nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Chillán, quince de abril de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Comparece el abogado Miguel Ángel Calderón Flores, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de San Nicolás y del Departamento de Educación Municipal de San Nicolas, ambas representadas legalmente por el alcalde de dicha comuna don nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que estima han vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como fundamento de hecho de la acción interpuesta refiere que, el recurrente fue contratado con fecha 31 de julio del año 2019, bajo la modalidad A CONTRATA por la Municipalidad de San Nicolás, a través del Departamento de Educación Municipal, DAEM, para cumplir funciones de docente en el Liceo Puente Ñuble de la referida comuna, y de los documentos que acompaña, sostiene que se acredita un vínculo ininterrumpido desde el 2019 a la fecha. Luego, con fecha 28 de noviembre de 2024, se emitió el decreto alcaldicio N°5681, que se pronunció en el sentido de no renovar la contrata del recurrente para el año 2025; de dicha resolución se repuso y fue dejada sin efecto, por decreto n° 5805, que se acompaña.

Sin embargo, con fecha 11 de febrero del año en curso, señala, recibió una carta certificada, con el Decreto N°6169 de 2024, que identifica como al acto arbitrario e ilegal contra el cual recurre; sosteniendo que, dicho acto se fundamenta en una serie de situaciones de facto que se le imputan al recurrente y que más bien son propias de una carta de aviso de término de contrato bajo los parámetros establecidos en el artículo 160 del Código del Trabajo más que en los fundamentos administrativos de la no renovación de una contrata, sumándose, la errónea invocación al principio de confianza legítima, al tener más de cinco años de continuidad.

Expone que, el acto anteriormente singularizado, es ilegal al contravenir el inciso final del artículo 87 del Estatuto Docente, siendo extemporánea la notificación realizada con fecha 07 de febrero de 2025, sumado a la falsedad de las recurridas en que el recurrente no tiene cinco años de contrata, habiéndose acreditado la antigüedad laboral, con el certificado de la misma recurrida acompañado donde consta el inicio de la contrata el 31 de julio de2019, es decir, que el recurrente se encuentra amparado por el principio de confianza legítima desde el día 01 de agosto de 2024. Luego, al acto también sería arbitrario, porque contradice lo previamente resuelto, a través del Decreto N°5805, vulnerándose el principio de no contradicción y certeza jurídica.

Por otra parte, señala que, al recurrente lo protege el principio de estabilidad en el empleo que consagra nuestro sistema laboral, sumado al estatuto docente, al ejercer funciones de profesor y docente de aula; añade que, a la luz de la reciente ley Karin, su empleador tiene un abanico de herramientas que manifiestan sus facultades disciplinarias, como amonestarlo verbalmente, amonestarlo por escrito, multarlo, trasladarlo a otro establecimiento de la comuna o darle una anotación de demérito, todas medidas más proporcionales y razonables antes de la que ha determinado, siendo la desvinculación de ultima ratio.

En el derecho, señala como vulneradas las siguientes garantías constitucionales: la igualdad ante la ley, del artículo 19 n° 2; la libertad de trabajo y su protección, del artículo 19 n° 16; el derecho de propiedad, del artículo 19 n° 24, todos de la Constitución Política de la Republica.

Finaliza solicitando a esta Corte, acoger el recurso contra las recurridas ya individualizadas, y se deje sin efecto el Decreto N°6169 de fecha 31 de diciembre de 2024 notificado al recurrente con fecha 11 de febrero de 2025, con costas.

2°.- Al informar el abogado Carlos Arzola Burgos, en representación de la Municipalidad de San Nicolas, refiere en primer término como no efectivo que haya existido un vínculo ininterrumpido desde el año 2019 hasta la actualidad; pues, el recurrente fue contratado desde julio de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019 y posteriormente, esto es dos meses después, fue contratado desde marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2025, no existiendo continuidad entre las referidas contratas.

Señala como efectivo que, con fecha 28 de noviembre de 2024, se emitió un decreto alcaldicio bajo el N°5681, cuyo contenido y objeto es determinar la no renovación de la contrata en la dotación docente municipal para el año 2025 al profesional de la educación don nombre reservado, interponiendo el mismo, un recurso de reposición. Posteriormente, con fecha 03 de diciembre de 2025 la autoridad edilicia, de la época, emitió un nuevo decreto bajo el N°5805 en el que se acogió la reposición y se dejaba sin efecto el primigenio decreto N°5681. No obstante, el alcalde de la época no requirió antecedente de ninguna naturaleza, ni dio traslado de la referida reposición al Director del Establecimiento don nombre reservado, ni al Director del DAEM, de quienes dependía directa y jerárquicamente el docente recurrente, procediendo a acoger la reposición, sin mayores fundamentos. Posteriormente, con fecha 31 de Diciembre del 2024 el Director del Establecimiento y del DAEM, ofician al Alcalde reiterando solicitud de no renovación de los docentes que indica, entre los que se encuentra el Sr. nombre reservado, por las razones y fundamentos que incorpora en su solicitud. En vista de lo anterior, el Alcalde procedió por medio del Decreto N°6169 de 2024, a dejar sin efecto el decreto N°5805.

De lo anterior, y citando la letra d) del artículo 72 de la ley 19.070, sostiene que, el acto recurrido se encuentra debidamente fundado, y aun sin él, por el solo transcurso del plazo su contrata de todas maneras hubiera terminado el 28 de febrero de 2024; luego, hace referencia a los artículos 7, 7 bis, y 70 de la citada ley, para plantear que el actuar del Director del establecimiento y el acto recurrido cumple con todos los estándares constitucionales y legales, y se funda en criterios exclusivamente técnicos pedagógicos y profesionales, transcribiendo latamente los fundamentos de la resolución recurrida.

A continuación, y para sostener que no cumple el recurrente os requisitos necesarios para tener confianza legitima de su contratación, desarrolla las diversas contratas que ha tenido desde el año 2019; decreto 2730, contratado, entre el 31 de julio del año 2019 y el 31 de diciembre de 2019; decreto 2731, contratado, entre el 31 de julio del año 2019 y el 31 de octubre de 2019; decreto 3785, contratado, entre el 01 de noviembre del año 2019 y el 31 de diciembre de 2019; decreto 3786, contratado, entre el 01 de noviembre del año 2019 y el 31 de diciembre de 2019; en dicha fecha sus servicios concluyeron y consistieron en labores desarrolladas en el Liceo Técnico Puente Nuble.

Luego, mediante los decretos N° 624 y 646, fue contratado, desde el 01 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021; decreto n° 511 y 535, contratado desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022; decreto n° 789, contratado desde, el 01 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023; decreto n° 1025, contratado desde el 01 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024; decreto n° 1148, contratado desde el 01 de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025; labores a desarrollar como docente en el Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Puente Ñuble San Nicolás.

Así las cosas, sostiene como evidente, que el recurrente presto servicios en la modalidad de contrata en virtud de los decretos indicados más arriba, concluyendo el último de ellos en febrero del año 2025, de manera ininterrumpida y cumpliendo las mismas funciones en el mismo establecimiento por el lapso de 5 años, esto es desde 01 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2025. Y que, con anterioridad a estos periodos el recurrente presto servicios a consecuencia de vacantes temporales en virtud de diversos contratos, con un número de horas y funciones diversas, pagados con fondos con un origen especifico, luego, entre el 31 de julio de 2019 y 31 de diciembre de 2019, no tuvo vinculo de ninguna naturaleza con la Municipalidad que le diera continuidad exigida. En este sentido cita diversos dictámenes de la Contraloría General de la República.

Concluye, sosteniendo la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, habiendo sido debidamente fundado y dictado por la autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones legales, en consecuencia, solicita a esta Corte tener por evacuado el informe, y el rechazo de la presente acción con costas.

3°.- A folio 15, la recurrida Departamento de Educación Municipal de San Nicolás se adhiere íntegramente a lo ya informado por el abogado recurrido.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7º.- Que, lo alegado en síntesis por la recurrente, es por no haberse renovado su contrata, pese a concurrir la legítima confianza que así ocurriría, y además por no notificársele, con la antelación debida, dada su condición de docente, de aquello.

La recurrida, por su parte, niega la existencia de los requisitos de la confianza legítima en la persona del recurrente, así como, la necesidad de notificarle con cierta antelación adicional.

8º.- Que, conforme al mérito de los decretos de nombramiento acompañados, y a lo expuesto por las partes, resulta claro, que el actor fue nombrado a contrata, para desempeñarse como docente del Liceo Puente Ñuble de San Nicolás, entre el 31 de julio de 2019 y el 31 de diciembre del mismo año. Luego, se le designó ininterrumpidamente, en el mismo cargo, desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2025.

9º.- Que, si bien, la cuestión acerca del plazo necesario para asistirle a un funcionario, que se ha vinculado a través de contratas anuales con la Administración, la confianza legítima, acerca de su renovación y mantención, fue objeto de diversas interpretaciones, ya está asentado, hace algunos años, que se requieren, al menos 5 años, (en este sentido, por ejemplo, sentencia Corte Suprema, rol 26.131-2023). Y lo cierto, es que el recurrente no cumplió con el plazo referido, pues, por una parte, después de las designaciones de julio a diciembre de 2019, medió una interrupción, por lo que no pueden computarse y de otro lado, desde marzo de 2020, no se alcanzó a completar el quinquenio exigido por la jurisprudencia vigente.

10º.- Que, en lo que dice relación al otro reproche formulado, acerca de la falta de la antelación necesaria prevista en el artículo 87 del estatuto docente, cabe anotar, que dicha norma, se refiere a la desvinculación de un docente que se encuentre contratado por el Código del Trabajo, y es despedido por ciertas causales de esa codificación, de modo, que no se aplica al caso, como el de autos, en que se decida la no renovación de una contrata anual. Así, para el caso en estudio, rige lo establecido en el artículo 72 del mencionado estatuto docente, que prevé, como una forma de término de la vinculación de un docente del sector municipal, al término del periodo por el que se efectuó el contrato, que fue justamente lo ocurrido en autos, sin exigir que la comunicación de no renovación, se haga con una antelación de 60 días al inicio del año escolar.

11º.- Que, por último, en lo que se refiere al hecho de haberse dictado primero, un decreto (5681), disponiendo la no renovación, luego, un segundo (5805), que acogió una reposición, y dejó sin efecto el anterior, para finalmente llegar al último, (6169), que nuevamente dispone la no renovación, debe subrayarse, que se trata de una figura que no es arbitraria, como se dijo, pues, fundó, el último de ellos, de manera detallada, los motivos que condujeron a tomar la decisión, principalmente la petición de insistencia del Director del establecimiento educacional, así como del Director del DAEM, dando cuenta de los resultados obtenidos por el recurrente en la evaluación respectiva. Además, es útil destacar, que al acogerse la reposición referida y dejarse sin efecto el primero de los decretos, no se dispuso además la renovación de la contrata del actor, por lo que no se generaron en él, dichas expectativas, sino que sólo, provisoriamente, se dejó sin efecto la primera comunicación de no renovación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Miguel Ángel Calderón Flores, en representación de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de San Nicolás y del Departamento de Educación Municipal de San NicolasNotifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Sr. Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 145-2025-Protección.