nombre reservado con GLOBE FACILITY SERVICES SPA

Chillán, treinta de octubre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la empresa nombre reservado, domiciliada para estos efectos en Peaje Troncal Santa Clara, comuna de Pemuco.

Refiere que fue notificada a través de correo electrónico por su empleador, invitándola a participar de una reunión zoom, para dar curso a una investigación privada respecto de una denuncia que habría recibido, a fin que presencie la declaración, recepción de prueba y eventualmente la dictaminación de alguna resolución condenatoria en su contra, cerrando dicha invitación haciéndole ver que adoptará medidas tendientes a proteger a los “afectados” y que dicho proceso será confidencial, manteniendo la reserva del mismo.

Estima que la acción de su empleador escapa al debido proceso y toda norma, puesto que son los tribunales de la República los mandatados y llamados a conocer, resolver y ejecutar lo juzgado y dicha labor pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley y al hecho que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. Expresa que los supuestos hechos constitutivos de delito, fijan un domicilio distinto al laboral, sosteniendo que, como denunciada, no ha tomado conocimiento de manera formal de los supuestos hechos constitutivos de delito y que la empresa para la cual trabaja, ha tomado parte, entrometiéndose en materias que afectan gravemente su vida privada, en especial, su honra, por lo que estima que el proceder de la recurrida ha vulnerado gravemente el debido proceso y ciertos derechos establecidos en la Carta Fundamental, en especial los números 3 inciso 4° y 4 del artículo 19 y el artículo 76 de la misma norma, entre otras.

Solicita se tenga por interpuesta la presente acción constitucional en contra de Global Fácil Service SPA., acogerlo a tramitación y, en definitiva, se condene a la recurrida a terminar con su actuación y otras, que se ha llevado en contra de la recurrente, restableciendo el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Acompaña al recurso la carta donde se comunica investigación interna.

2°.- Que, informa don Jaime Salinas Toledo, abogado, en representación de Global Facility Service SpA. Refiriere que su representada ha dado cumplimento a lo establecido en el artículo 211-A del Código del Trabajo, en relación al artículo 154 del mismo ordenamiento legal, sostiene que, en concordancia con las citadas normas, la necesidad de tener un procedimiento de investigación en caso de denuncias de acoso sexual surge de una exigencia legal, no facultativa sino que obligatoria para su representada, disponiendo la ley que con motivo de la recepción de una denuncia de acoso sexual, el empleador debe adoptar medidas de resguardo para los involucrados, debe realizar una investigación interna e incluso puede derivar la realización de la investigación a la Inspección del Trabajo respectiva para que ella sea quien instruya y concluya la referida investigación. En cualquier caso, las conclusiones de la investigación, cuando fuese llevada en forma interna, deben ser puestas en conocimiento de la Inspección del Trabajo.

Luego de citar y transcribir los artículos 184 y 2 inciso segundo del Código del Trabajo, afirma que el Reglamento Interno de su representada, contiene normas expresas en conformidad a lo exigido por el Código del Trabajo, normas las que transcribe.

Detalla que su representada recibió el 29 de septiembre de 2023 una denuncia por parte de don nombre reservado, quien manifestó haber sufrido conductas constitutivas, a su juicio, de acoso sexual de parte de doña nombre reservado, recurrente de protección. Frente a ello, su representada, por expresa exigencia legal y por así disponerlo su Reglamento Interno, dio inicio a una investigación interna, añadiendo que el referido trabajador habría expresado haber efectuado una denuncia ante el Ministerio Público, conforme a la documentación que el trabajador entregó. Expresa que al iniciar la investigación su representada comunica de ello a la denunciada vía correo electrónico, por lo que afirma, no se ha incurrido en un actuar ilegal ni arbitrario, sino que, por el contrario, se procedió de la forma correspondiente a proteger la vida y salud de los trabajadores, por expresa exigencia legal, dando inicio a un procedimiento que busca dar cuenta de la existencia de hechos eventualmente constitutivos de acoso sexual, a fin de poder emitir un informe y conclusiones que, conforme al mérito de la investigación, pueda determinar si existen o no conductas de acoso sexual que deban ser objeto de reproche conforme a la legislación laboral. En este ámbito no se investigan hechos delictuales, sino que aquello que expresamente el legislador ordena, y que, en caso de no hacerlo, implicaría que su representada queda expuesta a multas por no dar cumplimiento a las exigencias legales antes transcritas, y también a denuncias de vulneración de derechos fundamentales al no proteger la vida y salud de sus trabajadores frente a denuncias de uno(a) de éstos(éstas) en contra de otro(a) a quien sindica como responsable de conductas de esta naturaleza.

En consecuencia, estima que su representada ha actuado dando estricto cumplimiento a la normativa legal laboral aplicable en la especie, y no ha incurrido en conductas arbitrarias ni ilegales, encontrándose su actuar plenamente legitimado.

Solicita se tenga por evacuado el informe requerido y conforme a lo indicado, rechazar el recurso de protección deducido por la recurrente, en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A su informe acompaña el mismo documento incorporado por la recurrente y la denuncia efectuada por un trabajador en su contra.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que el acto reprochado de ilegal o arbitrario por la recurrente fue la remisión de una carta de parte de su empleador, hoy recurrido, donde se le informaba la existencia de una denuncia en su contra, y el inicio de una investigación interna al tenor de lo previsto en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa y lo establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo, siendo citada a una entrevista para el 06 de octubre del presente año, vía telemática a las 09:00 horas.

7°.- Que el Título IV del Libro II del Código del Trabajo establece un procedimiento para investigar y eventualmente castigar el acoso sexual dentro de las relaciones laborales, procedimiento que inicia la recurrida en virtud de una denuncia efectuada por uno de sus trabajadores en contra de la recurrente también trabajadora de la misma empresa.

8.- Que, de lo expuesto precedentemente se advierte con claridad, que no existe en el caso de marras, ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta de la recurrida plasmada en la comunicación que hace a doña nombre reservado donde le comunica el inicio de una investigación interna, de carácter confidencial y la cita a una entrevista telemática con el objeto de esclarecer los hechos denunciados por otro trabajador de la empresa en su contra, y que pueden constituir una conducta de acoso sexual, desde que su actuar se encuentra amparado por las normas laborales citadas y su propio reglamento interno de higiene y seguridad, por lo que mal pudieron verse conculcados los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N° 3 inciso 4 y 4 de nuestra Constitución Política de la República, que denuncia transgredidas la recurrente, razón por la cual, el presente recurso no puede prosperar y será totalmente desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la empresa nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del ministro (S) don Manuel Alejandro Vilches Meza.

No firma la ministra señora Pezoa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso.

Rol N° 1315-2023 PROTECCIÓN.