nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Chillán, ocho de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Javier Bustos Díaz, en representación de don nombre reservado, chileno, empresario, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección contra AFP Provida, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber infringido las garantías contempladas en el artículo 19 N°1, 21 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Señala que el recurrente, en su calidad de empresario provee a distintas entidades de pre elaborados, frutas, verduras y alimentos en general dentro de su giro, para lo cual cuenta con algunos trabajadores contratados y otros que le prestan servicios a honorarios. Que en dicha calidad fue demandado por despido injustificado con fecha 19 de julio del año 2023 por don nombre reservado, uno de sus trabajadores a honorarios, en el Tribunal Laboral de Concepción.

Explica que, con el objeto de poner término a este juicio, con fecha 01 de septiembre de 2023, en causa RIT O-1053-2023 arribaron a un avenimiento en el cual el actor no reconoció los hechos ni fundamentos de la demanda y con el solo objeto de poner término al juicio pagó una suma de dinero al demandante. Casi un mes después, el señor nombre reservado fue a la institución recurrida a preguntar por el estado general de sus cotizaciones, lo que de alguna forma generó en la recurrida iniciar un estudio y procedimiento para ver quién le debía cotizaciones al señor nombre reservado y revisó en sistema que existía una causa en el Juzgado Laboral de Concepción que había terminado por avenimiento entre las partes. Agrega que no obstante de la simple lectura del término se colige que el demandado no reconoce los hechos ni fundamentos de la demanda, la recurrida entiende y así lo informa al Juzgado de Cobranza Laboral de Concepción donde inició procedimiento de cobro, a través de oficio remitido a dicho tribunal con fecha 30 de enero del presente, indicando que la conciliación a la que arribaron las partes reconoce una relación laboral.

Sostiene que dicha interpretación llevó a la recurrida a iniciar procedimiento de cobranza en contra del actor, lo que a su vez generó que el recurrente apareciera en el boletín comercial así como el automático bloqueo en Chile Compras, mercado público, pasando de estar en calidad de hábil (cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la ley 19.886) a la calidad de Inhábil (No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado), bloqueo del 24 de enero del presente, siendo el giro del recurrente proveer de pre elaborados, frutas, verduras, alimentos en general a entidades tales como; Servicio Nacional de Salud Hospital Coronel, Escuela de Suboficiales de Carabineros, Servicio de Salud Hospital Higueras, Servicio Nacional de Menores CIP Coronel, Gobernación Marítima, Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos, Servicio Nacional de Menores CSC Concepción entre muchos otros. Agrega que el recurrente es unos de los que tiene o tenía mejor ranking dentro de Chile Compras lo que lo llevaba a ganar las licitaciones ya mencionadas y poder desarrollar tranquilamente su giro y trabajar con las entidades recién individualizadas.

Manifiesta que la interpretación de la recurrida es arbitraria y contraria a derecho, que impide al actor seguir desarrollando su actividad económica ya que su aparición en el boletín comercial por la supuesta deuda de cotizaciones no le permite participar de licitaciones y seguir proveyendo a sus clientes.

Finaliza solicitando a esta Corte restablecer el imperio del derecho y dejar sin efecto cualquier cobro que se haya iniciado por la recurrida por el eventual pago de cotizaciones en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción, informar a su vez al Boletín Comercial que el actor no es deudor de Cotizaciones e informar a Chile compras, mercado público el resultado de esta acción constitucional, o las mejores medidas que esta Corte estime, con expresa condena en costas.

2°.- Informa el abogado Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y señala que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, lo que ha sido ratificado por la jurisprudencia que ha sostenido la improcedencia de recursos protección para reclamar por asuntos que no son propios de materias cautelares. Asimismo, no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido.

Expresa que revisada la base de datos de la recurrida, don nombre reservado, Rut RUT reservado, en su calidad de empleador, registra efectivamente deuda previsional con ProVida por cotizaciones previsionales obligatorias por los periodos de noviembre de 2016 hasta junio de 2023, por la suma total de $47.723.679, adeudadas al afiliado don nombre reservado, Rut RUT reservado. Dicha deuda fue generada en virtud de notificación de demanda laboral causa Rit O-1053-2023, tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, causa en que se demandaba por nombre reservado el reconocimiento de la relación laboral que lo unía con el recurrente de autos en su calidad de empleador.

Agrega que en virtud de lo anterior, iniciaron acciones de cobro judicial en contra del recurrente de estos autos, en su calidad de empleador moroso de cotizaciones previsionales encomendando su tramitación al abogado don Raúl Troncoso Delpiano quien interpuso demanda ejecutiva causa Rit P- 6993-2023, tramitada ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción. En la tramitación de la referida causa, el recurrente, en su calidad de empleador alegó el pago de las cotizaciones responsabilizando al afiliado en sentido que él debía habérselas pagado, lo que es del todo erróneo. Para acreditar sus pretensiones acompañó copia de avenimiento laboral en el que las partes se otorgaban el más amplio y total finiquito.

Sostiene que por sentencia de fecha 08 de marzo de 2024, el Juez de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción don Raúl Orellana Placencia, de acuerdo al mérito de autos, rechazó las excepciones del recurrente en su calidad de empleador ordenando se continúe la ejecución en su contra. La interpretación de ProVida es que independiente del acuerdo arribado por parte del afiliado, y que fue aprobado en todo aquello que no fuere contrario a derecho, el pago de las cotizaciones previsionales obligatorias son derechos irrenunciables para los trabajadores y la recurrida tiene la obligación legal de cobrarlos bajo sanción de ser declarada negligente en el cobro. Asimismo, y en cumplimiento a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, solicitaron a la Dirección del Trabajo, la incorporación del recurrente en los registros de empleadores morosos de cotizaciones previsionales.

En cuanto al derecho señala que el artículo 19 N° 18 de nuestra Carta Fundamental, asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, a su vez, el artículo 19 N° 24 señala que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, por lo que sus afiliados gozan del reconocimiento Constitucional para percibir el pago de sus cotizaciones previsionales obligatorias.

Luego señala que el Decreto Ley N° 3500 de 1980 establece la obligación legal de las Administradoras de Fondos de Pensiones para iniciar acciones de cobro judicial respecto de las cotizaciones previsionales obligatorias morosas de los afiliados. Además el artículo 13 de la Ley 17.322, establece que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de esta ley, se aplicaran las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador”.

Expone que respecto de la supuesta ilegal publicación de la deuda previsional del recurrente en el boletín de empleadores morosos de la legislación laboral y previsional, informa que el actual Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, establece: “La obligación para las Administradoras, de Fondos de Pensiones de enviar bimestralmente a la Dirección del Trabajo a todos aquellos empleadores morosos de cotizaciones previsionales”. Y respecto de la iniciación de las acciones de cobro judicial por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones se establece lo siguiente: “Dentro del plazo de 180 días, contado desde el día de cierre del período de declaración y no pago del mes correspondiente, esto es, el día 10 o el día hábil siguiente, deberá dictar las resoluciones y presentar las demandas judiciales en contra de los empleadores morosos, incluyendo todos los trabajadores que se registren en dichas planillas de declaración”.

Alega la improcedencia de la presente acción pues el comportamiento de la recurrida no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, por lo que es evidente que el actor no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., señala además que la recurrida no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile.

Finaliza solicitando a esta Corte rechazar en todas partes el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, conforme a las alegaciones de las partes, es posible constatar que se está frente a una controversia jurídica en que el recurrente dice haber sido objeto de cobro, de manera ilegal y arbitraria, por parte de la recurrida, por el eventual pago de cotizaciones en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción e informar a su vez esta situación al Boletín Comercial de registros de empleadores morosos de cotizaciones previsionales y la recurrida señala que su comportamiento no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario, ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, por lo que es evidente que el actor no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

7°.- Que, del análisis de los documentos acompañados en el presente recurso se constatan los siguientes hechos:

a) Ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción se tramitó la causa Rit O 1053-2023, caratulada nombre reservado con nombre reservado, que terminó por conciliación de fecha 1 de septiembre de 2023, en que nombre reservado se obligó al pago de la suma única y total de $ 7.200.000 en favor del trabajador demandante, nombre reservado.

b) Fundada en dicha conciliación, la A.F.P. Provida S.A. dedujo acción de cobro de cotizaciones previsionales morosas en contra de nombre reservado, iniciándose la causa Rit P-6993-2023 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción.

c) En la referida causa, el ejecutado (ahora recurrente) opuso la excepción de pago de la deuda, que fue rechazada por el juez titular de dicho tribunal, don Raúl Orellana Placencia, por sentencia de fecha 08 de marzo de 2024, que lo pertinente consigna: “SÉPTIMO: Que, a objeto de resolver sobre la excepción deducida, resulta pertinente hacer una doble distinción. En primer lugar, debemos hacer notar que se opone por parte del ejecutado la excepción de pago. El pago corresponde a la prestación de lo debido, que en el presente caso se traduce necesariamente en el entero de las cotizaciones previsionales deducidas de las remuneraciones del trabajador en la respectiva Administradora.

OCTAVO: Que, sentado lo anterior, y analizada la prueba rendida en autos, es posible afirmar que no se ha acompañado probanza alguna por parte del ejecutado que dé cuenta del cumplimiento de su obligación de entero de las cotizaciones previsionales descontadas a las remuneraciones del trabajador, por lo que por fuerza la excepción ha de ser desestimada por falta de pruebas.- 8°.- Que, asimismo, la sentencia dictada por el juez de cobranza laboral establece que la excepción opuesta por el ejecutado no se aviene con los fundamentos que invoca, al señalar en su considerando duodécimo: “Que, en lo que respecta a la prueba rendida y no analizada en particular, en nada altera lo razonado, desde que el certificado de cotizaciones previsionales da cuenta precisamente de la falta de pago de las cotizaciones previsionales; y, la declaración jurada resulta inconducente a probar la excepción deducida, sin perjuicio de que podía haber sido hábil para acreditar aquella contemplada en el artículo 5° N° 1 de la Ley 17.322, la que en todo caso, no fue opuesta en autos.”

9° Que, atendido que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte es materia de un juicio de cobranza laboral que se encuentra vigente y en el que se ha ordenado proseguir con la ejecución hasta hacer entero y cumplido pago al ejecutante, es improcedente que esta Corte decrete alguna medida que afecte la tramitación de dicho proceso.

10°.- Que, respecto a la supuesta ilegalidad que se hace consistir en la publicación de la deuda previsional del recurrente en el boletín de empleadores morosos de la legislación laboral y previsional, precisamente el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones establece “La Dirección del Trabajo tiene a su cargo la elaboración y publicación del boletín de infractores a la legislación laboral y previsional confeccionado tanto a partir de la información emanada de su propio actuar institucional como de la suministrada por todos las entidades previsionales del país, entre las que se encuentran los Administradoras de Fondos de Pensiones. El envío deberá hacerse bimestralmente en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, el día 30 o hábil siguiente si éste fuere sábado, domingo o festivo. La información que se envié deberá contener Empleadores con cotizaciones previsionales no declaradas ni pagadas que cumplan con estar incluidos en una sentencia firme dictada en un juicio laboral que ordene el pago de cotizaciones, depósitos y/o aportes previsionales que está en conocimiento de la administradora.”

Así entonces, el actuar de la recurrida no puede ser calificado como ilegal y/o arbitrario, desde que se ajusta a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones y se funda en la conciliación a que arribaron las partes en la causa laboral RIT O-1053-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, y en la sentencia dictada por el Juzgado de Cobranza Laboral en la causa rol P-6993-2023 que rechazó la excepción de pago opuesta por el recurrente.

11° Que atendido que el recurso de protección no constituye un procedimiento que persiga la declaración de derechos a favor de determinadas personas, sino que restablecer las cosas al estado anterior a la situación fáctica que lo motiva, cuando ella ha sido producida por un acto u omisión arbitrario o ilegal que el tribunal pueda y deba corregir de inmediato, tomando las providencias que estime necesarias, lo que en el caso sometido al conocimiento de esta Corte no ocurre, el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Javier Bustos Díaz, en representación de don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Abogado Integrante Paula Cornejo Baraona, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol 141-2024 Protección