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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1409-20208 sep 2020

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
8 de septiembre de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Chillán
Sala
Primera Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 1409-2020, sentencia de 8 de septiembre de 2020

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena al recurrido abstenerse de ejecutar actos materiales que alteren los deslindes preexistentes entre ambos predios, por haber instalado un cerco de forma ilegal y arbitraria.

Texto íntegro

Chillán, ocho de septiembre de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Paul Chazal Garrido, domiciliado en domicilio reservado, quien actuando en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en Hualpén, nombre reservado número 1556, y en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Funda la acción en que la recurrente es dueña de un inmueble ubicado en el sector de Perales, Vegas de Itata, de la comuna de Coelemu, actual Provincia de Itata, Región de Ñuble, de una superficie aproximada de 21.000 metros cuadrados, o, lo que es lo mismo, 2,1 hectáreas, la cual deslinda al Norte: con nombre reservado; al Sur: con resto de propiedad del vendedor, nombre reservado, separado por cerco y con sucesión de nombre reservado, separado por cerco, en parte; al Oriente: con camino público de Vegas de Itata a Coelemu y, en parte, con resto de propiedad del vendedor, nombre reservado y, al Poniente: con faja de 80,00 metros de la alta marea, cuyo Rol de Avalúos es el 227–158 de la comuna de Coelemu, cuya inscripción rola a Fojas 28, Número 136, del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Coelemu, correspondiente al año 1994, detallando que la situación actual de la propiedad, es producto de una fusión de dos predios de la actora que corresponden a los siguientes: I) Propiedad de 5,075 metros cuadrados, o lo que es lo mismo 0,5075 hectáreas de extensión de terreno comprendida dentro de los siguientes deslindes: al Norte y al Sur: en 145,00 metros con el vendedor nombre reservado; al Oriente: en 35,00 metros, con el camino público de Vegas de Itata a Perales y, al Poniente: con el vendedor nombre reservado, en 35,00 metros. El título de propiedad estaba inscrito a fojas 140 vuelta, número 103 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Coelemu del año 1991. II) propiedad de 15.925 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 1,5925 hectáreas de extensión de terreno comprendida dentro de los siguientes deslindes: al Norte: con nombre reservado, separado por cerco; al Sur: con resto de propiedad del vendedor, nombre reservado, separado por cerco, en una parte y con sucesión de nombre reservado, separado por cerco, en otra parte; al Oriente: con la compradora nombre reservado, en parte, y en otra parte con camino público de Vegas de Itata a Perales, hoy, además con terrenos del vendedor, nombre reservado y, al Poniente: con faja de 80,00 metros de la alta marea, cuyo título rolaba inscrito a Fojas 444, con el Número 331 en el Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Coelemu, del año 1993.

Agrega que, la recurrente nombre reservado detenta posesión material del inmueble señalado e individualizado desde el 13 de marzo de 1991, y desde el 8 de junio de 1993, oportunidades en las que compró los bienes señalados a su anterior dueño, manteniendo su casa habitación en el lugar donde reside, pagando los servicios básicos, además de tener un conjunto de cabañas, piscina y otras instalaciones de turismo, junto con un comercio de Minimarket, efectuando reposiciones y reparaciones de sus edificaciones y cercos perimetrales, entre otras.

Manifiesta que el pasado 13 de junio de 2020, los recurridos, con la colaboración de otras personas que actuaban por encargo de éstos, por sí y ante sí, en el sector norte de la aludida propiedad de la recurrente, procedieron a instalar estacas de madera y alambres de púas, construyendo un cerco de aproximadamente 34,00 metros de largo, desplazando la línea existente cerca de 38,7 metros hacia el sur, adentrándola a la propiedad de la actora, ocupando un área también aproximada de 1.315,8 metros cuadrados de terreno perteneciente a esta última, indicando que el aludido cerco tendría por finalidad, modificar una línea divisoria existente entre el predio de la actora y uno que pertenecería al recurrido nombre reservado, aumentando con ello el área de este último, haciendo presente que una situación similar ya se había producido el 27 de julio de 2013, oportunidad en que el recurrido nombre reservado intentó apropiarse de una parte del terreno del predio de la actora, también mediante el desplazamiento del cerco, hecho frustrado por el cónyuge de la actora, nombre reservado, a quien el usurpador amenazó de muerte, lo que motivó una denuncia y la consiguiente persecución penal, que se materializó en una investigación conducida por el Ministerio Público mediante la Fiscalía Local de Coelemu bajo el RUC 1300734763-9, la que judicializada mediante su formalización ante el Juzgado de Letras y Garantía de Coelemu dio origen a la causa penal RIT 449 – 2013 de ingreso de ese Tribunal, la que concluyó con una sentencia condenatoria firme dictada con fecha 30 de septiembre de 2014, en contra del imputado mencionado, ahora recurrido, y por la cual se le impuso la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena, en su calidad de autor del delito de amenazas simples, previsto y sancionado por el artículo 296 N° 3 del Código Penal, concediéndosele al condenado el beneficio de reclusión domiciliaria nocturna.

Expresa que, la instalación de cercos, desplazando la línea divisoria existente hacia el interior de la propiedad de la recurrente ocupando una superficie aproximada de 1.315,8 metros cuadrados de terreno perteneciente a la actora, constituyen una evidente privación y perturbación en el legítimo derecho de dominio que esta última mantiene sobre el inmueble antes singularizado, en particular de la zona usurpada, lo que significa una flagrante violación a la garantía consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que al desplazar el límite divisorio de la propiedad, además de ejecutarse un acto de verdadera e ilegítima autotutela, se ha privado a la recurrente de esa parte de su predio, de la que estaba en posesión desde hace más de 27 años, lo que faculta para invocar la protección que la Carta Fundamental otorga al dominio.

Por todo lo anterior, termina solicitando que se acoja el recurso y se resuelva: a) Que, los recurridos, o uno cualquiera de ellos, deberán proceder al inmediato retiro del cerco que instalaron, ocupando terreno de propiedad de la actora, dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo que se dicte, o en la oportunidad que se determine; b) Que, los recurridos deberán abstenerse de ejecutar cualquier otro acto perturbatorio del derecho de dominio que le asiste a nombre reservado, sobre la propiedad referida en el desarrollo del presente recurso; c) Todo lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se tenga a bien fijar para restablecer el imperio del derecho y la protección de la garantía conculcada; y, d) Que, los recurridos deberán pagar las costas de este recurso.

A su presentación acompaña la recurrente inscripción de dominio de su predio, copia de plano de la propiedad, comprobantes de pago de servicios básicos, copia de sentencia en sede penal, set fotográfico y certificados de nacimiento.

2°.- Que, informa el recurso nombre reservado, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, señalando que la acción constitucional de protección, ha sido concebida como como una acción específica de emergencia, con un procedimiento rápido e informal, y que, por tanto, conforme a lo que se ha señalado en la doctrina, requiere que el derecho que se dice inculcado sea “legítimo”, es decir, que se funde en claras situaciones de facto que permitan por este especial procedimiento restablecer el imperio del derecho, añadiendo que, la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, pero que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria ilegal que amerita una solución urgente y que, en este caso la franja de terreno alegada por la actora no es de su propiedad, sino que la ha poseído de manera continua el recurrido desde hace más de 50 años, por lo que, la materia sometida a conocimiento del Tribunal requiere, por su naturaleza, un juicio de lato conocimiento, situación que escapa a la naturaleza cautelar de la acción constitucional de protección, haciendo presente que la recurrente señala que es dueña y poseedora material del inmueble, invocando como sustento, el que se habrían ejecutado actos que perturban su posesión, sin embargo, el recurso de protección no es la vía idónea para solucionar dicha clase de controversias, las cuales necesariamente deben ser conocidas por tribunales mediante el ejercicio de acciones destinadas a proteger y/o recuperar la posesión como las acciones posesorias contempladas en los artículos 916 y siguientes del Código Civil, el ejercicio de una acción reivindicatoria contemplada en los artículos 889 del Código Civil, o, incluso una acción de dominio.

Agrega el recurrido nombre reservado que es dueño exclusivo, poseedor regular y tenedor material de terrenos rurales, como consta de la escritura pública de compraventa en que su padre nombre reservado le compró dicho inmueble a nombre reservado en el año 1967, para luego inscribir su dominio a fojas 423 vta., número 763 del Registro de Propiedad correspondiente al año 1967 del Registro Conservatorio de Bienes Raíces de la comuna de Tomé. Plantea que, tras el fallecimiento de su padre, los herederos solicitaron y obtuvieron la posesión efectiva de conformidad a la ley, por lo que una vez practicada la inscripción especial de herencia, procedieron a la partición de bienes por escritura pública de fecha once de Junio de mil novecientos ochenta y cinco, ante Notario Público Enrique Herrera Silva de Concepción, título en el cual se le adjudicó la hijuela número 5, cuyos deslindes especiales según sus títulos son, al Norte: con nombre reservado y sucesión nombre reservado.; al Sur: con nombre reservado y nombre reservado, camino de por medio; al Oriente: con sucesión nombre reservado y, al Poniente: con el mar, detallando que el título referido se inscribió a fojas 429 número 427 del Registro de Propiedad del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Tomé, reinscrito posteriormente a fojas 249, número 160 del Registro de Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Coelemu, por lo que en consecuencia, detenta justo título del inmueble referido desde el año de 1967 y posesión es material, pacífica, pública y regular al unir su inscripción material de dominio a la de sus antecesores.

Indica además que, los hechos expuestos por la recurrente no se ajustan a la realidad, toda vez que el 13 de junio pasado se encontraba con sus hijos y dos trabajadores realizando trabajos de reparación de cerco divisorio, en el lado sur poniente de su propiedad que colinda con nombre reservado, sosteniendo que reparar cercos divisorios no implica, como asevera la recurrente, desplazar la línea divisoria, señalando que los trabajos tenían por objeto retirar las estacas cortadas en su base por efectos del agua, instalando en el mismo lugar otras estacas en buen estado, que una vez firmes, permitieran tender y tensar las hebras de alambre de púa, reemplazando las oxidadas o cortadas, manifestando que tales trabajos se realizan constantemente para impedir que los animales que normalmente pastan en ese lugar pudiesen salir del sector y evitar con ello algún tipo de accidente, así como también, el de impedir que personas ingresen a botar basura, ya que la recurrente ha realizado venta de acciones y derechos a varias personas, manteniendo un gran número de loteos irregulares de venta de sitios de 20m x 10m, donde se han construido varias cabañas de veraneo. Indica que, en el día de la reparación de un trecho del cerco, llegó Carabineros al lugar junto con nombre reservado, cónyuge de la recurrente, a decirles que le habían realizado un llamado telefónico para denunciar usurpación de terreno, por lo que le explicó al funcionario y le indicó los límites generales que se aprecian claramente, ya que también existen cercos interiores en su propiedad para una mejor administración del pasto que le sirve de talaje a sus animales, explicándole que solo era un trecho que se estaba reparando, procediendo Carabineros a tomar declaración y retirándose del lugar.

Expresa que, el acto que la recurrente califica como arbitrario y/o ilegal y que la priva o perturba en el ejercicio de sus garantías constitucionales, no es tal, toda vez que los trabajos realizados responden exclusivamente a la necesidad de cambiar una antigua cerca que separa su propiedad del sitio contiguo de propiedad de la recurrente, y en ningún caso tal trabajo de mera conservación tuvo por finalidad apropiarse de un bien ajeno, como la recurrente señala y, en consecuencia, no ha afectado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política.

Por todo lo anterior, termina solicitando que se rechace el presente recurso en todas sus partes, por carecer de fundamentos de derecho y no existir el acto arbitrario y/o ilegal que afecte las garantías constitucionales de la recurrente, con expresa condena en costas.

A su informe acompaña copia de escritura pública de compraventa del año 1976; inscripciones de dominio de 1967 y 1985; reinscripción del año 2005; declaración jurada de nombre reservado y nombre reservado, copia de denuncia por daños del año 2012 y comprobante de pago de servicios básicos.

3°.- Que, obra en autos informe evacuado por Carabineros que da cuenta que personal policial se constituyó en el lugar de los hechos el 9 de julio de 2020, observando que en la línea colindante con la propiedad de la familia nombre reservado existe un cerco levantado de estacas de madera, trazado con alambres de púas, existiendo un letrero de aviso donde menciona "PROPIEDAD PRIVADA, SE PROHIBE PASAR, RECOLECTAR Y CAZAR", cerco que corresponde a la línea original conforme a las escrituras.

Indica el informe que se instaló un cerco compuesto de estacas de madera de eucaliptus, trazado con alambres de púas que se ubica a 38,7 metros al Sur de la línea original levantado por nombre reservado y otros familiares con fecha 13 de junio de 2020, haciendo presente que este nuevo cerco fue removido por terceros y se encontraba en el suelo. Indicando además Carabineros que, con el nuevo cerco construido se usurparía una extensión de 200 metros de largo por 37,8 metros de ancho. Se adjunta croquis y set fotográfico.

4°.- Que con fecha 21 de agosto del año en curso la recurrente se desiste de su acción interpuesta sólo en contra de la recurrida nombre reservado.

5º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7º.- Que, la recurrente ha invocado la protección de la garantía contemplada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, debido a que el pasado 13 de junio del año en curso, el recurrido procedió a instalar estacas de madera y alambres de púas, construyendo un nuevo cerco de aproximadamente 34,00 metros de largo, desplazando la línea existente cerca de 38,7 metros hacia el sur, adentrándola a la propiedad de la actora, ocupando un área también aproximada de 1.315,8 metros cuadrados de terreno perteneciente a esta última.

8°.- Que, informando el recurrido solicitó el rechazo del recurso interpuesto en su contra, indicando que el 13 de junio pasado se encontraba con sus hijos y dos trabajadores realizando trabajos de reparación del cerco divisorio y que también existen cercos interiores en su propiedad para una mejor administración del pasto que le sirve de talaje a sus animales, negando haber desplazado la línea divisoria hacia el interior del predio de la actora.

9º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que el recurso de protección constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada, pues permite a la Corte, sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, determinar si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos por los cuales resulta procedente.

10º.- Que, en autos, el recurrido niega haber instalado un nuevo cerco, como se señala en el recurso, e invoca que sólo procedió a efectuar labores de reparación de dicho cierre, controvirtiendo haber usurpado alguna franja de terreno de la actora.

Sin embargo, de las fotografías acompañadas por la parte recurrente y de lo informado por Carabineros, que se constituyó en el lugar, acompañando fotografías, se puede concluir que se instaló un cerco compuesto de estacas de madera de eucaliptus, trazado con alambres de púas que se ubica a 38,7 metros al Sur de la línea original, levantado por nombre reservado y otros familiares con fecha 13 de junio de 2020 y con el nuevo cerco construido se usurparía una extensión de 200 metros de largo por 37,8 metros de ancho a la propiedad de la recurrente.

11º.- Que, así las cosas, debe concluirse que la conducta desplegada por el recurrido importa una alteración del status quo vigente, toda vez que la instalación del referido cerco por parte de aquél constituye una acción de autotutela que deja a la actora en una precaria situación, en cuanto le impide usar, gozar y disponer de un retazo de terreno del que dice ser propietaria, resultando evidente entonces que el acto descrito es ilegal, no ajustado a nuestro ordenamiento jurídico y también arbitrario, desde que carece de razonabilidad y, por ende, ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que el recurrido, al alterar una situación de hecho preexistente, ha derivado en una intromisión en materias cuya determinación, por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito jurisdiccional, impidiendo el recurrido nombre reservado con su actuación el ejercicio de los atributos del dominio de que dice ser titular nombre reservado.

12º.- Que, en razón de lo anterior, corresponde a esta Corte, por la vía de acoger el recurso deducido, restablecer el imperio del derecho y disponer de inmediato las providencias que aseguren la debida protección de la afectada, teniendo presente para ello el mérito de lo informado por Carabineros y las fotografías que adjunta, que demuestra que el cerco objeto de la presente acción ya no se encuentra en pie, se ordenara al recurrido que debe abstenerse de realizar cualquier acción material que altere los limites existentes entre las propiedades de las partes.

Que, lo consignado precedentemente, es sin perjuicio de los derechos que asisten a ambas partes para requerir de la autoridad jurisdiccional competente, la solución del conflicto que aparece suscitado a través de los medios que otorga la ley.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por el abogado Paul Chazal Garrido en favor de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, sólo en cuanto se ordena al recurrido que se abstenga en lo sucesivo de ejecutar actos materiales que alteren la situación pre existente en el terreno, cuyo deslinde comparten ambas partes, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistirle.

Notifíquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese.

En su oportunidad, dése cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Ministro Titular Guillermo Arcos Salinas.

RIC 1409-2020-PROTECCION.-