Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1386-20232 ene 2024
Fecha
2 de enero de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Chillán
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 1386-2023, sentencia de 2 de enero de 2024

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Municipalidad de Yungay por la suspensión de la patente comercial de juegos electrónicos, al estimarse que la decisión se adoptó dentro de sus facultades y con antecedentes objetivos, sin privar ni perturbar derechos.

Texto íntegro

Chillán, dos de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1°.- Que, comparece la abogada Paula Bustos Ríos, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad De Yungay, del Alcalde de Yungay don nombre reservado, quien es también representante legal del primer recurrido, y en contra de la funcionaria municipal doña nombre reservado, por haber privado, perturbado y amenazado a sus representados, en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 2°, 21, 22 y 24 de nuestra Carta Fundamental, solicitando se acoja la presente acción de protección constitucional de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de sus derechos afectados.

Al fundar el recurso, refiere que su representado es contribuyente y titular de la patente comercial correspondiente a la glosa juegos electrónicos, autorizado para operar el establecimiento asociado al inmueble ubicado en domicilio reservado, desde el año 2012. La patente municipal le fue otorgada aproximadamente hace más de 10 años y ha sido renovada durante todos estos años pagándose el respectivo impuesto en la Tesorería Municipal de forma semestral.

A mediados de octubre de 2023, dice, concurrió a la Tesorería Municipal a pagar la patente, pero no pudo realizar el pago, pues le informaron que esta no había sido girada. Se dirigió donde la funcionaria municipal recurrida para consultar por su situación, sin embargo ésta le entregó diversos y confusos argumentos del porqué no se giró su patente, entre los cuales indica: “No se giró porque creo haber visto una carta enviada por usted, don nombre reservado, en la cual solicitaba el término de la patente”; “no fue girada porque nosotros fiscalizamos los locales, y la vez que concurrió el funcionario municipal, este estaba cerrado”, y por último que “no se giró porque al revisar la carpeta pude constatar que no existía antecedente de que la propiedad estuviera regularizada, faltaba el certificado de recepción definitiva, por favor acompáñelo, y si está correcto, no hay problema en recibir nuevamente el pago de la patente”

Añade que solicitó el referido certificado, que lo recibió el 19 de octubre del año en curso, y ratificó que la propiedad cuenta con Permiso de Edificación y Recepción Definitiva número 21 de fecha 24 de julio de 2012. En seguida se habría acercado donde la misma funcionaria, la recurrida nombre reservado, le habría entregado el documento, y aun así, no conforme con la acreditación y sin dar lógica a sus palabras requirió nuevos antecedentes, los cuales no dicen relación con la renovación de una patente, por el contrario son los que se requieren para la obtención de una nueva patente.

La letrada hace presente que la última renovación comprendía el período de julio a diciembre de 2022, próximo pago hasta el 31 de enero de 2023. Antes de esa fecha, las renovaciones se realizaron como era debido dos veces por año, sin que la municipalidad requiriera ningún antecedente, dando así nacimiento a la confianza legítima. Además, señal que su representado ha mantenido la patente en regla, cumpliendo con las obligaciones que esta impone y ejerciendo la actividad autorizada desde el año 2011 hasta octubre de 2023, cuando la funcionaria municipal se negó a recibir el pago.

Luego, destaca que el día 19 de octubre, requirió a la funcionaria municipal, que exhibiera el decreto alcaldicio que dejaba sin efecto la patente comercial negándose a tal solicitud y expresó que no existía, y que su actuar se ajustaba a la esfera de sus competencias. Sin embargo, el miércoles 15 de noviembre, doña nombre reservado, hizo entrega material a un tercero en las dependencias de la municipalidad, del Decreto Alcaldicio N°1660, que tiene fecha de emisión el 21 de julio de 2023, lo cual sería extraño por cuanto no estaba disponible el 19 de octubre de 2023, y tampoco fue puesto en conocimiento de su representado, agravando aún más el acto arbitrario e Ilegal en que incurre la funcionaria municipal recurrida y la Municipalidad.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario que denuncia en este acto, refiere que este se compone de dos fases o dos actuaciones distintas. En primer lugar, por la funcionaria Municipal de la Ilustre Municipalidad de Yungay que decide rechazar la renovación de la patente comercial de propiedad del recurrente, sin indicar el motivo o causal legal de la decisión de no renovación de estas patentes. Y en segundo lugar, que, dando materialidad al acto ilegal o arbitrario de la funcionaria Municipal, nombre reservado, el día 15 de noviembre de 2023, en dependencia de la Municipalidad hace entrega a un tercero, de un Decreto Alcadicio, que ordena anotar en los registros del Departamento de Rentas Municipales e Inspección – La suspensión de la patente -, en los siguientes términos: “SUSPENDASE, a contar del presente decreto la patente “Juegos Electrónicos” correspondiente a nombre del Sr nombre reservado, Rut N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por no encontrarse ejerciendo actividad comercial y por falta de acreditación de requisitos para renovación de Patente Comercial”.

Estima que dichos actos son ilegales y arbitrarios porque la funcionaria, actuó sin fundamento legal, se negó a renovar la patente comercial sin expresar causa legal; porque el Decreto Alcaldicio n° 1660 de fecha 21 de junio de 2023, sólo fue conocido el día miércoles 15 de noviembre, y no fue notificado al recurrente, por el contrario, fue entregado a un tercero para que éste lo hiciera llegar al recurrente, agravando así la irregularidad, la arbitrariedad y la ilegalidad con la cual se ha conducido en esta materia la Municipalidad de Yungay.

Añade que si bien el otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de las patentes comerciales es una facultad que discrecionalmente corresponde ejercer al alcalde de la comuna respectiva, con acuerdo del Concejo Municipal, el ejercicio de esta facultad no puede ser infundado ni arbitrario, debe actuar de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, en el sentido que las resoluciones de la administración siempre -deben ser fundadas-, particularmente cuando las mismas afecten los derechos de los particulares, ya sea limitando, restringiendo, privando, perturbando o amenazando su legítimo ejercicio, debiendo expresarse los hechos y fundamentos de derecho de las mismas. En este caso, la Municipalidad de Yungay, ni siquiera se detuvo a esbozar algún argumento jurídico para su actuar en contra del recurrente, no bastando imputaciones genéricas o imprecisas, realizadas por una funcionaria municipal que adoptó dicha actitud.

Estima que la recurrida con su actuar ha vulnerado las garantías constitucionales de su representado, en especial las del artículo 19 N° 2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política, esto es, la Igualdad ante la Ley, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Finalmente, y luego de citar jurisprudencia, pide a esta Corte tener por interpuesta la presente Acción Constitucional de Protección, en contra de la Ilustre Municipalidad de Yungay, persona jurídica de derecho publica, RUT, 69.141.531- 8, del Alcalde De Yungay don nombre reservado, Rut:RUT reservado, quien es también representante legal del primer recurrido, y en contra de la funcionaria municipal doña nombre reservado, Rut: desconoce, todos ya individualizados, acogerlo a tramitación, ordenando que los recurridos informen en el más breve plazo y, en definitiva lo acoja, ordenando se restablezca el imperio del derecho dejando sin efecto los actos ilegales o arbitrarios que privan, perturban y/o amenazan a su representado en el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en los numerales 2°, 21°, 22º y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, declarando arbitrarias o ilegales las actuaciones de los recurridos, proceder a la renovación de la patente N° 0 de propiedad de don nombre reservado y, asimismo, disponer que el Departamento de Rentas Municipales gire los derechos que corresponde a dicha patente comercial y, en definitiva, que perciba dichos valores, manteniéndola vigente mientras no se verifique una causal de extinción prevista en la ley, o adoptar las medidas que esta I. Corte considere necesarias para el pleno restablecimiento del derecho, todo ello con costas.

2°.- Que, al informar el presente recurso de protección, la abogada doña Valeria Ignacia Sanhueza Salazar, en representación de la I. Municipalidad De Yungay, solicita que éste sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas, por cuanto los hechos en que la recurrente funda su pretensión no serían efectivos.

Indica que a mediados de octubre del año 2023, don nombre reservado se dirigió a la oficina de Rentas y Patentes, con la intención de realizar la renovación de la patente comercial del local de juegos electrónicos, ubicado en domicilio reservado, por el periodo enero y julio 2023, los cuales por cierto se encontraban impagos, ante lo cual la funcionaria a cargo de Rentas y Patentes, Sra. nombre reservado, le indica que su patente no se encuentra girada, ya que se ha ido a fiscalizar en dos oportunidades el local comercial, encontrándolo cerrado, razón por la cual se suspende la patente comercial. Añade que para que don nombre reservado pueda entender los motivos de la negativa, procede a revisar el expediente físico, indicándole que los documentos que su parte tiene son antiguos, debiendo ser actualizados. Además, la funcionaria se percata que la patente municipal no se encontraba enrolada en dicho sistema, motivo que la lleva a solicitarle a don nombre reservado el certificado de regularización o destino actualizado e informándole que mientras no cuente con todos los documentos actualizados no se puede renovar la patente comercial.

Indica que días posteriores don nombre reservado hace entrega del certificado solicitado, sin embargo, se le informa nuevamente que no se puede renovar la patente comercial, ya que seguían faltando documentos exigidos, de acuerdo el dictamen N° 31.387, del año 2012, que menciona que “para la renovación de una patente comercial por un nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, del cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento”, en este caso para la renovación de una patente comercial de juegos electrónicos, se debe verificar si existe: a.-Iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. b.- Certificado de regularización o destino otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad. c.- Resolución sanitaria, informe o clasificación de actividad, según corresponda. d.- Contrato de arriendo o acreditar propiedad. e.-Otros giros de la patente solicitada y calidad jurídica del solicitante. f.-En caso que exista duda si los juegos electrónicos son de azar o de destrezas, se requiere un informe de calificación, el cual es otorgado por la Superintendencia de casinos de Juegos, regulado en el artículo 3°, letra b), de la ley N° 19.995 y aprobado en la circular Nº 83, por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), el cual señala: "En el caso que el municipio respectivo tenga dudas acerca de si se trata de un juego de azar contemplado en ese catálogo, debe coordinarse con esa superintendencia a fin de que esta emita un informe definiendo tal aspecto”, que al no tener toda la documentación actualizada en poder de su parte para efectuar una renovación de patente, fue necesario solicitarlo, sin embargo, a pesar de ello, la Municipalidad no se encuentra facultada para renovar la patente comercial, situación que consta en virtud del Decreto Alcaldicio Nº 1660 del 21 de julio del año 2023, el cual menciona: “Suspéndase a contar del presente Decreto la patente Juegos Electrónicos, correspondiente a nombre de Sr. nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por no encontrarse ejerciendo actividad comercial y por falta de acreditación de requisitos para renovación de Patente Comercial”. “Solicítese al contribuyente la acreditación de requisitos para renovación de Patente Comercial”.

Al darle a conocer el decreto de suspensión a un tercero que fue enviado por don nombre reservado, se le indica que se debe reunir toda la documentación correspondiente y actualizada para la renovación de la patente comercial, documentación que hasta la fecha, la parte contraria no acompaña, optando por recurrir ante esta Corte.

Destaca que al realizarse fiscalizaciones en el local, en dos oportunidades distintas, la primera con fecha 09 de enero de 2023, realizada por los funcionarios nombre reservado y por nombre reservado, ambos inspectores municipales, y la segunda inspección, con fecha 15 de junio del año 2023, efectuada por los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, se pudo evidenciar que no existe actividad comercial efectiva, elemento que debiese existir, según lo menciona el Dictamen de Contraloría N° 6671 del año 2015, el cual ha precisado que los requisitos que hacen procedente el cobro de patente municipal son: “a) que la actividad esté gravada con tributo; b) que esta sea efectivamente ejercida por el contribuyente; y c) que se realice en un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado”, el dictamen agrega que “El Municipio se encuentra facultado para cobrar patente municipal, en la medida que conste el ejercicio efectivo de actos continuos en el tiempo, organizados y orientados sistemáticamente a la obtención de lucro”.

Luego, explica la letrada que, no quedando conforme su parte del motivo por el cual la recurrente se niega a acompañar la documentación actualizada, con fecha 27 de noviembre de 2023, se solicitó a don nombre reservado, propietario del inmueble que se utiliza como local comercial de juegos electrónicos, el contrato de arriendo de dicha propiedad, recibiendo respuesta con fecha 01 de diciembre de 2023, señalando que: “En relación a lo solicitado por usted, por la situación de don nombre reservado, quien pretende que se le renueve la patente comercial de juegos electrónicos en el local Nº 4, de domicilio reservado, informo a usted lo siguiente: existió un contrato de arriendo del local comercial con el señor nombre reservado desde el 11 de julio de 2011, por un plazo de 3 años, el que venció el 11 de julio de 2014. Siguió la relación comercial de forma muy irregular, por lo que actualmente mantiene una deuda impaga de muchos meses, por lo que me vi en la necesidad de recurrir a los Tribunales de Justicia para que se me haga entrega de dicho local. Creo que el caso ya llega a su fin y espero el fallo del Juzgado de Yungay para recuperarlo para arrendarlo a otra persona.”

Estima que dicha carta refuerza la decisión de suspender la patente comercial de juegos electrónicos, principalmente por la falta de documentación actualizada que amerite su renovación y teniendo a la vista la carta enviada por don nombre reservado, propietario del local comercial en cuestión que acredita que don nombre reservado no cuenta con un contrato de arriendo vigente, requisito fundamental para la renovación de una patente comercial.

Reitera que los requisitos que la I. Municipalidad solicita para renovar una patente comercial de juegos electrónicos son: a.-Inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. b.- Certificado de regularización o destino otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad. c.- Resolución sanitaria, informe o clasificación de actividad, según corresponda. d.- Contrato de arriendo o acreditar propiedad. e.- Otros giros de la patente solicitada y calidad jurídica del solicitante. f.- informe de calificación otorgado por la Superintendencia de Casinos de Juegos. Documentos de los cuales su parte solo cuenta con el Certificado de regularización o destino, otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad con fecha 19 de octubre de 2023 y el contrato de arriendo no vigente, y que por cierto no fue acompañado en su oportunidad por don nombre reservado, debiendo su parte solicitarlo directamente al propietario del inmueble, recalcando que la contraria no presentó ningún otro documento actualizado para la renovación de la patente comercial, sumado que existen dos fiscalizaciones realizadas la primera con fecha 09 de enero de 2023 y la segunda con fecha 15 de junio de 2023, en las que en ambas oportunidades se ha podido constatar que no existe evidencia de actividad comercial, encontrándose cerrado el local, antecedentes suficientes para no renovar de la patente comercial de juegos electrónicos, esto, hasta tener los antecedentes fundantes que permitan acceder a ella.

Posteriormente, plantea que queda en evidencia que la acción planteada por la parte recurrente se fundamenta en una materia que, por su naturaleza, requiere de un pronunciamiento propio de un juicio declarativo de lato conocimiento, ajeno por lo tanto al ámbito propio del recurso constitucional de protección que la contraparte expone y pretende dilucidar por esta vía. La naturaleza y los fines del recurso de protección no pueden ser desvirtuados, sometiendo a la consideración de esta Corte el conocimiento de este tipo de eventuales controversias por la supuesta privación que tiene el recurrente sobre derechos que no son indubitados y que deberían resolverse de acuerdo a las normas de un juicio de lato conocimiento.

Por todo lo ya expresado, dice, al existir disputa, situaciones discutidas, el pleito entre su mandante y el recurrente, no tiene cabida ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, sino en un juicio declarativo de lato conocimiento, ajeno por lo tanto al ámbito propio del recurso constitucional de protección. Esto ratifica la necesidad de un procedimiento adecuado para debatir con latitud la controversia entre las partes y los cargos que pudieran formularse recíprocamente en relación a las alternativas y divergencias que supone dicha situación, ante los tribunales que corresponda o la autoridad administrativa competente.

Finalmente, y en mérito a lo expuesto y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, pide se tenga por evacuado informe y con su mérito se deseche el recurso interpuesto por la recurrente en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, la recurrente imputa a la municipalidad recurrida los hechos denunciados mediante el presente recurso, que dicen relación con el acto arbitrario o ilegal constituido por la actuación de una funcionaria municipal de la Municipalidad de Yungay que decide rechazar la renovación de la patente comercial de propiedad del recurrente sin indicar motivo o causa legal de la decisión, y por la dictación del Decreto Alcaldicio N°1660 que suspende la patente “Juegos Electrónicos”, por no encontrarse ejerciendo actividad comercial y por falta de acreditación de requisitos para renovación de Patente Comercial, cuestión que ha afectado sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

7°.- Que, por su parte la recurrida pide el rechazo del recurso, fundado en que la suspensión de la patente comercial se ampara en que la recurrente no acompañó la documentación actualizada para obtener la renovación de la misma, a lo que se suma la existencia de dos fiscalizaciones que constataron en terreno que no existe evidencia de actividad comercial, encontrándose cerrado el local, antecedentes suficientes para no renovar la patente hasta tener los antecedentes fundantes que permitan acceder a ella.

8°.- Que, la recurrente ha acompañado como antecedente, un contrato de arrendamiento suscrito entre don nombre reservado, -arrendador-, y don nombre reservado, -arrendatario-, por el termino de tres años, del local comercial ubicado en domicilio reservado, firmado por el arrendador ante notario con fecha 12 de julio de 2016. Asimismo, acompaña Decreto Alcaldicio N°1660 de 21 de julio de 2023 que suspende la patente “Juegos Electrónicos” a nombre de nombre reservado, por no encontrarse ejerciendo actividad comercial y por falta de acreditación de requisitos para renovación de patente comercial.

A su turno, la recurrida, ha acompañado una serie de antecedentes, tales como certificado N°454 emitido por la DOM sobre cumplimiento de condiciones de uso de suelo de 19/10/2023; carta emitida por don nombre reservado de fecha 01/12/2023, dando cuenta a la municipalidad que recurrió judicialmente contra don nombre reservado por no pago de rentas de arrendamiento del local comercial; carta dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad por parte de la encargada de patentes y rentas, dando cuenta que la cuota de patente comercial de domicilio reservado, primer y segundo semestre 2023 no fue girada, ya que de acuerdo a las inspecciones realizadas se observó que el local se encontraba cerrado por falta de funcionamiento; Inspección N°10 de 15/06/2023 e Inspección N°1 de 09/01/2023.

9°.- Que, de los antecedentes acompañados, aparece que la municipalidad ha suspendido la patente “Juegos electrónicos” en razón de que el recurrente no se encuentra ejerciendo actividad comercial y no ha acompañado la documentación vigente que se le ha requerido de conformidad al Dictamen N° 31.387 del año 2012, que establece que “la renovación de una patente comercial por un nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, del cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento” y del Dictamen 6671 del año 2015 que establece que “en la medida que efectivamente [...] realicen actividades gravadas con patente municipal -según los parámetros establecidos por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General- habrá procedido el cobro realizado por ese municipio. En cambio, en caso de no verificarse tales supuestos de hecho, cuya constatación corresponde a la Administración activa, esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas tendientes a regularizar la situación planteada en la especie.”

En efecto, para la renovación de una patente comercial de juegos electrónicos, se debe verificar si existe: a. Iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos; b. Certificado de regularización o destino otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad; c. Resolución sanitaria, informe o clasificación de actividad, según corresponda; d. Contrato de arriendo o acreditar propiedad; e. Otros giros de la patente solicitada y calidad jurídica del solicitante y, en su caso, f. informe de calificación otorgado por la Superintendencia de Casinos de Juegos.

A su vez, para girar el impuesto y recibir el cobro se requiere que el recurrente efectivamente desarrolle alguna actividad comercial gravada con patente municipal para que resulte procedente el cobro de la respectiva contribución, cuestión que, como ya se indicó, es un elemento de hecho que le compete verificar al municipio respectivo.

10°. Que, del mérito de lo expuesto, se advierte que el recurrente en su oportunidad no acompañó la documentación actualizada requerida, que el arrendador de la propiedad ubicada en domicilio reservado, con fecha 01 de diciembre de 2023 dirige carta a la municipalidad, manifestando que debió demandar al recurrente para recuperar su propiedad debido al no pago de las rentas de arrendamiento del local, y que la constatación de ausencia de actividad comercial en el inmueble, fue efectuada por funcionarios municipales los días 9 de enero y 15 de junio del año 2023.

11°.- Que, en consecuencia, del estudio razonado y crítico de los antecedentes referidos previamente, se advierte que no hay ningún elemento de convicción que permita suscribir, que de parte de las recurridas ha existido algún comportamiento arbitrario o ilegal al suspender la patente comercial “Juegos Electrónicos”, por cuanto al hacerlo actuó dentro de sus facultades, y en ningún caso privó, amenazó o perturbó los derechos que la recurrente estima conculcados, ya que contando con antecedentes concretos y de carácter objetivo adopta la decisión de suspensión recurrida, la que además, en ningún caso es de carácter indeleble, toda vez que del mismo Decreto Alcaldicio N°1660 de 21 de julio de 2023 se desprende, que el contribuyente puede acompañar la documentación requerida a fin de acreditar los requisitos que se le exigen, y consecuencialmente obtener la renovación de la patente comercial requerida.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Paula Bustos Ríos, en representación de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Yungay, del Alcalde de Yungay don nombre reservado, quien es también representante legal del primer recurrido, y en contra de la funcionaria municipal doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra (s) señora Antonella Farfarello Galletti.

R.I.C. 1386-2023-PROTECCIÓN.