Protección contra Dirección Regional Ñuble del Servicio Agrícola y Ganadero

Chillán, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que comparece don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Dirección Regional Ñuble del Servicio Agrícola y Ganadero, representada legalmente por doña nombre reservado, por el acto arbitrario y/o ilegal, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 16/2026, que rechaza la solicitud de subdivisión de un inmueble rural de propiedad del recurrente vulnerando el derecho de propiedad que asiste a su representado.

Señala que fecha 11 de marzo del año 2024, ingresó en la Oficina Sectorial Bulnes del Servicio Agrícola y Ganadero una solicitud de subdivisión para el predio rústico de propiedad del recurrente denominado Lote Seis, rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos número 626-169 de la comuna de San Ignacio, inmueble inscrito a su nombre a fojas 2.432 número 1.710 del año 2012 en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Bulnes, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en Circular N° 405/2021 de la Dirección Nacional del organismo recurrido. Agrega que con fecha 17 de Julio de 2025, es decir, más de un año después del ingreso de la solicitud, dicha oficina me remite la Carta N° 745/2025, dando cuenta de una serie de observaciones que debían ser corregidas a fin de proceder con la subdivisión solicitada. Añade que al consultar la razón para agregar a dichos antecedentes el título de servidumbre activa constituido en favor del predio a subdividir, se le indicó que era una nueva exigencia.

Expone que el inmueble a subdividir no cuenta con un título inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, que acredite la existencia de una salida a un camino público vía servidumbre de tránsito, en ese contexto al ingresar las correcciones a las observaciones realizadas hizo presente lo dispuesto en el artículo 698 del Código Civil, respecto de las servidumbres de tránsito. Así como, lo dispuesto en la Ley 21.458, al que establece que los caminos proyectados en un plano de subdivisión aprobados por el Servicio Agrícola y Ganadero se “entenderán como servidumbres automáticamente constituidas". Agrega que a los antecedentes de su solicitud se incorporó una copia autorizada de un plano de subdivisión aprobado por la propia Oficina Sectorial Bulnes, registrado en el correspondiente Conservador de Bienes Raíces, donde consta que el predio del recurrente proviene de la subdivisión de un inmueble de mayor extensión colindante a un camino público y que el acceso del lote posteriormente adjudicado al recurrente, Lote Seis, se hace por una servidumbre de tránsito expresamente señalada en dicho plano de subdivisión. Añade que con fecha 9 de enero de 2026, se les notificó vía correo electrónico la Resolución 16/2026, que rechaza definitivamente la solicitud de subdivisión teniendo como fundamento: "En reingreso no acredita acceso a espacio público del predio a subdividir con la documentación que presenta".

En cuanto al derecho señala que el recurso se interpuso dentro del plazo que establece el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales. Agrega que la acción impetrada es procedente en la especie, aun cuando existen recursos ordinarios de carácter administrativo que se pueden interponer, ya que la presente acción se puede interponer sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Arguye que la acción constitucional de protección a su juicio es la única vía para dar solución a este tipo de asuntos, ya que el recurso de reposición se vuelve inaplicable en sede administrativa, quienes ven éste como una afrenta a la decisión adoptada, o bien dilatan la resolución hasta la extinción del plazo para emitir las resoluciones que en derecho corresponde. Alude que en el año 2022 presentaron por primera vez una solicitud de subdivisión para este predio, cerca de un año después nos envían una carta con las observaciones, las que fueron corregidas en su oportunidad siendo rechaza por una objeción anterior a las ya realizadas lo que está prohibido para este procedimiento.

Asevera que el actuar de la recurrida es arbitrario en cuanto a tres aspectos, primero el plazo toda vez que, han transcurrido dos años para resolver la solicitud ingresada para subdividir un lote de una hectárea en dos de media hectárea, perteneciente a una persona natural, lo que a su criterio un profesional con mediana calificación no le llevaría más de una hora revisar y pronunciarse sobre esta solicitud. En segundo lugar, el cambio de reglas puesto que el procedimiento se inició amparado en la circular 405/2021, la que no exigía título inscrito de la servidumbre de tránsito, lo que luego fue observado por la recurrida durante la tramitación de su solicitud en virtud de una nueva normativa. Finalmente, el actuar caprichoso de la recurrida evidenciado en ir más allá de lo que la ley exige para la constitución de una servidumbre de tránsito, al solicitar que el título de ésta se encuentre inscrito , desatendiendo el texto expreso del Código Civil y de la Ley N° 21.458, entre otros, que establecen otras maneras validas de acreditar una servidumbre de tránsito, como lo es por ejemplo la existencia de un plano de subdivisión aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero donde consten que estas servidumbres han sido proyectadas.

Identifica como garantías constitucionales vulnerada aquella establecida en el artículo 19 N° 24, toda vez que el actuar de la recurrida ha amenazado o perturbado su derecho de propiedad al limitar su facultad de disponer del bien raíz que le pertenece.

Termina pidiendo se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Dirección Regional Ñuble del Servicio Agrícola y Ganadero, admitirlo a tramitación, y en definitiva acogerlo, declarando que la institución recurrida debe sancionar la solicitud de acuerdo a los preceptos y normas vigentes a la fecha de ingreso de la solicitud, entre estos lo señalado en la Circular 405/2021, y que virtud a esto la recurrida debe desistir de exigir un título inscrito en el respectivo Conservador de Bienes Raíces; en su defecto que se declare que el plano de subdivisión aprobado por la propia Oficina Sectorial Bulnes, acompañado en la carpeta de enmiendas a las observaciones, es un documento válido y suficiente para demostrar la existencia de una servidumbre de tránsito; y así en definitiva se declare que la recurrida debe emitir una nueva resolución donde se dé por aprobada la solicitud de subdivisión del predio Lote Seis, emitiendo el correspondiente certificado de aprobación, junto con el correspondiente timbrado de los siete planos acompañados en la carpeta de subdivisión o lo que esta Iltma. Corte, considere necesario para reestablecer el imperio del derecho.

2°.- Que, informa el abogado don Víctor Andrés Sandoval Sandoval, en representación de don nombre reservado, Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero Región de Ñuble, quien antes de entrar en el fondo del recurso hace presente respecto de las facultades que el asisten a su representado en materias de protección del suelo rural establecidas en diversos cuerpos normativos, como la Ley Orgánica 18.755, en el Decreto Ley N° 3.516 de 1980 y la Ley N° 19.283.

Expone que la facultad del Servicio Agrícola y Ganadero para certificar subdivisiones de predios rústicos no es discrecional ni sobrevenida, sino una atribución legal expresa conferida por el legislador, consistente en verificar y certificar que la subdivisión solicitada se ajusta a la normativa vigente, particularmente al Decreto Ley N° 3.516, de 1980, y demás disposiciones aplicables. Agrega que dicha certificación no implica la autorización de la subdivisión en sí misma —facultad que corresponde al Conservador de Bienes Raíces en el ámbito de su competencia registral— sino la verificación técnica y jurídica previa del cumplimiento de las exigencias legales establecidas para la subdivisión de predios rústicos.

Explica que el régimen jurídico aplicable a la división de predios rústicos se encuentra contenido en el Decreto Ley N° 3.516, de 1980, cuerpo normativo que regula las condiciones bajo las cuales pueden dividirse inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal situados fuera de los límites urbanos. Dicho decreto consagra como principio general la posibilidad de dividir libremente los predios rústicos, en el marco del derecho de dominio, pero sujeta dicha facultad al cumplimiento de requisitos legales expresos, cuyo examen corresponde verificar a este Servicio en el ejercicio de la competencia que le ha sido conferida por ley. Agrega que el artículo 1° del Decreto Ley N° 3.516 establece que los predios rústicos podrán dividirse libremente, siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas, equivalentes a cinco mil metros cuadrados, exigencia que constituye el requisito estructural mínimo del régimen de subdivisión rural. A su vez, dicha normativa resulta aplicable exclusivamente respecto de inmuebles situados fuera de límites urbanos y fuera de las áreas reguladas por determinados instrumentos de planificación territorial de carácter metropolitano, de manera que la subdivisión rural no puede utilizarse como mecanismo indirecto para eludir la normativa urbanística vigente. Añade, que conforme al inciso séptimo del artículo 1° del Decreto Ley N° 3.516, los predios resultantes de una subdivisión efectuada en conformidad a dicho decreto deberán tener acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria llevado adelante bajo el amparo de las leyes N°s 15.020 y 16.640, en su caso, exigencia incorporada por la Ley N° 21.458.

En lo que respecta a la Circular N° 401/2021, que impartió instrucciones complementarias a la Resolución Exenta N° 3.904/2019, que para el caso particular eliminó el certificado de hipotecas y gravámenes y documentos relativos a servidumbres de tránsito y factibilidad de acceso, esta fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.458, publicada con fecha 20 de julio de 2022, la que dispuso como exigencia legal que los predios resultantes de una subdivisión deberán tener acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria, y estableciendo reglas específicas respecto de servidumbres proyectadas en planos certificados por el Servicio. Así las cosas, al momento del ingreso de la segunda solicitud del recurrente la Circular N° 401/2021, no podía aplicarse en los términos originalmente concebidos en cuanto sus disposiciones resultaban incompatibles con la nueva normativa legal, debiendo el Servicio ajustar su actuación al mandato legal vigente.

Refiere que a la fecha de ingreso de la solicitud del recurrente, se encontraba vigente la Resolución Exenta N° 3.904 de 2019, de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, que regula el procedimiento para otorgar certificados de subdivisión de predios rústicos, dictada en conformidad al artículo 46 de la Ley N° 18.755, resolución que luego fue derogada por la Resolución N° 4788/2024, la que expresamente estableció que las solicitudes ingresadas antes de su entrada en vigencia debían seguir siendo tramitadas por la resolución anterior.

Alude que la Circular N° 553/2022 precisa que la Ley N° 21.458, es aplicable a predios que no tienen salida directa a espacio público o camino CORA, estableciendo que, en tales casos, deberá adjuntarse certificado del Registro de Hipotecas y Gravámenes o copia de la escritura pública donde conste la servidumbre que favorece al predio que se subdivide, con una vigencia no superior a 180 días corridos. Del mismo modo, la Circular aclara que todo plano de subdivisión debe representar las vías de acceso de los lotes resultantes a un camino, reafirmando que la acreditación del acceso constituye un requisito estructural del procedimiento, junto con lo anterior establece expresamente que las solicitudes de certificación de proyectos de subdivisión que hayan ingresado a tramitación a partir del 20 de julio de 2022 deberán ajustarse a la nueva normativa introducida por la Ley N° 21.458.

En cuanto a los hechos en que se funda el recurso impetrado, expresa que el rechazo de la primera solicitud de certificación de subdivisión de predios rústicos, presentada en la Oficina Sectorial SAG Bulnes, la ingresada con fecha 16 de noviembre del 2022, se fundó en el requerimiento contemplado en el numeral 4, punto 11 de la Resolución Exenta N° 3904/2019, la que fue notificada al recurrente mediante Resolución Exenta N°589/2023 de fecha 30 de junio del 2023, de la Directora Regional (S) del SAG Ñuble, en dicho acto se le informó al solicitante la posibilidad de impugnar aquella a través del respectivo recurso de reposición, que no fueron ejercido por éste dentro del término legal de 5 días. Agrega que con fecha 11 de marzo del 2024, fue presentada una nueva solicitud de certificación de subdivisión de predios rústicos sobre el mismo predio, la que nuevamente fue objeto de observaciones comunicadas con fecha 17 de julio del 2025, mediante la Carta N°745/2025 del Jefe de Oficina SAG Bulnes. Posteriormente el día 13 de octubre del 2025, el recurrente da respuesta a las observaciones agregando nuevos antecedentes, los que una vez revisados se detecta que están incompletos, toda vez que no se acredita que el predio objeto de la solicitud posea acceso a espacio público, camino CORA o servidumbre de tránsito, lo anterior fue notificado al recurrente mediante Resolución Exenta N° 16/2026 de 7 de enero del presente año.

Sostiene que en virtud del principio de legalidad las actuaciones de su representada se deben ajustar a lo dispuesto en la ley, en ese sentido en la especie es aplicable lo dispuesto en la Resolución Exenta 3904/2019 de la Dirección Nacional del SAG, la cual consta de dos etapas a saber, verificación de antecedentes y análisis técnico. En ese orden de ideas, la primera etapa contiene la exigencia de que todo lote resultante tenga acceso a espacio público o camino CORA no constituye una condición sobreviniente ni un criterio introducido en una etapa posterior del procedimiento, sino un requisito legal que forma parte del examen inicial del expediente y cuya verificación corresponde a la aplicación estricta del procedimiento reglado vigente al momento del ingreso de la solicitud. Añade que la segunda etapa, por su parte, representa el control sustantivo del proyecto de subdivisión, en el cual el Servicio debe examinar integralmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.516, sin que pueda limitar su análisis a aspectos previamente observados en etapas anteriores o en procedimientos distintos.

En lo que concierne al acceso a espacio público o camino CORA, expresa que no constando en la inscripción dominical del inmueble servidumbre de tránsito constituida en su favor, no habiéndose acompañado escritura pública que dé cuenta de su constitución, no resultando aplicable la Ley N° 21.458 por razones de temporalidad ni acreditándose inscripción practicada conforme al inciso final introducido por dicha ley, los argumentos expuestos en el recurso de reposición no logran desvirtuar la causal de rechazo previamente formulada, debiendo mantenerse lo resuelto.

Ahora respecto de las alegaciones del recurrente en referencia a la poca eficacia del recurso de reposición en sede administrativa, es dable señalar que el criterio aplicado por dicho Servicio en la resolución de los recursos de reposición ha llevado a que, en la etapa recursiva, los solicitantes logren subsanar las observaciones que fueron fundamento del rechazo inicial, transformándose en una nueva recepción de antecedentes, por lo que no tiene sustento fáctico lo enunciado por el recurrente en este aspecto. Así las cosas, el acto recurrido ha sido evacuado por un funcionario que ha actuado en ejercicio de sus facultades y obligaciones legales, de modo que no se le puede imputar ningún actuar ilegal en los hechos que dan origen a este recurso.

Afirma que respecto a la arbitrariedad alegada, se ha expuesto que las decisiones administrativas adoptadas no fueron producto del mero capricho, sino que se atienen al mérito de los antecedentes acompañados por el solicitante, cuya revisión se ajustó a la normativa aplicable, ya referida. Asimismo, la circunstancia de que el recurrente estime que los recursos administrativos carecen de eficacia no transforma en arbitraria la actuación del Servicio, ni convierte en ilegal la aplicación del procedimiento reglado vigente al momento del ingreso de la solicitud.

Arguye que respecto a los tiempos relacionados a la tramitación de las solicitudes, es preciso señalar que, en conformidad con los principios de igualdad, imparcialidad y eficiencia administrativa que rigen el actuar de los órganos del Estado, las solicitudes ingresadas ante este Servicio son tramitadas y resueltas conforme a un criterio de orden de ingreso cronológico, esto es, de acuerdo con su fecha efectiva de presentación. En este punto resalta el aumento exponencial de solicitudes que han ingresado a dicho servicio durante los últimos años, lo cual ha implicado que el Servicio haya excedido los plazos establecidos para tramitar las solicitudes como el de la especie, no obstante no puede desconocerse que la certificación de una subdivisión predial responde a un análisis técnico orientado a la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios existentes, así la Contraloría General de la República ha descartado, la aplicación de la institución del silencio positivo en esta esfera de actuación de la Administración, por el paso del tiempo. Añade que es del caso recordar que la jurisprudencia administrativa, en los dictámenes N°s 96.251, de 2015, 3.860, de 2018 y 19.288, de 2019, ha precisado que, en general, los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales En cuanto a la alegación del recurrente relativa a un supuesto actuar “caprichoso” o arbitrario por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, fundado en que en una primera solicitud no se habría observado la falta de acceso a espacio público y en una segunda solicitud sí se formuló dicha observación. A ese respecto señala que la primera se rechazó exclusivamente por observaciones técnicas relativas al plano de subdivisión, y la segunda se rechazó la certificación por no acreditarse acceso a espacio público en los términos exigidos por la normativa aplicable. En consecuencia, no existe continuidad procedimental entre ambas solicitudes, ni tampoco se trata de una “segunda instancia” del mismo proceso, sino de actuaciones administrativas autónomas, iniciadas a solicitud del interesado y sujetas a revisión integral conforme a los antecedentes acompañados en cada oportunidad, entonces la alegación de arbitrariedad carece de sustento fáctico y jurídico, toda vez que el Servicio actuó dentro de sus competencias legales, aplicando las normas vigentes al momento de resolver cada procedimiento y evaluando los antecedentes acompañados en cada uno de ellos de manera independiente.

En lo relativo a la garantía constitucional amenazada o perturbada por el actuar de su representada, esto es, la establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, es dable señalar que dicha alegación no resulta procedente, por cuanto el régimen de subdivisión de predios rústicos establecido en el Decreto Ley N° 3.516, no desconoce el derecho de dominio, sino que regula su ejercicio en materia específica de división predial rural. En efecto, el artículo 1° del citado decreto dispone que los predios rústicos podrán dividirse libremente, pero dicha libertad se encuentra expresamente condicionada al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el propio cuerpo normativo.

En consecuencia, la facultad de disposición del dominio no constituye un derecho absoluto, sino que debe ejercerse dentro del marco regulatorio fijado por el legislador. La Constitución garantiza el derecho de propiedad, pero reconoce igualmente que su ejercicio puede estar sujeto a limitaciones establecidas por ley, en función del interés general y del ordenamiento jurídico vigente. La resolución impugnada no priva al recurrente de su dominio ni lo despoja de su propiedad, ni limita el uso agrícola del predio, sino que únicamente constata el incumplimiento de un requisito legal necesario para proceder a la certificación de la subdivisión solicitada. El propietario mantiene íntegramente sus facultades de uso, goce y disposición dentro del marco de la ley, pudiendo ejercerlas conforme a las exigencias normativas vigentes.

Termina pidiendo se tenga por evacuado el informe requerido, solicitando se rechace el recurso interpuesto en contra de su representada, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, del mérito de los antecedentes aparece que la recurrente persigue que la recurrida Servicio Agrícola Ganadero, resuelva acceder a la subdivisión del predio rural de que es propietario el recurrente denominado lote 6, sin inscribir la correspondiente servidumbre de tránsito; cuestión esta que ha sido denegada en dos oportunidades por la recurrida. En razón de lo dicho asevera que el SAG, ha incurrido en una conducta ilegal y/o arbitraria que ha trasgredido su derecho de propiedad que la Constitución Política de la República recoge en el artículo 19 N° 24. Por su parte, la recurrida asevera que con su actuar únicamente ha dado cumplimiento estricto a las normas legales que regulan la materia.

7°.- Que en síntesis la cuestión controvertida se hace consistir por los intervinientes en la necesidad de dilucidar si la subdivisión que pretende la recurrente puede hacerse a través de la normativa que invoca el SAG, o si por el contrario puede prescindirse de ella sin efecto negativo, en este sentido corresponde tener en cuenta que la discusión se ha centrado en la aplicación de la Circular N° 405/2021, emitida por el SAG, por la cual se disponía que la subdivisión de un predio de conformidad con el Decreto Ley N° 3516, si bien exigía que ningún predio resultante de la subdivisión quedará sin acceso a un camino público o a un espacio común dicho instrumento legal se originó en un dictamen de contraloría que eliminaba determinados antecedentes como requisitos de admisibilidad.

8°.- Que, con posterioridad se dictó la ley 21.458, publicada en el diario oficial de fecha 22 de julio de 2022, denominada Modifica Normas Sobre División De Predios Rústicos Para Garantizar El Acceso A Espacios Públicos Y Caminos Cora. Conforme a dicho texto legal en su artículo único numero 2 se estableció "Salvo estipulación expresa en contrario, en los lotes camino o servidumbres de tránsito que se hayan proyectado como tales en los planos de subdivisión certificados por el Servicio Agrícola y Ganadero, se entenderá haberse constituido una servidumbre de tránsito en los términos del artículo 881 del Código Civil.

Las servidumbres de paso constituidas en virtud de esta ley deberán ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.".

9°.- Que, conforme con lo que se ha venido diciendo resulta evidente que la nueva ley zanjó la discrepancia que se planteada por la recurrente pues conforme a su texto no cabe duda que las subdivisiones de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos CORA, necesitan que la respectiva servidumbre haya sido inscrita en el registro de hipotecas y gravámenes.

10°.- Que, a partir de lo recién señalado parece claro que no puede imputarse a la recurrida Servicio Agrícola Ganadera, la ejecución de una conducta ilegal y/o arbitraria al exigir a la recurrente para autorizar la subdivisión acompañar el correspondiente título de dominio y el que dé cuenta de la servidumbre inscrita.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, en contra de Dirección Regional Ñuble del Servicio Agrícola y Ganadero, representada legalmente por doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

ROL N° 141-2025-PROTECCION