Recurso de protección

Chillán, quince de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos: 1°.- Que, comparece la abogada doña Carolina Valeria Ovalle Seguel, en representación de doña nombre reservado e interpone acción constitucional de protección a favor del hijo de su representada, Borja, en contra de doña nombre reservado, Rectora y representante del Colegio nombre reservado; de doña nombre reservado, Inspectora General y doña nombre reservado, Encargada de Convivencia Escolar, ambas del colegio señalado, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario al aplicarse la medida de cancelación de matrícula del alumno Borja, vulnerando las exigencias del debido proceso, afectando el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica e igualdad ante la ley.

Señala que el 16 de noviembre de 2023 su representada, por iniciativa propia, comparece al Colegio nombre reservado, con el propósito de tomar conocimiento del desarrollo y aplicación, a su hijo Borja, del Reglamento Interno de dicho establecimiento, artículo 52, Protocolo N° 13, “De Acción Frente Al Porte Y Uso De Arma Blanca”, y de la aplicación de la ley 21.128, sobre Aula Segura, siendo atendida por las recurridas.

Agrega que, conforme consta en certificado y notificación de 5 de octubre de 2023, se habría activado el protocolo de la ley 21.128 sobre Aula Segura, conforme al relato de una profesora, presuntamente recabado el 2 de octubre de 2023, el que reproduce en el libelo, añadiendo que, posterior a ello, además de adoptar la medida de suspensión del estudiante por 10 días, se citó al padre del estudiante, que no es su apoderado, sino su representada, quien por razones laborales no pudo asistir a la reunión convocada por las autoridades del colegio.

Hace presente que su representada solicitó una nueva fecha, la cual no le fue otorgada, aun estando en conocimiento el establecimiento que el padre se ha mantenido periférico y ajeno a la crianza y protección del estudiante. Por otro lado, indica que la recurrente se vio compelida a restarse de la reunión, con el propósito de resguardar su trabajo, toda vez que es ella quien suple en mayor porcentaje las necesidades materiales y espirituales de su hijo.

Refiere que el 24 de octubre de 2023 se dictó la primera resolución de rectoría imponiendo la sanción de cancelación de matrícula del alumno Borja para el año 2024; que dicha resolución no se encontraba debidamente firmada por doña nombre reservado; que carece de toda relación de los hechos, no invoca las pruebas consideradas, ni de manera prolija las normas legales en que se funda, ni los medios de defensa que puede ejercer la apoderada por su hijo.

Agrega que la segunda resolución se emitió, presuntamente, luego de haber oído al Consejo de Profesores; que presenta los mismos defectos que la anterior y que al mismo tiempo, de manera vaga y poco precisa se indica que el Consejo de Profesores, en votación dividida, pero “por mayoría”, ratificó la medida de cancelación de matrícula sin señalar cómputo exacto, ni acompañar acta que dé cuenta de los informes tenidos a la vista, de los argumentos expuestos y de la forma de ponderación de los antecedentes, siendo notificada dicha resolución a la recurrente el 16 de noviembre de 2023, poniendo término al procedimiento sancionatorio.

Indica que en reunión de 16 de noviembre de 2023, se solicita a las autoridades del establecimiento revisar el expediente completo del procedimiento iniciado por Rectoría, negándosele dicha posibilidad a la apoderada, comprometiéndose, sin embargo, a remitir el expediente durante la semana entre los días 20 a 24 de noviembre del mismo año, lo que no sucedió, sino que se le remitió un informe del procedimiento el 1 de diciembre de 2023, que no contiene las piezas del mismo, constancia de notificaciones, fechas precisas ni fundamentaciones adecuadas para justificar de qué manera la infracción que se imputa al estudiante Borja, afectó gravemente la convivencia escolar.

Afirma que el procedimiento no se llevó de manera correcta conforme a las disposiciones del artículo 67 del Reglamento Interno del Colegio nombre reservado, no respetándose los principios de presunción de inocencia y bilateralidad, ni el derecho a presentar pruebas, invocándose como argumento por la autoridad del colegio una supuesta renuncia a apelar que habría ejercido el padre, señalando a la madre al momento de formular sus descargos y solicitar reconsideración de la medida, que admitir dicha presentación era una especie de concesión por parte de la autoridad escolar, sin reconocerse como un derecho, negándole la posibilidad de rendir prueba (salvo la documentación presentada junto a la solicitud de reconsideración), señalando que el reglamento interno contempla un plazo de 5 días para solicitar reconsideración, cuando la ley 21.128 en realidad establece un plazo de 15 días.

Afirma que, conforme a la aplicación del protocolo, el establecimiento aplicó la sanción más gravosa consistente en la cancelación de la matrícula para el año 2024, causando un grave perjuicio al estudiante, debido a que pertenece al Programa de Integración Escolar, por presentar Trastorno Desatencional Hiperactivo, Trastorno Limítrofe y Trastorno Conductual Adaptativo, diagnósticos en conocimiento de los profesionales competentes del colegio nombre reservado. Agrega que, además, se ha confirmado el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. Indica que, sin perjuicio de tales circunstancias, el colegio, al formular acusación no implementó medidas de apoyo pedagógico y psicosocial, por lo que no habría resguardado el interés superior del niño, niña y adolescente, principio que se debe tener en especial consideración cada vez que la autoridad, pública o privada, adopte cualquier decisión que afecte a menores de edad; que no se respetó el derecho del adolescente a ser oído dentro del procedimiento que tuvo por objeto acreditar la infracción y aplicarle la sanción más gravosa del reglamento, vulnerando el respeto consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; que fue directamente suspendido durante 10 días, sin que la autoridad escolar haya tomado contacto con él para escuchar su versión de los hechos, quedándose sólo con la versión relatada por el estudiante a la profesora denunciante.

Expone que el establecimiento se encuentra en pleno conocimiento de que el hijo de la recurrente es un alumno que requiere cuidadosas medidas y apoyo en su proceso de aprendizaje y de desarrollo conductual, por lo que la cancelación de su matrícula atenta contra lo dispuesto en el artículo 6 del DFL 2 del Ministerio de Educación de 1998, modificado por la ley 21.128. Así, si se materializa la cancelación de matrícula, al haber culminado el sistema de admisión escolar para el año 2024, quedaría en desamparo, privado del derecho constitucional de acceder a la educación, del artículo 19 número 10 de la Constitución Política de La República, lo que se ve dificultado en consideración a sus necesidades educativas especiales, y el escaso apoyo recibido en este proceso por parte del establecimiento educacional, lo que vulnera su salud mental e integridad psíquica, presentando profundos sentimientos de culpa y rechazo, debiendo aumentar la frecuencia de asistencia psicológica y evaluaciones médicas para comenzar su proceso de medicación. Hace presente lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 21.545.

Manifiesta que el 30 de noviembre de 2023 se ingresó denuncia ante la Superintendencia de Educación de la Región de Ñuble, a fin de solicitar la revisión de la correcta aplicación del procedimiento disciplinario y de las disposiciones de la ley 21.128 sobre Aula Segura. Sin embargo, señala que dicho órgano no tiene las facultades de intervenir, revisar o revertir, la decisión adoptada por el Colegio nombre reservado sobre cancelación de matrícula del alumno, cuestión que aclaró expresa y verbalmente la funcionaria nombre reservado, quien recibió la denuncia, y que la revisión solo refiere a la formalidad del procedimiento, y que podría tener una duración de hasta seis meses.

Sostiene que la decisión adoptada por el Colegio nombre reservado al cancelar la matrícula para el año 2024 al alumno Borja es ilegal, por infringir el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, y consecuentemente lo dispuesto en la ley 21.128 sobre Aula Segura, transgrediendo las reglas del procedimiento racional y justo que debe preceder a la aplicación de una medida disciplinaria como la cancelación de matrícula, destacando que el alumno se encuentra adscrito al Programa de Integración Escolar, con los diagnósticos mencionados precedentemente. Además de lo anterior, refiere el diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista, que la madre y apoderada puso en conocimiento de las autoridades, cuyo diagnóstico fue tardío debido a que la madre no tenía los recursos económicos para costear la batería y aplicación del test, debiendo pedir un préstamo a su empleadora para confirmar la existencia del mismo. Sin perjuicio de ello, el establecimiento educacional no reconsideró la medida de cancelación, dejando fuera de la escolaridad al alumno para el año 2024, vulnerando las disposiciones de la ley 21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación; lo que es aún más grave si se toma en consideración que el sistema de admisión escolar para el presente año 2024 ha culminado.

Añade que, además, la decisión fue arbitraria, al no oír al alumno para dar su versión de los hechos y motivaciones, considerando sólo lo declarado por el alumno cuando fue presuntamente sorprendido por su profesora de inglés en clases, que además, se privó a la madre y apoderada de asistir a la citación del colegio, entrevistando al padre, aun cuando la recurrente había solicitado una nueva citación, siendo denegada; y que no se le permitió revisar el expediente del procedimiento sancionatorio. Asimismo, las resoluciones que aplican las medidas disciplinarias no se encuentran debidamente fundadas, al no contener un relato circunstanciado de los hechos, no señalar los medios de prueba empleados para acreditar la falta gravísima imputada al estudiante, no se encuentra, una de ellas, debidamente firmada por la Rectora, no señalar medios de defensa que puede emplear y ejercer la apoderada en favor del estudiante. Además, el reglamento interno señala que el plazo para pedir reconsideración es de 5 días, cuando en realidad, conforme a la ley, es 15 días. En reunión del 16 de diciembre de 2023, en la que la abogada recurrente estuvo presente, las autoridades del Colegio indicaron expresamente que la recepción de los descargos y reconsideración presentados por ella habría sido una especie de “concesión”, ya que no se habría presentado a las reuniones convocadas, sin considerarlo como el ejercicio de un derecho en tiempo y en forma.

Detalla como infracción de garantías, el artículo 19 número 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, al no haberse respetado las garantías de un debido proceso, aplicándose la sanción gravosa. También el artículo 19 número 10 por no acatarse el derecho a ser oído por el estudiante y no otorgar la posibilidad de rendir prueba, de manera que el numeral 3° inciso quinto del mismo artículo ha de aplicarse extensivamente a todo procedimiento, incluso a uno de carácter no jurisdiccional, especialmente si conduce a la imposición de una privación, como es el caso. Asimismo, estima vulnerada la igualdad ante la ley del artículo 19 número 2 con relación a la ley 21.545, que busca resguardar el derecho a la igualdad de oportunidades y la educación social de los niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación. De esta manera, al aplicar la medida de cancelación de matrícula a un alumno con este diagnóstico, se le está privando el acceso efectivo a su derecho a educarse, a dar continuidad a su proceso educativo y de acceder al sistema de escolarización sin dificultades, en circunstancias y en una fecha en la que el proceso de admisión escolar se encuentra cerrado, sin considerar sus especiales requerimientos. Conjuntamente, se afecta la integridad psíquica de la persona del artículo 19 número 1, debido a que la medida adoptada ha afectado el equilibrio y bienestar del alumno, quien ha presentado inestabilidad excesiva, sentimientos de culpa y desánimo exacerbado, iniciando evaluación psiquiátrica para tratamiento farmacológico. Por último, estima vulnerada el derecho de propiedad atendida la medida de cancelación de matrícula, sobre la condición de alumno, que importa sentirse perteneciente a una comunidad escolar, con todas sus seguridades y bondades, amén del prestigio que ello representa, sobre la progresión en los niveles, grados y cursos, de manera que satisfechos que sean los requisitos impuestos por la preceptiva interna y externa, se obtenga la promoción al grado superior y, así, sucesivamente; y sobre la graduación, explicado como la posesión lejana de un título o certificado.

Finaliza solicitando se acoja el recurso de protección y se ordene dejar sin efecto la cancelación de matrícula de impugnada, con expresa condena en costas. 2°.- Que comparece el abogado don Eduardo Peñafiel Peña, en representación de la recurrida, informando el recurso y solicita su rechazo.

Primeramente señala que la Ley N°21.128, conocida como Ley Aula Segura tiene como propósito ampliar las facultades disciplinarias del personal directivo de los establecimientos de educación pública, particular subvencionada y particular pagada, haciendo más expedito el proceso de imposición de las medidas de expulsión y cancelación de matrículas cuando un estudiante afecte gravemente la convivencia escolar, debiendo garantizarse el debido proceso y la continuidad de estudios del estudiante expulsado.

Indica que, para que los establecimientos de enseñanza puedan impetrar el beneficio de la subvención, deben cumplir con los requisitos establecidos en el DFL N°2 de 1998, del Ministerio de Educación, entre los que se encuentra contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados, el que deberá señalar las normas de convivencia en el establecimiento, incluyendo expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.

Agrega que son hechos que afectan la convivencia escolar y que posibilitan la aplicación de la Ley Aula Segura los siguientes: a) Que el acto sea cometido por cualquier miembro de la comunidad educativa (profesores, padres, madres y/o apoderados (as), alumnos (as), asistentes de la educación). b) Que el acto cause daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento. c) Los actos han de consistir en agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios o aquellos actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

Precisa que, distintas Cortes de Apelaciones y la Tercera Sala de la Corte Suprema, poseen una larga experiencia conociendo recursos de protección por cancelación de matrículas escolares donde los padres y/o apoderados denuncian vulneración de garantías constitucionales de sus hijos. En los casos, en que los recursos fueron desestimados el criterio base para ello es que el establecimiento se ajustó al manual de convivencia, es decir, se reconoció la autonomía en la potestad sancionatoria cuando se ha obrado conforme a una normativa previamente establecida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

Frente a la acción de protección, nuestros altos tribunales analizan los tres elementos: a) Si el colegio cuenta con un reglamento de Convivencia que tipifique las conductas y sanciones y establezca un procedimiento sancionatorio. b) Si este procedimiento garantiza un debido proceso. c) Si el colegio se atuvo, en los hechos, a su normativa disciplinaria, a fin de concluir que una vez que el establecimiento educacional cumplió con los requisitos expuestos, la Corte declara la cancelación como legal y no discriminatoria. Los tribunales entonces han respetado la autonomía de los establecimientos educacionales, consagrada en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Cita jurisprudencia que transcribe en su presentación.

A continuación el letrado hace presente el historial de comportamiento del alumno Borja durante el año 2023, desde el 31 de marzo al 23 de noviembre y señala que el profesor jefe hizo entrega de un informe con los aspectos importantes, como es que el estudiante ha presentado un comportamiento disruptivo durante todo el año escolar, con reacciones violentas e impulsivas de manera reiterada, con un carácter desafiante hacia los profesores, conversa y grita repetidamente, utilizando garabatos para tratar a sus compañeros, incluso gritándolos en la sala de clases. Cuando se conversa con él, entiende las situaciones, pide disculpas y se compromete a portarse bien, pero dichos compromisos nunca se han concretado; que gran parte de los conflictos son con alumnos de otros niveles, jactándose que ellos le tienen miedo o simplemente golpea a otros.

Añade que el adolescente lleva 4 faltas graves según el Reglamento de Convivencia durante el año, que se potencia de forma negativa con su grupo de amigos, quienes lo animan a realizar acciones temerarias; que en cuanto a su rendimiento académico presenta un constante desinterés en su situación y escasa preocupación por mejorar; que, a pesar de formar parte del programa de integración y recibir ayuda de la educadora diferencial, no se esfuerza en su mejoría e incluso no completa las actividades, que tienen por finalidad mejorar notas; que entrega respuestas en blanco. Ante esto, la apoderada ha sido entrevistada en 2 ocasiones, la primera en el primer semestre y la segunda en el periodo actual, siendo difícil la coordinación, ya que reiteradamente se excusó por temas laborales, aun sabiendo de las dificultades que tenía su hijo. En las entrevistas se le expusieron las anotaciones, comportamientos y notas de su hijo, manifestando que no existía apoyo del padre de Borja y que ese distanciamiento ha generado actitudes y comportamientos negativos en él.

Precisa que, en cuanto al diagnóstico TEA, sólo se tomó conocimiento con posterioridad a la activación del proceso del aula segura, pues el informe de evaluación del Centro Arrebol es de noviembre de 2023, lo que está en concordancia con el certificado Médico Psicológico suscrito por don nombre reservado de 17 de octubre de 2023, donde se deja constancia que el apoyo psicológico se inició el 16 de octubre de 2023, a partir de síntomas psicológicos y físicos que se fueron agudizando, como la frustración, ansiedad, tristeza, rabia, dolores de cabeza, entre otros, apreciando el profesional el interés de la madre y el arrepentimiento de Borja de mejorar su conducta y gestión emocional. En la misma lineal temporal se encuentra el informe médico de la Dra. Neuropediatra doña nombre reservado de 24 de octubre de 2023.

Sostiene que la recurrente ha reconocido estar en conocimiento del desinterés académico de su hijo, que con 17 años cursará el segundo año de enseñanza media el año 2024, que sabía de su carácter explosivo, confrontacional, disruptivo y, no obstante ello, sólo a partir de la aplicación de la Ley Aula Segura decide enfrentar la verdadera condición psicológica de su hijo.

Agrega que su representada no puede ser tenida como un sostenedor que ha actuado de forma irracional o caprichosa si no estaba en conocimiento de la condición TEA de Borja y que, además, en múltiples oportunidades la apoderada fue citada para coordinar las actividades de apoyo, pero ella siempre se escudaba en que por trabajar en la Notaría de Bulnes se le hacía dificultoso venir a Chillán y prefería reuniones por WhatsApp.

Expone que, los hechos que desencadenaron la aplicación de la Ley Aula Segura ocurrieron el día 02 de octubre de 2023 y consistieron en que mientras se desarrollaba una evaluación formativa en la clase de inglés, el alumno extrae un arma blanca, cuya fotografía adjunta, que exhibe a los compañeros que tiene cerca, comenzando a dar golpes con ella en la pared del fondo de la sala de clases, ante lo cual se efectuó la denuncia al Ministerio público activándose el protocolo para la aplicación de la Ley Aula Segura, el cual se tramitó dando cumplimiento a la normativa legal que lo regula.

Precisa que el día 05 de octubre de 2023, se notifica a los padres del alumno Borja, de la activación de la Ley 21.128 Aula Segura, aplicándose las siguientes acciones: “a) Medida cautelar de suspensión de clases por 10 días hábiles con el objetivo de llevar a cabo una exhaustiva investigación del caso. b)

Durante este periodo de tiempo el apoderado y el estudiante podrán hacer llegar sus descargos y/o pruebas que permitan esclarecer los hechos ocurridos en el aula. Cabe destacar que durante el proceso de investigación se respetarán los principios del debido proceso, tales como: 1. La presunción de inocencia; 2.

Bilateralidad; 3. Derecho a presentar pruebas, entre otros”.

Luego, una vez iniciado el proceso investigativo y en especial el protocolo número 13, sobre el porte y uso de arma blanca, se procedió a recibir la declaración de la docente presente en el día y hora de los hechos, del propio alumno, de su padre don nombre reservado, concluyéndose configurado los hechos, en especial, la infracción al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, determinándose como medida disciplinaria la cancelación de matrícula. El padre del adolescente estuvo de acuerdo con la sanción, sin embargo, la madre interpone el recurso correspondiente, citándose al efecto a un Consejo Extraordinario de Profesores cuyo objetivo era emitir un pronunciamiento sobre la reconsideración promovida por la madre del estudiante. Asistieron 111 docentes, arrojando la votación el siguiente resultado: a) 106 docentes votaron a favor de mantener la medida de cancelación de matrícula y no reconsiderar la medida. b) 4 docentes votaron en contra, a efectos de que se dejara sin efecto la medida disciplinaria y se acogiera la reconsideración. c) Un docente se abstuvo.

La resolución final que rechazó la reconsideración está contenida en documento de 14 de noviembre de 2023. El protocolo que se aplicó es el contenido en el artículo 52 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que transcribe.

Agrega que el padre del alumno manifestó conformidad con la sanción de cancelación de matrícula y que su madre luego de agotar la vía sancionatoria educacional busca por la vía de la protección el dejar sin efecto la medida disciplinaria, utilizando como principal argumento la condición TEA de su hijo; que tal condición sólo fue diagnosticada medicamente con posterioridad a la imposición de la medida disciplinaria; que se trata de un caso de un estudiante de 17 años con bajo rendimiento escolar y que cursará el segundo año de enseñanza media el año 2024, y que reconoció en su declaración haber tenido una colección de cuchillos que vendió y que, por otro lado, el informe de su profesor jefe se refiere a un alumno de reacciones violentas e impulsivas, con carácter desafiante a sus profesores, que conversa y grita repetidamente, que muestra constante desinterés por su formación académica, y que está siendo atendido por el Equipo de Formación Diferencial.

Señala el tema de la seguridad copa la agenda pública, por lo cual, no resulta pertinente que un estudiante llegue al establecimiento con un arma blanca, ya que pone en riesgo la integridad física y psíquica de docentes, auxiliares, estudiantes de curso superiores e inferiores. En el recurso se minimiza los hechos, como si fuera cotidiano que en los establecimientos educacionales los alumnos asistan con arma blanca y que la condición TEA sea como un expediente exculpatorio de conductas gravísimas reñidas con la convivencia escolar y que están tipificadas y sancionadas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

La señal es altamente peligrosa, ya que al aceptar que la condición TEA posibilita la violencia, se esperaría armas de fuegos en el colegio, homicidios como en otras latitudes, lesiones en sus diversos tipos, etc. La condición TEA requiere que los integrantes de la comunidad escolar brinden sus mejores y mayores esfuerzos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de quienes vivencian lo anterior, pero no puede ser un cheque en blanco ni del maltrato verbal ni del maltrato físico a quienes interactúan con un estudiante en esa condición, debiendo tenerse presente a los compañeros y docentes en estos casos.

Termina solicitando tener por evacuado el informe solicitado y, con su mérito, rechazar el recurso de protección, con costas. 3°.- Que, mediante resolución de 4 de enero del año en curso, se dispuso como medida para mejor resolver oficiar la Superintendencia de Educación, Región de Ñuble, a fin de que informe si existe un procedimiento administrativo o sancionatorio por denuncia efectuada por la apoderada del estudiante Borja del Colegio nombre reservado, con relación a la remisión de antecedentes mediante Oficio NUM000/2023 con fecha 22 de noviembre del año en curso, debiendo en su caso, remitir copia de dicho procedimiento y demás antecedentes atinentes respecto de la aplicación de protocolos de convivencia escolar y de Aula Segura al alumno indicado, por parte del establecimiento educacional. 4°.- Que, la medida indicada, se tuvo por cumplida mediante la resolución de 10 de enero, al recibirse el informe solicitado a la Superintendencia de Educación.

Tal informe, luego de referir las facultades de la Superintendencia y citar y transcribir los artículos 48, 49, 57, 58 y 59 de la Ley 20.529, detalla que hubo una denuncia interpuesta el 30 de noviembre del presente año, CAS NUM001, referido a la aplicación de medidas disciplinarias, en contra del establecimiento educacional, según el texto que transcribe; que con fecha 22 de noviembre el colegio ya había remitido el expediente de expulsión del estudiante Borja, por aplicación de la Ley de Aula Segura, a fin de que la Superintendencia revise en la forma el procedimiento aplicado en los términos del artículo 6 letra d) inciso décimo del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, razón por la cual se dispuso el cierre de la denuncia mediante ordinario N°933 de 20 de diciembre de 2023, sin perjuicio del examen de antecedentes contenidos en el expediente administrativo, cuya resolución se encuentra pendiente por parte del Servicio. 5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7°.- Que, se denuncia como ilegal y arbitraria la medida dispuesta por el Colegio nombre reservado el 20 de octubre de 2023, en contra del estudiante de 1er año medio C, en la cual se determinó la cancelación de la matrícula para el año 2024, a raíz de los antecedentes recabados y la aplicación de la Ley 21.128 de Aula Segura, al constatarse actos que afectan gravemente la convivencia escolar. Tal decisión fue impugnada por la apoderada doña nombre reservado y confirmada a través de resolución de la Rectora del establecimiento, doña nombre reservado, con fecha 14 de noviembre del mismo año. Así, se cuestiona por la actora la motivación de los actos y la afectación de garantías, tanto en el procedimiento iniciado como en la resolución de término. 8°.- Que, del mérito de los antecedentes acompañados, se pueden apreciar los siguientes hechos: a) Que, el 2 de octubre de 2023 la Profesora de Inglés, doña nombre reservado, informa que el estudiante se encontraba en clases, jugando con un cuchillo, pegándole a la pared de la sala. b) Que, el 5 de octubre de 2023 se notifica personalmente al padre del alumno, don nombre reservado, de la activación de Aula Segura, por actos que afectan gravemente la convivencia escolar e integridad psíquica de la comunidad educativa, debido al porte de arma blanca en la sala de clases. A raíz de ello, se adopta la medida cautelar de suspensión de clases por 10 días hábiles, mientras se desarrolla la investigación. En el mismo acto se informa al apoderado que puede presentar pruebas o argumentos de defensa, partiéndose del principio de inocencia. c) Que, con fecha 20 de octubre de 2023, se notifica al correo electrónico de ambos padres, la decisión de cancelar la matrícula para el período 2024, por haberse acreditado la falta gravísima cometida por el estudiante y que afectó gravemente la convivencia escolar, estando descrita en el Reglamento Interno. Tal resolución se comunicó personalmente mediante contacto virtual al padre, quien manifestó no querer apelar de la medida y la madre no asistió a pesar de haber confirmado. Por último, se indica que el alumno podrá incorporarse después de terminada la suspensión dispuesta, el 23 de octubre de 2023. d) Que la madre, doña nombre reservado, mediante misiva dirigida a la Rectora del Colegio, apela de la decisión de cancelación de matrícula, la cual fue puesta en conocimiento del Consejo de Profesores, cuyos integrantes, reunidos el 30 de octubre del año recién pasado, mediante el 95,4% de los 11 asistentes, votaron a favor de la medida de cancelación de matrícula. e) Que, el 16 de noviembre, se emite el Informe de Resolución Final, elaborado por la Encargada de Convivencia Escolar, donde se indican las diligencias y actuaciones realizadas durante la investigación. f) Que, en el Registro del Desarrollo Escolar y Observaciones Personales del alumno, se consignan numerosas anotaciones por faltas acontecidas en horario de clases durante el presente año, entre el mes de marzo a octubre, en distintas asignaturas. 9°.- Que, tal como se reseñó, la medida impugnada por la recurrente es la adoptada por la Rectora del Establecimiento recurrido, consistente en la cancelación de la matrícula de Borja para el año 2024, por los acontecimientos acaecidos el 2 de octubre de 2023, donde utilizó un arma blanca (tipo corvo) que portaba y golpeó la pared de la sala de clases, lo que se califica como una grave afectación de la convivencia escolar, configurándose una falta gravísima. 10°.- Que, el artículo 1 numeral 3 de la Ley 21.128, conocida como Aula Segura, que modifica el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación de 1998, prescribe que: “El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.” 11°.- Que, el Reglamento Interno del Colegio nombre reservado, en su artículo 52, contempla el Protocolo Nº13. De Acción Frente al Porte y Uso De Arma Blanca; el artículo 66.1. establece las “Acciones u Omisiones que se Considerarán Falta y su Tipificación para Estudiantes de 1º básico a 4º medio”.

Luego, en su artículo 66.1.3 se enumeran las faltas gravísimas, entre las cuales se encuentra, en su número 1) “Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos”; y en el número 9) “Porte y/o uso de armas de fuego, balines, postones, corta cartones y/o arma blanca y con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.”

En el artículo 67 se encuentra “Descripción de las Medidas Disciplinarias que se aplicarán a las Faltas Establecidas”. El artículo 67.1. Medidas formativas y disciplinarias a estudiantes, señala en su numeral 13) “No Renovación de Matrícula. Medida extrema que se adopta luego de agotadas todas las instancias pertinentes al caso. Su objetivo es permitir el normal desarrollo de las actividades del colegio a través del alejamiento definitivo del estudiante que no ha logrado un cambio conductual favorable.” Por último, el artículo 68.2 dispone el procedimiento a seguir en caso de falta gravísima. 12°.- Que, de acuerdo con el artículo 6 del D.F.L. N° 2 de Educación de 1998, letra d), “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

Luego, agrega: “Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor del o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.” 13°.- Que, del mérito de los hechos y el derecho reseñados en los considerandos anteriores, aparece que el colegio recurrido dio estricto cumplimiento a la normativa que lo rige, constando que el estudiante y su apoderado fueron debidamente informados de los hechos que se le imputaron, así como de la infracción y su gravedad. Igualmente, tuvo la oportunidad de presentar descargos, prueba y/o sugerir diligencias de investigación, según se le informó al padre del alumno, quedando constancia de ello en el acta respectiva. 14°.- Que, de otro lado, se aprecia que la sanción dispuesta es proporcional a los hechos acreditados, que aquella fue recurrida a través de la vía establecida al efecto, siendo confirmada, una vez recabada la opinión del Consejo de Profesores del establecimiento, por amplia mayoría. 15°.- Que, en consecuencia, el colegio, a través de las recurridas, no ha incurrido en ilegalidad alguna, toda vez que la medida impuesta, consistente en la cancelación de matrícula para el período 2024, se adoptó en concordancia a su Reglamento Interno, mediante la aplicación de un procedimiento previo, racional y justo, garantizándose un efectivo derecho al debido proceso. 16°.- Que, tampoco se trata de un acto arbitrario, esto es desmotivado o irreflexivo, ya que se basó en la conducta del alumno ya descrita, la cual, fue constitutiva de la infracción tipificada en el referido Reglamento Interno, como falta gravísima. 17°.- Que, finalmente, tampoco puede ser acogida la alegación de la recurrente relativa a que el colegio, a través de las recurridas, no dio cumplimiento a la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, pues tal condición sólo fue invocada con posterioridad a los hechos y al término del procedimiento por la falta gravísima del alumno en contexto de la Ley Aula Segura.

Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, no se puede dejar de consignar que el artículo 20 de la Ley 21.545 prescribe que los establecimientos educacionales tienen el deber de proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación para las personas con trastorno del espectro autista, y garantizarán la ejecución de las medidas para la adecuada formación de sus funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares, para la debida protección de la integridad física y psíquica de aquellas personas. Conforme a dicha norma, la protección física y psicológica de todas las personas con trastorno del espectro autista es un deber del establecimiento, y por tanto no se divisa de qué manera la aplicación del protocolo, en atención a la actitud del adolescente, consistente en golpear la pared de la sala de clases, constituye una acción ilegal o arbitraria por parte del colegio. En consecuencia, no habiéndose incurrido por parte de las recurridas en acción u omisión ilegal o arbitraria alguna, el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I.- Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Carolina Valeria Ovalle Seguel, en representación de doña nombre reservado, a favor del hijo de su representada, Borja, y en contra de doña nombre reservado, Rectora y representante del Colegio nombre reservado; de doña nombre reservado, Inspectora General y doña nombre reservado, Encargada de Convivencia Escolar, todas del mismo colegio II. Procédase a la anonimización de la sentencia, en los términos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra titular Sra. Érica Pezoa Gallegos.

Rol N° 1431-2023 Protección.