nombre reservado con RECSA CHILE S.A.

Chillán, veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Ministro señor Christian Hansen Kaulen.

Chillán, veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

1°.- Que comparece el abogado don Marcelo Eduardo Rodríguez Navarrete, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad e interpone recurso de protección en su favor y en contra de Recsa Chile ó Recaudadora S.A., domiciliada en domicilio reservado de la citada comuna, representada legalmente por don nombre reservado.

Funda su acción en que como abogado patrocinó a la que fuera su clienta doña nombre reservado en la causa rol C-959-2918, caratulada “Cat Administradora De Tarjetas S.A. con nombre reservado”, del ingreso del 1° Juzgado de Letras de Chillán, acción sobre cobro ejecutivo de un pagaré suscrito por ella, en virtud de un patrocino y poder conferido expresamente para aquella causa. Añade que durante su trabajo jurídico y en el ejercicio de las facultades conferidas, se apersonó en la oficina de la empresa de cobranza Recsa Chile S.A. (también denominada Recuadadora S.A.), instancia en la que realizó una oferta de pago total de lo adeudado, pidiéndosele que dejara un mail y teléfono para contacto respecto de la oferta realizada y en el estricto marco de la negociación efectuada.

Destaca que pasaron los días y la recurrida le informó vía telefónica que habían aceptado la oferta realizada en nombre de su representada, por lo que pagó personalmente la deuda en el acto y se emitieron los comprobantes respectivos que fueron acompañados al tribunal competente, finalizando su trabajo respecto de aquella causa pero, semanas después de finiquitado el asunto, comenzaron a llamarlo telefónicamente de diferentes números preguntando por su representada, por lo que preguntó el motivo ante la insistencia y se le informó que nombre reservado mantenía una deuda con Scotiabank Cencosud, antecedentes que jamás se le debió entregar, pues claramente no es el deudor y que lo llamaban a él porque “su número está en el sistema”, sin dar fundamento para ello, continuando los llamados posteriormente sin solución ya que el número estaba asociado a la deudora.

Indica que ha explicado latamente a las operadoras de la recurridas que su teléfono no es la vía idónea para ubicar a la deudora ya que no fue entregado con el fin de que ahí se realizaran cobranzas sino que respecto de la negociación de la deuda asociada a la causa antes mencionada, por lo que lo relatado, constituiría sin lugar a dudas una vulneración de sus garantías constitucionales, toda vez que ha sido objeto de innumerables llamados por una deuda ajena sin tener facultad legal ni contractual para responder. Agrega que ha identificado algunos números, pero le es difícil optar por no contestar ya que como ejerce libremente, cada llamada de algún número desconocido puede ser un potencial cliente, individualizando los números, días y horas de los que se llama, apreciándose que se había detenido parcialmente el hostigamiento hasta el 3 de diciembre en curso. Ha mandado correo electrónico a representantes de la recurrida para hacer ver su molestia con respuesta que bloquearían su número como contacto, sin embargo, ha vuelto a recibir llamadas en el mismo tenor de las anteriores, por lo que estima que no existe voluntad en la recurrida de cesar su ilegal y arbitraria actividad de acoso telefónico, demostrando que actúan conscientemente y a sabiendas de estar fuera del marco legal vigente, incluso entregando información respecto de la situación financiera de su clienta sin atención a la normativa vigente.

En cuanto al derecho que le asiste, refiere que el artículo 37° de la Ley 19.496 señala cual es la forma en que se deberá realizar el procedimiento de cobranza extrajudicial, normando desde la forma en que éste debe ser informado al cliente al momento de contratar con el proveedor, hasta la forma que debe tener la comunicación que se le entrega al deudor respecto de la morosidad vigente, disponiendo finalmente que “El proveedor del crédito o la empresa de cobranza deberán resguardar que la información dispuesta en cumplimiento de los numerales precedentes sólo sea de conocimiento del deudor, evitando cualquier acción que haga pública esta información.”, por lo que en el caso de marras, los recurridos han hecho caso omiso de la disposición legal transcrita, ya que no han tomado ningún resguardo para informar a terceros respecto de la situación financiera de una persona distinta, aun cuando se les ha explicado a sus agentes que no corresponden los números de teléfono a los que llaman e incluso les ha hecho ver la ilegalidad de la conducta desplegada, de lo que hacen caso omiso.

Precisa que el artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 1° El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y, en el caso de marras, la recurrida ha vulnerado su derecho a la integridad psicológica, pues injusta, ilegal y arbitrariamente decide que su teléfono personal, comunicado para otros fines, es el medio idóneo para comunicarse con la supuesta deudora, respecto de obligaciones de aquella y sobre las cuales no posee ni facultades ni representación, sin cumplir las promesas de solucionar el asunto, lo que relaciona con la jurisprudencia que cita al efecto, pues a sabiendas de que el número de teléfono corresponde a su persona, mantienen su actividad de acoso e ignoran la explicación y solicitud para que se le retire de aquella base de datos.

Finaliza solicitando, conforme las normas que cita, se declare que la recurrida debe cesar en el acto el acoso telefónico desplegado sobre su teléfono personal, numero +56 9 66763013, eliminándolo de sus bases de datos respecto de cualquiera de sus clientes, con costas. Acompaña documentos.

2°.- Que informando el recurso el abogado don José Miguel Vildósola Zorzano, en representación convencional de Recaudadora S.A., persona jurídica del giro de cobranzas, representada por el Gerente General don nombre reservado, ingeniero civil industrial, todos con domicilio en domicilio reservado, refiriendo previamente lo planteado en la acción constitucional.

Precisa que Recaudadora S.A. es una persona jurídica del giro de servicios de cobranza prejudicial y judicial, que gestiona carteras de terceros y propias desde el año 1985 y todas las gestiones de cobranza desarrolladas, se enmarcan dentro de lo preceptuado en la Ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores y de las normas dispuestas en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada. Agrega que efectivamente el recurrente en nombre y representación de su cliente concurrió a la oficina de Recaudadora S.A. en la ciudad de Chillán el 23 de julio último y para poder entregarle información de una deuda de un tercero, informó su calidad de abogado y patrocinio otorgado por la cliente, requiriéndole su teléfono que fue registrado a las 12:25 horas, fecha en que el recurrente procedió a pagar la operación adeudada de su cliente.

Destaca que con posterioridad, la cliente del recurrente se constituyó en mora por otra operación y su mandante les encomendó la gestión de cobranza extrajudicial, llamando al teléfono que figuraba como vigente: 569-66763013, según el detalle de 24 de agosto de 2018 a las 16:53 horas. Contacto directo; 03 de diciembre de 2018 a las 15:59 horas. Fono no responde; 03 de diciembre de 2018 a las 17:05 horas. Fono equivocado. Agrega que con fecha 5 de diciembre en curso, el recurrente envió correo electrónico a ejecutivos de Recaudadora S.A., recibido a las 9:28 horas, en que hace mención de su calidad de patrocinante de la deudora que se encuentra en gestión de cobranza y que el teléfono al que se llama es el suyo y no el de la cliente, finaliza señalando que “quedo atento a sus comentarios, si no hay respuesta en 48 horas, recurriré a los tribunales de justicia para la solución y sanción de esta situación.”, como consta de la copia que adjunta.

Explica que el día antes señalado, a las 10:57 horas, su Unidad de Gestión de Reclamos y Calidad, le envió un correo señalándole que se ha recibido el reclamo y que quiere confirmar si el número telefónico teléfono reservado es el que recibe llamadas por gestiones a un tercero, informando que como medida preventiva se ha procedido a bloquear dicho número telefónico. Añade que el recurrente contesta ese correo a las 11:03 señalando que ha recibido una nueva llamada, lo que la citada Unidad confirmó que ese era el número telefónico del reclamante y que no figura ninguna llamada registrada en su sistema el día 5 de diciembre de 2018. Luego, a las 13:00 horas, se le envió un correo electrónico que confirmaba el bloqueo de su número telefónico asociado al RUT de su cliente, dándose por solucionado el reclamo ya que los servicios que presta Recaudadora S.A. se encuentran certificados bajo norma ISO 9001:2000 desde enero de 2007; recertificado bajo la norma UNE ISO 9001:2008 en el mes enero de 2013 y actualizado bajo norma ISO 9001:2015 en enero de 2018, estableciendo que desde el 05 de diciembre de 2018 se encuentra bloqueado el número telefónico del recurrente asociado a su cliente y no se le ha realizado gestión alguna.

Finaliza señalando que el recurso, a su parecer, es improcedente pues en los hechos narrados por el actor no ha existido hostigamiento, acoso ni comunicaciones con terceros, sin perjuicio de que la presente acción no cumpliría con los requisitos dispuestos por la Constitución Política de la República, ya que no se vulneraría garantía constitucional alguna y, respecto de la invocada del artículo 19 de la Constitución Política de la República, N°1 “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, no se daría los requisitos establecidos en la doctrina ni en la jurisprudencia, ya que no se señalan hechos que puedan constituir vulneración de derechos que se encuentren protegidos por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y que justifiquen el ejercicio de la acción deducida; todos motivos por los que pide tener por evacuado el informe solicitado.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que lo alegado por el recurrente, en síntesis, es que dentro del contexto de un juicio ejecutivo en el que defendía a una clienta, entregó su número telefónico personal en oficinas de la recurrida, a fin de obtener respuesta respecto de una oferta de pago realizado en representación de ella. Agrega que se aceptó su oferta, y se terminó la causa, al igual que su representación, sin perjuicio de lo cual, empezó a recibir, una serie de llamadas preguntando por su antigua clienta por una deuda con otra acreedora. En agosto fueron 7 y luego se reanudaron el 3 de diciembre, por lo que el día 5 envió un correo a la recurrida a fin de obtener el cese de tal hostigamiento, obteniendo respuesta el mismo día, a las 10:59, indicando el bloqueo de su número, no obstante ello, a las 11:00, recibió otro llamado. Alega la vulneración del 19 Nº 1, la integridad síquica y pide el cese del acoso, eliminando su número de la base de datos.

7º.- Que, la recurrida, a su turno, reconoce el contexto expuesto, pero dentro de él, sólo una llamada en agosto y dos realizadas el 3 de diciembre. El 5 de este mes, ante el correo del actor, le piden confirmar su número telefónico y dispusieron el bloqueo temporal. Finalmente expone que el día 5 ya referido no hubo llamado y que a las 13:00 se confirmó el bloqueo.

8º.- Que primeramente, cabe anotar que se encuentra reconocido el hecho de haber la recurrida efectuado llamados telefónicos, al recurrente con motivo de la cobranza extrajudicial que desarrollaba en contra de la clienta del primero, cuyo número obtuvo a raíz de un proceso judicial en que éste fue abogado de aquella y realizaron una oferta de pago a la recurrida que produjo el término de dicho proceso y por ende, de dicha representación. Y se presume, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que el número y fecha de las llamadas son aquellas que ha descrito la recurrente, por cuanto las ha individualizado todas en correo enviado a la recurrida, quien no las controvirtió, pudiendo hacerlo, pues, por tratarse de una empresa dedicada justamente a este tipo de cobranzas, lo mínimo exigible es que lleve un registro de las llamadas y al no acompañarlo en autos, parece más verosímil la versión del actor.

9º.- Que el artículo 37 inciso 6° de la Ley N° 19.496, en materia de cobranza extrajudicial, cuyo es el contexto de los llamados, dispone: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”.

10º.- Que en autos ya se dijo que el recurrente ni siquiera es deudor de la mandante de la recurrida, por lo que es un tercero ajeno de la obligación, estándole impedido a ésta dirigirle comunicaciones de cobranza y realizarle llamados telefónicos, pues, sólo están limitadamente permitidos respecto del deudor, mas no de terceros. Lo anterior vulnera la garantía del artículo 19 nº 1 de la Carta Fundamental, pues, la cobranza reiterada de una deuda ajena, ciertamente altera el estado sicológico del actor, por lo que el presente recurso será acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, con costas, el interpuesto por Marcelo Eduardo Rodríguez Navarrete, en contra de Recsa Chile ó Recaudadora S.A., y se ordena a esta última el cese de toda llamada telefónica o cobranza por los hechos de esta causa, quien deberá abstenerse en lo sucesivo de dicha práctica, debiendo asimismo, la recurrida eliminar de su base de datos, el número de teléfono así como otros datos personales del recurrente.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro, señor Christian Hansen Kaulen.

ROL 1421-2018-PROTECCION