nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

Chillán, once de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece la abogada Claudia Villegas Sepúlveda, en representación de doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, o quien haga sus veces, por el acto ilegal y arbitrario de dictar resolución que confirma el rechazo del pago de licencia médica válidamente emitida, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 números 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica en cuanto al acto recurrido que en el mes de mayo del año en curso, su médico tratante, doña nombre reservado, psiquiatra, emitió licencia médica folio 85856376-3, disponiendo 30 días de reposo a contar del 05 de mayo de 2023 por un trastorno adaptativo mixto, la que fue rechazada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por lo que concurrió a la Superintendencia de Seguridad Social a fin de apelar dicho rechazo.

Señala que con fecha 04 de octubre del presente, fue notificada vía correo electrónico de la Resolución Exenta N° R-01-UME-131451-2023, en la cual se confirmó el rechazo de su licencia apelada. Sostiene que los argumentos esgrimidos por la recurrida son someros y generales, transcribiendo dicha resolución en su presentación.

En cuanto a la infracción legal, manifiesta que la resolución exenta previamente individualizada, fue emitida con manifiesta falta de fundamento, infringiendo los principios básicos de todo acto administrativo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3 y 30 de la Ley 19.880 y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por la Comisión de Medicina Preventiva e Instituciones de Salud Previsional. Lo anterior por cuanto emite la resolución de manera infundada, sin solicitar a la recurrente informes médicos que aportar ni efectuando un peritaje, considerando que la licencia médica ha sido válidamente emitida disponiendo un reposo en el contexto de un tratamiento de salud.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, señala las consagradas en los numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Al efecto explica que el rechazo de su licencia médica implica que no contará con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias, tales como alimentación y compras de medicamentos prescritos según la patología que padece, comprometiendo y conculcando su derecho a la vida e integridad física y psíquica. Por otro lado, la decisión de la recurrente implica que se vulnera la garantía de igualdad en tanto no se ha aplicado el procedimiento establecido en la ley para todos los casos semejantes. Asimismo, mantener el rechazo de su licencia médica constituye una privación de la remuneración a la que tiene derecho, afectándose su derecho de propiedad.

Finaliza solicitando a esta Corte que se acoja el recurso de protección interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por haber dictado la resolución exenta N° R-01-UME-131451-2023, rechazando la licencia médica con manifiesta falta de fundamento; y que se apruebe y ordene el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de la licencia médica N° 85856376-3, extendida a favor de la recurrente, sin perjuicio de adoptar todas las otras medidas necesarias que en derecho se estimen pertinentes para restablecer el imperio del mismo, con costas del recurso.

2°.- Que, evacúa informe el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y alega primeramente la extemporaneidad de la acción por haberse interpuesto vencido el plazo fatal de 30 días para su ejercicio, pues constaría de los expedientes administrativos electrónicos que la recurrente tenía conocimiento cierto de la confirmación de sus licencias médicas por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Ñuble, a más tardar, al 9 de junio del año 2023, pues en esa fecha optó por reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, a través del recurso jerárquico administrativo en contra de lo resuelto por la COMPIN de esa región, sin interponer el recurso de protección, de conformidad a lo dispuesto en el numeral uno del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la acción de protección.

Subsidiariamente informa y sostiene que en cuanto a la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, consta en el expediente administrativo que la recurrente con fecha 9 de junio del año 2023, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia médica N° 85856376-3, extendida por un total de 30 días de reposo a contar del 5 de mayo de 2023, por cuanto la referida comisión médica, administradora del beneficio, consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

En ese sentido, indica que con la finalidad de resolver adecuadamente la referida presentación, se recabaron los antecedentes médicos de la Comisión de Medicina Preventiva reclamada y previo estudio de los antecedentes médicos, confirmó el rechazo de la licencia reclamada mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-131451-2023, de 4 de octubre del año 2023, al no estar justificado el reposo prescrito. Cita la recurrida fundamentos de la resolución 123391-2023 el que indica: Que la licencia “(…) extendida por un total de 30 días a partir del 5-5-2023. Emitida por Dra. nombre reservado, psiquiatra, modalidad libre elección, con diagnóstico de F43.21 presentación previa a la SUSESO que acoge Lm previa a la ahora reclamada. Acumula un total de 375 días de reposo por causa psiquiátrica, solo descontinuados por mes estival (reclamante es profesora). 341 días ya autorizados previos al reposo reclamado. Cuento con informes médicos ya transcritos en la sección correspondiente. Ante los antecedentes entregados que son escuetos y vagos, los cuales no permiten aclarar la complejidad del cuadro de la reclamante (estresores por sobre síntomas sin mayor descripción, temporalidad o escala de gravedad), no especifican el impacto funcional de los síntomas, su evolución o la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico, el reposo reclamado impresiona no justificado por ser reposo prolongado y sin claro rol terapéutico…”

Así las cosas, la recurrida sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte, al confirmar por la resolución impugnada el rechazo de las licencias médicas dispuesto por la Comisión de Medicina Preventiva de la Región del Ñuble. Al respecto, tanto el médico contralor de la COMPIN como el médico psiquiatra revisor de la Superintendencia de Seguridad Social estuvieron de acuerdo en que la afección mental con diagnóstico de “trastorno mixto de ansiedad”, no disminuyeron la capacidad funcional de la trabajadora durante la vigencia del reposo, conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

En cuanto al derecho, puntualiza respecto a la licencia médica que existe este beneficio respecto de las incapacidades laborales temporales, la que una vez autorizada por el organismo competente, esto es, COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal, derecho establecido en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, siendo entonces la licencia médica derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporalmente para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

En cuanto al procedimiento al que se somete la autorización de licencias médicas, señala que está establecido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud. Indica que corresponde a ISAPRES (en caso de trabajadores afiliados a estas) o COMPIN (caso de trabajadores afiliados a FONASA) pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud. En el caso de autos, como la recurrente se encuentra afiliada a FONASA, de las resoluciones que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez emita en algunas de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y por último reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, expone que el actuar de la recurrida se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, estando exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad, de conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Agrega que la Ley N° 16.395, en su artículo 2 señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, así como su artículo 3 establece sus funciones fiscalizadoras y de supervigilancia. Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a la recurrida le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario y hace presente que a la referida entidad le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretaría Regionales Ministeriales De Salud (Seremis De Salud), las que tienen a su cargo las Comisiones De Medicina Preventiva E Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional De Salud (FONASA), o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En el caso de autos, sostiene que la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de la recurrida Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era médicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos ya expuestos.

Manifiesta que lo solicitado excede el marco de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de cautela de derechos indubitados, ya que en el caso, la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Vinculado a lo anterior, agrega que resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la recurrente por lo que tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

En cuanto a la alegación relacionada con el potencial derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral, hace presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con requisitos que son contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente y además tener el tiempo de afiliación al sistema y la densidad de cotizaciones para tener derecho a subsidio por incapacidad laboral.

Así las cosas, sostiene que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por evacuado el informe, y que la presente acción sea desestimada en todas sus partes, con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, como se ha expuesto, la recurrente estima vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de nuestra Carta Fundamental, al haber rechazado la licencia médica, la Superintendencia de Seguridad Social, por medio de la Resolución Exenta individualizada, siendo dicho acto ilegal y arbitrario.

7°.- Que, previo a informar el fondo del presente recurso, la recurrida alega la extemporaneidad de la acción, por cuanto constaría de los expedientes administrativos electrónicos que la recurrente tenía conocimiento cierto de la confirmación de su licencia médica por parte de la COMPIN de la Región del Ñuble, a más tardar, al 9 de junio del año 2023, pues en esa fecha optó por reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, encontrándose excedido el plazo de 30 días establecido en el artículo 1° del Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

8°.- Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada, cabe anotar que la resolución recurrida, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social se pronuncia negativamente de la reconsideración solicitada en relación al reclamo interpuesto en contra del pronunciamiento de COMPIN, constituye una acción que produce efectos permanentes en el tiempo, de manera que el plazo de interposición de la acción en estudio se renueva de la misma manera, por lo que no cabe sino desechar dicha excepción.

9°.- Que, sobre el fondo del recurso, se debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRES correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

10º.- Que, conforme a los antecedentes aportados, aparece que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de la licencia médica objeto de este recurso, no se apoya en ninguna evaluación de la recurrente destinada a verificar su actual estado de salud, de manera de poder determinar que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que priva de contenido al acto recurrido. Lo anterior cobra más importancia si se tiene presente que la recurrida, para resolver como lo hizo, desacreditó informes evacuados por el médico tratante, pero sin evaluar o someter a exámenes a la recurrente, lo que redunda, en definitiva, en que se desvanecen las razones del rechazo.

11º.- Que, en las condiciones anotadas, se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencia médica concedida por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

12º.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de la licencia médica que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, tanto más si, como en el presente caso, se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Claudia Villegas Sepúlveda, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto la recurrida debe disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de la patología de que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone la licencia médica materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la licencia médica denegada.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

No firma la ministra señora Gallardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

Rol N°1357-2023 PROTECCIÓN.