nombre reservado con SEREMI SALUD

Chillán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante SUCESO, representada por doña nombre reservado o quien haga sus veces.

Al fundar el recurso, señala que mediante Resolución Exenta N° R-01-UME- 120110-2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, la recurrida emite pronunciamiento rechazando las licencias médicas N° 80817618-1, N°81969597-0, N°82896117-9 y N°84201933-8, por un total de 120 días a contar del día 29 de diciembre de 2022, por reposo injustificado. Dando, a su juicio, escuetos argumentos en razón a que de acuerdo a los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del periodo de reposo ya autorizado.

Hace presente que, el informe médico emitido por la unidad de Psiquiatría y Salud Mental del CRS Cordillera Oriente de Peñalolén de fecha 27 de mayo de 2022, señala que se encuentra con atención por parte de Terapeuta Ocupacional Psicóloga y Psiquiatra desde el 25 de noviembre de 2011 por cuadro de Depresión severo, y el esquema farmacológico; además, el informe de 29 de septiembre de 2022 extendido por la Dra. nombre reservado, psiquiatra y psicoterapeuta familiar señala que desde abril de 2021 asiste a controles por trauma depresivo mayor recurrente sin síntomas psicóticos. Con múltiples episodios de descompensación ante situaciones estresantes con conductas desadaptativas e intentos de suicidio; y que el informe de fecha 25 de enero de 2023 extendido por la misma profesional, confirma el cuadro depresivo, sin embargo, indica que la paciente “ha mantenido buena adherencia al tratamiento apoyada por la familia”, que se realizó trámite de invalidez ante la Comisión Médica, no alcanzando su patología el puntaje necesario para su aprobación. Lo que no significa que el cuadro psiquiátrico que padece no altera su funcionalidad para realizar su actividad laboral, que es lo que ha motivado la indicación de reposo médico. De lo que se desprende, que su reposo está plenamente justificado.

Estima que la decisión arbitraria e ilegal de la recurrida ha dañado aún más su salud mental, ha causado detrimento en su patrimonio, poniendo en riesgo la continuidad de su tratamiento por no tener los medios para seguir con las atenciones médicas, lo que constituye una infracción a las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 3, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la igual protección de la ley en el ejercicio respecto de sus derechos, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

A continuación, asevera que lo resuelto por la recurrida es absolutamente arbitrario, ya que no hace más que rechazar las licencias médicas, sin señalar pormenorizadamente que antecedentes se consideraron para tomar esta determinación, así como tampoco se encuentra debidamente motivada. Las licencias médicas objeto del rechazo, no han sido objeto de pericia por parte de las recurridas, ni al momento de su examen original, ni al momento de resolver acerca de los recursos de reposición. En efecto, el acto debe necesariamente ser inteligible para el ciudadano en orden a que este, mediante su sola lectura, pueda entender racionalmente los argumentos tanto fácticos, médicos y jurídicos que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la administración del Estado, lo que evidentemente no se cumple con la expresión citada.

Cita los artículos 5º, 3°, 11°, 18°, 41° de la Ley Nº19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, sosteniendo que el acto recurrido es ilegal, en cuanto es contrario al ordenamiento jurídico porque vulnera e infringe abiertamente los artículos 3 y 40 de la Ley Nº19.880 sobre Procedimiento Administrativo, y el artículo 16 del DS Nº3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a que no expresa con precisión y en detalle cuales son las razones médicas tenidas a la vista para adoptar la decisión del rechazo; como desde el punto de vista fáctico, en orden a no señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria, dejando a la recurrente en la indefensión.

Finalmente, pide a esta Corte se tenga por deducido acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ya individualizada en estos autos, por la Resolución Exenta N° R-01-UME-120110-2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, que confirma el rechazo de las licencias médicas señaladas en este libelo, a fin de que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarle la debida protección, admitirlo a tramitación, y en definitiva dar lugar a todas sus partes, declarando que se deja sin efecto la resolución recurrida, debiendo el órgano recurrido aprobar las licencias médicas N°s 80817618-1, 81969597-0, 82896117-9, 84201933-8 extendidas por un total de 120 días a contar del día 29 de diciembre de 2022 y efectuar todas las gestiones necesarias a fin de proceder a su pago a la brevedad toda vez que la resolución recurrida vulnera mi derecho de propiedad protegido en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Todo lo expuesto, con expresa condena en costas en caso de oposición.

2°.- Que, al informar el abogado SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicita en primer lugar, que se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Luego, haciéndose cargo del fondo del asunto, reseña el marco normativo de la materia de autos, trascribe los informes médicos de los profesionales de su representada, para concluir que de ellos queda de manifiesto que el reposo otorgado por las licencias médicas en el caso de la Sra. nombre reservado, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Dice que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En el caso de autos, su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas. Por lo que a su juicio, se debe desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida.

Agrega que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. Su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado. Asimismo, el otorgamiento de una licencia médica no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los requisitos que allí se señalan. Si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción deducida por no encontrarse resguardada la seguridad social a través del recurso en estudio, se dirá, que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1, 3, 9, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que sí están comprendidos dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, lo que resulta suficiente para desestimarla.

7°.- Que, para contextualizar la situación de doña nombre reservado, en lo que interesa a la presente acción cautelar, debe consignarse que es afiliada a FONASA y sus médicos tratantes emitieron las licencias médicas Nº 80817618-1, N°81969597-0, N°82896117-9 y N°84201933-8, prescribiendo en cada una de ellas reposo laboral total por 30 días a contar del 29 de diciembre de 2022, sumando un total de 120 días. Dichas licencias fueron rechazadas por reposo injustificado.

Mediante Resolución Exenta N° R-01-UME- 120110-2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de la COMPIN Región Metropolitana, argumentando que tras estudiar los antecedentes concluyó que el reposo prescrito en las licencias singularizadas no se encontraba justificado.

Consigna expresamente la aludida Resolución Exenta que: “Esta conclusión se basa en que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito consideró no justificado el reposo prescrito por cuanto las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliada y por consiguiente no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología.”

8°.- Que, en lo que respecta al fondo, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

9°.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, más aun que no se ponderan los informes emitidos por la médico tratante, ni el hecho que la paciente habría realizado los trámites de invalidez, empero estos no habría sido aprobados por no alcanzar el puntaje requerido; carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo.

10°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho.

11°. Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la SUSESO directamente o a instancias de la COMPIN, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso.

12°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

13°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndolo a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

14°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas N° 80817618-1, N°81969597-0, N°82896117-9 y N°84201933-8, que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada por doña nombre reservado, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial (s) doña nombre reservado.

Rol N°1326-2023-PROTECCIÓN.