Protección contra Tesorería General de la República

Chillán, cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece don Gregorio Alejandro Crisóstomo Sepúlveda, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien a nombre y representación de Comercial nombre reservado García SpA, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, nombre reservado 77.396.318-5 de su mismo domicilio, recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República, domiciliada en domicilio reservado.

Refiere que consta de la documentación que acompaña uno de los accionistas de la recurrente, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, que con fecha 3 de mayo de 2022 presentó al Servicio de Impuestos Internos su declaración de renta correspondiente al año tributario 2022, a través de Formulario 22, por la cual se solicitó una devolución de pago de impuestos por la suma de $256.170.165.

Añade que con fecha 9 de agosto de 2023, el Sr nombre reservado rectificó la declaración de renta efectuada, rectificación a la que se le asignó el folio Nro. 50659572.

En suma, expresa que el Sr. nombre reservado era titular de un crédito en contra de Tesorería, que correspondía a la devolución de impuestos contenidos en su declaración de renta y su rectificación señaladas precedentemente.

A su vez, manifiesta que en Junta Extraordinaria de Accionistas de “Comercial nombre reservado García SpA.”, celebrada el 27 de mayo de 2022, debidamente reducida a escritura pública con fecha 30 de mayo de 2022, don nombre reservado, dio en pago, cedió y transfirió a la sociedad “Comercial nombre reservado García SpA” la suma de $256.170.165, que corresponde a la devolución solicitada al Servicio de Impuestos Internos con ocasión de la Declaración de Renta del año 2022, de acuerdo a lo señalado en su respectiva declaración de renta contenida en Formulario 22 07 N°340039232.

Plantea que, para materializar dicho aporte, dación en pago y cesión, la recurrente notificó judicialmente a la Tesorería General de la República la señalada cesión de crédito, mediante el procedimiento judicial seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán, Rol V – 153 - 2022.

Detalla que, en dicho procedimiento, la Tesorería fue debidamente notificada a través de receptor judicial con fecha 19 de agosto de 2022.

Indica que con fecha 4 de septiembre de 2023 su representada toma conocimiento, por medio del contador de la sociedad don nombre reservado, que los dineros producto de la devolución de impuestos, no fueron pagados, sino que fueron pagados de la siguiente manera: Tesorería pagó al cedente del crédito la suma $152.568.213; Tesorería General de la República efectuó una compensación por la suma de $3.864.649; Tesorería General de la República efectuó compensación, $109.161.052 sobre el monto autorizado.

De esta manera, manifiesta el letrado, la recurrida ha dispuesto y pagado los dineros de propiedad de la recurrente a terceras personas desconociendo la cesión de derechos celebrada en favor de la recurrente, estimando que el proceder de la recurrida constituye una actuación ilegal la cual vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, el que deriva de la privación de los dineros que correspondían a la devolución de impuestos cedidas a su parte, y de su propiedad.

Solicita que, con el mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y lo dispuesto en el artículo 19 numeral 24 y artículo 20, ambos de la Constitución Política de la República, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Sr. Tesorero Regional de Ñuble, admitir el recurso a tramitación, disponiendo que la recurrida informe en el más breve y perentorio plazo y, en definitiva, acoger el presente recurso, declarando la ilegalidad de los pagos y compensaciones señaladas por vulnerar los derechos constitucionales de la recurrida establecidos en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, instruyendo a la recurrida proceda a pagar los dineros que corresponden a la devolución de impuestos, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa don nombre reservado Director Regional Tesorero de Ñuble (S).

En primer término, solicita se declare la extemporaneidad del recurso, fundado en que el recurrente expresa – sin acompañar antecedente alguno para dicha afirmación - haber tomado conocimiento del hecho que reclama el 4 de septiembre de 2023, supuestamente, por medio del contador de la Sociedad. Añade que en virtud de sus sistemas de trazabilidad el cheque a nombre de don nombre reservado fue entregado y cobrado el día 1 de septiembre del año 2023 (tal como da cuenta la certificación que se acompaña en un otrosí), por lo que, el recurso fue interpuesto de manera extemporánea.

Sostiene en este punto que más allá de la extemporaneidad de la acción, se debe recalcar el absurdo jurídico del presente recurso: la sociedad Comercial nombre reservado García SpA., representada por nombre reservado, reclama por la entrega de un documento a: nombre reservado, su representante legal.

Plantea que, en la especie, no se cumple el estándar mínimo de derechos indubitados, ya que los hechos narrados por la reclamante resultan erróneos, imprecisos y controvertidos y el derecho que los respalda es a lo menos de dudosa procedencia, por lo que se estaría en ausencia de derechos indubitados y las alegaciones vertidas por el actor no podrían ser discutidas sino en un juicio de lato conocimiento. Cita fallo de esta Corte de Apelaciones Rol 4819-2022 Protección.

Dice que también se alega la inexistencia de un título cedible y divergencia entre lo que se pretendía ceder y lo notificado, tal como se señala en el recurso, el 9 de agosto de 2023 el Sr. nombre reservado con su rectificación anuló la declaración de impuesto original, procediendo a realizar una declaración rectificatoria del impuesto a la renta, modificando no sólo el folio de la declaración de impuesto sino que también el monto que se solicita devolver, disminuyendo de $256.170.165 a $227.977.609, haciendo presente que, una vez efectuada la rectificación fue analizado por el Servicio de Impuestos Internos y aprobado por el Director Regional de dicho Servicio sólo con fecha 16 de agosto de 2023, misma fecha en que fue enviado a la Tesorería Regional y cargado en los sistemas.

Plantea que, con posterioridad a la rectificación del 9 de agosto de 2023, sólo con fecha 16 de agosto de 2023, el Servicio de Impuestos Internos aprobó la devolución, momento en que nació un crédito por la suma de $227.977.609 más el reajuste legal, correspondiente a la devolución solicitada en formulario 50659572.

Se evidencia entonces que, la notificación recibida por el Servicio se refiere a la cesión de un crédito correspondiente a la devolución de renta por $256.170.165 correspondiente al folio 340039232 y que lo que se devolvió fue una renta cuyo monto original era de $227.977.609 correspondiente al folio 50659572.

En otras palabras, sostiene el letrado, a la fecha de la cesión y de la notificación no existía ningún crédito que se pudiera ceder, existía sólo una declaración de impuestos en que se solicita una devolución, devolución que no fue aprobada por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que en realidad dicho crédito nunca ha existido. Luego de citar y transcribir el artículo 1907 del Código Civil, afirma que en este caso el crédito no le pertenecía en ese tiempo, porque aún no existía y, además, no llegó nunca a existir dicha devolución de impuestos.

También se alega, por la recurrida, el incumplimiento de solemnidades y requisitos formales de la cesión de créditos en el presente caso, argumentando al respecto que, la cesión de créditos de una convención a través de la cual el acreedor transfiere su crédito a otro llamado cesionario, el que pasa a ocupar la situación jurídica del cedente en el derecho cedido participan tres sujetos, a saber, el cedente, cesionario y deudor.

Así, a partir de la cesión de créditos surge en primer término una relación jurídica entre cedente y cesionario, y luego una entre cesionario y deudor, manifestando que sobre esta relación el recurrente ha solicitado resguardo de sus garantías constitucionales, consistiendo el actuar reprochado a la administración en haber pagado el crédito cedido al cedente y no al cesionario.

Precisa que el crédito en cuestión tiene una naturaleza tributaria, consistente en la devolución a que tenía derecho el cedente producto de la operación renta año tributario 2022, la cual no se encuentra regulada de manera especial, por lo que habrá que atenerse a las reglas del Código Civil que versan sobre la cesión de créditos nominativos, es decir, aquellos que indican la persona del acreedor, siendo éste el único que puede exigir su cumplimiento.

De acuerdo al sistema jurídico, la cesión de créditos constituye una forma de tradición de los derechos personales, esto habida cuenta que los contratos carecen de efectos traslaticios, por lo que esta institución supone la existencia de un crédito, el cual puede o no constar en un título o instrumento y un instrumento en que(sic) debe necesariamente constar la cesión, habitualmente un contrato entre cedente y cesionario. Este es un asunto pacífico en doctrina, la cual acude a los arts. 699 y 1901 Código Civil para establecer la mecánica de esta institución.

En cuanto a la relación jurídica que la cesión de derechos hace surgir entre cesionario y deudor su regulación la encontramos en los artículos 1902 a 1906 del cuerpo civil. Estima pertinente señalar que no es necesario el consentimiento del deudor para que la cesión de créditos surta los efectos que le son propios. Sin embargo, esta le es inoponible mientras no sea notificada o aceptada por el deudor, así lo dispone el artículo 1902 del Código Civil. De lo anterior se extrae que para que la cesión surta efectos respecto del deudor es necesario que se produzca su notificación o su aceptación.

Descartando de plano que pudiere haberse producido la aceptación de la Administración en su calidad de deudora respecto de la cesión de créditos que le fuere notificada, es que es necesario analizar la manera en que el cesionario ha notificado de la cesión al recurrido.

Al respecto afirma que la cesión presenta como características el ser judicial; ser realizada por el cesionario; exhibición del título al deudor, detallando que respecto de este último requisito el artículo 1903 del Código Civil dispone: “La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente”. El legislador ordena la exhibición al deudor del título, es decir, el instrumento en que consta el crédito cedido. En este caso debe prestarse atención a la característica no instrumental del crédito. En efecto, como se ha señalado, el crédito cedido consiste en la devolución a que tenía derecho el cedente producto de la operación de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2022. En este caso, dicho crédito no consta en instrumento alguno, no pudiendo otorgarle tal valor al formulario de declaración de impuesto a la renta, por cuanto éste no es más que un detalle que el propio contribuyente realiza de las operaciones gravadas y de los pagos provisionales realizados, pero de su confección no puede estimarse el surgimiento de un derecho personal, sino que éste surge una vez que la declaración es revisada por el Servicio de Impuestos Internos y, una vez sancionada su conformidad emite un giro (F74) o formulario de pago, el cual constituye la orden que la Administración efectúa para realizar la devolución de los impuestos pagados en exceso durante el ejercicio anual.

Se sostiene que en la especie, y de acuerdo al atestado de la receptora judicial doña Juana Lorena González Cea de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, estampado en causa V-153-2022 del Segundo Juzgado Civil de Chillán se indica: “En Chillán, a diecinueve de agosto del año dos mil veintidós siendo las 08:39 horas, en su domicilio domicilio reservado, Edificios Públicos de esta ciudad, notifiqué de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 44, del Código de Procedimiento Civil, a don(ña) nombre reservado, en su calidad de Tesorero Regional, del contenido de la demanda de autos y sus proveídos. Cédula conteniendo copia íntegra de estos antecedentes, se la dejé, fija en la puerta de su domicilio, por no concurrir nadie a mis reiterados llamados. Envié aviso.- Doy Fe.- Der. $40.000.-“.

Manifiesta que, del certificado transcrito se puede obtener que lo notificado a la Administración consistió en la solicitud voluntaria efectuada ante el Tribunal civil y su proveído de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, sin que se haya notificado el título, ni tampoco el contrato en que consta la cesión.

A lo anterior añade que otro aspecto relevante que se debe considerar es que el deudor, cuya obligación se ha cedido, no es tan sólo la Tesorería General de la República, sino también el Servicio de Impuestos Internos, organismo encargado de determinar y autorizar las devoluciones por concepto de impuesto a la renta por las pérdidas o mayor gasto que pudiere haber experimentado el contribuyente, esto de acuerdo a las reglas de imputación de pagos provisionales dispuestas en el artículo 93 a 97, en concordancia con lo señalado en el artículo 31 N°3 inciso noveno y artículo 65 todos del D.L. 824 Ley de Impuesto a la Renta.

Por su parte, la Tesorería General de la República, en sus Tesorerías Regionales y Provinciales tiene encomendada la función de efectuar los pagos de remuneraciones, pensiones y demás obligaciones del Estado, de acuerdo a lo señalado en el art. 11 letra b) del D.F.L. N°1 de 1994 Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería.

Expresa que, de acuerdo a lo tramitado en la causa V-153-2022 del Segundo Juzgado Civil, sólo aparece realizado el trámite de notificación a la Tesorería Regional de Ñuble, por lo que la cesión no ha podido surtir efectos.

También se manifiesta que, respecto a la forma en que se ha llevado a cabo la notificación del deudor dice relación con la notificación subsidiaria que ha llevado a cabo la ministra de fe en la causa judicial voluntaria rol V-153-2022 del Segundo Juzgado Civil de Chillán, estimando que lo problemático de tal proceder es que no otorga certeza al deudor respecto de la naturaleza del crédito cedido, no contando con los documentos necesarios para tomar conocimiento cabal de este, téngase en cuenta que de los datos fijados ni siquiera es posible conocer el monto de la obligación y menos la naturaleza de esta.

En esta materia sostiene que resulta necesario tener presente que el legislador, ha adoptado un criterio estricto en orden a resguardar un principio de certeza respecto del crédito cedido, es así que expresamente se ordena la exhibición del título cedido o al menos, según la doctrina, el instrumento en que consta la cesión, cuestión que resulta imposible de llevar a cabo mediante la notificación subsidiaria. En tal orden afirma que, la forma en que debe ser llevada a cabo la notificación de la cesión no se encuentra determinada por el Código Civil, sino que se debe acudir a la regla del artículo 47 del Código de Procedimiento Civil.

En suma, la recurrida manifiesta que entre el cesionario y el cedente la cesión surte sus efectos normalmente. Sin embargo, atendidos los defectos, la cesión resulta inoponible al deudor, así lo dispone el artículo 1902 del Código Civil, lo cual es refrendado por el artículo 1905 al señalar que: “No interviniendo la notificación o aceptación sobredichas, podrá el deudor pagar al cedente, o embargarse el crédito por acreedores del cedente; y en general, se considerará existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y terceros”.

Expresa que mientras la notificación no sea perfecta el deudor puede pagar al cedente, y será éste quien debe responder al cesionario, puesto que entre ambos la cesión si lo es. Además, debe considerarse la regla del artículo 1576 del Código Civil el que señala que: “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”, regla la cual estima adquiere relevancia considerando la forma en que se practicó la notificación la cual hizo imposible que la administración tomase conocimiento del crédito cedido y de sus antecedentes.

Considera que las circunstancias anotadas permiten sostener que la cesión no le ha sido oponible al deudor, pudiendo éste compensar los créditos que la Tesorería Regional detentaba respecto del cedente y siendo lícita la retención judicial efectuada por orden del Juzgado de Letras de Quirihue. Afirma que el pago hecho a un representante del acreedor es válido, ya que más allá del absurdo jurídico enunciado en los puntos anteriores y sin ánimo de ahondar en el punto, recalca, a mayor abundamiento, que el pago efectuado a un representante de un acreedor determinado es válido y extingue cualquier obligación para con su representada, por lo que aun considerando que hubiese alguna cesión de crédito válida con consecuencias jurídicas, la entrega del documento y el pago al mismo representante legal de la sociedad hubiese extinguido la obligación de un deudor de la representada.

Solicita que, en mérito de lo expuesto y visto lo prevenido por los artículos 19 numeral 24, y artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y demás pertinentes, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por evacuado el informe al tenor de la acción constitucional de protección deducida por las recurrentes, y, en definitiva, rechazarla con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4°.- Que, examinadas las alegaciones de las partes, resulta que lo discutido, en definitiva, son las formalidades y efectos de la cesión que efectuó don nombre reservado a “Comercial nombre reservado García SPA.”, de $256.170.165, correspondiente a la devolución de impuestos solicitada al Servicio de Impuestos Internos con ocasión de la Declaración de Renta del año 2022, así como también la procedencia de las compensaciones realizadas por Tesorería General de la República.

Conforme lo expuesto por el actor, se puede establecer que dio en pago a la sociedad Comercial nombre reservado García Spa., un crédito en contra de Tesorería, que correspondía a la devolución de impuestos contenidos en su declaración de renta y su rectificación.

Sostiene que dicho aporte, dación en pago y cesión, lo notificó judicialmente a la Tesorería General de la República, mediante el procedimiento judicial seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán, Rol V – 153 – 2022.

Por su parte la recurrida ha sostenido que, dado que la cesión adolece de defectos, en cuanto a su notificación, mientras dicha gestión no sea perfecta el deudor puede pagar al cedente, y será este quien debe responder al cesionario, puesto que entre ambos la cesión si lo es. Además, indica que debe considerarse la regla del artículo 1576 del Código Civil el que señala que: “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”, regla la cual estima adquiere relevancia considerando la forma en que se practicó la notificación la cual hizo imposible que la administración tomase conocimiento del crédito cedido y de sus antecedentes.

Señala además que en tal circunstancia puede compensar los créditos que la Tesorería Regional detentaba respecto del cedente, que el pago efectuado a un representante de un acreedor determinado es válido y extingue cualquier obligación para con su representada, por lo que aun considerando que hubiese alguna cesión de crédito válida con consecuencias jurídicas, la entrega del documento y el pago al mismo representante legal de la sociedad hubiese extinguido la obligación de un deudor de la representada.

5°.- Resulta, entonces evidente, dado lo expuesto en los considerandos anteriores, que existen posiciones contrapuestas al respecto, no solo en cuanto a la procedencia de la compensación efectuada, sino también de la notificación de la cesión de créditos de la cual sería cesionaria la recurrente y por consiguiente, no es posible sostener la existencia de un derecho indubitado a su favor susceptible de ser protegido en esta sede.

6°.- Que, de esta forma, no siendo la presente una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede, corresponde que las partes sometan la controversia al procedimiento declarativo que sea pertinente, oportunidad en la que podrán formular las alegaciones y excepciones que estimen conducentes, presentar la prueba necesaria al efecto, y presentar recursos si fuera el caso. En virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Gregorio Alejandro Crisóstomo Sepúlveda, en representación de Comercial nombre reservado García SpA, en contra de la Tesorería General de la República.

cincoerdo, por no haber integrado hoy.e, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausenNotifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Gumercindo Quezada Blanco.

Rol N°1312-2023 PROTECCIÓN.