nombre reservado con CORPORACION CLUB DE LA REPUBLICA

Chillán, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado, y don nombre reservado, profesor de estado en matemáticas, domiciliado en domicilio reservado, quienes recurren de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y en contra de la Corporación Club de la República, representada legalmente por don nombre reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al dictar el Decreto GM N° 384 / 2023, de fecha 21 de septiembre de 2023, notificada a los recurrentes con esa misma fecha, y conforme al cual se les impone la máxima sanción para un integrante de la institución a la que pertenecen (Gran Logia de Chile), atentando gravemente en contra de las garantías constitucionales de los numerales 1, 2,3 inciso 5, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren los recurrentes que la Francmasonería, es una institución universal, esencialmente ética, a la cual pertenecen desde hace más de 35 y 18 años respectivamente, respetando de forma íntegra todas y cada una de las exigencias que los estatutos y principios les imponen en su actuar intra y extra institución, cumpliendo además múltiples funciones en el transcurso de su pertenencia a la orden, las que detallan. Afirman que la conducta intachable que han tenido en todo momento se ha reflejado en las funciones de gran importancia que han desempeñado en la Corporación Educacional Colegio Concepción Ñuble, destacando que el recurrente nombre reservado, desde el año 2021, se ha desempeñado como Presidente del Directorio de la Corporación Educacional “Colegios Concepción Ñuble” y el recurrente nombre reservado, en los años 2010 al 2018, también desempeñó dicho cargo y actualmente, desde el año 2018, desempeña el cargo remunerado de Gerente Administrativo de dicha corporación. Agregan que, precisamente sobre tales últimas funciones, se han esgrimido sendos argumentos para aplicar la máxima sanción que contempla los Estatutos, sin que les fuera permitido defenderse adecuadamente, negándoles toda posibilidad de ser escuchados ni haber sido objetos de un procedimiento que les hubiere permitido ejercer un adecuado derecho a defensa.

Refieren que la Corporación Educacional Colegio Concepción Ñuble es una institución de derecho privado, con estatutos propios y regida por la legislación nacional como cualquier otra institución de tal naturaleza, dirigida por un Directorio, compuesto por 11 integrantes que son quienes toman las decisiones conforme a su Estatuto, presidido por un Presidente y además dicho Directorio, nombra un Gerente que es contratado conforme a las normas del Código del Trabajo.

Reconocen que la Corporación se ha creado por integrantes de Logias Masónicas, y la totalidad de sus Directores son miembros de estas instituciones, existiendo, por tanto, una íntima relación entre los principios de la Gran Logia y los fines buscados por la Corporación Educacional. Sin embargo, no es posible comprender que las dificultades propias de la administración de las corporaciones, y particularmente aquellas que se dedican a la labor educativa, sean vistas con la misma mirada que se abordan los temas propios de la Gran Logia. Efectivamente, los colegios que forman parte de la Corporación, buscan integrar los principios y valores de la Masonería, respetando por supuesto las diferencias de opinión o credo religioso de sus integrantes, al punto que en todo momento se ha evitado por opción de quienes han dirigido la Corporación, que exista una vinculación directa entre los establecimientos educacionales y la Gran Logia, evitando incluso el uso de elementos o símbolos que pudieran vincularlos entre sí.

En tal contexto plantean que algunos establecimientos educacionales y particularmente, el Colegio Concepción de Chillán, se ha visto enfrentado a múltiples dificultades con las instalaciones del lugar, que han desencadenado múltiples reclamos y protestas por parte de alumnos y apoderados, los que se han ido abordando en la medida de las posibilidades por parte de quienes tienen algún grado de decisión en la Corporación, subsanando algunos de los problemas operativos que se han originado durante el año 2023 y dando cumplimiento a todas las exigencias que las autoridades fiscalizadoras del área educacional y de la salud, les han requerido, encontrándose como establecimiento con todos estos requisitos en cumplimiento administrativo y sin procesos sancionatorios vigentes. No obstante lo anterior, el descontento de algunos estudiantes y apoderados se ha mantenido, con exigencias que escapan a sus posibilidades y que no se encuentran en proceso de observación o incumplimiento normativo.

Consideran que otro antecedente pertinente de mencionar, es que el 27 de marzo del año 2023, como Corporación Educacional, invitaron al Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, para que asistiera a la ceremonia de inicio del año escolar, quien asistió realizándose la ceremonia sin inconvenientes. Sin embargo, 10 días después estallan los eventos de protesta y manifestaciones de alumnos y apoderados del Colegio, originalmente con un petitorio acotado, y que efectivamente daba cuenta de algunos desperfectos que debían ser corregidos y que en la práctica así ocurrió, corrigiendo la totalidad de las situaciones que por normativa debían encontrarse en normal funcionamiento, no obstante, conforme pasaron los días, la comunidad educativa fue ampliando su petitorio incorporando solicitudes de temas que no eran de carácter reglamentario y que no afectaban el normal funcionamiento de la educación. A modo de ejemplo, se comenzó a exigir una cancha de fútbol, aun cuando el colegio tiene una pero se encuentra en condiciones no óptimas, pero adecuadas para su uso, por lo que no ha sido posible acceder a ese tipo de solicitudes. Es así, como tales protestas, comienzan a generar un ambiente tenso en el Directorio de la Corporación, en donde parte de los Directores, inducidos por miembros de la Asamblea de Socios disconforme con la gestión realizada, ejercen presiones en otros miembros a fin de que se produzca una renuncia masiva de 6 del total de 11 Directores, quienes comienzan a concretar sus renuncias en días distintos, pero de forma coordinada, sin que sus gestiones lograran el resultado esperado, por cuanto no lograron la renuncia del sexto requerido, para generar una situación de ingobernabilidad y poder así llamar a elecciones adelantadas de todo el Directorio ( 11 miembros ). Es por tal razón, que ese grupo de Directores renunciados, deciden denunciarlos ante el gran Maestro de la Logia de Chile, y es ahí donde se inicia el procedimiento irregular que culmina con la sanción de expulsión que se reclama en este recurso.

Sostienen que después de la denuncia que realizaron algunos de los Directores renunciados, el Gran Maestro, en uso de sus facultades, envía un delegado especial para investigar los hechos descritos, en relación con el Colegio Concepción, quien se presenta pidiendo antecedentes sin explicar que es delegado del Gran Maestro.

Añaden que dicho delegado sólo se entrevista dos veces con el recurrente nombre reservado, en presencia de testigos, y en ningún momento habla o solicita hablar con el recurrente nombre reservado, en contra de quien se habían realizado las acusaciones; que una vez finalizada la supuesta investigación, se les cita a la Gran Logia el día 9 de septiembre de 2023, sin indicar motivo de la citación ni entregar antecedentes y, una vez ingresados a la reunión, un integrante del Consejo sugiere al Gran Maestro darles la palabra para que pudieran exponer sus fundamentos y explicaran la situación que afectaba al Colegio Concepción, a lo cual el Gran Maestro se niega, y sólo dan paso a un espacio de preguntas capciosas que tenían más características de juicios de valor que de alguna relación con la administración del Colegio, que es lo que origina en definitiva la denuncia y por lo que se les ha expulsado.

En cuanto a los reclamos que formuló parte del Directorio, plantean que el Decreto señala que ambos recurrentes se han negado a entregar información solicitada por el Directorio, lo cual niegan tajantemente, añadiendo que no existe acta alguna en la cual se haya realizado dicha solicitud. También señalan que se invoca un corte de luz, entre el 14 de agosto (interferiado) 15 de agosto y el 16, día en el cual se suspenden las clases, debido a que existía una deuda con la empresa CGE, la que fue regularizada ese mismo día. Sin embargo, el Decreto de expulsión señala que ellos habían mentido a la comunidad enviando un supuesto comunicado donde informaban que se trataría de un corte programado, lo cual no es efectivo, ya que ellos nunca enviaron un comunicado afirmando aquello. Finalmente sostienen que el documento recurrido en su parte final dice expresamente: “EL consejo de la gran logia en conocimiento del informe, luego de “Escuchar” a los queridos hermanos…”, afirmación que no es efectiva y que es precisamente lo que motiva el presente recurso. Insisten en que sólo se les dio la palabra para responder preguntas y no para expresar sus argumentos y mucho menos poder defenderse de todas las acusaciones falsas.

Afirman que resulta necesario enmendar la vulneración grave a sus garantías constitucionales, por cuanto, han sido sancionados con la más alta pena que contempla la constitución de la Gran Logia, y que les equipara con otro miembros de la Gran Logia que es sancionado con la misma pena, el mismo día que ellos mediante el Decreto 386, en la misma reunión que fueron sancionados. Dicho decreto señala que: El Consejo en sesión de 9 de septiembre, toma conocimiento de sentencia en contra de miembro que fue condenado por delitos de lesa humanidad, razón por la cual se dispone la sanción de expulsión de la Masonería. Indican que por orgánica interna, estos documentos son enviados a todas las logias del país, por lo que la totalidad de los miembros toman conocimiento que el mismo día a 3 integrantes se les aplica la misma sanción, lo que no puede sino ser interpretado como que, las dificultades de administración de un colegio, son igual de graves que la comisión de delitos de lesa humanidad, con lo que la imagen y honra de los recurrentes se ve gravemente afectada.

En el plano de las garantías constitucionales sostienen que el proceder de la recurrida constituye un actuar arbitrario e ilegal que infringe en forma evidente la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la Republica, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, pues han sido víctimas de una decisión ilegal y arbitraria, que concluye con la expulsión de la institución a la que han pertenecido prácticamente toda su vida, y que las razones y motivaciones que les han inspirado a ingresar, permanecer y trabajar activamente por su bien superior, son razones íntimas, por cuanto les representan los valores y principios de la institución, por lo que de un momento a otro, sin siquiera haber sido escuchados, y mucho menos haber podido defenderles en la investigación, les ha generado un perjuicio psicológico tan grande que no puede sino ser resarcido, mediante el presente recurso. También expresan que todo el procedimiento adoptado fue irregular, lo que les ha afectado gravemente el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el cual consagra la igualdad ante la ley, afirmando que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En este sentido sostienen que se ha instruido un procedimiento en el cual han sido tratados de forma despectiva, humillante, sin siquiera haberles hecho saber los motivos y causales para tal procedimiento; que tal procedimiento dista mucho de los criterios adoptados para múltiples casos en los que se podría considerar incumplimiento a los principios, en que quienes se han visto afectados, han contado con todas las instancias para defenderse. Plantean que no existe ninguna demanda que se haya interpuesto en su contra por alguno de los hechos considerados para su expulsión, añadiendo que ni siquiera existen sanciones administrativas que permitieran dar por acreditado alguno de los hechos reclamados por la comunidad educativa.

Expresan que en el contexto de una demanda de tutela laboral interpuesta por un tercero ajeno a la logia, los integrantes del Consejo de la Gran Logia, emiten un comunicado firmado por la totalidad de sus integrantes, mediante el cual respaldan incondicionalmente al Gran Maestro, sin siquiera esperar la dictación de la respectiva sentencia, estimando que las recurridas han establecido diferencias arbitrarias entre los recurrentes y el Gran Maestro, quien a pesar de las prerrogativas y derechos que le otorgan los estatutos, no puede ser considerado como especial ante hechos de naturaleza ajena a los asuntos de la Gran Logia.

También estiman conculcada la garantía prevista en el artículo 19 numeral 3 inciso 5°, en cuanto a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Al respecto plantean que si bien el Estado reconoce autonomía a los cuerpos intermedios a través de los cuales se organiza a la sociedad, ello en ningún caso puede significar que dichos cuerpos intermedios puedan establecer procedimientos internos que sean contradictorios con lo que señala la ley, y en el caso concreto, se ha señalado que, el supuesto fiscal enviado a realizar la investigación, se constituyó en la práctica en un investigador especial, sometiéndolos a un tribunal no contemplado en el ordenamiento jurídico, sin el respeto a un debido proceso, donde pudieran saber de qué se trataba, cuáles eran los cargos formulados, y se les concediera un plazo para formular sus descargos.

Por último manifiestan que el artículo 19 en su numeral 4 asegura el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales, cuyo tratamiento y protección se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley, remitiéndose en este punto a lo argumentado en la causal del articulo 19 numeral 2.

Terminan solicitando que, se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en contra de don nombre reservado, ya individualizado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al dictar el Decreto GM N° 384 / 2023, con fecha 21 de septiembre de 2023, a fin se ordene dejarlo sin efecto, reintegrando a los recurrentes en forma inmediata con expresa, con ejemplar condenación en costas.

A su presentación acompañan documentos.

2°.- Que, en representación de los recurridos informa don nombre reservado, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

En primer término alega la falta de legitimación pasiva, fundado en que conforme al tenor de la presentación efectuada por los recurrentes, la supuesta actuación arbitraria e ilegal que se invoca, no emanó de don nombre reservado, sino de un órgano colegiado, del cual su presidente es el Gran Maestro quien, como establece el artículo 10.2 letra e) del Reglamento General de la Gran Logia de Chile, autoriza con su firma, entre otros, los decretos que se promulguen. Luego de citar y transcribir los artículos 5 y 12 de la Constitución de la Gran Logia de Chile y artículo 12.4 del Reglamento General y artículo 10.3 del citado Reglamento, sostiene que resulta evidente que la sanción impuesta la acordó el Consejo dentro de la órbita de sus competencias naturales y que don nombre reservado carece absolutamente de legitimidad pasiva, independiente de su condición de Gran Maestro, pues el pretendido acto ilegal y arbitrario, a saber, la decisión de la “pérdida de la calidad de miembro de la orden masónica” no la adoptó él, sino el Consejo de la Gran Logia de Chile.

Luego de citar diversas disposiciones contenidas tanto en el citado Reglamento General, como normas consignadas en la Constitución Política de la República y en la Ley 20.500, expresa que la ausencia de personalidad jurídica no le resta existencia legal a la Gran Logia de Chile, ya que el más alto cuerpo normativo de la República reconoce su existencia y legitimidad al garantizarse como derecho el de asociación, reconocimiento de rango constitucional que tiene como consecuencia el permitir que los asociados se doten de la institucionalidad que mejor les parezca, en tanto no atente contra la ley, la moral o las buenas costumbres. Y que dicha institucionalidad esté plasmada en cuerpos normativos escritos que los asociados deben respetar. En la especie, la Gran Logia de Chile cuenta con normas internas que se plasman en una Constitución, un Reglamento General y diversos reglamentos especiales. Lo anterior no es motivo de controversia, ya que los propios recurrentes así lo reconocen, y más aún, declaran no sólo conocerlos sino su deber de respetarlos. Y también reconocen que fue en base a dichas normas internas que se les expulsó, fundando, en suma, en el incumplimiento de dichas normas.

Refiere que el problema se suscita en que no han recurrido en contra de la Gran Logia de Chile, sino en contra del Club de la República, que como ya se explicó, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que tiene, conforme a la ley, sus propios estatutos, que son instrumentos legales distintos de la Constitución y Reglamento de la Gran Logia de Chile. Y si bien es cierto que la pertenencia a la Corporación Club de la República exige la pertenencia a una logia masónica regular de la Gran Logia de Chile, sus normas son distintas, tanto en su procedimiento de ingreso como de retiro o expulsión. Es así que los actores reclaman haber sido expulsados de la Orden Masónica en base a infracciones al Reglamento General de la Gran Logia de Chile y no a los estatutos del Club de la República, lo que conlleva a que, al errar en cuanto a la persona jurídica recurrida, los fundamentos de derecho en cuanto a la supuesta infracción al debido proceso se deben basar en la Constitución y Reglamento de la Gran Logia de Chile y no en los estatutos del Club de la República. Es decir, la corporación Club de la República no ha vulnerado ninguna norma relativa a la pérdida de la calidad de miembros de la orden masónica de los señores nombre reservado y nombre reservado, ya que simplemente, ellos, al perder su condición de masones, han caído en la pérdida de un requisito esencial para ser socio de la corporación conforme al artículo 7 letra e) de los estatutos.

En cuanto al fondo, sostiene la improcedencia del recurso de protección, ya que en el presente caso, sus representados no han incurrido en ningún acto u omisión que pueda ser estimada arbitraria e ilegal, por cuanto de los hechos descritos y de la contundente evidencia que se acompaña, se puede establecer de forma fehaciente e indubitable que se ha actuado con estricto apego la normativa interna de la Gran Logia de Chile, en concordancia con la legislación vigente. Afirma que siendo la Gran Logia de Chile la autoridad central de la Orden Francmasónica, busca que sus miembros se perfeccionen como seres humanos e irradien a la sociedad toda la acción bienhechora de los valores e ideales que sostiene. Expresa que los recurrentes discurren latamente copiando en su recurso párrafos de la Constitución y Reglamento de la Gran Logia de Chile, cuerpos legales internos de la Orden que conocen y, además, juraron respetar, adscribiendo a ellos al momento de incorporarse a la Orden. Ninguno de sus preceptos le son ajenos o desconocidos, en tanto así lo señalan expresamente en su recurso. Los Sres. nombre reservado y nombre reservado alcanzaron el tercer grado de la Masonería Simbólica, de maestro masón, grado más alto que se detenta en esta instancia.

Añade que el Reglamento dispone en el artículo 27.1, que el masón debe ser un hombre libre, emancipado de prejuicios y preocupaciones, perfeccionado con el estudio de la doctrina masónica y con el proceso de su propia iniciación, a fin de ser útil al progreso moral, intelectual y social de la humanidad. Plantea que la calidad masónica y los tres grados que confiere la Francmasonería Simbólica se adquieren en sucesivas ceremonias iniciáticas, al término de las cuales se alcanza la plenitud de los derechos y deberes que la maestría concede e impone. En consecuencia, los señores nombre reservado y nombre reservado no puede desconocer cuáles eran sus deberes y derechos como maestros, y menos el control ético que la Orden ejerce sobre aquellos que alcanzan el grado que detentaban. Es decir, en tanto más alto grado se alcanza, más alta es la vara con que se mide la conducta del masón, especialmente, porque su actuar es ejemplo para quienes están en otras etapas de su desarrollo y porque su conducta fuera de las logias afecta a la Masonería toda, en tanto se le identifica como una persona que difunde y práctica los valores y principios de la Orden.

Afirma que las actuaciones de los recurrentes son constitutivas de incumplimiento del deber masónico, pues sus actos se encuadran en una de las descripciones que hace el Reglamento General, además de considerarse el grado masónico y la edad cronológica de los recurrentes, la cantidad de cargos que ostentaron en la Orden, todo lo cual lleva a concluir que era esperable una conducta ética y moral, apegada estrictamente a los principios y valores de la Masonería lo que llevó, en definitiva, a calificar de graves las conductas que los recurrentes desplegaron. Por lo anterior, el relato que hacen en su recurso evidenciando su pertenencia a la Masonería deja claro que siempre actuaron con pleno conocimiento de sus actos. Lo anterior sumado al hecho de que los masones no reconocen jerarquías sociales ni de fortuna en sus relaciones mutuas, fueron elementos importantes al momento de las decisiones adoptadas. Así las cosas, en virtud de los públicos, notorios y graves hechos acaecidos al interior del Colegio Concepción de Chillán, de la Corporación Colegio Concepción Ñuble, en donde alumnos y apoderados han venido demandando públicamente mejoras en la infraestructura del colegio que administra, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, por medio de Decreto GM Nº296/2023, designó al Q.H.. nombre reservado, en calidad de Gran Delegado Especial, con la finalidad de investigar e informar las conductas éticas de miembros de la Orden al interior de la señalada corporación, dadas las denuncias que estaban involucrando públicamente a la Orden y su prestigio. Dicho Gran Delegado Especial del Gran Maestro rindió su informe de gestión en la sesión del Consejo de la Gran Logia de Chile celebrada el día 29 de julio de 2023, dando cuenta de graves anomalías administrativas y financieras al interior de la corporación, así como falta de colaboración en la tarea que le fuera encomendada por parte de los Queridos Hermanos que la encabezaban. Plantea que el informe del Gran Delegado Especial del Gran Maestro da pormenorizada cuenta de los acontecimientos acaecidos en la Corporación Educacional Colegio Concepción Ñuble en los meses de abril a mayo de 2023 y su relación con la comunidad del Valle de Chillán, ya que ésta asocia directamente a la Masonería, pues su insignia usa los símbolos propios de la Masonería y todos los miembros de la Corporación, incluidos sus directivos, son miembros de la Orden.

Detalla que la presidenta del Centro de Alumnos "CACC" del Colegio Concepción de Chillán, envía carta a la Corporación el 4 de abril de 2023, exponiendo faltas graves en la administración del Colegio Concepción de Chillán, evidenciando una despreocupación sistemática. El 7 de abril de 2023, se publica un inserto en el diario local "La Discusión" con énfasis en los fines de lucro y no a la formación valórica de los educandos, agregando que los recursos económicos para la educación se gastan en la compra de inmuebles y otros bienes no afines al propósito de la corporación, cual es entregar educación. Expresa que en ese contexto, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile en su calidad de jefe de la Orden fue interpelado por la comunidad escolar y sus apoderados, a través de cartas y declaraciones. En Redes Sociales se involucró a la Masonería por las falencias y la mala gestión administrativa del Colegio citado. Frente a todo lo anterior, en una conducta irresponsable, el presidente de la Corporación invitó al Gran Maestro a inaugurar el presente año escolar del Colegio Concepción de Chillán, mismo centro de educación donde, a pocos días, comenzaría un movimiento estudiantil y de apoderados ante las graves falencias en el inicio de las actividades educacionales 2023, sin que hubiese sido advertido de tales problemas. En medio de esta grave crisis que afectaba el prestigio de la Masonería, los señores nombre reservado y nombre reservado mostraron absoluta negligencia y falta total de preocupación ya que aun siendo maestros masones no realizaron acción alguna para desvincular a la Orden masónica de las acusaciones que por parte de la comunidad educacional afectada se planteaban hacia la Masonería. Tampoco hubo una disposición de colaborar con el trabajo del Gran Delegado Especial del Gran Maestro designado para conocer el alcance del daño a la Orden producida por las denuncias de estudiantes y apoderados. El presidente de la Corporación y el gerente general, incluso denegaron información corporativa a parte del directorio, el cual optó por renunciar al no encontrar respuesta a la solicitud de información y a la exigencia de una auditoría independiente de la gestión financiera de la Corporación. Expresa que la indolencia en la administración del Colegio por parte de los responsables máximos de la Corporación, puso en grave riesgo la salud de los estudiantes, al no efectuar las mantenciones exigidas por la ley en los estanques de agua, habiéndose cursado una infracción sanitaria del órgano competente, dado su mal olor y sabor. Tal indolencia constituye uno de los más graves episodios de una seguidilla de afectaciones a los estudiantes. Manifiesta que todas aquellas vergonzosas circunstancias, que fueron públicas en la comunidad de Chillán a partir del mes de abril de este año, no sólo no se corrigieron sino se fueron agudizando, produciendo diversas afectaciones en el proceso educacional de los estudiantes, llegándose al límite intolerable de estar, entre los días 14 a 16 de agosto de 2023, con suspensión del suministro eléctrico del Colegio, por ausencia de pago, el que no se efectuaba, acumulativamente desde el mes de marzo, lo que obligó a la suspensión de clases, esto es, afectando de ese modo el propósito educacional. La referida suspensión del suministro eléctrico del Colegio fue atribuida, falazmente, por los representantes de la Corporación a un corte de energía del sector, información que fue desvirtuada por las averiguaciones efectuadas por apoderados del establecimiento, quienes pudieron constatar que se debió, lisa y llanamente, a la ya mencionada falta de pago.

Añade que ante la situación descrita se llegó a un acuerdo con estudiantes y apoderados, para poner fin a la movilización en el mes de abril, y se establecieron un conjunto de puntos, que fueron revisados, constatándose apenas un 40% de cumplimiento, lo cual abrió un serio diagnóstico de credibilidad hacia la Corporación, integrada, como ya se ha dicho, por miembros de la Orden.

Refiere que se entiende perfectamente que la Corporación Educacional Colegio Concepción Ñuble es una entidad de Derecho Privado cuya responsabilidad recae en sus socios. Sin embargo, la Orden tiene el deber de velar por una conducta irreprochable de los Queridos Hermanos en su vida masónica y civil y, ante el quebrantamiento de ese deber, cualquier Querido Hermano puede ser sometido a las sanciones previstas en el Reglamento General. Es así que, como institución ética, se establece en el artículo 29 de la Constitución Masónica, que constituirá incumplimiento del deber masónico toda conducta que afecte el prestigio de la Orden o que produzca daño o menoscabo injustificado a personas ajenas a la institución.

Indica que, por lo relatado, es de toda evidencia que los hechos precedentemente descritos afectaron, sensiblemente el prestigio de la Orden, ya que la comunidad, y desde hace más de 40 años, vincula a la Corporación con la Orden Masónica por tradición histórica y a su propia difusión pública, al reconocerse como masónica desde sus orígenes, y para nadie es un misterio que la Corporación Educacional está formada por miembros de la Orden, pudiéndose comprobar que de tales graves hechos atentatorios contra el prestigio de la Orden y contra terceros, son directamente responsables los Sres. nombre reservado y nombre reservado, en sus condiciones de presidente y gerente del Directorio de la Corporación Colegio Concepción Ñuble de Chillán, respectivamente, a través de acciones que no sólo afectan la honorabilidad de la Orden, sino que directamente a los destinatarios del propósito corporativo, esto es, los estudiantes y sus apoderados.

Refiere que el Consejo de la Gran Logia de Chile, tomando conocimiento detallado de los antecedentes, de los hechos, de sus argumentos de defensa, descargos y pruebas, con fecha 9 de septiembre 2023, asumiendo el rol que el estatuto regulatorio de la Orden le impone, decidió en conformidad con el artículo 10.3 letra b) del Reglamento General, imponer a los señores nombre reservado y nombre reservado la pérdida de la calidad de miembro de la Orden Masónica, en tanto los hechos que se tuvieron a la vista fueron y son estimados como graves y calificados. Se tuvo en especial consideración el grave daño que se había causado a comunidad escolar de Chillán, por quienes además precisamente debían velar por el cuidado de ese grupo humano compuesto por familias que no habían sido amparadas en su legítimo derecho a tener una educación digna y de calidad, cosa que es muy cara a la Masonería desde sus orígenes.

Estima que la actuación del Consejo se enmarcó, en consecuencia, en la propia legislación interna, que permite a esta instancia intervenir cuando se producen hechos de la naturaleza descrita, esto es, un hecho grave, calificado, y punible.

Sostiene que en la especie no se ha producido un acto arbitrario o ilegal al expulsar a los Sres. nombre reservado y nombre reservado, ya que dicha actuación se enmarcó en un procedimiento reglado, ajustado a derecho y proporcional a las graves vulneraciones y daños que ellos provocaron.

En cuanto a la garantía del Nº 1 del artículo 19 destaca que los recurrentes no aportan ningún elemento de hecho que permita evidenciar la existencia de algún daño o vulneración, estimando que más bien pretenden que se crea que sus derechos son superiores a los de aquellos niños y niñas que estaban a su cuidado y que sí sufrieron graves vulneraciones a esta garantía, según consta de todos los antecedentes públicos que señala acompañar.

Con relación a la garantía prevista en el numeral 2 de la citada norma Constitucional, plantea que los recurrentes citan una causa laboral que nada tiene que ver con la acción constitucional, para tratar de señalar que su representada transgredió la igualdad ante la ley, pero sin desarrollar o siquiera indicar cómo se habría producido dicha vulneración.

En cuanto a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales cita los fallos de la Corte Suprema dictados en causa rol 69-2019 y causa rol 26787-2018 y afirma que instituciones como la de su representada no requieren estándares probatorios como los de los tribunales ordinarios de justicia para aplicar sanciones, ya que no están juzgando delitos sino conductas reñidas con la ética de cada asociación.

Respecto a la garantía prevista en el numeral 4 del artículo 19 de la carta fundamental indica que los recurrentes no aportan ningún fundamento de hecho.

Finalmente, respecto de la garantía del numeral 16 del artículo 19, anunciada al comienzo del recurso no hacen mención alguna ni de hechos ni del derecho aplicable, por lo que queda en evidencia la falta absoluta de fundamento.

Concluye que en el caso se hizo uso de una facultad interna constitucional y reglamentaria, cual es disponer la pérdida de la calidad masónica de un miembro de la institución con acuerdo del Consejo de la Gran Logia, en casos graves, como el ocurrido. No hubo en consecuencia una intromisión del Gran Maestro en las facultades o actuaciones del Tribunal de la Logia del recurrente, ya que no debe confundirse el ejercicio de una facultad constitucional y reglamentaria reservada para graves casos como el ocurrido con la independencia con que deben actuar y actúan los órganos jurisdiccionales de la Masonería. El Gran Maestro nombre reservado no se ha constituido en "comisión especial" porque la facultad o prerrogativa que ejerció el Consejo de la Gran Logia estaba dispuesta en las reglamentaciones internas de la Gran Logia de Chile desde antes que los recurrentes cometiesen los hechos por los cuales se le ha sancionado y las mismas estaban vigentes a la fecha de dictarse el Decreto impugnado en el recurso de protección, y eran de conocimiento y fueron aceptadas expresamente por los recurrentes.

Hace presente que la medida impuesta en ningún caso buscaba difamar y dañar a la parte recurrente; que la comunicación de la medida aplicada a los recurrentes y a los demás miembros de la Orden es parte del procedimiento normal en tanto resulta imperativo dar conocimiento de toda actuación al efecto.

Termina solicitando que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, los recurrentes afirman que el acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 ,3 inciso 5°, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es el Decreto GM N° 384/2023, de fecha 21 de septiembre de 2023 por el cual se les impuso la sanción de perder la calidad de miembros de la Gran Logia de Chile.

Por su parte los recurridos alegan falta de legitimación pasiva en atención a que la supuesta actuación arbitraria e ilegal que se invoca emanó de un órgano colegiado del cual su Presidente es el Gran Maestro, añadiendo que la sanción impuesta a los hoy recurrentes fue acordada por el Consejo de la Gran Logia de Chile, dentro de la órbita de sus competencias y no del señor nombre reservado, independiente de su condición de Gran Maestro. Asimismo la recurrida Corporación Club de la República, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que tiene sus propios estatutos, distintos de la Constitución y Reglamento de la Gran Logia de Chile.

En cuanto al fondo, afirman que no han incurrido en ningún acto u omisión que pudiere ser estimada como arbitraria e ilegal, por cuanto han actuado con estricto apego a la normativa interna de la Gran Logia de Chile, en concordancia con la legislación vigente.

7°.- Que, de la sola lectura del Decreto GM N° 384/2023, de fecha 21 de septiembre de 2023 se constata que este se encuentra suscrito por nombre reservado, de modo que no es posible acoger la alegación de falta de legitimidad pasiva alegada a su respecto, pues el acto impugnado emana precisamente del recurrido, en su calidad de Gran Maestro de la Gran Logia de Chile.

Por otro lado, el recurso se endereza también en contra de la Corporación Club de la República, explicando los comparecientes que proceden de esta forma atendido que la Gran Logia de Chile no tiene personalidad jurídica y actúa ante la sociedad mediante la persona jurídica antes citada. Sin embargo, atendido que el Decreto cuestionado es suscrito por el recurrido nombre reservado en su calidad de Gran Maestro de la Gran Logia Masónica y no como presidente de la Corporación Club de la República, efectivamente esta última carece de legitimación pasiva en esta sede, razón suficiente para desestimar el recurso a su respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, cabe consignar que en la parte petitoria del recurso se hace referencia únicamente al recurrido nombre reservado y no al Club de la República.

8°.- Que el artículo 1° de la Constitución Política de la República en su inciso tercero establece que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. En el mismo sentido, el artículo 19 N° 15 del texto fundamental asegura a todas las personas el derecho de asociarse sin permiso previo.

Por su parte, el artículo 1° de la Ley 20.500, de 16 de febrero de 2011, sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, reconoce el derecho de todas las personas a asociarse para la consecución de fines lícitos, agregando que este comprende la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales.

Además, la citada ley, en su artículo 7° prescribe: “Podrán constituirse libremente agrupaciones que no gocen de personalidad jurídica. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 549 del Código Civil, en procura de los fines de tales agrupaciones podrán actuar otras personas, jurídicas o naturales, quienes responderán ante terceros de las obligaciones contraídas en interés de los fines de la agrupación.”

9°.- Que, tal como se sostiene tanto por los recurrentes como por los recurridos, la Gran Logia de Chile es una agrupación con fines y normativa interna propia, cuya legalidad y existencia está permitida y reconocida por las normas citadas en el motivo precedente.

10°.- Que, tal como reconocen las partes de este recurso, la organización, estructura, obligaciones, funciones, atribuciones y deberes de los miembros, así como las sanciones que se pueden imponer a quienes incumplan sus deberes, están contenidos en la Constitución Masónica y en el Reglamento General de la Gran Logia de Chile.

En efecto, en el referido reglamento se contienen normas relativas, entre otras, a la convivencia fraternal y la conducta masónica; a la composición de la Gran logia y su asamblea; al Gran Maestro, sus obligaciones y atribuciones; al Consejo electoral; a los representantes del gran Maestro y a la justicia masónica.

11°.- Que los artículos 27.1 a 27.12 del Reglamento definen lo que se entiende por masón y establecen pormenorizadamente la forma de ingreso a la Orden y la forma en que se adquieren los distintos grados en la misma.

Por su parte, el artículo 5.1 prescribe: “En virtud a lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Masónica, concierne a la Gran Logia de Chile, como la más alta autoridad del simbolismo y, a las Logias, en cuanto órgano fundamental de la Francmasonería Universal, velar por la convivencia fraternal de sus miembros y por la conducta irreprochable de ellos en su vida masónica y profana.

El comportamiento de los masones debe ser juzgado en conciencia, dentro de las normas éticas y fraternales que son la base de la Francmasonería Universal, y con procedimientos que resguarden la adecuada convivencia fraternal, garanticen el debido proceso y la supremacía de los principios de la Orden, para así poder reconocer a cada cual lo que de suyo le corresponde”.

Por su parte, el artículo 29.1 del Reglamento establece: “Como previenen los artículos 5 y 29 de la Constitución, constituirá incumplimiento del deber masónico todo comportamiento que produzca perjuicio a un miembro de la Institución, que falte a la disciplina, al buen orden o a la convivencia fraternal, que vulnere los principios y normas de la Francmasonería Universal o que afecte el prestigio de la Orden. De igual manera, constituirá incumplimiento de dicho deber toda conducta que produzca daño o menoscabo injustificado a personas ajenas a la Institución o que lesionen el prestigio de las mismas y aquellas que impugnen o controviertan ante entes profanos cualquier resolución de un órgano masónico o de las personas jurídicas que administran los bienes e intereses económicos de la Gran Logia y de las Logias.

12°.- Que el Decreto GM N° 384/2023 de fecha 21 de septiembre de dos mil veintitrés, en sus letras e) a r) detalla las situaciones y antecedentes que en definitiva determinan la imposición de la pérdida de la calidad de miembros de la orden a los recurrentes, nombre reservado y nombre reservado.

De la lectura del Decreto se constata que en él se indica pormenorizadamente cuáles fueron los antecedentes que se tuvieron a la vista para concluir que los recurrentes incumplieron su deber masónico en atención a que son los responsables de las situaciones detectadas en el Colegio Concepción, en su calidad de Presidente y Gerente General de la Corporación Colegio Concepción Ñuble, y que causaron daño al prestigio de la Orden y afectaron a los destinatarios del propósito corporativo, es decir, a los alumnos y apoderados. Así por lo demás se constata de los antecedentes acompañados por los recurridos, consistentes, entre otros, en capturas de pantalla en que constan comunicaciones de Whatsapp del centro general de padres del Colegio Concepción, referidos a que se cortó la luz del colegio por falta de pago; correo electrónico en que se suspenden las clases el día 16 de agosto de 2023; carta de la presidenta del centro de alumnos dirigida a don nombre reservado; notas de prensa que dan cuenta de los problemas que presentaba el colegio, incluido un sumario sanitario; fotografías de las protestas de los padres y apoderados del colegio Concepción, en algunas de las cuales se hace referencia a que la Gran Logia avala a los señores nombre reservado y nombre reservado; y carta de cinco miembros renunciados del directorio dirigida al Gran Maestro de la Logia.

13°.- Que, por otro lado, debe considerarse que es obligación del Gran Maestro, conforme al artículo 10.2 letra e) del Reglamento, autorizar con su firma las actas de las Asambleas o Reuniones que presida y los Decretos, Títulos, Diplomas, Certificados y comunicaciones oficiales. Y según dispone el artículo 10.3 letra b) dentro de sus atribuciones se encuentra la de invitar a cualquier Masón a retirarse temporal o definitivamente de la Orden, sin proceso, en virtud de antecedentes que obren en su conocimiento; suspenderlos en sus derechos y prerrogativas y hasta imponerles la pérdida de su regularidad o calidad de miembro de la Orden Masónica, con acuerdo del Consejo.

En el presente caso, consta de la letra w) del Decreto impugnado, que el Consejo de la Gran Logia de Chile consideró por unanimidad que con su actuar los señores nombre reservado y nombre reservado produjeron daño al prestigio de la Orden y daños a terceros por lo que procede aplicarles la pérdida de la calidad de miembros de la Orden.

Del mismo modo se consigna que para tomar la decisión se tuvo a la vista, además de los antecedentes de hecho referentes a la problemática del Colegio Concepción, el informe elaborado por el Gran Delegado Especial del Gran Maestro, que recabó los antecedentes pertinentes; y finalmente, que los recurrentes fueron escuchados por el Consejo en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2023.

En consecuencia, conforme a la documentación allegada, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, se puede concluir que no existen antecedentes que permitan sostener que el acto sancionatorio, esto es, el Decreto GM N° 384/2023, es ilegal o arbitrario, toda vez que se deriva de un procedimiento ajustado a la normativa que regula a la Gran Logia de Chile, a la cual de manera voluntaria los actores decidieron adscribirse al solicitar y obtener su incorporación a dicha agrupación.

Como corolario, no se divisa ninguna afectación a las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, lo que impone el rechazo del presente arbitrio.

14° Que a mayor abundamiento, la normativa de la Gran Logia Masónica contempla expresamente la posibilidad de que un miembro de la Orden afectado con la pérdida de la calidad de tal solicite su rehabilitación ante el Tribunal de la Gran Logia o su indulto al Gran Maestro (artículo 29.4 del Reglamento), lo que refuerza la improcedencia de esta acción de cautela urgente de garantías fundamentales.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de don nombre reservado y de la Corporación Club de la República.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

Rol N°1335-2023.- PROTECCIÓN.