nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, treinta de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, chilena, profesora de educación básica mención inglés, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Chillán, nombre reservado 69.140.900-7, persona jurídica de derecho público representada legalmente por su Alcalde don Camilo Benavente Jiménez, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refiere en los hechos que en su calidad de profesora de educación básica mención inglés, pertenece a la dotación docente de la comuna de Chillán desde el 1 de marzo de 2011, por lo que se rige por el Estatuto Docente, Ley 19.070, habiendo adquirido la titularidad el 31 de enero de 2015 con 23 horas, impartiendo la asignatura de inglés en la Escuela 27 de Abril perteneciente la Municipalidad de Chillán. Plantea que durante los primeros días de diciembre de 2021 algunos colegas le señalaron que habían escuchado rumores de que sería trasladada de establecimiento, específicamente a la escuela nombre reservado, que pertenece al mismo sostenedor, por lo que concurrió donde el Jefe de RR.HH del DAEM de Chillán para que le señalara la veracidad o falsedad de tales rumores y se le notificara de manera formal, en caso de ser cierto, a objeto de iniciar las acciones pertinentes, sin embargo no le dio respuesta alguna. Plantea que el 13 de diciembre de 2021, en Consejo de Profesores, preguntó directamente a su superior, la profesora encargada de la escuela señora nombre reservado, si sería cambiada del establecimiento educacional o sólo era un falso rumor, a lo que le respondió que sí sería trasladada y que la razón de dicho cambio era que, o se iba ella o me iba yo, pero que ambas ya no podíamos estar en el establecimiento, y que ella había mandado un escrito para que fuese trasladada, sin darle respuesta técnica-pedagógica para la destinación y mayores antecedentes, como por ejemplo, su supuesta nueva Unidad Educativa. Añade que el 20 de enero del año en curso, mediante correo electrónico enviado por la funcionaria del DAEM nombre reservado, se le notifica el Oficio N° 515 / 2022 Chillán, de 19 de enero del 2022, por la cual se le comunica de su traslado, detallando que el fundamento de la Municipalidad (en la que se configura la causal de adecuación 1 del artículo 22 del Estatuto Docente, esto es “Variación en el número de alumnos del sector municipal de una comuna” norma que ni si quiera mencionan) para tomar la medida, es que por la baja en el número de alumnos se ve obligada a proyectar solamente los cursos que tengan la matricula suficiente para justificar su mantención, por lo que se entiende que los cursos que tengan una matrícula deficiente no se mantendrán, produciéndose por este motivo un excedente de horas en docentes titulares, configurándose la adecuación. Expresa que en el PADEM nada se dice, pues tiene 23 horas de excedente, es decir, el total de sus horas, ya que al ser la única docente de la asignatura de inglés del establecimiento, además de ser titular, para que se produzca un excedente de tal magnitud debería eliminarse o no mantenerse derechamente la asignatura o todos los cursos del establecimiento, lo que es imposible, a menos que la escuela se cierre o fusione, lo que es claro no ha pasado.

Plantea que la destinación de los profesionales de la educación, por decisión unilateral de la autoridad, sólo se puede realizar a consecuencia de la adecuación anual de la dotación docente, realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 19.070, esto es, variación en el número de alumnos, modificaciones curriculares, cambios en el tipo de educación que se imparte, fusión de establecimientos educaciones y reorganización de la entidad de administración educacional-, las que comenzarán a regir a contar del inicio del año escolar siguiente, y deberán estar fundamentadas en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. De acuerdo a los argumentos señalados anteriormente, en la especie, se puede constatar que la destinación en comento no tiene justificación, en cuanto no hay elementos facticos que acrediten o provoquen un excedente del total de sus horas, trayendo como consecuencia que su destinación a otro establecimiento sea un acto ilegal y arbitrario de su empleador, que afecta sus garantías constitucionales, protegidas por la Constitución, en este caso, el derecho a la integridad física y psíquica, y la igualdad ante la ley. Detalla que en el caso de marras, su integridad psíquica se ha visto amenazada y perturbada, por cuanto se le está trasladando de manera ilegal y arbitraria del establecimiento educacional en que ha desarrollado funciones los últimos 9 años, producto de un acto ilegal y arbitrario de su empleador y el mero capricho de su superior de que no esté más en la escuela. Considera que al no estar justificada su destinación y declaradas excedentes sus horas como en derecho corresponde, a todas luces constituye un acto en virtud del cual se establece una diferencia arbitraria a su persona respecto a los demás docentes que se han visto destinados o mantenidos en sus unidades educativas de la manera como establece la ley.

Termina solicitando que, en mérito de los fundamentos de hecho y derecho expuestos, habiendo tomado conocimiento del acto arbitrario e ilegal el pasado 20 de febrero, y en consideración a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, solicita se tenga por interpuesta acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de Chillán, representada legalmente por su Alcalde Camilo Benavente Jiménez, ya individualizado, ordenarle que informe en el plazo que se establezca, ordenar que se restablezca el imperio del derecho, así como sus garantías vulneradas y, en definitiva, la recurrida deje sin efecto la declaración de excedente de sus 23 horas y su destinación a la Escuela Juan Madrid Azolas, ordenando a su empleadora mantenerle en su actual unidad educativa, con la misma carga horaria, cursos y asignatura, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa Alejandra Jiménez Constanzo, abogada, por la Municipalidad de Chillán, solicitando el rechazo en todas sus partes, de la presente acción constitucional.

La letrada, luego de resumir la presentación de la recurrente alega la inadmisibilidad del recurso por versar éste, en materia de lato conocimiento, ya que a su entender lo discutido en autos excede con creces la finalidad y objetivo específico y determinado que tiene la acción cautelar, desde que la recurrente plantea una controversia sobre la procedencia o no de una modificación a sus condiciones de trabajo, materia que es de lato conocimiento, y sin duda, objeto de un procedimiento ordinario laboral en los términos del artículo 420 del Código del Trabajo, letra a), debiendo tenerse presente lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 19.070.

Una segunda alegación es la extemporaneidad de la acción constitucional, la que sustenta en el hecho que, conforme al relato, el hecho ilegal o arbitrario que le causaría la vulneración de sus derechos constitucionales se habría consumado al momento de aprobarse el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) para el año 2022, lo cual ocurrió el día 15 de noviembre del año 2021 y es desde ese momento en que debe contabilizarse el plazo, puesto que ese es el momento en que el documento pasa a ser público y conocido para toda la comunidad comunal. En tal sentido indica que el recurso fue presentado el 19 de febrero de 2022, es decir, excediendo el plazo fatal de 30 días, el cual venció con fecha 15 de diciembre de 2021. Añade que la misma docente reconoce en su libelo que es a través del PADEM que se hace efectivo el cambio de destino, como consecuencia de la fijación de la adecuación anual de la dotación. Producto de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, que establece claramente que éste debe ser deducido dentro del plazo de 30 días corridos, y dado justamente que se trata de un plazo de carácter fatal, el presente recurso debe ser desestimado o declarado inadmisible, por extemporáneo.

En cuanto al fondo la letrada, luego de referirse a los datos laborales de la actora y transcribir la normativa aplicable al caso, a saber, artículo 25 del D.F.L. N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifica, artículo 22 y artículo 42, manifiesta que la destinación se fundó en el Plan Anual de Desarrollo Comunal de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Chillán del año 2022, aprobado por sesión de Concejo de fecha 15 de noviembre de 2021, insistiendo en que se planificó su destinación, cumpliendo con todos los requisitos. Añade que esta destinación, además, fue informada mediante Oficio a la profesional durante el mes de enero de 2022, instancia en la cual el docente corroboró la no continuidad en la Escuela 27 de Abril, manifestando de inmediato su disconformidad. Que, no obstante, cabe tener presente que la situación ya había sido dada a conocer a la comunidad educativa con fecha 30 de septiembre de 2021, fecha en que se publica la primera versión del PADEM 2022, y se confirma con fecha 15 de noviembre de 2022, fecha en que se aprueba por el Concejo Municipal y se publica, haciendo presente que, desde el día 30 de septiembre de 2021, fecha en que se da a conocer la primera versión del PADEM, las partes tienen 30 días para hacer observaciones o formular peticiones, lo que para el caso de la hoy recurrente no sucedió. Expresa que no es posible dejar sin efecto la destinación realizada, debido a la necesidad de cubrir las horas de la asignatura de inglés es la Escuela Básica Juan Madrid Azolas, así como el hecho que la docente se encuentra haciendo uso de licencia médica, por lo que no ha concurrido al nuevo establecimiento al inicio del año escolar.

En lo referente a las garantías constitucionales manifiesta que no se vislumbra de qué forma un procedimiento legalmente tramitado, en el cual se han cumplido todos los pasos exigidos por la ley, pueda vulnerar la integridad psíquica del recurrente, el proceso regulado por ley, conforme a la normativa estatutaria vigente, y tampoco ha sido nunca la intención del municipio afectar a la integridad física y/o psíquica de sus funcionarios. Añade que respecto de la hoy recurrente la entidad edilicia siguió todos los pasos consagrados en la ley, y dentro de las facultades que el Estatuto del ramo contempla, por lo que en las diversas modificaciones que se realizaron para el año 2022 en la dotación comunal, la Municipalidad de Chillán no vulneró en ningún momento, la garantía de igualdad ante la ley.

Termina solicitando que, en mérito de lo señalado, y lo dispuesto en el en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se tenga por evacuado el informe requerido dentro del plazo legal y, en definitiva, se deseche el recurso de protección interpuesto.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, amenace o perturbe atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida en orden a que la presente acción constitucional sea declarada inadmisible por extemporánea, ello será desestimado, toda vez que conforme lo ha sostenido invariablemente tanto la doctrina, como la jurisprudencia del máximo tribunal, tratándose de actos que producen efectos permanentes, como lo es el denunciado en la especie, de momento que se trata de una destinación laboral, no procede acoger dicho capítulo de alegación o defensa.

7º.- Que, en lo que respecta al fondo de la acción deducida, y de acuerdo al relato contenido en el libelo, es posible advertir que lo que la recurrente considera como ilegal y arbitrario es el Oficio Nº 515/2022, expedido por la Municipalidad de Chillán, y por medio de la cual se le comunica su traslado desde la escuela “27 de Abril”, perteneciente a la Municipalidad de Chillán, hacia la escuela ”nombre reservado”, también dependiente del municipio chillanejo, sosteniendo en su presentación que la determinación así adoptada es arbitraria e ilegal, y que afecta sus Garantías Constitucionales protegidas por la Carta Fundamental, en la especie, la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad física y psíquica, pues se ha visto amenazada y perturbada al trasladársele de manera ilegal y arbitraria del establecimiento educacional en que ha desarrollado funciones los últimos nueve años, lo que a su criterio no estaría justificado, y que por ende, obedecería sólo al capricho de su Superior en orden a que no permanezca más en dicho establecimiento educacional.

8º.- Que, la recurrida en el informe de rigor, refiere que el traslado o destinación se fundamenta en lo establecido en el artículo 25 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Educación, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070, sobre Estatuto de los profesionales de la Educación, señalando al efecto que el artículo 22 del texto legal en análisis, contempla la posibilidad de que los municipios o corporaciones fijen la dotación docente de cada comuna, mediante el Plan Anual de Desarrollo Comunal de Educación (PADEM, aduciendo en consecuencia haber actuado conforme al señalado Plan de Educación, como asimismo, en virtud de lo preceptuado en el art. 42 del Estatuto Docente, disposición legal ésta que contempla expresamente la posibilidad de traslados o destinación de los docentes, por lo que su actuar no sería arbitrario ni ilegal.

9.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil consignar, en lo que al recurso interesa, que el art. 42 de la Ley 19.070, preceptúa que los Profesionales de la Educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimiento educacionales dependiente de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud del interesado o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, y sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional.

En relación a lo anterior, pertinente es señalar que la disposición legal antes transcrita no hace sino hacer suyo o recoger el principio que la doctrina laboral ha definido como “Ius Variandi”, contenido en el artículo 12 del Código del trabajo el que autoriza al empleador a cambiar el recinto o lugar de trabajo, siempre que se trate de labores similares, dentro del mismo lugar o ciudad, y sin que ello importe menoscabo para el trabajador.

10.- Que, en consecuencia, y conforme lo razonado en los motivos anteriores, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto del recurso, toda vez que la Municipalidad de Chillán, al disponer el traslado de la recurrente a otro establecimiento educacional dentro de la misma comuna, ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y dentro del ámbito de su competencia, enmarcándose su accionar en los artículos 22 y 42 de la Ley 18.970, todo lo cual excluye la posibilidad de tipificar como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, conclusión ésta que lleva necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Chillán, representada legalmente por su alcalde don Camilo Benavente Jiménez.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección. Regístrese, y hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL N° 145-2022-PROTECCIÓN.