nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, veintiocho de julio de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que comparece el abogado don Carlos Felipe Sandoval Irribarra en representación judicial según se acreditará de don nombre reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales contra la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por don nombre reservado.

Alega por el rechazo del pago del subsidio por incapacidad laboral temporal que correspondía por las 11 licencias médicas que indica. En 7 de ellas se rechazó con el mismo fundamento “no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que no procede autorizar licencias médicas cuando existe un Trámite de Invalidez, con dictamen ejecutoriado, no habiendo acreditado el reintegro al trabajo con la capacidad laboral residual. El reposo previamente autorizado se estima suficiente para la mejoría y el reintegro laboral”, mientras que las restantes fueron rechazadas por “Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”.

Hace presente que su representado trabajaba como Jornalero, desde el 1 de febrero del año 2013 hasta el 6 de febrero de 2020 en que se autodespide debido a que su ex empleador Sociedad Construcciones y Servicios limitada no pagaba íntegramente sus cotizaciones previsionales en las respectivas entidades de seguridad social.

Luego, manifiesta que a mediados del mes de septiembre del año 2018 su representado comenzó a desarrollar trastornos específicos de personalidad, con episodios depresivos graves, los que se fueron agravando hasta ser un diagnóstico clínico crónico, debido a ello debió solicitar las licencias médicas para ausentarse de sus labores habituales de trabajo las que significaban una gran carga física, además se sumaba como factor externo internalizado en su condición clínica, el estado de salud de su cónyuge Sra nombre reservado , cuyo diagnóstico es un cáncer de mama localizado derecho avanzado, el cual se encuentra en lista de espera desde el mes de diciembre del año 2019 para una cirugía, motivos que dificultaban, aún más, que retomara de forma continua y regular sus funciones de trabajo habituales.

Añade que el 21 de enero de 2020, habiendo presentado la documentación exigida por la comisión médica que evaluaba las condiciones para establecer acoger o rechazar una pensión de invalidez, se dictaminó ejecutoriadamente que no procedía otorgarla, existiendo un doble perjuicio para su representado, primero porque no recibía el pago de su licencias médicas y por otra parte adjuntando la documentación pertinente no calificaba para optar a una pensión de invalidez, y estando vigente a la fecha su vínculo laboral en ningún caso podía prestar los servicios en las condiciones médicas en que se encontraba.

Estima que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida es lo resuelto el 29 de mayo y 18 de junio, ambas fechas de este año, en las que la recurrida mantiene la decisión de no pagar las 11 licencias médicas ya referidas, sin fundamento y no obstante haberse acompañado antecedentes médicos suficientes. Ello configura un grave atentado al libre y legítimo ejercicio del derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, la igualdad ante la Ley, el derecho a la vida, integridad física y psíquica de las personas, la igual Protección de los derechos en el ejercicio de sus derechos, el derecho de la Salud, y el derecho a la seguridad social.

Finalmente, pide a esta Corte que acoja el presente recurso de protección restableciendo el imperio del derecho y asegurando su debida protección, ordenando a la recurrida Pagar de forma íntegra todas las licencias médicas a)

RUT reservado; b) RUT reservado; c) RUT reservado; d) RUT reservado: e) RUT reservado: f) RUT reservado; g) RUT reservado; h) RUT reservado; i)RUT reservado; j)RUT reservado y k) RUT reservado°.- Que previo a informar el Abogado Sebastián De La Puente Hervé, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, pide, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA, pues el sr. nombre reservado tenía conocimiento del rechazo de sus licencias médicas N°s 1-37511288, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, con anterioridad al plazo pertinente para interponer la presente Acción de Protección, la que fue ingresada el día 29 de junio de 2020, toda vez que, en relación a la licencia médica N°1-37511288,esta Superintendencia ya se pronunció por confirmar su rechazo mediante la Resolución Exenta Nº R-01-DLM-17375-2019, de 21 de junio de 2019, por lo tanto, el recurrente tuvo conocimiento cierto del rechazo de su licencia nombre reservado antes de interponer la respectiva Acción. Por otro lado, en lo referente a las licencias médicas Nºs. RUT reservado y RUT reservado, el interesado tiene conocimiento cierto de su rechazo desde el día 21 de junio de 2019, fecha de la Resolución Exenta Nº R-01-DLM-17373-2019, mediante la cual su representada confirmó su rechazo, o sea, nombre reservado antes de interponer la Acción de Protección. A su vez, respecto de la licencia médica N° RUT reservado, el Sr. nombre reservado, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-DLM-17374-2019, de 21 de junio de 2019, tenía conocimiento cierto de su rechazo a lo menos nombre reservado antes de presentar la Acción de Protección. Finalmente, en lo referente a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, la Resolución de la SUBCOMISIÓN ÑUBLE - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO, de 23 de septiembre de 2019, confirma su rechazo, por lo que el Sr. nombre reservado conocía del rechazo de las mismas desde hace OCHO MESES antes de interponer la presente Acción de Protección. Por ello, estima que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico Además, sostiene que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, el recurrente, si estimaba que las Resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social y de la SUBCOMISIÓN ÑUBLE - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO, por las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de las mismas, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control. Sostiene que una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

Por otro lado, solicita se declare improcedente el recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, pues, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar. Reitera que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Finalmente e informando derechamente la acción de autos, comienza transcribiendo el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, concluyendo que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, agregando, luego de reseñar todos los informes médicos respecto de cada solicitud, que en relación a la presente Acción de Protección, es posible observar que el Sr. nombre reservado, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por el diagnóstico de “EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICÓTICOS”, por 724 dias de reposo autorizados. De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo otorgado por las licencias médicas N°s. 1-37511288, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

A continuación expresa que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, ya que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Posteriormente, explica que en el actuar de su representada, no existe ilegalidad y arbitrariedad, toda vez que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”. Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, dice que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas. Lo que a su juicio debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida, ya que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por todo lo anterior, se aprecia que, en las Resoluciones de esta Superintendencia impugnadas por el recurrente, referidas a las licencias médicas reclamadas, encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en los expedientes administrativos que se acompañan, en los que no sólo se encuentran en el acto administrativo impugnado, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de los actos administrativos cuestionados, en orden a rechazar las licencias médicas N°s. 1-37511288, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado , RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Por último, expresa que su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento. En cuanto al derecho de propiedad, hace presente a que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

3°.- Que, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada, pues permite a la Corte, sin forma de juicio y por simple indagatoria, determinar si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos por los cuales resulta procedente.

6º.- Que, la recurrente denuncia a la recurrida, por negarse a pagarle las 11 licencias médicas que individualiza, las que dice se justifican por contar con respaldo médico. Ésta a su vez, se opone a la acción deducida, en primer término por extemporánea, pues, la actora tuvo ya conocimiento de los dictámenes de su parte, no pudiendo accionarse en contra de resoluciones que deciden reconsideraciones. Además, sostuvo la improcedencia del recurso por no estar amparado el derecho a la seguridad social, que es la materia debatida, por el recurso en estudio. Y finalmente en cuanto al fondo dijo estar fundado el rechazo de sus licencias, desde que el actor ya ha sido autorizado a 724 días de licencia, se le desestimó una incapacidad y los médicos examinadores sostienen la injustificación de su reposo.

7.- Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada, cabe anotar, que respecto de las 7 primeras licencias reclamadas, por resolución de 29 de mayo pasado la recurrida confirmó el rechazo que había dispuesto la Compin, y como el recurso en estudio se dedujo el 29 de junio último, sólo cabe concluir que lo fue al día 31 contado desde la primera fecha indicada, es decir, extemporáneamente de conformidad a lo previsto en el artículo 1 del Autoacordado del Máximo Tribunal.

8.- Que respecto a las 4 restantes, debe considerarse que el 21 de junio de 2019 y el 18 de noviembre de 2019, la superintendencia resolvió las apelaciones deducidas en contra de la Compin y en contra de esas resoluciones se dedujeron reconsideraciones que se fallaron el 18 de junio de este año, en contra de la que ahora se recurre. Entonces, al fallarse, por primera vez por la superintendencia el rechazo de las licencias el 21 de junio y 18 de noviembre, ambas del año 2019, ya estaba agotada la discusión respecto a la procedencia o no del subsidio y podía en contra de esas resoluciones haberse recurrido de protección. En efecto, tras el pronunciamiento de la Compin, resta apelar a la Superintendencia para agotar el procedimiento administrativo, de modo que lo que se intente con posterioridad ante ésta excede dicho marco procedimental y por lo mismo no puede considerarse para los efectos del plazo para recurrir de protección, pues, además quedaría al arbitrio del administrado pedir cuantas reconsideraciones como estime y luego en contra de la última de ellas recurrir. En similares términos lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en autos rol 62.655-2020, confirmando lo resuelto porla Itma. Corte de Apelaciones de Rancagua en causa rol 3020-2020.

9º.- Que, así las cosas, cabe concluir que habiéndose resuelto lo relativo a las 4 últimas licencias médicas el 21 de junio y 18 de noviembre de 2019, como se dijo, el recurso deducido el 29 de junio pasado, lo ha sido también extemporáneamente de conformidad a lo previsto en el artículo 1 del Autoacordado del Tribunal Supremo.

10º.- Que, conforme a los razonamientos antes esgrimidos sólo cabe desestimar el presente recurso, por extemporáneo, resultando inoficioso el examen del fondo del asunto.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por Carlos Felipe Sandoval Irribarra en representación de nombre reservado, contra la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro titular Darío Silva Gundelach.

Rol Nº 1337-2020-PROTECCIÓN.-