumbre continúa siendo de propiedad del predio sirviente, pero limitado. Por tanto, continúa como propiedad privada. De acogerse el presente recurso, se estaría incurriendo en un error delicadamente grave por la magnitud de las consecuencias que se pueden provocar; estas serían, hacer público un terreno privado, sin ley expropiatoria de por medio, lo que no obedecería a los lineamientos dispuestos en el inciso 3° del numeral 24° de la Constitución Política de la República. No es efectivo que, la instalación de una reja improvisada obstruya en estos momentos el tránsito de los recurrentes a sus propiedades. Toda vez que no es de carácter permanente ni fija, al no encontrarse soldada ni enterrada al suelo, siendo esta fácilmente movediza y desplazable para el tránsito de un vehículo de gran dimensión. Es decir, no estaría cumpliendo con la función de reja, sino más bien, de “medio portón” que obstruye el uso de una (hasta entonces) INALTERABLE servidumbre de tránsito. Si, en el caso hipotético, la reja se encontrara efectivamente enterrada, sólida y soldada al suelo, los vecinos no habrían podido tener acceso inmediato a sus propiedades desde el día 25 de junio del presente año, hecho que sería inmediatamente descartable, ya que no obra denuncia inmediata de por medio. No es efectivo que, como se relate en el libelo, los vecinos se apersonaron ante la recurrida, al día siguiente a la instalación de la reja improvisada, pidiendo el retiro del muro de ladrillos y ofreciendo concurrir con los gastos; y que luego de eso su representada haya respondido negativa y caprichosamente ante tal petición, sin miramientos a la situación perjudicial a los vecinos. Dicha afirmación, además de no ser efectiva, al no comprobarse por medio alguno, es grave y delicada al acusar públicamente, mediante el presente recurso, una supuesta actitud altanera y arrogante de su representada respecto a sus vecinos. No es efectivo que la instalación de la reja haya ocurrido el día 25 de junio del presente año. Esto no es efectivo, toda vez que a mi parte consta que dicha instalación ocurrió con fecha 28 de junio de 2020, al ser informada por un comprador de una parcela que mi representada vendió, quien se constituyó en la zona el día 27 de junio con el fin de sacar fotografías del terreno que había adquirido. Momento en el cual fue divisado por vecinos, aparentemente los recurrentes, sintiéndose provocados en instalar la reja movediza improvisada. Dicho set de fotografías es acompañado en el primer otrosí, bajo la denominación “documento n°6”. Sin perjuicio de quedar suficientemente desarrollados los argumentos para rechazar el presente recurso de protección, y dilucidar la patente falta de fundamentos; en los párrafos siguientes se realizará una exposición de la situación existente la cual acreditará el Statu Quo existente y que se ha mantenido inalterable por años.
Luego refiere que nombre reservado es dueña de las propiedades que se individualizan como LOTE 2 y LOTE 1-B, ambos lotes provenientes de la subdivisión de la “HIJUELA A”, la cual formaba parte de la parcela número seis del proyecto de parcelación Ñuble alto, cuya inscripción dominical transcribe. Ambos terrenos deslindan entre sí en sentido Norte-Sur, correspondiendo al Lote 2, al lado Norte; y al Lote 1-B, el lado Sur. Añade que hasta el año 2003, ambas propiedades formaban un predio común, denominado “HIJUELA A”, del cual era propietario don nombre reservado; quién, con el ánimo de subdividir y vender los terrenos resultantes a futuro, dio origen a una servidumbre de paso constituyéndola de conformidad a la forma prevista en el artículo 881 del Código Civil, con la finalidad de facilitar a los predios que resultaren de las futuras subdivisiones y/o loteos, el acceso al camino público que hoy es “Calle Rosa, del sector Ñuble alto, comuna de Chillán, región de Ñuble.” La servidumbre corre por el lado oriental de los predios a que beneficia en sentido Norte-Sur. Dicha servidumbre, ha existido desde un uso prácticamente inmemorable, por más de 20 años. Incluso, tal referencia al tiempo es afirmada por la parte recurrente en el libelo, citando textual “Este canino de servidumbre ha usado desde a lo menos 20 años, incluso antes de las parcelaciones que le dieron origen”. Todo ello sin alteración ni modificación alguna hasta, incluso, la presente fecha. Hace presente que la referida servidumbre no se encuentra registrada como tal, debido a la manera en que se constituyó, y por la misma razón, no se indica la dimensión, ancho, que debe tener y mantener. Expresa que el camino servidumbre existía con anterioridad a cualquier construcción y obra, apreciándose, que la única salida y entrada de la servidumbre que conecta a los predios dominantes con el camino público, pasa absolutamente y en todo su trazado, por parte del predio LOTE 2 de propiedad de su representada. Luego, en el año 2007, se levantó un muro de ladrillos, también dentro de la propiedad de su representada, que fue construido cuidando no alterar la forma del camino servidumbre que ya estaba siendo utilizado, se construyó con la finalidad de marcar límites al menos por el lado ORIENTAL de la propiedad, la cual deslinda solo en una sección, con el camino público que se hace mención (hoy, calle Rosa del sector Ñuble Alto); No así en la restante sección, la que corresponde al lado SUR del muro de ladrillos, cuya figura no obedece a los límites estrictos de la extensión de la propiedad, y esto fue con el claro propósito de respetar el trazo del camino de servidumbre, sin alterar la forma que este ha mantenido desde su origen hasta la presente fecha. Es decir, el muro de ladrillos no diseña en su extensión, los límites SUR-ORIENTAL de la propiedad de mi representada (LOTE 2), sino que, resulta ser más estrecho que los verdaderos límites de la propiedad, con la finalidad de permitir, sin entorpecer ni alterar, la salida original y actual del camino servidumbre. De todo lo anteriormente señalado, se puede fácilmente concluir el Statu Quo que se ha mantenido inalterable por más de 20 años a la fecha, sin causar perjuicio a persona alguna, en todo aspecto humano, económico, individual y social, desde sus inmemoriales inicios.
En cuanto al informe de Carabineros señala tres errores de que adolece dicho respecto a la efectividad de los hechos:
1. EN CUANTO CROQUIS ELABORADO: Adolece de los siguientes errores.
(a)
Error en el señalamiento de los puntos cardinales: La ilustración indica que el portón en cuestión daría salida al terreno de la recurrida en dirección norte, cuando en los hechos, da salida en dirección hacia el Levante.
Es decir, el NORTE ilustrado corresponde al ESTE en la realidad; el ESTE ilustrado corresponde al SUR en la realidad; el SUR ilustrado corresponde al OESTE en la realidad; y, por último, el OESTE ilustrado corresponde al NORTE en la realidad. Todo lo cual se demostrará en el documento N°3 que se acompañan en el Primer Otrosí de esta presentación.
(b)
Individualización de los Lotes del predio situado al lado Sur del Lote 2 (en croquis, lado Este): La enumeración de los lotes no es correcta al no corresponder a la enumeración real que individualiza a los lotes.
(c)
Señalamiento del muro de ladrillos: Se incurre en el error de ilustrar la ubicación del muro de ladrillos en el croquis, como continuación de la línea limítrofe del lado SUR de la propiedad (ESTE según el croquis), cuando en la realidad, el muro mucho más estrecho con la finalidad de permitir el paso por el camino público hacia la servidumbre de paso. Corresponde entonces el límite SUR de la propiedad, la línea que es posible trazar al ser proyectada como continuación de la fila de álamos que marcan el límite SUR de la propiedad, tal como se puede apreciar en la fotografía individualizada como “DOCUMENTO N° 5 y 7”, que se acompaña en el Primer Otrosí de esta presentación.
2. EN CUANTO Al SET DE LAS FOTOGRAFÍAS:
(a)
FOTOGRAFÍA N°1: Indica que el muro de ladrillos se encuentra el exterior de la propiedad de la recurrida, lo cual es un error, ya que este, según el plano y los documentos acompañados, se encuentra AL INTERIOR de su propiedad, y la parte más externa de este, marca el límite de su propiedad con el camino público. En consecuencia, el muro de ladrillos no se encuentra sobre camino público.
Asimismo, y tal como anteriormente se señaló, dicha imagen se proyecta en dirección OESTE y no SUR como señala Carabineros.
(b)
FOTOGRAFÍA N°2: Indica que se ha tomado en dirección ORIENTE, cuando en realidad dicha imagen se proyecta hacia el NORTE. En la imagen se puede apreciar la servidumbre que se encuentra al interior y grava el predio que es también propiedad de la recurrida.
(c)
FOTOGRAFÍA N°3: Indica que se aprecia la reja perimetral que colinda con el muro de la propiedad de la recurrida. En esto se puede apreciar de inmediato un error, al no corresponde aquella reja a un cerco perimetral, sino una reja improvisada sobre la propiedad de la recurrida y que impide el libre tránsito y uso sobre la servidumbre de tránsito. Además, se puede apreciar de inmediato que no colinda con el muro de propiedad de la recurrida.
4º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese atributo.
5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
6º.- Que, en el caso de autos, los recurrentes señalan que son propietarios, cada uno, de sus respectivos lotes o inmuebles ubicados en la Parcelación Ñuble Alto de esta comuna, los cuales se encuentran favorecidos con una servidumbre de paso, de seis metros de ancho, que se encuentra vigente y no interrumpida en su uso por más de 20 años, constituyendo actualmente, el único acceso que tienen los actores para ingresar a sus predios. Añaden que en el acceso al camino de servidumbre, y sobre el camino público vecinal se encuentra emplazado un muro de ladrillos de 2,20 metros de alto por 7 metros de ancho, el cual fue construido por la recurrida, pese a los reclamos de los vecinos, quienes luego, transitaron por el predio de doña nombre reservado, quien el día 25 de junio de este año cerró su predio con una reja de fierro y malla, no habiendo, actualmente, un espacio para transitar en vehículo, por lo que el día 26 del mismo mes, se le requirió por los vecinos a la recurrida que retirase el muro, a lo que ésta se negó, negativa que, a juicio de los recurrentes, constituye un omisión arbitraria e ilegal, que amenaza su integridad física y psíquica, vulnera su derecho a realizar una actividad económica lícita y perturba su derecho de propiedad, garantías consagradas en los artículos 19 N°1, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que piden ordene a la recurrida retirar el muro de ladrillos en todo lo ancho que corresponda a la entrada del camino de servidumbre, despejando el acceso.
7°.- Que, a su turno, la recurrida sostiene, en síntesis, que no ha realizado ningún acto arbitrario o ilegal, sino que ha ejercido su legítimo derecho dominio por más de tres años, añadiendo que la supuesta vulneración que reclaman los recurrentes se produce por la instalación por parte de doña nombre reservado, de una reja movediza, el día 25 de junio, sosteniendo que ella no ha bloqueado el camino y que si bien existe una servidumbre, desde hace mas de 20 años, ella no la ha entorpecido, añadiendo que el muro de ladrillos fue levantado hace mas de 13 años, sin que hubiesen, por ello, reclamos de los vecinos, ya que, según indica, el aludido muro se encontraría dentro de su propiedad, por lo que no se encuentra emplazado en un camino público y no modifica el curso de la servidumbre, a tal punto que los actores adquirieron sus propiedades conociendo la situación existente. Añade que el recurso carece de un cómputo de plazo y que es infundado. Sostiene que no es efectivo que los vecinos le hubiesen requerido retirar el muro de ladrillo. A continuación, explica el contenido y origen de su propiedad, que la servidumbre de paso, si bien existe, no se encuentra registrada y que no se indica sus dimensiones. Reitera que el muro de ladrillos pasa en todo su trazado por el Lote 2, de su propiedad y que el muro se levantó en el año 2007, sin alterar el camino de servidumbre que ya estaba siendo utilizado, por lo que no vulnera derecho alguno, ni cuando se construyó, ni 13 años después, agregando que pareciera tratarse de un conflicto de índole limítrofe de propiedad, materia de fondo que no corresponde conocer en este recurso. En consecuencia, solicita que se rechace el recurso interpuesto.
8°.- Que, conforme lo expuesto por las partes, la controversia gira en torno a la existencia de un muro de ladrillos, que, a juicio de los recurrentes, la recurrida habría levantado en las afueras de su propiedad, obstruyendo un camino de servidumbre que favorecería a los propietarios de los predios dominantes, y que, al negarse a demoler dicho muro, habría incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, que amenaza y perturba las garantías constitucionales ya señaladas. La existencia del muro, si bien no se controvierte por la recurrida, se indica que no vulnera ningún derecho de los actores, pues se encuentra en terreno propio, amén de haber sido edificado hace cerca de 13 años, añadiendo que la acción que perturba el derecho de los actores es la de otra persona y que se trataría de un conflicto de deslindes, impropio de ventilarse en esta sede.
9°.-Que, resulta necesario en todo caso, analizar la oportunidad para la interposición del recurso, desde que los actores sostienen que sería la negativa de la recurrida para remover el muro, que se habría manifestado el día 26 de junio del presente año, la cual configuraría una omisión arbitraria e ilegal que priva o amenazas sus garantías constitucionales, y por ende, partir de ese momento, computan el plazo para interponer esta acción. Sin embargo, los mismos recurrentes narran en su libelo que el mencionado muro se habría levantado mucho antes, sin especificar una fecha exacta y que en dicha oportunidad ya se le había requerido a la actora que lo trasladase, dando ésta respuestas evasivas, pero además, agregan que en el año 2017, cuando comienzan a formalizarse las parcelaciones, el acceso de los recurrentes "quedó limitado al camino que bordea el citado muro de ladrillos", es decir, reconocen que el muro se había levantado aún antes del año 2017.
La recurrida, a su turno, sostiene que el muro fue edificado en el año 2007, dentro de su propiedad, y cuidando de no alterar la forma del camino que ya estaba siendo utilizado.
10°. Que, como se advierte, a pesar de lo expuesto por los recurrentes, no es la supuesta negativa de la recurrida a demoler el muro el hecho que motiva la interposición de recurso, sino que la existencia misma de él, ya que es su presencia en el lugar en que ellos señalan - en el supuesto camino de la servidumbre de paso-, lo que, de acuerdo a su versión de los hechos, vulneraría o amagaría sus garantía constitucionales. Y, como se ha expuesto en el considerando precedente, si bien no existe concordancia respecto de la fecha en que se edificó el muro de ladrillos, este ya existía, a lo menos, en el año 2017, esto es hace tres años. Asimismo, conforme se aprecia en las copias de las inscripciones de dominio que acompañaron los señores nombre reservado y nombre reservado, y nombre reservado, todos ellos adquirieron su respectivo lote en el año 2017, de modo tal que, a lo menos, en esa fecha, debieron tomar conocimiento de la existencia del muro y, respecto de la señora nombre reservado, ésta celebró el contrato de compraventa de su inmueble en el mes de junio del año 2019, de modo tal que, en dicha fecha, debió enterarse de la existencia de aquella edificación.
11°. Que, en consecuencia, todos los recurrentes tomaron conocimiento de la existencia del muro de ladrillos con una antelación muy superior al plazo de 30 días que señala el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, el cual establece que la mencionada acción debe interponerse "... dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos." 12°. Que, la posición sostenida por los recurrentes, en cuanto a que el motivo que funda su recurso es la omisión de la recurrida a demoler el muro, lo cual habría sucedido el día 26 de junio, no resulta plausible, desde que, como ya se ha señalado, el hecho que supuestamente vulnera sus garantías, es la existencia del muro en el lugar en donde se encuentra, y no la mera negativa de la señora nombre reservado a su destrucción. Pero además, debe recordarse que el plazo para interponer el recurso de protección es un plazo objetivo, es decir, es un término que debe comenzar a computarse a raíz de una acción u omisión que no quede sujeto a la voluntad del recurrente, sino que comience a correr en un mismo momento para todos a quienes afecta, y ello, ciertamente, que no ocurre en la hipótesis que sustentan los actores, ya que, de computarse el plazo desde la negativa de la recurrida a demoler el muro, implicaría que cada vez que se le requiera la demolición y ella se niegue, se generaría una nueva omisión, y por ende, un nuevo plazo para deducir el recurso, lo que resulta evidentemente inaceptable.
13° Que, en consecuencia, habida consideración que el recurso de protección fue interpuesto fuera del plazo que establece el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, éste se yergue como extemporáneo, lo cual conlleva, necesariamente, a que sea desestimado.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el interpuesto por la abogada doña Paola Vargas Vásquez, en representación de don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado en contra de doña nombre reservado.
Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.
En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.
Redacción a cargo del Ministro señor Darío Silva Gundelach.
ROL 1450 -2020-PROTECCION.-