nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GGDD

Chillán, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

Se designa para la redacción del fallo, con conocimiento de las partes, al Abogado Integrante don Eduardo Peñafiel Peña.

Chillán, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que, comparece el Abogado Cristian Cáceres Muñoz, domiciliado en la ciudad y comuna de Concepción, en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Profesora, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Fundación Nacional del Comercio para la Educación, representado por el Rector del Liceo INSUCO don nombre reservado, ambos domiciliados en la ciudad y comuna de Chillán, domicilio reservado, y de Tesorería General de la República, Regional Ñuble, representado por el Tesorero Regional (S) don nombre reservado, ambos domiciliados en Libertad Esq. Arauco S/N Edificios Públicos.

Expone que su mandante es Profesora de Enseñanza Media en Castellano y Comunicación desde el año 2010, quien se desempeña desde marzo del 2014, como docente de Lenguaje y Comunicación en la Fundación Comeduc, con un sueldo bruto mensual de $794.568 y que por una declaración mal efectuada el contador indicó $168 millones en vez de 1,6 millones de saldo en caja mensual en la declaración de renta (formulario 22), lo que generó una diferencia de impuesto global complementario, por lo que desconociendo lo anterior, su representada no asistió a las citaciones del Servicio de Impuestos Internos, instruyéndose el expediente administrativo de cobranza de Tesorería rol número 19290-2015 iniciado el 11/05/2015, cuya deuda comprende dos giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos correspondientes al período tributario 2011, que juntos suman $38.201.229, el primero por concepto de renta 1ra. Categoría y el segundo por impuesto global complementario, percatándose que la notificación no se había realizado de forma personal y que se habría hecho en una dirección comercial que ya no se utilizaba, por lo que su mandante no tuvo conocimiento oportuno de estas modificaciones.

Indica los antecedentes de la cobranza, bajo el folio 4, Tesorería decretó el embargo por la cantidad de $77.281.087, solicitando notificar a Banco Estado, Banco de Chile, Banco Santander y Banco Corpbanca, logrando embargar la suma de $184.442 de este último banco, debido a que las otras cuentas no tenían saldo, ampliando el embargo el 23 de Junio de 2015 a bienes muebles de todas las direcciones registradas en distintas regiones del país, y el 6 de Abril de 2016, Tesorería solicita al recaudador fiscal hacerse presente en el Colegio Concepción de Chillán, ex empleador de su representada, para notificar el embargo de las remuneraciones de la recurrente, siendo solo apoderada de sus dos hijas mayores. Al mismo tiempo se presentó el recaudador en la Fundación Nacional del Comercio para la Educación, actual empleador, para notificar el embargo de sus remuneraciones, así como en otros colegios con los que su mandante no tenía relación contractual, poniendo en evidencia su situación y coartando futuras posibilidades laborales en un rubro que ya es bastante reducido en la ciudad de Chillán y sus alrededores. Agrega que el 12 de Abril de 2016 el juez sustanciador del procedimiento ejecutivo de Tesorería se presentó en dependencias de AFP Habitat para verificar si la recurrente registraba cuentas de intereses u otros productos susceptibles de embargar y la agente de sucursal no accedió debido a su política de privacidad.

Refiere que con fecha 26 de Abril del 2016 en la ciudad de Santiago el recaudador fiscal procedió a embargar las remuneraciones notificando este hecho a la Fundación, haciéndole entrega a la recurrente el acta de embargo en su lugar de trabajo el día 2 de Junio del mismo año, por lo que el 12 de Agosto la Fundación, en su calidad de empleador y de acuerdo a lo ordenado por Tesorería, procede a pagar a su representada, por concepto de remuneración mensual, el monto de $256.324, equivalente a un poco más de 5 UTM de ese mes, entregando la diferencia a Tesorería. El 15 de septiembre de 2016, la Fundación entregó a Tesorería un cheque por $ 45.080 correspondiente a una parte de las remuneraciones de la recurrente del mes de agosto del 2016 equivalente a un poco menos de 1 UTM de ese mes, por lo que frente a la presión, hostigamiento y limitaciones de que estaba siendo objeto, a su representada se le generó un estado depresivo, debiendo someterse a un tratamiento psiquiátrico, con diagnóstico de “depresión mayor”, lo que la mantuvo con licencia los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de ese año, con las respectivas consecuencias laborales, económicas y familiares, que un diagnóstico de esta índole le implica.

Agrega que con fecha 23 de agosto del 2016 la recurrente contrató un ahorro previsional voluntario (APV) con el objeto de resguardar su derecho de propiedad sobre su sueldo, como la ley lo permite expresamente al tratarse de fondos inembargables atendido a su carácter previsional, por lo que la Fundación comenzó a pagar a su representada 5 UTM y a derivar la diferencia al APV referido de manera más o menos regular y que el 9 de enero del 2017 COMEDUC entregó a Tesorería un nuevo documento por el monto de $ 99.846 correspondiente a un bono no imponible, a pesar de que la notificación de contratación del APV solicitaba expresamente destinar al APV las remuneraciones de su mandante hasta el tope de $1.000.000.

Señala que el fecha 8 de marzo el 2018 Tesorería se comunica con su empleador diciendo que la primera notificación es suficiente para el pago de cada una de las próximas retenciones hasta la cancelación total del monto de lo adeudado y se le informaba que se había transformado en codeudor solidario por no haber efectuado las respectivas retenciones al sueldo de su mandante. Luego, con fecha 23 de marzo, la Jefa de Administración y finanzas del colegio en el que se desempeña profesionalmente, señora nombre reservado, la notificó por encargo de la Fundación que debería reintegrar parte de sus remuneraciones percibidas durante el mes de diciembre del 2017 para ser entregadas a Tesorería, a lo cual se negó argumentando lo estipulado en el acuerdo pactado por escrito con su empleador en noviembre del 2016, quien lo acogió y posteriormente informó a Tesorería. Posterior a ello, el 9 de junio el 2018 Tesorería notifica a COMEDUC, requiriendo copia de las liquidaciones de sueldo desde abril a diciembre del año 2016, siendo remitidas el 18 de junio del presente año 2018, y así el 14 de agosto del 2018 Tesorería practica liquidación por los meses en que COMEDUC no realizó las retenciones por encontrarse suscrito el respectivo ahorro previsional voluntario, arrojando la suma de $8.977.824, decretándose por Tesorería el embargo sobre toda clase de bienes en dominio sobre la fundación COMEDUC por el monto ya señalado, constituyéndose el recaudador fiscal en las oficinas de los bancos Estado, Santander, Crédito e Inversiones y de Chile, lográndose embargar en el Banco Santander con fecha 24 de agosto del 2018 un monto de $9.031.809, y que el mismo día, la recurrente fue llamada a entrevista telefónica por la encargada de personas de la Fundación, para ser informada de lo acontecido, y que en adelante todo su sueldo se entregaría a Tesorería, lo que le provocó un grave daño patrimonial, con las respectivas consecuencias psicológicas y familiares que aquello implica, más aún cuando tiene responsabilidades económicas con sus tres hijos menores de edad. Sostiene que se le insinuó que debido exclusivamente a los problemas causados, específicamente a los perjuicios económicos hacia la Fundación y a pesar de su sobresaliente desempeño profesional, no continuará ejerciendo sus labores de docencia para el año 2019, siendo desvinculada de la planta docente a fines del presente año, por lo que entre agosto de este año y a la fecha de la interposición del recurso, no ha percibido remuneraciones por parte de su empleador, por encontrarse con licencia médica hasta el 27 de noviembre por dos fracturas en el tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. Añade que durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2018 se le señaló por la fundación que todo el sueldo se entregaría a Tesorería, lo que le provoca un daño patrimonial al impedirle cualquier tipo de disponibilidad, con la consiguiente afectación a su psiquis.

Argumenta en torno al derecho de propiedad y en virtud de los hechos descritos, queda de manifiesto la existencia de una persistente vulneración mediante la entrega a Tesorería por parte de su empleador de las sumas referidas, vulnerando los parámetros de montos que establece la legislación sobre cantidad inembargable de las remuneraciones, conforme al artículo 57 del Código del Trabajo en relación al artículo 445 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, afectando la propiedad sobre sus remuneraciones. También considera afectado el derecho a la integridad psíquica, al verse privada de parte de su ingreso, lo que le provocó una depresión que la afecta hasta la fecha, que se ha visto agravada por la comunicación que a contar de la remuneración de diciembre 2018 todos sus emolumentos no incluidos en el APV se entregarían a Tesorería, privándola de toda suma de dinero por su trabajo y que a pesar de su destacada labor, no seguiría prestando servicios para la recurrida Fundación el año 2019. Además, invoca el derecho al respeto al contenido esencial de los derechos, explicando que, sin perjuicio que no se encuentra amparado por el recurso de protección, el contemplado en el artículo 19 Nº26 es necesario ponderar en este procedimiento.

Sostiene que se ha producido una colisión normativa en cuanto a los límites de la inembargabilidad entre el artículo 445 N°2 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 57 del Código del Trabajo y el artículo 170 inciso 3° del Código Tributario, siendo interpretada a favor de la Tesorería provocándole un perjuicio patrimonial y, consecuencialmente, psíquico, además de la derogación tácita en consideración a la época de dictación de los cuerpos normativos, así como la interpretación extensiva y pro persona que debiera aplicarse.

Termina solicitando que, atendido el mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los arts. 5, 19 N.º1, 19 Nº24, 19 Nº26 y demás pertinentes de la Constitución, 1, 2, 29 letra b) y demás pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos, 52 inciso 3º y demás pertinentes del Código Civil, tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Fundación Nacional del Comercio para la Educación y Tesorería General de la República, Regional Ñuble, admitirlo a tramitación, para en definitiva acogerlo, ordenando al empleador de su representada abstenerse de entregar a Tesorería Regional de Ñuble o la que haga sus veces la parte del sueldo que no está afecta al APV, de los meses de diciembre 2018 a febrero 2019, y los sucesivos en el caso eventual de que la relación laboral se mantuviera en el tiempo y solicitar el reintegro de los montos que le embargaron a la fundación por concepto de solidaridad en el cobro de embargo de remuneraciones antes indicado; como asimismo, ordenar a la Tesorería Regional de Ñuble o la que haga sus veces restituir a su representada las sumas entregadas por el empleador de mi representada que superen las cinco unidades tributarias mensuales e inferiores a 56 UF recibidas durante el año 2018, y las que pudiera eventualmente percibir posteriormente y cesar sus cobros por montos inferiores al equivalente a 56 UF de las remuneraciones de su representada, independiente del lugar donde se desempeñe y reciba remuneraciones, con costas para el caso de oposición.

2°.- Que, evacuando el informe, comparece la abogada Inés Viñuela Suárez, por la recurrida Fundación Nacional del Comercio para la Educación, COMEDUC, administradora del Liceo Profesor Fernando Pérez Becerra, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, a fin de que el recurso sea rechazado, salvo en lo que dice relación con el reintegro del monto embargado a su representada por la responsabilidad solidaria que le imputa la Tesorería General de la República en el descuento de remuneraciones de la recurrente por el embargo decretado por dicho Servicio.

Explica que el 30 de junio de 2016 su representada fue notificada en el expediente 10290-2015 de la Tesorería Provincial del Ñuble del embargo de remuneraciones o cualquier otra prestación en dinero ordinaria o extraordinaria que se pague a la recurrente en toda aquella parte de las mismas que exceda de 5 UTM, hasta el pago íntegro de lo adeudado por la recurrente ascendente a la suma de $38.110.987 más reajustes, intereses y multas conforme lo establecido en el artículo 170 inciso 3º del Código Tributario, por lo que en su cumplimiento, durante los meses de julio y agosto de 2016 la recurrida procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente todo lo que excedía de 5 UTM, señalando expresamente que en el mes de septiembre de 2016 debe pagarse a la trabajadora la suma de $229.995 y el excedente debe ser remitido a la Tesorería Regional del Ñuble. Sin embargo, durante los meses de septiembre y octubre de 2016 no fue posible embargar las remuneraciones de la recurrente por encontrarse con licencia médica, informándose a la Tesorería Regional del Ñuble. Luego, a raíz del Ahorro Previsional Voluntario tomado por la recurrente de plazo indefinido por $1.000.000 pesos en el mes de noviembre de 2016, no se pudo embargar, asegurando las 5 UTM que señala como inembargable el artículo 170 inciso 3º del Código Tributario, siendo los planes de ahorro previsional voluntario son inembargables. Posteriormente en el mes de diciembre de 2016 se remitió a la Tesorería $99.846 pesos, previo descuento legal obligatorio correspondiente al ahorro previsional y que durante el año 2017 y desde enero a agosto de 2018 no fue posible efectuar descuento de las remuneraciones de la recurrente como consecuencia de la contratación del APV y el resguardo de las 5 UTM inembargables. Además, los meses de septiembre y octubre del año en curso no se le efectuaron descuentos a la recurrente por encontrarse con licencia médica, reiterando que los hechos señalados en su informe fueron debida y oportunamente informados a la Tesorería General de la República.

Indica que el 24 de agosto de 2018 la Tesorería Regional del Ñuble embargó de la cuenta corriente de su representada en el Banco Santander la suma de $9.031.809.- en base a la liquidación que efectuó por los meses que supuestamente COMEDUC no habría cumplido con la retención de remuneraciones de la recurrente, en circunstancias que en el mes de agosto de 2016 solo se pudo descontar la suma de $45.080.- por el resguardo de las 5 UTM y que en los meses de septiembre y octubre de 2016, la trabajadora se encontraba acogida a licencia médica, por lo que no se pudo practicar descuento alguno; en el mes de noviembre de 2016 estuvo con once días de licencia médica y tomó un ahorro previsional voluntario, por lo que sumado este, más el resguardándole las 5 UTM, no se pudo efectuar descuento; en diciembre de 2016 se practicó descuento previa deducción del ahorro previsional voluntario, resguardando las 5 UTM, sin considerar los beneficios de carácter imponible; de enero a diciembre de 2017, ambos meses inclusive y de enero de 2018 a julio de 2018, ambos meses inclusive, no quedaron excedentes para retener, luego de practicado los descuentos legales, incluido el APV y resguardando las 5 UTM.

Agrega que en el mes de mayo de 2018, se hizo presente a la Tesorería que conforme al artículo 57 del Código del Trabajo, que regula la inembargabilidad de las remuneraciones y lo resuelto por la Dirección del Trabajo, mediante dictamen Nº4591/51 de 27 de noviembre de 2013, que las remuneraciones tienen carácter irrenunciable, salvo en lo que exceda de 56 U.F., sin distinguir dicha norma legal la fuente de la obligación que origina el embargo, pero no se ha obtenido información sobre el particular a la fecha.

Explica que su representada es una persona jurídica sin fines de lucro que administra establecimientos educacionales del Estado, en virtud del Decreto Ley Nº3.166 de 1980 y que los aportes que se le entregan para ello solo pueden estar destinados a fines educacionales, por lo que la suma embargada a COMEDUC por la responsabilidad que le imputa la Tesorería Regional del Ñuble tendrá que ser restituida al Ministerio de Educación, o bien, se le descontará de los futuros aportes, con el consiguiente perjuicio al servicio educacional que presta. Ante ello, COMEDUC en el mes de noviembre del año en curso, en que la recurrente hizo uso de 24 días de licencia médica, remitió a la Tesorería el total de haberes percibidos en los días trabajados sin resguardar las 5 UTM ni descontar el Ahorro Previsional Voluntario, atendido que la recurrente recibió subsidio, precisando que a la fecha ésta se encuentra con relación laboral vigente.

En cuanto al derecho, expresa que su representada no ha vulnerado ninguna de las garantías invocadas por la recurrente, ya que los descuentos de sus remuneraciones se verificaron en virtud de un acto de autoridad de la Tesorería General de la República en un procedimiento judicial-administrativo de cobro de obligaciones tributarias, lo que constituye para su representada una fuerza mayor de conformidad con el artículo 45 del Código Civil. Añade que respecto de la responsabilidad solidaria que se le atribuye, no corresponde aplicar el inciso 6º del artículo 170 del Código Tributario, porque COMEDUC, en su calidad de agente retenedor dio cumplimiento a la orden de embargo dispuesta por la Tesorería Regional del Ñuble resguardando mensualmente a la trabajadora sus remuneraciones por el equivalente a 5 UTM, previo a las deducciones de carácter legal obligatorias para el empleador, entre las cuales se encuentra el APV y, en consecuencia, procede que la Tesorería Regional del Ñuble haga devolución a su representada la suma de $9.031.809 que le fuera embargada.

Termina solicitando que, de conformidad a los hechos expuestos y a las disposiciones legales citadas, se tenga por evacuado el informe solicitado y en su mérito, se rechace el recurso de protección interpuesto, salvo en lo que dice relación con el reintegro del monto embargado por la responsabilidad solidaria que le imputa la Tesorería Regional del Ñuble en el descuento de remuneraciones de la recurrente, con expresa condena en costas y eximir de estas a su representada.

3°.- Que, comparece nombre reservado, Director Tesorero Regional de Ñuble, solicitando el rechazo del recurso con costas, explicando preliminarmente los aspectos del marco normativo y la tramitación del proceso de cobro de obligaciones tributarias sobre el que recaen las alegaciones de la recurrente e indica que el 11 de mayo de 2015 se abrió el expediente administrativo N° 10290-2015 comuna de Chillán para el cobro de las obligaciones tributarias de dinero adeudadas por la recurrente, detallando origen de las obligaciones, los giros, fechas de las actuaciones de notificación, requerimiento de pago y traba de embargo y su ampliación sobre las remuneraciones que se paguen a la contribuyente por parte de la empleadora Fundación Nacional del Comercio para la Educación, que a fojas ciento seis de diez de junio de dos mil dieciséis, notificada por exhorto el 30 de junio de 2016, presentando la ejecutada desde el mes de noviembre de 2016 descuentos por ahorro previsional voluntario en sus comprobantes de remuneraciones, los cuales han redundado en la no realización de las retenciones ordenadas o la práctica de ellas por un monto menor al debido, todo lo cual importa un perjuicio a los intereses del Fisco y una maniobra elusiva de las obligaciones decretadas por orden judicial, dado que, si bien, el Decreto Ley 3.500 sobre Nuevo Sistema de Pensiones en su artículo 20 d) dispone la inembargabilidad de los aportes efectuados en la cuenta de capitalización de ahorro previsional voluntario, este caso el embargo fue trabado con anterioridad a la contratación del ahorro previsional voluntario, por lo que la deudora dispuso de dineros sobre los cuales pesaba una limitación al dominio, no estando en la empleadora la decisión de hacer prevalecer el ahorro voluntario pactado con posterioridad sobre la orden judicial de embargo recaída en las remuneraciones correspondientes a la ejecutada.

Detalla que mediante resolución de fecha 14 de agosto de 2018, fojas 206, se procedió a determinar el perjuicio del interés fiscal en la suma equivalente a 188.1 Unidades Tributarias Mensuales, determinándose en la misma la responsabilidad solidaria de la empleadora Fundación Nacional del Comercio para la Educación, quien estaba a cargo de efectuar las retenciones ordenadas sin que diese fiel cumplimiento a ello y que en virtud de ello, mediante resolución de 08 de marzo de 2018 se ordenó oficiar a la empleadora a efectos que informe el motivo de la no retención de las remuneraciones embargadas con fecha 02 de junio de 2016, sin que se haya recibido respuesta satisfactoria, lo que se enmarcaría en el supuesto normativo establecido por el inciso sexto del artículo 170 del Código Tributario, dada la existencia de una obligación impuesta por resolución judicial no observada de manera negligente por su destinatario, lo que justifica la procedencia de la sanción dispuesta y que, por tanto, habiéndose decretado la responsabilidad solidaria de la empleadora se ordenó practicar embargo sobre los bienes de ésta, exhortándose al Sr. Tesorero Regional Metropolitano, obteniéndose la retención de los fondos disponibles en Banco Santander por el monto de $8.977.824 según consta en certificación de ministro de fecha 24 de agosto de 2018. La que dejada sin efecto por falta de notificación, ordenando la nueva práctica de las diligencias, disponiendo exhortar a la Tesorería Regional Metropolitana, sin que a la fecha se hayan devueltos.

Añade que con fecha siete de diciembre del presente, la Fundación Nacional del Comercio para la Educación remitió al Servicio comunicación señalando la retención de la remuneración correspondiente al mes de noviembre 2018 devengada por la recurrente, acompañando documento bancario del Banco de Chile y que, en resguardo de la legalidad del proceso y en uso de las facultades establecidas en el art. 177 inciso tercero del Código Tributario, el Juez Sustanciador ordenó devolver el cheque acompañado, pues del análisis de los antecedentes constaba que la retención efectuada se había realizado en exceso de lo que el art. 170 del Código Tributario admite.

Sostiene la extemporaneidad del recurso, dado que el embargo que recayó sobre las remuneraciones de la recurrente fue realizado de manera personal el 02 de junio de 2016, habiéndose practicado retenciones de tales ingresos los meses de julio, agosto y diciembre de 2016, por lo que mal podría alegar desconocimiento de tal actuación o que el perjuicio se haya materializado dentro del plazo habilitante para la interposición del recurso de protección incoado y que la resolución que determina el perjuicio fiscal por la no retención de las remuneraciones dictada el 14 de agosto del presente, fue notificada mediante carta certificada a la recurrente el día 16 de agosto de 2018, de modo que cualquier alegación respecto de las órdenes contenidas en dicha resolución resultan también extemporáneas, debiendo considerarse que dicha resolución no genera efectos respecto de la ejecutada, sino que se limita a declarar la responsabilidad solidaria de la empleadora y determinar el monto que alcanza dicha responsabilidad.

Argumenta que en caso de desestimarse la extemporaneidad, el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero tramitado ante el Director Tesorero Regional en su calidad de Juez Sustanciador es un proceso de naturaleza jurisdiccional y toda alegación respecto de la legalidad u arbitrariedad que tuviese raíz en las actuaciones o resoluciones practicadas en este proceso pueden y deben ser impugnadas por medio de los recursos establecidos en el Código Tributario y el Código de Procedimiento Civil, como fuente supletoria, por lo que concluye que resulta inadmisible la vía de protección de derechos fundamentales para reclamar respecto de resoluciones judiciales dictadas, notificadas y ejecutadas conforme a la ley, habiendo transcurrido los plazos para impugnarlas, sin que se haya hecho valer recurso alguno, ni se haya hecho presente ningún defecto de forma en la tramitación, de modo que resulta evidente que lo que se persigue con su interposición es usar este recurso como una segunda instancia, haciendo presente que en el juicio no se presentaron excepciones, no se reclamó de la traba de embargo, ni de la resolución que establece la cuantía de los montos no retenidos por el empleador, ni de la responsabilidad solidaria establecida respecto de la empleadora. Así, toda cuestión debatida ante los tribunales establecidos por la ley queda fuera del ámbito de la cautela alegada por la recurrente y por ello, la procedencia del embargo de remuneraciones, su cuantía, el alcance respecto del ahorro previsional voluntario y la colisión normativa con lo establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, son cuestiones debatibles que debieron ser controvertidas en el procedimiento de cobro ejecutivo y, al no serlo, no es posible que la recurrente intente por la vía de la cautela de derechos fundamentales revivir oportunidades procesales precluídas.

Señala que existe una antinomia entre las disposiciones del artículo 57 inciso primero del Código del Trabajo y la del artículo 170 inciso tercero del Código Tributario y que, para determinar la normativa aplicable, debe recurrirse a las herramientas interpretativas de nuestro ordenamiento jurídico, siendo éste el principio de especialidad, de modo que lo dispuesto en el artículo 170 inciso 3° del Código Tributario mantiene su vigencia, por tratarse de una norma especial que prima sobre la general contenida en el Código del Trabajo, sin perjuicio de las facultades que dispone la Dirección del Trabajo y de su posición respecto a este problema, la cual ha quedado establecida en los Dictámenes N° 4954/237, de 24.08.1994 y N°4591/51 de 27.11.2013 en los que sostiene la preminencia de la normativa laboral sobre la tributaria, en este caso, precisa que la interpretación administrativa de las disposiciones sobre tributación fiscal interna, se encuentra radicada exclusivamente en el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, conforme con las facultades que les confiere el Código Tributario y de las demás normas legales citadas, encontrándose plenamente justificado, por cuanto se trata de temas que por su especialidad resultan altamente técnicos y complejos.

Sostiene que tanto la arbitrariedad como la ilegalidad implican una contrariedad con el Derecho, son antijurídicas, siendo lo ilegal una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea, una manifestación del simple capricho del agente, y que por tanto, el Servicio de Tesorerías actuó, no sólo conforme a la normativa legal vigente, sino que siendo el fundamento de su obrar no el simple o mero capricho del agente, sino que el cumplimiento estricto de una de las funciones que la ley le asigna, atendido el mérito de los antecedentes que obraban en su poder. En definitiva, actuando conformidad estricta a lo que disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por lo que concluye que lo planteado por la recurrente nada tiene de ilegal ni de arbitrario, actuando dentro de las atribuciones que constitucional y legalmente le competen, lo que debe conducir al rechazo del recurso de protección, por lo que pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazarlo con costas.

4°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, en primer término y en cuanto a la extemporaneidad alegada por la Tesorería Regional de Ñuble, es dable indicar que de los antecedentes de autos fluye que el embargo recaído en la remuneración de la recurrente y que ha debido ser retenido por su empleadora y remitido a la Tesorería, constituye un acto con efectos o derivaciones permanentes, lo que permite concluir que la acción ha sido interpuesta dentro de plazo, razón por la cual, la alegación de extemporaneidad debe necesariamente ser desestimada.

8°.- Que, en cuanto al fondo de la acción deducida, la recurrente, en síntesis califica como de ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida Tesorería General de la República (Tesorería Regional de Ñuble), en virtud de la cual ésta ha procedido a embargar la parte de sus remuneraciones que excede de 5 Unidades Tributarias Mensuales, por lo que terminó solicitando se le restituyeran las sumas que su empleador hizo entrega al ente público que superen las 5 UTM, e inferiores a 56 Unidades de Fomento, por todo el año 2018, y las que pudiere percibir en el futuro. Igualmente pide el cese de los cobros por montos inferiores al equivalente a 56 Unidades de Fomento. En lo tocante a la Fundación Nacional del Comercio para la Educación, solicita el reintegro de los montos que le fueron embargados, por concepto de solidaridad y que el embargo sólo afecte a la parte del sueldo no asociada al Ahorro Previsional Voluntario de los meses de Diciembre de 2018 a Febrero de 2019.

9°.- Que, de los antecedentes reseñados aparece que efectivamente se ha trabado embargo sobre parte de las remuneraciones de la recurrente, pero ello ha sido una cuestión decretada in limine litis, dentro de un procedimiento de cobro regido por diversas normas, entre ellas, el D.F.L. N°1 de 1994 y el Código Tributario.

10°.- Que, si bien se alega por parte de la recurrente que hay una colisión de normas en la que debe imperar la del ámbito laboral, por su especialidad, y debió respetarse un límite de 56 UF para la traba de embargo sobre sus remuneraciones, lo cierto es que ello es una materia jurídica, que debe debatirse dentro de los márgenes del procedimiento correspondiente, que no es esta acción de protección.

11°.- Que, el juicio ejecutivo tributario es de características especiales, en que el tesorero provincial (regional) no actúa como órgano administrativo sino que como juez sustanciador y por ende dentro de sus facultades jurisdiccionales que le son propias (artículo 170 inciso primero del código tributario), y en tal calidad despacha mandamiento de ejecución y embargo detentando por lo tanto las facultades para pronunciarse sobre la ejecución.

12°.- Que, de lo expuesto aparece que el mismo asunto que sirve de fundamento a la acción constitucional deducida en estos autos se encuentra hoy ventilada ante el Tesorero Regional de Ñuble, en su calidad de juez sustanciador, en el expediente administrativo N°10.290-2015, Chillán, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento adecuado que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos. De esta forma, y encontrándose la situación controvertida bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar. En el mismo sentido la Excma. Corte Suprema se pronunció en los autos 4018-2017 recurso de protección por sentencia de 19 de Febrero de 2018.como también esta Corte en recurso de protección Rol 1078-2018, e I. Corte de Apelaciones de Concepción Rol 3588-2014.

13°.- Que, por otra parte, es del caso señalar que en cuanto a la acción u omisión ilegal o arbitraria que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es menester señalar que aun cuando tales vocablos no son sinónimos, tanto la arbitrariedad como la ilegalidad implican una contrariedad con el derecho, son ambas antijurídicas. Lo ilegal consiste en una contravención formal con el texto legal y lo arbitrario en una ausencia de fundamento racional. En la especie y sin perjuicio de lo dicho el Servicio de Tesorería actuando por medio del juez sustanciador ha actuado dentro del marco legal que le es propio conforme lo dispone los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, por ende no es arbitrario ni caprichoso.

14°.- Que, el recurso de protección no es, en consecuencia la vía idónea para discutir la procedencia y extensión de un embargo sobre remuneraciones, trabado en un procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero, donde además se ordenado retener fondos a la empleadora de la ejecutada. Todos estos aspectos quedan fuera del ámbito de la cautela proteccional. Entenderlo en sentido contrario significaría desnaturalizar por completo este arbitrio constitucional.

15°.- Que, por lo mismo, se rechazará la protección impetrada en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Cristian Cáceres Muñoz, en representación de doña nombre reservado, en contra de Fundación Nacional del Comercio para la Educación y en contra de la Tesorería General de la República, Regional Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Devuélvase el expediente tenido a la vista.

No firma el Ministro señor Arias, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Eduardo Peñafiel Peña.

ROL 1429-2018 - PROTECCIÓN