nombre reservado con MACHARD AJUSTADORES LIMITADA

Chillán, cinco de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Yamir Rivera Malverde, en favor de nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, región de Ñuble, interponiendo acción de protección contra Machard Ajustadores, Liquidadores Oficiales de Seguros Limitada, por vulnerar ésta con su actuar la garantía prevista en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental.

Señala primeramente, respecto a cuestiones de admisibilidad que la acción ha sido interpuesta dentro de plazo, pues tomó conocimiento del acto arbitrario el 30 de octubre del año 2023 y que se pide la protección de un derecho indubitado.

En cuanto a los hechos, indica que con fecha 25 de octubre de 2023 solicitó mediante correo dirigido a la recurrida copia íntegra de expediente de proceso de liquidación N° 1863944 por el siniestro de daños por sismos que afectó su propiedad ubicada en domicilio reservado, región de Ñuble, respecto del cual el liquidador declaró que el siniestro no estaba cubierto porque no pudo asociar los daños al evento denunciado.

Agrega que con fecha 30 de octubre de 2023, recibió la copia del expediente solicitado, y constató que no existe en él ninguna pericia, infringiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 13 letra g) del D.S. N° 1055, afectando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 n°2 de la Carta Fundamental, pues ha privado al actor del trato que la ley ha establecido para todo ciudadano que se sujeta a un procedimiento de liquidación de siniestros.

En cuanto al derecho, cita los artículos 13 letra g) y 28 del Decreto Supremo N° 1055, que establecen la obligación de las liquidadoras de dictar un informe final fundado, debiendo requerir los informes técnicos de especialistas, según la naturaleza del riesgo cubierto.

Señala que en el caso de autos, el asegurado requirió oportunamente la realización de tales pericias en su respectiva impugnación, sin que el liquidador diera cumplimiento a ello, no obstante, el apercibimiento del asegurado, incumpliendo de esta manera el deber de investigación, al no llevar a cabo todas aquellas diligencias que exige la norma recién citada, pues no consta ni una solicitud ni la incorporación de pericia técnica que permita racionalmente sostener las conclusiones del informe de liquidación, lo que refleja un incumplimiento legal, y consecuentemente una evidente falta de fundamentación en los términos legalmente exigibles. Al efecto, y con el fin de garantizar un procedimiento racional y justo, el D.S. N°1055 impone el deber de obrar bajo principios de objetividad y carácter técnico, de conformidad a la letra b) de su artículo 19, cuestión que se ve ampliamente lesionada al constatarse que el liquidador emitió su informe sin la realización de ninguna pericia; resolviendo únicamente en base a la inspección personal y los antecedentes aportados por el propio asegurado.

Finaliza solicitando a esta Corte, acceder a lo solicitado y en definitiva declare ilegal y arbitrario el actuar del recurrido, obligándole a dejar sin efecto la liquidación de fecha 11 de octubre del año pasado, retrotrayendo el procedimiento al estado de volver a resolver mediante liquidación final fundada, mediante realización de pericias indicadas en la letra g) del artículo 13 del Decreto Supremo N°1055, con costas.

2°.- Que, informa el abogado Juan Pablo Urzúa Poblete, en representación de la recurrida Machard Ajustadores Liquidadores Oficiales de Seguros Limitada y alega primeramente la improcedencia del recurso, por no ser la vía idónea, ya que atendida la naturaleza de esta acción cautelar, no permite sustituir acciones o procedimiento ordinarios o especiales en los que deba ventilarse cuestiones relativas a la interpretación de cláusulas contractuales vinculadas a un contrato de seguro. Cita en ese sentido jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de la Serena y agrega que así también lo dispone el artículo 543, en relación al artículo 542, ambos del Código de Comercio.

En cuanto al fondo, expresa que no obstante los errores de interpretación en que incurre el recurrente, su representada en el proceso dio pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 letra g) del Decreto Supremo 1055. En ese sentido, indica que previas coordinaciones pertinentes, con fecha 24 de agosto se realiza la visita de inspección al inmueble asegurado, concurriendo por parte de la recurrida el inspector de sinestros don nombre reservado, en compañía de asesor del actor, don nombre reservado, quien firmó acta levantada al término de la inspección.

Respecto a la norma citada, sostiene que la disposición no habla de requerir pericias como afirma el recurrente, sino de informes técnicos de especialistas y que Machard Ajustadores, en su calidad de liquidador oficial de seguros, cuenta con personal de planta de Constructores e Ingenieros Civiles, que son precisamente los especialistas en analizar riesgos sumado a la experiencia de haber atendido más de 74.000 siniestros para las diferentes compañías aseguradoras del mercado chileno.

Indica las consideraciones y análisis en base a los cuales se determinó las pérdidas de responsabilidad de la póliza contratada, detallando los siguientes: Con fecha 16 de julio de 2023 se produjo un sismo de 6,6 Mww GUC, con epicentro a 52 kilómetros de Lonquimay, que alcanza un grado máximo de VI en escala Mercalli en la ciudad de Chillán Viejo, ubicación del inmueble del asegurado; presupuesto de reclamación presentado por los representantes del asegurado, Asesores FLC Spa vía correo electrónico, consistentes en un set fotográfico y presupuesto N° 167217038, con fecha de diagnóstico 02 de agosto de 2023, sin firma del profesional responsable de su confección, presentado con logo de la empresa “Constructora Tu Hogar”, por un monto bruto de $2.810.785, equivalente a 78, 63 U.F.; análisis de los perjuicios registrados en terreno como fotografías, recintos afectados, cubicaciones, materialidades; valores actuales de mercados en la región donde se emplaza el inmueble, considerando rendimiento, materiales y mano de obra.

Expresa que de acuerdo a lo antes indicado, se realizaron ajustes al presupuesto de reclamación del siniestro ajustando los metros cuadrados reclamados considerando las cubicaciones medidas y registradas durante la visita de la inspección; se consideraron las partidas asociadas a reparaciones de daños acreditados durante la inspección; y, se excluyeron aquellos no relacionados.

Señala que con fecha 05 de octubre de 2023 se informa el análisis y propuesta de indemnización a los representantes del asegurado, dicho análisis técnico arroja que las pérdidas reclamadas no superan el valor deducible estipulado en la póliza (1% el monto asegurado con un mínimo de 25, 00 UF). Posteriormente, el 11 de octubre de 2023 se despachó el informe final de liquidación a las partes, donde se recomienda el archivo de antecedentes por quedar bajo deducible las pérdidas determinadas. De este modo, manifiesta que los ajustes aplicados corresponden a los análisis propios del proceso de liquidación, realizados por profesionales especialistas del área de planta de Machard Ajustadores, donde la finalidad es establecer la ocurrencia de un siniestro y sus consecuencias y así determinar las pérdidas a indemnizar frente a un evento bajo las coberturas contratadas, siendo tarea propia del liquidador oficial de seguros determinar qué trabajos son necesarios, adecuados y suficientes para reparar los daños a la materia asegurada, sin que el asegurador tenga que incurrir o asumir, frente a igual trabajo y resultado, el pago de los precios o valores más altos.

Hace presente que de conformidad a lo dispuesto en la letra b) del artículo 13 del Decreto Supremo 1055 de Hacienda de 2013, los liquidadores deben igualmente determinar el verdadero valor del objeto asegurado a la época del siniestro, el monto de los perjuicios, la suma que le corresponde indemnizar, informando fundadamente al asegurado y asegurador la procedencia o rechazo de la indemnización.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe y rechazar la presente acción constitucional, con expresa condenación en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, a fin de resolver la presente acción constitucional, cabe señalar que el recurrente, en síntesis, sostiene que con fecha 25 de octubre de 2023 solicitó copia íntegra de expediente de proceso de liquidación por el siniestro de daños por sismos que afectó su propiedad y al recibirlo constató que no existe en él ninguna pericia, infringiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 13 letra g) del D.S. N° 1055, afectando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 n°2 de la Carta Fundamental, pues le ha privado del trato que la ley ha establecido para todo ciudadano que se sujeta a un procedimiento de liquidación de siniestros.

7°.- Que en este punto, la normativa referente a la liquidación de seguros establece todo un procedimiento reglado y específico para el caso que un informe de liquidación no satisfaga los intereses del asegurado, señalándose en el artículo 26 del Decreto Supremo N°1055, que aprueba el nuevo reglamento de los auxiliares del comercio de seguros y procedimiento de liquidación de siniestros que “Recibido el informe de un liquidador registrado, la compañía de seguros y el asegurado dispondrán de un plazo de 10 días para impugnarlo. En caso que la liquidación sea practicada directamente por el asegurador, sólo el asegurado estará facultado para impugnar el informe de liquidación, dentro del plazo mencionado anteriormente. En el caso que la liquidación directa por el asegurador determine la procedencia del pago de la indemnización y su monto en el respectivo informe de liquidación, la compañía de seguros deberá proceder a su pago en el plazo de 6 días. Impugnado el informe de liquidación, el liquidador o la compañía aseguradora, en su caso, deberá dar respuesta a dicha impugnación entro del plazo de seis días contado desde su recepción. La respuesta del liquidador a las impugnaciones efectuadas se remitirá al asegurado y asegurador, en forma simultánea. Tratándose de los seguros a que se refiere el inciso segundo del artículo 542 del Código de Comercio, el plazo para impugnar la liquidación será de 20 días, mientras que el de respuesta a la impugnación será de 12 días.”

Por su parte, el artículo 27 del mismo Decreto Supremo N°1055, en relación al pago de la indemnización, dispone que “Si dentro del plazo de 5 días de concluido el proceso de liquidación, persistieran las diferencias entre el asegurador y el asegurado respecto del monto de la indemnización o sobre su procedencia, la compañía de seguros deberá notificar al asegurado su resolución final respecto al siniestro. Se entenderá concluido el proceso de liquidación, una vez que sean contestadas las impugnaciones o venzan los plazos para impugnar.”

A su vez, en su inciso segundo agrega que “el siniestro deberá ser pagado por la compañía de seguros dentro de los 6 días siguientes de notificada la resolución de la compañía de seguros respecto de la procedencia del pago de la indemnización, salvo que la póliza disponga un plazo distinto, el cual, en todo caso, no podrá exceder de los 6 días señalados anteriormente en el caso de pólizas depositadas en la Superintendencia. En el mismo plazo, deberá ponerse a disposición del asegurado la suma no disputada, si la hubiere”.

Por último, el inciso final del artículo 27 expresa que “En la decisión final de la compañía de seguros, deberá siempre informarse al asegurado su derecho a recurrir al procedimiento establecido en la póliza, o al que corresponda conforme la ley, para reclamar el pago de su pretendida indemnización o solucionar las dificultades que subsistan”.

8°.- Que de la normativa recientemente expuesta, puede constarse que existe todo un procedimiento debidamente reglado y específico que permite impugnar un informe de liquidación que el asegurado estime agraviarle, no siendo la acción de protección la vía idónea para el conocimiento de materias relacionadas con las actuaciones del liquidador en el marco del procedimiento establecido en la ley, existiendo medios de impugnación que el interesado puede hacer valer dentro de los plazos legales, todo ello según ya lo ha reiterado esta Corte en causa rol 1246-2023 de 27 de septiembre de 2023, confirmada por la Excma. Corte Suprema, y también recientemente en un caso muy similar por esta misma Corte en causa rol 1-2024.

9°.- Que, de acuerdo a lo razonado, si el recurrente estima que el informe de liquidación a su juicio es infundado y por ende ilegal, debe activar el mecanismo específico que la propia normativa en materia de seguros le otorga para impugnarlo, no siendo como se dijo, el presente recurso la vía idónea para ello, por cuanto se trata de discutir cuestiones de fondo del informe del liquidación, si debió o no requerir pericias; si está justificado o no, si había o no que requerir informes técnicos o de especialistas, entre otras materias, todo lo cual excede las posibilidades de esta acción constitucional, que ha sido diseñada solo como un mecanismo de tutela cautelar urgente de protección de derechos fundamentales cuya existencia aparezca indubitada, lo que tampoco acontece en la especie, ya que no aparece claro que los liquidadores estén obligados legalmente a requerir pericias, ni tampoco que estén obligados siempre a solicitar informes, desde que el artículo 13 letra g) del Decreto Supremo N°1055 exige al liquidador requerir informes técnicos de especialistas, según la naturaleza del riesgo cubierto, es decir, no por todo riesgo, sino que de aquellos que ameriten solicitar informes, lo que faculta al liquidador para requerir o no en cada caso concreto los informes técnicos que estime pertinentes dependiendo de las circunstancias del caso según la complejidad y especialidad del riesgo que se pretende cubrir, teniendo además presente que en el caso sublite el problema más bien dice relación con la cobertura y el deducible del seguro que a temas técnicos específicos; pero en definitiva, sea el caso o no de la exigencia de requerir informes, es posible concluir que en el evento que el recurrente estime afectado un derecho fundamental en razón al cuestionamiento del informe de liquidación, ya no se trataría de un derecho indubitado que requiera la presente acción constitucional, sino que de uno controvertido que debe ser resuelto por el procedimiento legal previsto para este tipo de conflictos.

En consecuencia, el presente recurso de protección necesariamente deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Yamir Rivera Malverde, en favor de don nombre reservado, en contra de Machard Ajustadores, Liquidadores Oficiales de Seguros Limitada Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado señor Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N° 1369-2023 PROTECCIÓN