nombre reservado con GENDARMERIA

Chillán, tres de septiembre de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Enrique Hernández Núñez, domiciliado en domicilio reservado, de Concepción, quien interpone recurso de protección en representación convencional de nombre reservado, psicólogo, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Gendarmería de Chile, persona jurídica de derecho público, nombre reservado 61.004.000-4, representada legalmente por su Director Nacional Christian Arnaldo Alveal Gutiérrez, funcionario público, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, Santiago, solicitando se deje sin efecto la Resolución N° 8194 Exenta dictada por el recurrido con fecha 27 de noviembre de 2019 y que fue notificada con fecha 3 de diciembre de 2019, mediante la cual dispuso no prorrogar para el año 2020 la designación a contrata del recurrente.

Refiere el recurrente y como fundamento de su acción, en que fue contratado por Gendarmería de Chile el 18 de febrero del año 2003, designación que fue prorrogada sucesivamente hasta la presente anualidad, desempeñándose como Profesional, Grado 12 E.U.S, con ubicación efectiva en el Centro de Reinserción Social de Chillán, por lo que han transcurrido más de 16 años de sucesivas e ininterrumpidas prórrogas de las contratas hasta el momento de su desvinculación, oportunidad en la cual se desempeñaba en la calidad de psicólogo en el mencionado recinto.

Expresa, que desde la fecha de su contratación en el año 2003 hasta la fecha de su destitución siempre obtuvo las mejores calificaciones, esto es, mantuvo siempre 100 puntos de evaluación salvo el período 2015 a 2016, bienio en el que obtuvo 98,68 puntos. Plantea asimismo que, conforme al Dictamen 53.844 de 20 de julio de 2016 emanado de la Contraloría General de la República, el principio de la confianza legítima es: “una garantía en el ámbito público, consistente en la defensa de los derechos del ciudadano frente al Estado y en la adecuada retribución a sus esperanzas en la actuación acertada de éste.”, agregando el mismo Dictamen que “tanto la confianza legítima como la mera expectativa se relacionan con el principio de seguridad jurídica. Así, quien satisface el estándar de confianza legítima cuenta con la seguridad jurídica de que la Administración no podrá revisar el acto administrativo cuyos efectos le favorecen, porque el ordenamiento jurídico protege la buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas.”, por lo que estima que la circunstancia de haber permanecido su representado en el cargo a contrata por más de dieciséis años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita.

Con relación al acto impugnado sostiene que la Resolución N° 8194 Exenta contiene una mera relación de hechos con los que pretende dar por cumplido el requisito de la debida motivación de todo acto administrativo, lo que por cierto no se cumple ni en todo ni en parte, porque se relata que el recurrente fue autorizado por el señor Director Regional de Gendarmería de la Región de Ñuble mediante Resolución N° 258 de 14 de marzo de 2019 para la realización de docencia en la Universidad Andrés Bello de la ciudad de Concepción desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 20 de diciembre del mismo año, los días viernes de cada semana, desde las 08:30 hasta las 12:00 horas y desde las 13:05 hasta las 16:35 horas, estableciéndose que el tiempo utilizado debería ser devuelto a continuación de la jornada laboral los días lunes, martes, miércoles y jueves de 17:18 horas a 19:30 horas, expresando además dicha Resolución Exenta que el recurrente presentó licencia médica desde el 19 de agosto del año 2019, licencias que se mantuvieron en forma continua, siendo la última desde el 18 de noviembre de 2019 hasta el 7 de diciembre de 2019. Luego la misma Resolución expone que, conforme a un Oficio Ordinario de 16 de octubre de 2019, el Director Regional de Gendarmería de Ñuble solicitó a la Universidad Andrés Bello de Concepción que se informara acerca de la carga horaria y de la efectividad de la realización de las clases asignadas y que con fecha 20 de noviembre de 2019, la Ejecutiva de Beneficios y Remuneraciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la citada Casa de Estudios, informó que al profesional se le habían asignado salas para la realización de clases en los días y horas que se encontraba autorizado para ejercer docencia, períodos que coinciden con el reposo médico prescrito en las respectivas licencias médicas presentadas en su Unidad de Dotación.

Agrega el recurrente que la mencionada Resolución Exenta no indica las fechas, los horarios, la cantidad de horas de docencia, la asignatura o asignaturas que se impartieron por el recurrente, ni la efectividad de haber cumplido con sus actividades docentes dentro del marco autorizado por Gendarmería de Chile, estimando que los hechos relatados en dicha Resolución constituyen una aparente motivación, ya que se tratarían de imputaciones de infracciones legales y reglamentarias que dieron origen a la instrucción de un sumario administrativo no afinado a la fecha, ya que el día 27 de noviembre de 2019, es decir, el mismo día de dictación de la mencionada Resolución N° 8194 Exenta, el Director Regional de Gendarmería de la Región de Ñuble ordenó la sustanciación de un sumario administrativo en contra del recurrente, por los mismos hechos contenidos en los antecedentes de la desvinculación, circunstancia que confirmaría que, las aparentes motivaciones de la Resolución que ordena la desvinculación, son en verdad imputaciones que para su configuración deben ser comprobadas en la sede procesal correspondiente con pleno respeto de las garantías procesales administrativas que amparan al actor.

Añade que, siendo imposible que el sumario administrativo estuviera afinado a la fecha de la desvinculación del recurrente, porque se inició el mismo día que se tomó la decisión de desvincularlo, ella tampoco se encuentra afinada a la fecha y está lejos de serlo, debido a que en dicha instancia se han vulnerado gravemente los derechos y garantías constitucionales, legales y reglamentarias de su mandante, al habérsele privado de su derecho a defensa, haciendo presente que cuando se intentó interponer un incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento, se proveyó por el señor Fiscal Administrativo que en el sumario administrativo no se admiten incidentes.

Indica además que, la Constitución Política de la República establece el derecho a un debido proceso en el artículo 19 número 3 inciso sexto, esto es, que toda persona tiene derecho a que la sentencia que se dicte en su contra se funde en un proceso previo legalmente tramitado. Por su parte, el derecho procesal penal establece como piedra angular el principio de inocencia, lo que está consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal, que dispone que “ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”. Luego, si bien las normas que regulan el derecho administrativo no consagran expresamente la aplicación de los principios del derecho penal en el procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en causa Rol 244-1996 sostiene que “los principios del Derecho Penal se aplican al Derecho Administrativo por extensión”, tesis que posteriormente fue aplicada por otras sentencias del mismo Tribunal y dictámenes de la Contraloría, lo que le permite sostener que, al ser aplicables los principios penales de forma general, sería también aplicable el principio de inocencia al derecho administrativo y en consecuencia, la Resolución N° 8194 Exenta no solamente ha desconocido el principio de la confianza legítima y ha sido motivada en hechos que constituyen imputaciones que son materia de un sumario administrativo en trámite, sino que además, vulnera el principio de inocencia que ampara al recurrente de protección.

Con relación a las garantías constitucionales estima que se ha vulnerado la prevista en el artículo 19 número 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, desde que en los hechos la recurrida, por medio de su Director Nacional, se ha constituido en juez y parte, ya que tal como consta en la Resolución que decide su desvinculación y aquella que decide el mismo día incoar un sumario administrativo en contra del recurrente, tuvo por configuradas las imputaciones descritas sin existir resolución terminal. Además, al disponer la desvinculación del actor, dando por configuradas y acreditadas las imputaciones en su contra, ha alterado el statu quo vigente, incurriendo así en una actuación que resulta arbitraria e ilegal, toda vez que ha ejercido un acto propio de autotutela, proscrito en el ordenamiento, constituyéndose en una comisión especial. También denuncia una infracción al principio general que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente mientras una investigación o un sumario administrativo demuestre lo contrario, habiéndosele privado del derecho de presentar prueba de descargo y defenderse de los graves cargos que se le han imputado, ya que se ha tramitado un sumario de manera ilegal y arbitraria.

Agrega que, se ha privado al recurrente de su derecho a tener un proceso investigativo justo e imparcial, omitiendo el derecho a defensa y que el proceder de Gendarmería ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, quebrantándose asimismo el principio que establece el artículo 119 del Estatuto Administrativo, esto es, que las infracciones y las medidas disciplinarias deben “ser acreditadas mediante investigación sumaria o sumario administrativo”, infringiéndose también el artículo 4º de la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, en aquella parte que establece, entre otros, los principios de contradictoriedad, desde que no se le permitió (como a todo funcionario se le permite) presentar pruebas de descargo de las graves imputaciones que se le han formulado; imparcialidad, ya que la autoridad por sí y ante sí hizo una elucubración, un razonamiento y llegó a una conclusión de que el recurrente cometió las infracciones que se le imputan en la Resolución; el principio de impugnabilidad, ya que de haberse seguido el conducto debido y regular, se habría permitido a su representado impugnar la resolución de la autoridad por medio de los recursos que establece la Ley 19.880, nada de lo cual ocurrió, así también como los principios de transparencia y publicidad.

Expresa, asimismo, que ha vulnerado la garantía establecida en el numeral 24 del citado artículo 19, esto es, el derecho de propiedad, porque el recurrente tiene derecho de dominio sobre las normas que regulan su pertenencia en calidad de contrata en Gendarmería de Chile, normas que constituyen cosas incorporales que integran su patrimonio, como es el derecho a ser juzgado por un juez imparcial o en este caso por una autoridad imparcial, lo que por cierto ha sido vulnerado de manera flagrante.

Agrega que, el recurrente optó por la vía administrativa, efectuando sus reclamaciones ante la propia entidad recurrida, la que no acogió sus recursos de reposición y jerárquico, por haber sido supuestamente presentados en forma extemporánea, conforme lo dispuso la Resolución Exenta N° 3350 de 29 de mayo de 2020, notificada a su mandante el 3 de junio de 2020, dando por terminada esa vía. Añade que, también se interpuso recurso de ilegalidad para ante la IIa Contraloría Regional de la Región Metropolitana y que, la Contraloría General de la República, por medio de Resolución N° E5797/2020, REFS N° 601.312/19 de fecha 19 de mayo de 2020, suscrita por don nombre reservado, Contralor Regional, notificada a su representado por medio de correo electrónico de fecha 9 de junio de 2020, dio por terminada dicha reclamación sin atender las peticiones del recurrente, terminando el procedimiento administrativo, indicando que la citada Resolución de Contraloría dispone que “atendido que la citada resolución exenta N° 8.194, de 2019, menciona como respaldo de la motivación que allí se expresa los antecedentes que detalla, sin que esta Entidad Fiscalizadora haya tenido a la vista dicha documentación, cabe señalar que, si dichos fundamentos no se encuentran respaldados en un estudio o informe, el aludido acto administrativo no cumpliría con la aludida exigencia de motivación, por lo que la decisión impugnada no se ajustaría a derecho, debiendo esa entidad renovar el vínculo del recurrente, en los mismos términos de su última designación, reincorporándolo a sus funciones y pagándole las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separado de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una situación de fuerza mayor, no imputable a aquel. Por el contrario, si la aludida fundamentación se encuentra respaldada en un estudio o informe, no se advertiría irregularidad en dicho cese, por cuanto su desvinculación se habría dispuesto mediante un acto administrativo debidamente fundado. Ahora bien, cualquiera sea la situación que se dé en relación con la citada resolución en cuanto a su fundamentación, el aludido servicio deberá informar de ello a esta Entidad de Control, remitiendo los antecedentes de respaldo, en el plazo de quince días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.”

Expresa que, en la especie, resulta entonces aplicable lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que dispone que “interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.”. Así entonces, entiende que el plazo para la interposición del presente recurso de protección vuelve a contarse desde que se ha notificado a su representado y recurrente de protección la Resolución N° E5797/2020, REFS N° 601.312/19, lo que ocurrió el día 9 de junio de 2020, haciendo presente que, habiéndose agotado la vía administrativa, no existe otra vía idónea que permita restablecer el imperio del derecho con la urgencia y rapidez que esta vía de emergencia constitucional.

Por todo lo anterior, termina solicitando que, se acoja el recurso y se disponga el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto la Resolución N° 8194 Exenta dictada por el recurrido el 27 de noviembre de 2019, notificada a su mandante el 3 de diciembre de 2019, por ser arbitraria e ilegal y por afectar derechos y garantías constitucionales y, en consecuencia, se ordene que nombre reservado sea reincorporado a sus servicios en forma inmediata, debiendo pagar dicha entidad íntegramente sus remuneraciones devengadas desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha que se reincorpore efectivamente a su trabajo, sin más trámite, sin perjuicio de todas las demás medidas que se disponga al efecto, con costas del recurso.

A su presentación acompañó las Resoluciones Exentas N°8.194 y N° 3350, de 27 de noviembre de 2019 y de 29 de mayo de 2020, respectivamente, dictadas por el Director Nacional de Gendarmería de Chile; resolución exenta N° 1251 de 27 de noviembre de 2019 dictada por el Director Regional de Gendarmería de la Región de Ñuble; Resolución N°E5797/2020 de 19 de mayo de 2020 de Contraloría General de la República; copia de correo electrónico de 9 de junio del año en curso y una resolución dictada en el sumario administrativo en tramitación.

2°.- Que, comparece nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien informa la presente acción constitucional de protección, alegando en primer término la extemporaneidad de la presente acción constitucional, fundado en que a la luz de los antecedentes, la Resolución Exenta N° 8194 dictada el 27 de noviembre de 2019, fue notificada al recurrente hace más de 7 meses, excediendo como es evidente el plazo de interposición de la acción, razón por la cual debiese ser rechazada.

También se impetra la improcedencia del recurso en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 19.880, el cual preceptúa que, interpuesta una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada, haciendo presente que la propio disposición agrega que, planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este término volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo, finalizando el precepto legal disponiendo que, si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la administración deberá inhibirse de conocer de cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión. Así las cosas, La recurrida plantea que el recurrente presentó reclamo ante la Contraloría General de la República, lo que impide al afectado deducir el presente recurso de protección, quedado interrumpido el plazo para interponerlo, por constituir la reclamación una acción administrativa de aquellas a que se refiere el expresado artículo 54, haciendo presente que la reclamación realizada ante la Contraloría General de la República aún no se resuelve, ni tampoco ha trascurrido el plazo para entenderse desestimada, por lo que en este estado procesal es improcedente la presentación de un recurso de protección.

En cuanto al fondo, la recurrida refiere que el recurrente es psicólogo, Grado 12° E.U.S. del escalafón profesional, siendo su última dotación en el C.R.S. de Chillán, habiendo ingresó a Gendarmería de Chile el 26 de febrero de 2003, señalando que al ingresar al servicio el ex funcionario fue destinado a cumplir funciones en el C.R.S. de Concepción desde el 26 de febrero de 2003 hasta el 20 de noviembre de 2004, para luego ser destinado al C.R.S. de Cañete. Posteriormente, con fecha 18 de enero de 2006 fue destinado al C.R.S. de Concepción hasta el 29 de noviembre de 2013 donde fue destinado al C.R.S. de Chillán donde estuvo hasta el 31 de diciembre del 2019.

Añade que, tal como refiere la Entidad Contralora en sus diversos dictámenes, el principio de la confianza legítima en modo alguno se puede interpretar como una cortapisa a las facultades o atribuciones que la normativa confiere al Director Nacional en cuanto a la renovación o no prórroga de las contratas, su término anticipado o la forma en que han de llevarse a cabo y, en concreto, en relación a ejercer todas las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia, desde que dicho principio "se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente". Plantea que, la primacía del interés general por sobre el particular es un principio que puede incidir en la modificación de las circunstancias tenidas a la vista al momento de la renovación constante de una determinada contrata, pudiendo necesariamente interrumpirla, especialmente cuando se está en presencia de incumplimientos graves que constituyan causales legales, que permiten justificar y legitimar jurídicamente el cambio del criterio vinculante con la Administración Penitenciaria, haciendo presente que el recurrente anteriormente fue objeto de renovaciones que permitieron su continuidad laboral, las que se efectuaron teniendo en consideración el cumplimiento de los requisitos habilitantes para su permanencia, pero cuando éstos cesaron, particularmente por el hecho de haber realizado labores de docencia remunerada durante el período en que se encontraba en reposo y supuestamente en su domicilio, con licencias médicas que tiene como fin el restablecimiento de su salud, indicando que el principio de la confianza legítima dejó de constituir una fuente formal del derecho subordinándose a la ley, y dio sustento al cambio de criterio de la Jefatura del Servicio, toda vez que dicha mutación fue debidamente explicitada y fundamentada en el acto impugnado, situación que, a la luz de lo expresado, descarta totalmente la existencia de un vicio de desviación de poder, haciendo presente que, de acuerdo al Dictamen N° 23518/2016 del Órgano Contralor, se refrenda la primacía legal sobre los principios jurídicos cuando una contrata o su prórroga, ha sido dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", ya que la autoridad puede ponerle término en el momento en que estime conveniente, exigiéndose solo que lo fundamente, circunstancia que también se verifica en la especie, indicando que por lo anterior, se desprende que los servicios de la hoy recurrente no son necesarios y no aportan a la función pública que se desarrolla en este Servicio considerando que no respeta el reposo médicamente indicado.

En cuanto a la falta de motivación de la Resolución recurrida sostiene que, el considerando SEGUNDO da cuenta de la transitoriedad de los empleos a contrata, al tenor de lo establecido en los artículos 3°, letra c), y 10 de la Ley 18.834, los que deben ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y, por lo mismo, su duración puede corresponder, a lo sumo, a un año calendario. Añade que la Resolución recurrida se encuentra debidamente fundamentada, procediendo a transcribir sus motivos 3, 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 y 13, para entonces reafirmar que el acto administrativo cuestionado se encuentra motivado y en plena concordancia con la exigencia contenida en los diversos dictámenes de la Contraloría General de la República porque, aquél debe contener "el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta", adecuándose plenamente al primero de los ejemplos de justificación reseñados, es decir, "Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación". A este respecto indica que, la decisión de no prórroga se basa en "Que, con su accionar ha transgredido sus deberes y obligaciones funcionarías, manteniendo un actuar deshonesto con el Servicio, realizando labores de docencia remunerada, durante el periodo en que se encuentra en reposo en su domicilio, el cual tiene como fin el restablecimiento de su salud, estipulado en las licencias médicas emitidas por un facultativo de salud, transgrediendo además, lo establecido en el artículo 55 del Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud -Reglamento de Autorización de Licencias Médicas" -considerando octavo del acto impugnado-.

En ese sentido, agrega la recurrida, no se puede soslayar el hecho que el desempeño funcionario del cautelado ha sido objeto de reproche y así lo demuestra la remisión de antecedentes por parte del Director Regional de Ñuble al Director Nacional, informando la conducta reprochable de éste, a fin de que sea ponderada por la superioridad institucional al momento de decidir respecto la renovación de su contrata, lo anterior mediante oficio © N° 310 de 27 de noviembre de 2019, en que se relata que mediante Resolución N° 258 del 14 de marzo de 2019 se autorizó al profesional nombre reservado, RUN N° RUT reservado, para la realización de horas de docencia en la Universidad Andrés Bello, sede Concepción a contar del 15 de marzo hasta el 20 de diciembre de 2019, los días viernes de cada semana en horario de 08:30 a 12:00 y desde las 13:05 hasta las 16:35 horas, consignando en el mismo cuerpo resolutivo, que el tiempo utilizado deberá ser devuelto a continuación de la jornada laboral los días lunes, martes, miércoles y jueves de 17:18 horas a 19:30 horas, destacando que el mismo oficio ® N° 310 en su punto N°6 agrega que lo dicho constituye falta grave a las obligaciones funcionarías contenidas en el artículo 61 letra f) del Estatuto Administrativo y pudiese configurar infracción grave a la probidad administrativa, además de ser clara trasgresión a las instrucciones institucionales relativas al comportamiento del personal. Por lo expuesto solicita que se pondere por la superioridad institucional, la conveniencia de la permanencia en el servicio del Sr. nombre reservado. Así las cosas, indica la recurrida, mediante Oficio Ordinario N° 1843 de fecha 16 de octubre de 2019, el Director Regional del Ñuble, requirió a la Vicerrectoría de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, información referente a la carga horaria y cumplimiento de jornadas que ha desempeñado el funcionario en comento, por el periodo de septiembre a octubre de 2019, lo que fue respondido mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2019, por la Ejecutiva de Beneficios y Remuneraciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la citada Casa de Estudios, quien informa que al profesional nombre reservado se le han asignado salas para la realización de clases en los días y horas que se encuentra autorizado para ejercer docencia, periodos que coinciden con el reposo médico prescrito en la respectivas licencias médicas presentadas en su Unidad de Dotación, y en tal sentido destaca la recurrida que se logró apreciar que los días 6, 13 y 27 de septiembre y 4, 11 y 18 de octubre, todos de 2019, el Sr. nombre reservado concurrió a la Universidad a realizar clases, en circunstancias que, en esos periodos, se encontraba faltando al Servicio en virtud de las licencias médicas Nos 3031454496, 3031966744 y 2-58554630, que constan en el respectivo registro, y que extendieron reposo médico al ex-servidor desde el día 19 de agosto al 8 de septiembre; 9 de septiembre a 8 de octubre; y 9 al 28 de octubre, todos de 2019, respectivamente. Todo esto en virtud, del correo electrónico enviado por la Universidad Andrés Bello en donde se remite el horario semanal en que el Sr. nombre reservado se desempeñaba como profesor, y adjunta planilla de Registro Docente, la cual da cuenta de la asignación de sala y entrega de llaves al exfuncionario, indicando el día y la hora que recibió e hizo entrega de las mismas. A mayor abundamiento, cita el Oficio Reservado N° 321, de 6 de diciembre de 2019 del Director Regional de Gendarmería Región del Ñuble, dirigido al Presidente de la Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, informando el eventual mal uso de licencias médicas. De acuerdo al Oficio recién citado, sostiene la recurrida, el Sr. nombre reservado se encontraba hace un tiempo haciendo uso de licencias médicas continuas, -licencia médica N° 2-58554630, por 20 días, por un período de reposo del 9 de octubre de 2019 al 28 de octubre de 2019; licencia médica N° 2-58554649 por 20 días, por un período de reposo del 29.10.19 al 17.11.10; y la licencia médica N° 2-56974523, por 20 días, por un período de reposo del 18.11.19 al 08.12.19, advirtiendo que el citado profesional durante periodos informados se encontraría realizando docencia en periodos que coinciden con el reposo médico, lo que fue comunicado por la Universidad Andrés Bello, Sede Concepción.

Conforme lo anterior la recurrida plantea que, la Resolución N° 8194 Exenta de fecha 27 de noviembre de 2019, no es arbitraria ni tampoco ilegal, toda vez que fue dictada en el ejercicio de las facultades concedidas u otorgadas por la normativa vigente, situación que claramente se produce en el caso sublite y que de ninguna manera ha sido contra legem, por lo cual considera que no se vislumbra manera alguna en que se pudiese afectar la garantía consagrada en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de igualdad ante la ley, toda vez que se aplicó el mismo procedimiento y normativa legal y administrativa que al resto de los 25 exfuncionarios de Gendarmería de Chile, a quienes no se les prorrogó las contratas para el año 2020, destacando que el recurrente, jamás presentó antecedente alguno, donde el médico psiquiatra lo autorizaba a realizar sólo las clases ya que sus licencias eran continuas.

En cuanto a la alegación de la recurrente relativa al sumario administrativo plantea que la decisión que la autoridad ha tomado en mérito de los antecedentes y en uso de sus atribuciones legales, es independiente de la tramitación del sumario administrativo cuya instrucción fue ordenada mediante la Resolución Exenta N° 1251, de 27 de noviembre de 2019 del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región del Ñuble, con el objeto de esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad administrativa que podría afectar al recurrente en relación al presunto mal uso de licencia médica, haciendo presente que la instrucción de un sumario administrativo por parte de la autoridad regional, responde a una de sus facultades y al afán de determinar la existencia de responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en los hechos y, en cambio, la no renovación de la contrata es una decisión que emana de la autoridad Nacional de Gendarmería, completamente independiente a la decisión de la realización de sumario administrativo, por lo que no se puede supeditar la motivación del acto administrativo de la no renovación de la contrata a un sumario administrativo instruido por una autoridad diferente a la que dispuso dicha no renovación y que aún el sumario no se encuentra afinado, ya que actualmente se encuentra en etapa indagatoria, la cual tiene por objeto precisar el alcance de la infracción a la probidad administrativa cometida por el exfuncionario para establecer su nivel de responsabilidad y verificar si ella amerita la aplicación de una medida disciplinaria, que se determine como la destitución, sanción que, por cierto, en materia administrativa, podrá tener efectos más intensos que el mero alejamiento de este Servicio, indicando que el sumario administrativo resulta ser secreto por disposición legal, añadiendo que con fecha 9 de Junio de 2020 se notificó por carta certificada el Oficio Reservado N° 04, de fecha de 3 de junio de 2020, que remite los cargos formulados al Sr. nombre reservado, al cual se le hizo entrega de una copia en CD, el cual contiene digitalizado todo el expediente administrativo hasta la formulación de cargos, destacando que no obstante lo señalado, remitido el sumario para aplicación de la medida disciplinaria respectiva, el Director Nacional lo devolvió a la Dirección Regional del Ñuble, a fin de que procediera a disponer su reapertura.

En relación al pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto al requerimiento realizado por el Sr. nombre reservado, la recurrida refiere que éste señala en su parte medular que: "En dicho contexto cabe señalar, en relación a la motivación del acto que disponga la no renovación de una contrata, el citado Dictamen 6400 de 2018, precisa que podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión - como estudios o informes- entre otros, una eficiente evaluación de servidor, ya sea la calificación regular y periódico y otra evaluación particular sobre los hechos períodos no comprendidos en la calificación.

Pues bien, atendido que la citada Resolución Exenta número 8194 de 2019, menciona como respaldo de la motivación que allí se expresa los antecedentes que detalla, sin que la Entidad Fiscalizadora haya tenido a la vista dicha documentación, cabe señalar que, si dichos fundamentos no se encuentran respaldados en un estudio o informe, el aludido acto administrativo no cumpliría con la aludida exigencia de falta de motivación, por lo que la decisión impugnada no se ajustaría a derecho, debiendo esa entidad renovar el vínculo del recurrente, en los mismo términos de su última designación, reincorporándolos a sus funciones y pagándoles las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separado de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una situación de fuerza mayor no imputable a aquel.

Por el contrario, si la aludida fundamentación se encuentra respaldada en un estudio o informe, no se advertiría irregularidad en dicho cese, por cuanto su desvinculación se habría dispuesto mediante un acto administrativo debidamente fundado".

Conforme lo expuesto, la recurrida estima que de conformidad a toda la documentación acompañada que dan cuenta que los argumentos vertidos en el acto administrativo impugnado no constituyen meras referencias formales, ni genéricas, sino que configuran un motivo acreditado y contundente que fundamenta suficiente y cabalmente, en concordancia con lo que señala la Contraloría en orden a fundamentar la resolución que intenta impugnar la recurrente.

La recurrida también se hace cargo de los dictámenes de la Contraloría General de la República sosteniendo al respecto que la alegación de la recurrente es la incongruencia existente entre la resolución que dispone la no prórroga de su contrata, que califica como "ilegal y arbitrario", y la evaluación de desempeño, señalando que siempre ha obtenido las mejores calificaciones, al haber mantenido siempre 100 puntos de evaluación salvo el período 2015 a 2016, bienio en el que obtuvo 98,68 puntos, invocando el actor que le beneficia el principio de la confianza legítima, debido a las sucesivas renovaciones de su contrata desde que ingresó a Gendarmería de Chile en febrero del año 2003. Sin embargo, la recurrida insiste que dicho principio ha sido reconocido por la Contraloría General de la República a partir del dictamen N° 22.766, de 24 de marzo de 2016, fruto de las presentaciones efectuadas por los funcionarios municipales Sres. nombre reservado y nombre reservado, y reiterado en los dictámenes N°s 85.700 y 6.400, de 28 de noviembre de 2016 y 2 de marzo de 2018, respectivamente, por citar los más importantes, que complementan al primero y expresan que la no renovación de una contrata es una atribución del Jefe Superior del Servicio, respecto de la cual existe como única limitación que dicha decisión debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente notificado al interesado, lo que ocurre en la especie, haciendo presente que los pronunciamientos del Ente Contralor sólo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado, en consecuencia, de forma alguna puede entenderse que los dictámenes de que se trata limitan las potestades que tienen las superioridades para incorporar al organismo funcionarios a contrata -o bajo otra figura de designación semejante-, determinar su grado remuneratorio y, en general, ejercer todas las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia".

En cuanto a las garantías constitucionales que se estiman vulneradas, indica que, en relación a la igual protección de la ley en sus derechos, al recurrente se le aplicó en igual forma la norma jurídica que exigía el procedimiento para la no prórroga de su calidad de contrata, establecido en el Estatuto Administrativo y normativa pertinente, aplicación que se realizó en forma igualitaria que al resto de sus pares que se encontraban en la misma condición, no imponiendo sobre ésta o aquellos ningún tipo de obligación adicional que pudiera beneficiar o perjudicar su renovación de contrato o término del mismo, encontrándose todos en condiciones similares frente a la norma, aplicándose, en forma igualitaria para todos, por lo que, el acto que dispuso la no prórroga de la contrata de la recurrente no puede ser calificado como un acto arbitrario ni menos ilegal, estimando que tampoco resulta posible determinar cómo aparece privada, amenazada y perturbada la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema "dicha garantía consiste en la circunstancia de que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias y de la sola lectura del artículo 19 N° 2 de la CPR, se advierte que el trato igualitario aplicado al recurrente, hace que comparta idénticos fundamentos en las resoluciones aplicadas a similares casos. Para que pueda entenderse vulnerada tal garantía resultaría necesaria probar que la misma autoridad, enfrentando otros casos semejantes y en total igualdad de condiciones, actuó de diversa manera”. En relación a la aparente vulneración al derecho al debido proceso y de acuerdo a la Resolución Exenta N°3350 de fecha 29 de mayo de 2020, la recurrida plantea que con fecha 11 de diciembre de 2019, el ex funcionario nombre reservado interpuso ante la Dirección Nacional el recurso de reposición y jerárquico en subsidio, solicitando dejar sin efecto la Resolución N° 8194 Exenta dictada de fecha 27 de noviembre de 2019, como asimismo la no prórroga de su contrata para el año 2020. En ese orden de ideas y en conformidad al artículo 59 de la Ley 19.880, que establece que el recurso de reposición se impondrá en un plazo de 5 días ante el mismo órgano que lo dictó y que podrá presentarse el recurso jerárquico en subsidio, por lo que considerando que el Sr. nombre reservado fue notificado con fecha 2 de diciembre de 2019, se excedía el término ya señalado y, por tanto, se declaró inadmisible el recurso de reposición y jerárquico presentado en subsidio.

Añade la recurrida que los hechos que han motivado la dictación del acto impugnado están siendo ventilados en el respectivo sumario ordenado por Resolución Exenta N°1251 de 27 de noviembre de 2019, el cual se encuentra en etapa indagatoria, por lo que el recurrente está en perfectas condiciones de hacer valer sus derechos, defensas y/o alegaciones en la investigación efectuada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes, del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Finalmente, y con relación al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, la recurrida plantea que, en el entendido que lo que se reclama por la protegida es una supuesta vulneración del derecho de propiedad del empleo que afirma debe desempeñar, es preciso consignar que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha declarado que "el derecho a la función invocado y que protegería la garantía constitucional establecida en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, constituye un derecho estatutario derivado del ingreso a un cargo público, el que se encuentra sujeto a requisitos habilitantes tanto de ingreso como de permanencia, y en tal virtud, no puede estimarse como integrante del patrimonio de una persona ni objeto del derecho de propiedad o dominio a que la disposición constitucional se refiere". Asimismo, añade la recurrida, la jurisprudencia administrativa consignada en el Dictamen 20813-2017 de la Contraloría General de la República indica: "En este contexto, es útil expresar, conforme con lo resuelto en el dictamen N° 35.058, de 2013, de esta procedencia, que el nombramiento no confiere un derecho de propiedad sobre el empleo, de modo que dicha titularidad permite ejercer el cargo en tanto no exista una causal legal de expiración, como ocurre en la especie".

Por todo lo anterior, termina solicitando que se declare que la dictación de la Resolución Exenta N° 8194 dictada con fecha 27 de noviembre de 2019, se encuentra plenamente ajustada a derecho y no es arbitraria ni ilegal y se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido, con costas.

A su informe acompaña la recurrida los siguientes documentos: Resoluciones Exentas N°8.194 y N° 3350, de 27 de noviembre de 2019 y de 29 de mayo de 2020, respectivamente, dictadas por el Director Nacional de Gendarmería de Chile; resolución exenta N° 1251 de 27 de noviembre de 2019 dictada por el Director Regional de Gendarmería de la Región de Ñuble; Resolución N°E5797/2020 de 19 de mayo de 2020 de Contraloría General de la República; oficio reservado N° 258 de 14 de marzo de 2019; Oficio N° 310 de 27 de noviembre de 2019 del Director Regional de Gendarmería de Ñuble; registro de licencias médicas del recurrente; minuta N°461 del Jefe Técnico Regional de Ñuble a Director Regional de Gendarmería de la misma Región; Decreto Ley N° 2859 Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; copia de sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en autos rol 90453-2018; oficio N° 1843 de 16 de octubre de 2019 de Director Regional de Gendarmería de Ñuble a Vicerrector de Universidad Andrés Bello, sede Concepción y correo electrónico de respuesta de 20 de noviembre de 2019; oficio reservado N° 4 de 3 de junio de 2020 y su notificación por carta certificada; oficio N° 321 de 6 de diciembre de 2019 de Director Regional de Gendarmería de Ñuble a Director de COMPIN y hoja de servicio del recurrente.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, en cuanto a las alegaciones previas de extemporaneidad e improcedencia del recurso interpuesto invocadas por el recurrido, éstas deben ser desestimadas, desde que, conforme a los antecedentes acompañados por las partes, se advierte que el actor reclamó en sede administrativa en contra de lo resuelto por Gendarmería de Chile y que fue notificado de la resolución N° E5797/2020 de 19 de mayo de 2019 de la Contraloría General de la República el pasado 9 de junio del año en curso, interponiendo la presente acción con fecha 9 de julio de 2020, por lo que conforme con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el recurso de protección ha sido deducido dentro de plazo. Asimismo, no resulta improcedente la acción de protección en base a la misma norma precitada, desde que conforme al tenor de la resolución citada del órgano contralor no se advierte que la reclamación administrativa se encuentre en actual tramitación y que, por tanto, le impida acudir a esta sede jurisdiccional.

6°.- Que, en cuanto al fondo, cabe recordar que el recurrente pretende se declare ilegal y arbitraria la resolución exenta N° 8194 de 27 de noviembre de 2020 dictada por la recurrida mediante la que se determinó no prorrogar su contrata como funcionario de Gendarmería, estimando que dicho acto administrativo carece de motivación y que obedece a una serie de imputaciones en su contra que, precisamente el mismo día, dieron origen a un sumario administrativo instruido en su contra que se encuentra en actual tramitación, invocando que conforme al principio de la confianza legítima reconocido por la jurisprudencia administrativa y de los tribunales superiores de justicia que en este caso estima aplicable, atendidos los 16 años que se ha desempeñado en el cargo con buenas calificaciones, por lo que la recurrida no podía dar por terminada su contrata, la que sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, circunstancias éstas que no se configuran en la especie, reiterando que, por los mismos hechos que se decide poner término a la contrata, se instruye actualmente un sumario administrativo en su contra, todo lo que estima vulnera las garantías contempladas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

7°.- Que, por su parte la recurrida ha solicitado el rechazo de la acción interpuesta en su contra expresando que al acto administrativo que impugna el recurrente se encuentra suficientemente motivado, obedece a las facultades que la ley entrega al Director Nacional, señalando que la decisión de no prórroga se basa en "Que, con su accionar ha transgredido sus deberes y obligaciones funcionarías, manteniendo un actuar deshonesto con el Servicio, realizando labores de docencia remunerada, durante el periodo en que se encuentra en reposo en su domicilio, el cual tiene como fin el restablecimiento de su salud, estipulado en las licencias médicas emitidas por un facultativo de salud, transgrediendo además, lo establecido en el artículo 55 del Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud -Reglamento de Autorización de Licencias Médicas", conforme cita el considerando octavo del acto impugnado.

Señaló además la recurrida que la instrucción del sumario administrativo por parte de la autoridad regional, responde a una de sus facultades y al afán de determinar la existencia de responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en los hechos y que, en cambio, la no renovación de la contrata es una decisión que emana de la autoridad Nacional de Gendarmería, completamente independiente a la decisión de la realización de sumario administrativo, por lo que no se puede supeditar la motivación del acto administrativo de la no renovación de la contrata a un sumario administrativo instruido por una autoridad diferente a la que dispuso dicha no renovación y que el sumario no se encuentra afinado, ya que actualmente se encuentra en etapa indagatoria.

Finalmente alegó al recurrida que el principio de la confianza legítima invocado por el actor no puede constituirse en una cortapisa a las facultades o atribuciones que la normativa confiere al Director Nacional en cuanto a la renovación o no prórroga de las contratas, su término anticipado o la forma en que han de llevarse a cabo y que la primacía del interés general por sobre el particular es un principio que puede incidir en la modificación de las circunstancias tenidas a la vista al momento de la renovación constante de una determinada contrata, pudiendo interrumpirse, especialmente cuando se está en presencia de incumplimientos graves que constituyan causales legales, que permiten justificar y legitimar jurídicamente el cambio del criterio vinculante con la Administración Penitenciaria, particularmente en este caso, porque el funcionario realizó labores de docencia remunerada durante el período en que se encontraba en reposo y supuestamente en su domicilio, con licencias médicas.

8°.- Que, es dable recordar que el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición de éste se establecen en el artículo 3° letra c) del DFL N° 29, del Ministerio de Hacienda, del año 2005, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que lo define como “aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución"; y por su parte el artículo 10 del mismo cuerpo legal regula su duración, al señalar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

9°.- Que, conforme a lo señalado en el motivo que antecede, los empleos a contrata se caracterizan por su transitoriedad, estableciendo el legislador un término máximo de duración; lo cual no constituye un obstáculo para que el jefe superior del servicio pueda ponerle término antes de la fecha indicada, si los servicios ejercidos ya no son necesarios, debiendo explicar adecuadamente los motivos de la no renovación o prórroga de la contrata en un acto administrativo fundado.

10°.- Que, es un tema pacífico entre las partes, el reconocimiento de que el recurrente se desempeñaba como sicólogo en diversos Centros de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, como profesional grado 12 E.U.S desde el año 2003, prorrogándose entonces su cargo a contrata por 16 años, sin solución de continuidad hasta la dictación de la Resolución Exenta N° 8194 de 27 de noviembre de 2019 del Director Nacional de Gendarmería de Chile que decidió no renovar dicho cargo para el año 2020, invocándose como fundamento principalmente que el accionar del recurrente había transgredido sus deberes y obligaciones funcionarias, manteniendo un actuar deshonesto con el Servicio, realizando labores de docencia remunerada, durante el periodo en que se encuentra en reposo en su domicilio, el cual tiene como fin el restablecimiento de su salud, estipulado en las licencias médicas emitidas por un facultativo de salud, transgrediendo además, lo establecido en el artículo 55 del Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud -Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

11°.- Que, para determinar si la recurrida incurrió en una arbitrariedad o ilegalidad al dictar la resolución aludida precedentemente, resulta de suyo importante tener presente lo que ha establecido la Contraloría General de la República a propósito de los términos anticipados de contratas y el denominado principio de la confianza legítima, conforme a los Dictámenes del órgano contralor N° 22.766 de 24 de abril de 2016; N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, actualizado por el Oficio N° 6.400, de 2 de marzo de 2018, de cuyo contenido se puede colegir que la reiteración en la recontratación de un funcionario a contrata, torna en permanente y constante la mantención del vínculo con aquel, incurriendo así el servicio en una práctica administrativa que genera para el funcionario una legítima expectativa que le induce razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación. Disponiendo expresamente la Contraloría que “la mencionada confianza legítima se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente”.

Que, asimismo, el órgano contralor ha determinado que dicho principio no afecta las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, exigiendo para tal efecto que dicha decisión de no renovar o desvincular a un funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado, es decir, un acto motivado que contenga "el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; no resultando entonces suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas, pudiendo invocarse causales tales como una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación o, incluso, lo relativo a aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el Servicio o, como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en cuanto a que la relación estatutaria en este orden de cosas sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita. (Corte Suprema Rol N° 14.714-2020)

12°.- Que, lo expuesto anteriormente resulta relevante desde que claramente y, tal como lo reconocen las partes, el actor ha detentado un cargo a contrata que se ha renovado sucesiva e ininterrumpidamente desde el año 2003, es decir, por más de 16 años, obteniendo según él y lo que no controvirtió la recurrida, buenas calificaciones, por lo que no cabe duda que este funcionario tenía la legítima expectativa de ver renovada su contrata anual para el presente año, generándose a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con Gendarmería de Chile, pudiendo terminar su relación estatutaria solamente por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permitiese.

Que, cabe recordar que la Resolución Exenta N° 8194 de 27 de noviembre de 2019 mediante la cual se dispone la no renovación de la contrata del actor para este año, se funda especialmente en que el actuar del funcionario nombre reservado habría transgredido sus deberes y obligaciones funcionarias, manteniendo aquél un actuar deshonesto con el Servicio, realizando labores de docencia remunerada, durante el periodo en que se encontraba en reposo en su domicilio en virtud de las licencias médicas emitidas por un facultativo de salud.

Que, consta del mérito de los antecedentes allegados por las partes que ese mismo día 27 de noviembre de 2019, el Director Regional de Gendarmería de esta Región de Ñuble ordenó instruir un sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad administrativa que podría afectar a nombre reservado en relación al presunto mal uso de licencia médica, lo que denota claramente que, en virtud de las mismas circunstancias fácticas que le son imputadas por su superioridad al recurrente, derivaron en un mismo día en que Gendarmería decidiera no renovarle la contrata al actor y que, paralelamente se ordene instruir un sumario administrativo en su contra para esclarecer esos hechos y determinar su responsabilidad, sumario que tal como reconoció la recurrida se encuentra en etapa indagatoria.

13°.- Que, conforme con lo que se viene diciendo, no resulta efectivo lo alegado por la recurrida en el sentido que la no renovación de la contrata del actor es una decisión que emana de la autoridad Nacional de Gendarmería, completamente independiente a la decisión de la realización de sumario administrativo y que, por tanto, no se puede supeditar la motivación del acto administrativo de la no renovación de la contrata a un sumario administrativo instruido por una autoridad diferente a la que dispuso dicha no renovación, por cuanto estas determinaciones emanan de las autoridades superiores del funcionario en cuestión, esto es, la Dirección Nacional y la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, representando ambas a dicha institución, teniendo además presente que la decisión de la recurrida, se adopta precisamente a instancias del Director Regional de Ñuble conforme se advierte del Oficio N° 310 del mismo 27 de noviembre de 2019 remitido al Director Nacional mediante el cual le envía “antecedentes relativos a reprochable conducta funcionaria y de grave vulneración a los principios de probidad administrativa en que ha incurrido el profesional que se individualiza”.

14°.- Que, conforme a lo que se viene analizando en los acápites precedentes, es posible concluir que siendo un hecho no controvertido que el recurrente ha permanecido en el cargo a contrata por más de 16 años, claramente se generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con Gendarmería de Chile, por lo que no cabe duda que tal relación estatutaria sólo podía concluir por un sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permitiese, circunstancias fácticas que no se configuran en la especie, desde que los mismos hechos que se le imputan al actor sustentaron la decisión de no renovarle su contrata para el presente año y, paralelamente se encuentran siendo investigados en un sumario administrativo instruido en su contra que está en actual tramitación, lo que permite advertir, a contrario sensu que, si se pretende esclarecer la efectividad de aquellos hechos que se le imputan al funcionario en el citado sumario, no resultaba lógico fundar la decisión de no prorrogar su contrata en esos mismos hechos que aún se investigan.

15°.- Que, así las cosas, la resolución exenta N° 8194 de 27 de noviembre de 2019 que puso término a la contrata del recurrente, constituye un acto arbitrario, debido a que se funda en supuestos fácticos que aún se encuentran siendo investigados en un sumario administrativo, careciendo entonces de razonabilidad la decisión de la recurrida y que, por lo tanto, vulnera el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, motivos por los cuales corresponde a esta Corte, por la vía de acoger el recurso deducido, restablecer el imperio del derecho y disponer de inmediato las providencias que aseguren la debida protección del recurrente, sin perjuicio de los derechos que asisten a la recurrida para adoptar las decisiones que estime pertinentes, conforme a sus facultades legales, una vez afinado el sumario que ordenó instruir.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por el abogado Enrique Hernández Núñez, en representación de don nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile, representada legalmente por su Director Nacional don Christian Arnaldo Alveal Gutiérrez y, en consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 8194 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA RECURRIDA, y se ordena el reintegro de nombre reservado a su contrata, como asimismo el pago a su favor de todas las remuneraciones y estipendios que se hayan devengado mientras permaneció separado del servicio, debiendo mantener, mediante renovaciones anuales, su vinculación estatutaria a contrata para los años siguientes, mientras ésta no cese por calificación deficiente o con motivo de una medida disciplinaria impuesta luego de tramitado el pertinente sumario administrativo.

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del abogado integrante Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

ROL N° 1429-2020-PROTECCIÓN.- 21