nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

Chillán, cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Comparece el abogado don Pablo Andrés Cuevas Rojas, domiciliado en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, empresaria, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble, representada legalmente por la Secretaria Regional Ministerial de Ñuble, doña nombre reservado, enfermera, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos arbitrarios y/o ilegales que pasa a describir.

Indica que, con fecha 30 de agosto de 2023, la recurrente presenta ante la recurrida solicitud de sustitución de multa aplicada por resolución N°231601056, de fecha 17 de agosto de 2023, notificada mediante correo electrónico con fecha 22 de agosto del año en curso, por incorporación a un programa de asistencia al cumplimiento, de conformidad a lo previsto en el artículo 506 ter N°1 del Código del Trabajo, y que se acompañó la documentación necesaria para acreditar los presupuestos establecidos en dicha norma legal.

Sin embargo, agrega que, con fecha 29 de septiembre de 2023, se notificó, mediante correo electrónico, a su representada la resolución que resuelve “el recurso de reposición”, y en la misma notificación se adjunta la resolución N°231601133 que se pronuncia sobre la solicitud de su representada, rechazándola por extemporánea y transcribe lo considerativo y resolutivo de dicha resolución.

Sostiene que, de la sola lectura de la resolución en comento, se desprende de forma clara e inequívoca que ésta ha sido dictada, abiertamente, en contra de lo dispuesto en el artículo 506 ter N°1 del Código del Trabajo, toda vez que el plazo para presentar la solicitud, que la propia norma señala, es de 30 días desde notificada la resolución de multa, en el caso específico, dichos 30 días debieron contarse desde el 22 de agosto de 2023, por lo que en caso alguno puede estimarse como extemporánea la solicitud.

En cuanto al derecho, cita y transcribe los artículos 20, 19 números 2, 3 y 24, de la Constitución Política de la República, y el artículo 506 ter N°1 del Código del Trabajo, sosteniendo que al rechazarse la solicitud de la recurrente se infringe en forma abierta esta última norma citada, incurriendo la recurrida en una actuación ilegal y arbitraria, planteando que, se han suprimido de facto derechos y garantías procedimentales con que cuenta toda persona en el marco de un procedimiento administrativo, afectándose la protección constitucional en el ejercicio de sus derechos en conformidad a la ley, erigiéndose la recurrida en una verdadera comisión especial al ejercer sus labores de jurisdicción, amenazando así, el derecho de propiedad de su representada al imponerle una multa que afectará su patrimonio en caso de quedar firme la resolución recurrida, dejando a la recurrente en la indefensión.

Así las cosas, indica que recurre concretamente, contra la resolución n° 231601133 de fecha 8 de septiembre de 2023 de la Seremi de Salud de Ñuble, porque dicha actuación priva y perturba el ejercicio de las garantías constitucionales de la recurrente de igualdad ante la Ley, de no ser juzgada por comisiones especiales y con respeto a garantías procedimentales definidas previamente por el legislador, o mediante un proceso previo legalmente tramitado, y además amenaza su derecho de propiedad con la imposición de una multa, todo ello como consecuencia de estimar que la solicitud fue realizada “fuera de plazo”, rechazando con causa de ello la solicitud de sustitución de multa impetrada, luego, plantea que deben retrotraerse los efectos de dicho acto, por ser arbitrario e ilegal, para que en definitiva se resuelva la solicitud de sustitución de multa por programa de capacitación, debiendo además adoptarse toda otra medida que se estime procedente para cesar en la vulneración de los derechos alegados.

Solicita a este tribunal de alzada declarar que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, debiendo en consecuencia dejarse sin efecto la decisión de rechazar por extemporánea la solicitud de la recurrente, ordenando que se dé curso a la solicitud y resolverse en definitiva la sustitución de multa, y se adopte además toda otra medida que se estime necesaria para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

2°.- Que al informar el abogado Omar Blanchait Achondo, en representación de la Seremi de Salud de la Región de Ñuble, indica que con fecha 09 de enero de 2023, funcionarios de esa autoridad sanitaria, haciendo uso de las facultades de que están provistos por la ley, se constituyeron en dependencias de Fábrica de Cecinas ubicada en domicilio reservado de la comuna de San Carlos, propiedad de doña nombre reservado, con el fin de fiscalizar denuncia de accidente laboral grave ocurrido a trabajador de la empresa producto de la manipulación de máquina cortadora de hueso, y sostiene que, se constató que empresa fiscalizada no habría realizado la notificación inmediata del accidente laboral grave, además de no contar con un Procedimiento de Trabajo Seguro de la Actividad que provocó el accidente laboral, por lo que se dio inicio a sumario sanitario a través de Acta de Inspección N° 039773-74 perteneciente al expediente N° 2316EXP33, del cual una vez recepcionados los descargos, se resolvió conforme al mérito del proceso, sancionándose en definitiva con una multa ascendente a la suma de 60 U.T.M mediante resolución N° 231601056, lo que fue notificado vía correo electrónico con fecha 22 de agosto de 2023.

Luego, hace presente la normativa aplicable a los procedimientos de sumario iniciados por infracciones a la normativa sanitaria, cita y transcribe al efecto, el artículo 156 y 174 del Código Sanitario, y el artículo 59 de la ley 19.880, para referirse posteriormente a los hechos que motivaron el inicio del sumario y su resolución, y plantea que la recurrente interpuso con fecha 30 de agosto de 2023, es decir al sexto día hábil, un recurso fundado en lo dispuesto en el artículo 506 ter N° 1 del Código del Trabajo consistente en la “Solicitud de Sustitución de Multa por Incorporación a un Programa de Asistencia al Cumplimiento”. Señala, respecto al régimen recursivo procedente en contra de las multas impuestas por infracciones al Código Sanitario o a sus leyes o reglamentos conformes, el artículo 171 del Código Sanitario, el artículo 59 de la ley 19.880, sobre Base de los Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y otros recursos de aplicación taxativa contemplados en los artículos 60 a 62 de dicho cuerpo legal, sosteniendo que no existen en el ordenamiento jurídico otros recursos que los enumerados anteriormente para desvirtuar total o parcialmente lo impuesto por una resolución sanitaria, los cuales no se hicieron valer en el curso del procedimiento administrativo por la recurrente, pudiendo hacerlo, aunque sí asume el error interno de declararlo extemporáneo y no improcedente, en atención a que conforme a la propia normativa en la cual se funda, dicha presentación debe dirigirse ante la Inspección del Trabajo y además referirse al incumplimiento de normas de higiene y seguridad, lo cual en la especie no ocurre.

Manifiesta que, este organismo sanitario funda su facultad fiscalizadora en protección a otro bien jurídico distinto al deber de velar por la vida y salud de los trabajadores, ya que, en su caso deben velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes de la Nación en general, incluyendo entre los diversos sitios por cuyas condiciones de saneamiento y seguridad deberá preocuparse, además de ciudades, balnearios, campos y territorios mineros, a los lugares de trabajo, todo según emana de los artículos 3, 67, 68, 82 y 174 del Código Sanitario; el D.S N° 594/99 del Minsal que “Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo”; y la ley 16.744 que Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, solo en lo que atañe al inciso 4° y siguientes del artículo 76.

Agrega que, este recurso de protección fue incoado con ocasión de la constatación de la ocurrencia de un accidente laboral de carácter grave, según criterio establecidos por la SUSESO, y en el cual se verificó la falta de notificación inmediata por parte de la empresa, lo que se tradujo en una infracción al artículo 76 inciso cuarto de la ley 16.744, norma que incluso en su inciso sexto establece un quantum del monto de la multa por su infracción, de 50 a 150 UTM, lo que da a entender que el legislador ha pretendido calificar esta infracción como de aquellas de tipo graves, de ahí que, se estableció en forma proporcional y conforme al mérito del proceso y antecedentes, el monto de 60 UTM como sanción en el respectivo sumario, monto y fundamento el cual no fue objeto de reposición dentro de plazo, ni tampoco reclamado judicialmente en procedimiento sumario, dándose a entender la conformidad por parte del empleador sumariado con la calificación de la infracción y del accidente como grave, lo que en sentido estricto no se condice con el espíritu de las normas de sustitución de multa por incorporación a programa de cumplimiento, la cuales se encuentran establecidas para infracciones leves o aquellas que no siendo graves, no tengan señalada una sanción especial, no dándose los presupuestos en la especie. Explica además, en caso que resultare aplicable el artículo 506 ter del Código del Trabajo, la recurrente debió acreditar y poner en marcha un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ser presentado para su aprobación a la Dirección del Trabajo, el cual no se acompañó a la presentación que se realizó a este Autoridad Sanitaria, limitándose solo a demonstrar que se trata de una pequeña o micro empresa de ahí que, no se satisfacen los requisitos para hacer aplicable la norma citada en esa sede administrativa.

Acerca de la arbitrariedad o ilegalidad del actuar y la supuesta vulneración de derechos constitucionales, señala que su representada se ha limitado a ejercer una facultad que la ley le franquea de forma expresa en el Código Sanitario y demás normativa referente, que ya ha sido citada, por lo que el ejercicio de tal derecho no puede ser considerado en ningún caso como ilegal; en cuanto a la arbitrariedad aclara que la culminación de un procedimiento sumarial no constituye una arbitrariedad, ya que, ha sido tramitado dentro de los parámetros legales, entregando al recurrente todas las herramientas para defenderse de los cargos disputados, y hace presente y transcribe parte de la resolución, notificada el 22 de agosto de 2023, señalando que la recurrente no hizo uso de los medios recursivos que la norma en este caso pone a su disposición, de ahí que, no podría considerarse arbitrario el actuar de su parte y como consecuencia no se puede sostener por el actor que sus derechos fundamentales estén siendo vulnerados.

Así las cosas, finaliza, sosteniendo que, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios sanitarios que se instruyen en ejercicio de la potestad disciplinaria y sancionatoria de la que están dotadas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, y cita al efecto en lo pertinente la sentencia rol n° 74.512-2022 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Excma. Corte Suprema, y en definitiva solicita sea rechazada íntegramente la presente acción, con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, conforme a los fundamentos de las peticiones del recurrente, y para resolver la presente acción de protección, se debe tener presente que lo alegado dice relación con la decisión por parte del Servicio recurrido, de 8 de septiembre último, en cuanto a considerar extemporánea presentación efectuada por la recurrente, en contra de Resolución Nº 231601056, de 17 de agosto de 2023, que impuso la sanción de multa, en el contexto de un sumario sanitario, por infracción a los artículos 76 de Ley 16.744; 37 del D.S. 594/99, del Ministerio de Salud; y artículo 21 del D.S. 40/69, del Ministerio del Trabajo, decisión de Servicio que la recurrida, en aplicación del artículo 506 Ter N° 1 del Código del Trabajo, la recurrente estima arbitraria e ilegal.

7°.- Que, al respecto, el artículo 76 de la Ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, indica que “La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia.

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud.

Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse esta obligación.

En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado las deficiencias constatadas.

Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se refiere el inciso cuarto”.

Por su parte, el artículo 37 del D.S. 594/99, que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, señala que: “Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores.

Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan de salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Estas salidas podrán mantenerse entornadas, pero no cerradas con llave, candado u otro medio que impida su fácil apertura.

Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias.

Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario.

Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo con la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del país y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además en el de ellos”

En cuanto al artículo 21 del D.S. 40/69, que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales, refiere que “Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los limites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos”

8°.- Que, en cuanto al artículo 506 ter, del Código del Trabajo, en el Título Final, de la fiscalización, las sanciones y la prescripción, señala que “Tratándose de micro y pequeñas empresas, y en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511 de este Código, el inspector del trabajo respectivo autorizará, a solicitud del sancionado, y sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción, la sustitución de la multa impuesta por alguna de las modalidades siguientes:

1. Si la multa impuesta es por infracción a normas de higiene y seguridad, por la incorporación en un programa de asistencia al cumplimiento, en el que se acredite la corrección de la o las infracciones que dieron origen a la sanción y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dicho programa deberá implementarse con la asistencia técnica del organismo administrador de la ley Nº 16.744, al que se encuentre afiliada o adherida la empresa infractora y deberá ser presentado para su aprobación por la Dirección del Trabajo, debiendo mantenerse permanentemente a su disposición en los lugares de trabajo. La presente disposición será igualmente aplicada por la autoridad sanitaria que corresponda, en aquellos casos en que sea ésta quien aplique la sanción.

2. En el caso de multas no comprendidas en el número anterior, y previa acreditación de la corrección, de la o las infracciones que dieron origen a la sanción, por la asistencia obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño, o de los trabajadores vinculados a las funciones de administración de recursos humanos que él designe a programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, los que tendrán una duración máxima de dos semanas.

La solicitud de sustitución deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución de multa administrativa.

Autorizada la sustitución de la multa de conformidad a lo dispuesto precedentemente, si el empleador no cumpliere con su obligación de incorporarse en un programa de asistencia al cumplimiento o de asistencia a programas de capacitación, según corresponda, en el plazo de 60 días, procederá al aumento de la multa original, el que no podrá exceder de un 25% de su valor”

9°.- Que, de la norma precitada, invocada por la recurrente, se desprende que quien haya sido objeto de una sanción impuesta por un Inspector del Trabajo, de aquellas establecidas en el artículo 506 del mismo cuerpo legal, y siempre que el infractor tenga el carácter de micro o pequeña empresa, tendrá la posibilidad de solicitar ante dicho órgano, dentro del plazo de treinta días contados desde notificada la resolución de multa administrativa respectiva, y por una sola vez en el año, la sustitución de aquella, por alguna de las siguientes modalidades: a) si la multa impuesta lo fue por una infracción a normas de higiene y seguridad, podrá solicitarse la incorporación en un programa de asistencia al cumplimiento, en el que se acredite la corrección de la o las infracciones que dieron origen a la sanción y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; b) en el caso de otras multas, y previa acreditación de la corrección de la o las infracciones que dieron origen a la sanción, se podrá solicitar la asistencia obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño, o de los trabajadores vinculados a las funciones de administración de recursos humanos que él designe a programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo.

10°.- Que, de los antecedentes aportados, aparece que la multa impuesta por la Resolución Nº 231601056, de 17 de agosto de 2023, tuvo como fundamento la infracción, por parte de la hoy recurrente, a normas relativas a la higiene y seguridad, como las señaladas en los artículos 76 de la Ley 16.744, 37 del D.S. 594/99 y 21 del D.S. 40/69, todas transcritos en las motivaciones anteriores, de manera que, en principio, ha obrado conforme a la ley la parte recurrente, que la ampra para solicitar la sustitución de la multa, de conformidad a lo previsto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

11°.- Que, sin embargo, la recurrida alega que, conforme a la norma del artículo 506 ter del Código laboral, la solicitud de sustitución presentada es improcedente en el presente caso, por cuanto ella se refiere a sanciones aplicadas por la Inspección del Trabajo, y no aquellas que, como en la especie sucede, impone la SEREMI de Salud.

12°.- Que, al respecto, el artículo 506 ter citado, señala en su número 1, que dicha disposición será igualmente aplicada por la autoridad sanitaria que corresponda, en aquellos casos en que sea ésta quien aplique la sanción, siendo, esto último, un hecho no discutido por las partes, y reconocido por la misma recurrente, en su calidad de Secretaría Regional Ministerial de Salud.

13°.- Que, así las cosas, se desprende que la presentación efectuada por la recurrente, con fecha 30 de agosto último, es procedente, y se enmarca dentro de la posibilidad que le brinda el artículo 506 ter del Código del Trabajo, al ser sujeto de imposición de multa por infracción de una norma de higiene y seguridad por parte de la autoridad sanitaria, de manera que la resolución respecto de la cual se recurre, N° 231601133, de 8 de septiembre de 2023, que declaró extemporánea la solicitud de sustitución, es injustificada y no se ajusta a derecho, por haber sido, dicha presentación, interpuesta dentro del plazo de treinta días que señala la ley y ante la autoridad competente, constituyendo, por tanto, la decisión de la recurrida, un acto arbitrario e ilegal que debe ser reparado por esta Corte, debiendo acogerse el presente recurso de protección, en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por Pablo Andrés Cuevas Rojas, abogado, en favor de nombre reservado, contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble, y se declara que la presentación de 30 de agosto de 2023, efectuada respecto de resolución de 22 del mismo mes y año, no es extemporánea, debiendo la SEREMI recurrida, darle la tramitación que corresponda, conforme a derecho.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Fiscal Judicial, Sr. nombre reservado.

Rol 1053-2023-PROTECCIÓN.