Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, diez de marzo de dos mil veintiséis.

Visto: 1°) Que comparece don Miguel Ángel Calderón Flores, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) por actos que califica como ilegales y arbitrarios.

Expresa que su representada se desempeña como profesora de matemáticas. A raíz de un episodio de violencia en el trabajo (artículo 2 letra c) del Código del Trabajo), y la falta de medidas de resguardo, se activó el Protocolo de la denominada “Ley Karin” y se dedujo demanda laboral por vulneración al deber de cuidado en contra del Colegio Concepción, tramitada ante el Juzgado del Trabajo de Chillán, causa Rol T-175-2025, fijándose audiencia de juicio para el día 16 de abril del presente año, a las 09:00 horas.

Se reclama, en lo medular, la omisión de medidas de protección y resguardo que derivaron en una afectación de salud mental.

Señala que la recurrente no presentaba antecedentes previos relevantes de patologías de salud mental; la sintomatología aparece como consecuencia del episodio de violencia laboral y su manejo institucional. En ese contexto clínico y funcional, a su representada se le extendieron licencias médicas por enfermedad común asociada a trastorno ansioso-depresivo, las cuales fueron rechazadas en forma sucesiva por la COMPIN Región de Ñuble, con causal estandarizada y genérica (“Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología”), sin explicar por qué los antecedentes concretos no justificaban reposo, ni cómo se evaluó capacidad funcional docente:

LM Folio NUM000, 03.08.2025 a 27.08.2025 (25 días): rechazada.

LM Folio NUM001, 28.08.2025 a 21.09.2025 (25 días): rechazada.

LM Folio NUM002, 22.09.2025 a 16.10.2025 (25 días): rechazada.

LM Folio NUM003, 17.10.2025 a 10.11.2025 (25 días): rechazada.

Estima que existe un patrón administrativo de rechazo serial por fórmula predefinida, sin motivación individual suficiente, afectando la continuidad terapéutica y la seguridad económica de la trabajadora.

Expresa que su representada reclamó ante la Superintendencia de Salud. Por Dictamen NUM004, de fecha 6 de diciembre de 2025, Resolución Exenta NUM005, la SUSESO confirmó el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, N° NUM001, N° NUM002 y N° NUM003, extendidas por un total de 100 días desde el 3 de agosto de 2025, señalando, en síntesis, que: (i) “no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 90 días de reposo ya autorizados por la misma patología”; y (ii) “los informes… no exponen un plan de tratamiento psicofarmacológico progresivo concordante con la extensión total del periodo de reposo”.

Considera que tal razonamiento sería ilegal y arbitrario, porque omite ponderar seriamente la evidencia clínica y funcional (diagnóstico, incapacidad docente, controles, psicoterapia, ajustes farmacológicos, recaídas por estresores del mismo conflicto laboral y por tramitaciones administrativas), y utiliza un estándar rígido (“plan psicofarmacológico progresivo”) como si fuera el único criterio válido para reposo por salud mental, desconociendo que el reposo terapéutico, la psicoterapia y el retiro del estresor son parte esencial del tratamiento, especialmente cuando el factor mantenedor es el mismo entorno laboral y su judicialización, con riesgo real de descompensación.

El dictamen fue notificado electrónicamente el 6 de diciembre de 2025.

El presente recurso se interpone dentro del plazo judicial aplicable, contado desde la notificación del acto recurrido, atendida la afectación actual y continuada, y la necesidad urgente de restablecer las garantías constitucionales vulneradas.

Advierte que los rechazos del COMPIN por “reposo prolongado para patología” y la confirmación SUSESO descansan en motivos genéricos, sin explicar por qué, en el caso concreto, la paciente estaría en condiciones funcionales de reintegro docente; tampoco se observa razonamiento clínico que descarte la incapacidad laboral, ni ponderación de antecedentes contemporáneos (controles, psicoterapia, prescripciones, informes y certificados). En especial, el dictamen SUSESO exige un “plan psicofarmacológico progresivo” como condición de justificación del reposo, soslayando que el tratamiento de salud mental combina psicoterapia, fármacos, manejo de crisis, control de estresores y reposo terapéutico, y que los propios antecedentes clínicos demuestran continuidad de controles y ajustes. La docencia exige regulación emocional, concentración, juicio estable y tolerancia al estrés. Precisamente esos dominios están comprometidos por el cuadro ansioso-depresivo y crisis de pánico descritas en los informes, sumado a somatizaciones del estrés, labilidad e insomnio, lo que torna riesgoso e inviable el reintegro. Más grave aún, el rechazo de licencias genera un estresor económico directo, que agrava el cuadro, prolonga la incapacidad y frustra la finalidad misma del sistema de licencias y subsidios, comprometiendo la integridad psíquica.

El D.S. N°3/1984 exige evaluación seria, y el acto administrativo debe ser racional, proporcional y motivado. La Ley N°19.880 impone estándares mínimos de fundamentación y racionalidad, particularmente cuando se afectan derechos de las personas. La motivación sería aparente: una frase-tipo que no explica la evaluación clínica y un estándar reduccionista que no se hace cargo de la evidencia.

La cuestión que se somete a decisión de esta Corte no es si la salud mental “merece” protección, eso es un punto de partida constitucional, sino si un órgano administrativo puede negar o confirmar la negación de licencias médicas mediante fórmulas genéricas o estándares rígidos desconectados del caso concreto, sin una evaluación idónea, y luego pretender que esa ausencia de certeza clínica (o la falta de un determinado formato de informe) se traduzca en una privación de prestaciones y en la ruptura de continuidad terapéutica.

En las causas por depresión/ansiedad, los tribunales han enfatizado que la motivación debe ser más cuidadosa, porque una decisión administrativa puede agravar el cuadro y transformar el procedimiento en un nuevo estresor.

En nombre reservado esto se acentúa: el origen del cuadro se vincula a violencia laboral y falta de resguardo (lo que además se discute en sede laboral, Rol T-175- 2025), y el rechazo de licencias opera como un mecanismo que retroalimenta el daño psíquico (estrés económico, incertidumbre, interrupción o amenaza de continuidad terapéutica). Este factor, el acto administrativo como amplificador del daño, es precisamente el tipo de lesión que el recurso de protección busca neutralizar de modo urgente.

Los precedentes reiteran que el rechazo arbitrario no es neutro, tiene consecuencias patrimoniales directas. En la recurrente, con liquidaciones de remuneraciones y antecedentes de gastos médicos, el perjuicio no es hipotético, se trata de la privación de una prestación que, acogimiento que se observa en los roles citados cuando el acto impugnado produce una afectación real, actual y verificable.

Expresa que el caso de la recurrente agrega un elemento que refuerza la procedencia y las probabilidades de que se acoja el presente recurso, ya que no existe un historial previo de patología de salud mental, y la aparición del cuadro está temporal y causalmente ligada a un episodio de violencia laboral y a la falta de medidas de resguardo. Esto cumple una doble función: (i) descarta la idea de una cronicidad preexistente que pueda justificar un rechazo mecánico, y (ii) confirma que el reposo tiene una finalidad terapéutica evidente, retirar al trabajador del estresor dañino mientras se estabiliza clínicamente y se implementan medidas de protección.

Sintetiza en que la pregunta decisiva que atraviesa los precedentes y este caso sería si la SUSESO sostiene que “no puede establecer” incapacidad más allá de cierto umbral, ¿es razonable convertir esa insuficiencia probatoria en rechazo, sin ordenar evaluación especializada que despeje la duda?. Si el argumento es la falta de un determinado “plan psicofarmacológico progresivo”, ¿puede la autoridad desconocer la realidad del tratamiento en salud mental, que integra psicoterapia, controles, manejo de crisis, y reposo terapéutico, especialmente cuando el factor gatillante es un evento laboral grave aún litigioso?. Si la decisión se funda en enunciados generales, ¿cómo puede el administrado conocer la razón específica del rechazo, corregirla, o someterla a control, sin motivación suficiente?. Y si el acto produce consecuencias económicas y sanitarias inmediatas, ¿no es precisamente éste el supuesto típico en que la Corte debe restablecer el imperio del derecho mediante un remedio eficaz (nuevo pronunciamiento fundado y/o regularización)?. La respuesta es que cuando la Administración decide sobre licencias médicas con motivación insuficiente, sin evaluación idónea y con criterios mecánicos, incurre en arbitrariedad. Y cuando esa arbitrariedad incide en salud mental, el estándar de racionalidad y fundamentación debe ser más exigente, no menos, por el riesgo de daño grave y de irreversibilidad.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, estas serían:

Artículo 19 N° 1: derecho a la integridad física y psíquica, al impedir continuidad terapéutica y forzar reintegro sin estabilidad, con riesgo de descompensación.

Artículo 19 N° 2: igualdad ante la ley, al aplicarse un estándar formalista/estandarizado que no pondera el caso concreto.

Artículo 19 N° 9: derecho a la protección de la salud, en su dimensión de acceso a prestaciones y continuidad terapéutica.

Artículo 19 N° 24: derecho de propiedad respecto del subsidio por incapacidad laboral y prestaciones derivadas, que se ven indebidamente denegadas.

En lo concerniente a la jurisprudencia aplicable, la Excma. Corte Suprema y Cortes de Apelaciones han acogido recursos de protección cuando SUSESO/COMPIN rechazan licencias sin motivación suficiente o sin evaluación idónea, ordenando nuevo pronunciamiento y/o pago de subsidios, especialmente en casos de afectación grave por salud, incluyendo salud mental, como los ya citados y homologados en el capítulo anterior.

Finalmente, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Ñuble, acogerlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, declarando que el Dictamen SUSESO NUM004, de fecha 6 de diciembre de 2025, Resolución Exenta NUM005, y los rechazos COMPIN asociados, son ilegales y arbitrarios.

En consecuencia, ordenar como medida de restablecimiento del imperio del derecho; dejar sin efecto el dictamen recurrido y las resoluciones de rechazo que le sirven de base y; disponer que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundado dentro de plazo breve, ordenando una evaluación clínica idónea (idealmente por especialista en salud mental distinto del emisor tratante, o junta evaluadora), ponderando integralmente los antecedentes aportados, y/o Directamente ordenar a COMPIN y a la entidad pagadora (CCAF correspondiente) autorizar las licencias y pagar el subsidio por incapacidad laboral devengado, si así lo estima procedente esta Corte; ordenar todas las demás providencias que se estimen necesarias para la debida protección de mi representada, con expresa condena en costas. 2°) Que comparece don nombre reservado, kinesiólogo, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble, quien evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción interpuesta por doña nombre reservado, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que se reseñan.

Expone que el presente informe se evacúa en cumplimiento del deber legal que asiste a esta COMPIN Regional, como órgano técnico encargado de la validación de las licencias médicas y la administración del subsidio por incapacidad laboral. El objeto de esta defensa es demostrar la legalidad, racionalidad y fundamentación de las resoluciones que rechazaron las licencias médicas de la recurrente, así como desvirtuar la supuesta falta de motivación alegada en el libelo.

Menciona que la actuación de esta autoridad se enmarca en las facultades de control y fiscalización conferidas por el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud y las directrices técnicas de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), orientadas a velar por la sustentabilidad del sistema de seguridad social y la correcta administración de los recursos del subsidio por incapacidad laboral.

La recurrente, de profesión profesora de matemáticas, presenta un historial de reposo continúo evaluado por la Contraloría Médica de esta Comisión. El periodo en controversia se origina a partir de un diagnóstico de "trastorno mixto de ansiedad y depresión", con un reposo total solicitado de 241 días, extendiéndose entre el 5 de mayo y el 31 de diciembre de 2025.

Sostiene que la COMPIN Regional autorizó los primeros 90 días de reposo, correspondientes al periodo inicial de tratamiento. Sin embargo, se procedió al rechazo de 151 días de reposo (iniciados el 3 de agosto de 2025), específicamente las licencias folios N° NUM000, N° NUM001, N°NUM002 y N° NUM003.

Los motivos del rechazo radican en que el reposo se tornó excesivo para la patología descrita sin que se acreditara una evolución clínica favorable ni un ajuste en la estrategia terapéutica. La Contraloría Médica detectó una inercia farmacológica, toda vez que el médico tratante prescribió los mismos fármacos sin cambios desde el inicio del cuadro, a pesar de que la paciente supuestamente no presentaba mejoría que permitiera el reintegro.

El rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN no constituye un acto de capricho administrativo, sino la aplicación de un juicio técnico-médico especializado orientado a verificar la incapacidad laboral temporal y recuperable del beneficiario.

De acuerdo al artículo 1° del D.S. N° 3 de 1984, la licencia médica es el derecho de ausentarse por un tiempo determinado con fines de recuperación.

Cuando una patología de salud mental se extiende por más de 90 días sin una progresión clínica visible, el reposo pierde su finalidad de rehabilitación y comienza a desnaturalizarse.

Es un principio aceptado en el sistema previsional chileno que la carga de probar la necesidad del reposo recae en el trabajador y su médico tratante.

En el caso de la recurrente, los informes aportados fueron insuficientes, pues no detallaron el estado funcional ni la estrategia terapéutica específica para abordar el retorno laboral. Según el artículo 21 del D.S. N° 3, el médico contralor tiene la potestad de determinar que un reposo ya no es necesario si los antecedentes son insuficientes para probar la incapacidad laboral residual.

Resulta fundamental hacer presente que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la Circular N° 3842 de 2024, ha elevado los estándares de exigencia para la justificación de reposos prolongados en salud mental. Dicha normativa exige que el Informe Médico Complementario (IMC) detalle explícitamente el plan de manejo farmacológico y psicoterapéutico, indicando los ajustes realizados ante la falta de mejoría.

En el caso de la recurrente, se constató que, tras 90 días de reposo autorizado, el esquema de fármacos se mantuvo inalterado, lo cual técnicamente sugiere una fase de estabilización o, en su defecto, una falta de pertinencia del reposo como herramienta de curación. El subsidio por incapacidad laboral no tiene por objeto financiar estados de inactividad indefinidos que no van acompañados de un esfuerzo terapéutico activo por parte del equipo tratante para lograr el reintegro.

La recurrente invoca el contexto de violencia laboral y la aplicación de la Ley N° 21.643 (Ley Karin) para justificar su ausencia. No obstante, es imperativo distinguir la esfera laboral administrativa de la previsional-médica.

Si bien la Ley Karin impone deberes de resguardo al empleador, el reposo médico de tipo común (Tipo 1), solo se justifica ante la incapacidad funcional temporal para el trabajo. Si el factor mantenedor de la patología es exclusivamente el conflicto laboral o la tramitación de una demanda (Rol T-175- 2025), el sistema de salud común no está llamado a subsidiar dicho conflicto mediante licencias médicas indefinidas. Autorizar reposos cuya única finalidad es alejar al trabajador de un entorno conflictivo, sin que exista una patología médica incapacitante per se tras la fase aguda, desvirtúa la naturaleza del subsidio y vulnera el principio de recuperabilidad.

De la misma manera, alega que la recurrente denuncia una supuesta falta de fundamentación y arbitrariedad en la notificación de los rechazos. Al respecto, es necesario precisar que la legislación sobre Transformación Digital del Estado ha modificado el paradigma hacia la digitalización obligatoria de los procedimientos, materializada en la Licencia Médica Electrónica (LME).

La Circular N° 3896 de la SUSESO dispone que es responsabilidad del usuario la revisión periódica del portal oficial "Mi Licencia Médica" (www.milicenciamedica.cl) para conocer el estado de sus resoluciones. El sistema permite al trabajador verificar en tiempo real, mediante su Clave Única, si su licencia ha sido autorizada o rechazada.

Ahora bien, y en cuanto a las garantías constitucionales lesionadas, el recurrido sostiene que:

Derecho a la Integridad Física y Psíquica (Art. 19 N° 1): El rechazo no impide el tratamiento. La jurisprudencia reciente (Rol Corte Suprema 60066- 2024) ha confirmado que, si los antecedentes técnicos acreditan capacidad laboral residual, el rechazo es lícito y no vulnera la integridad psíquica.

Igualdad ante la Ley (Art. 19 N° 2): Se aplica el mismo estándar de la Circular N° 3842 a todos los trabajadores en situaciones análogas de reposo prolongado.

Protección de la Salud (Art. 19 N° 9): El control asegura que los recursos públicos se destinen a incapacidades reales. La recurrente recibió 90 días de cobertura, cumpliéndose así el acceso a la prestación en su fase necesaria.

Derecho de Propiedad (Art. 19 N° 24): Según doctrina consolidada, la licencia es una expectativa de derecho. No hay propiedad sobre un subsidio que no ha sido autorizado por la autoridad técnica por carecer de fundamento médico.

Finalmente concluye que, de los antecedentes expuestos, los rechazos se fundan en el estancamiento clínico y la falta de ajustes terapéuticos exigidos por la Circular N° 3842 de 2024 tras un periodo razonable de reposo inicial.

El conflicto laboral invocado bajo la Ley Karin debe resolverse en las instancias correspondientes (Dirección del Trabajo o Tribunales Laborales) y no mediante la prolongación artificial de licencias médicas de origen común.

El acto administrativo se encuentra debidamente motivado en el expediente de contraloría médica, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad. 3°) Que por su parte, comparece doña Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección, puesto que no ha existido de parte de su defendida actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la COMPIN Región de Ñuble, que rechazó las licencias médicas N° NUM000, N° NUM001, N° NUM002 y N°NUM003, por reposo no justificado.

Ahora bien, antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, solicita, se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Expresa que la acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio de la alegación principal, y en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional explica detalladamente el marco jurídico aplicable a las licencias médicas, citando el DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, el DS N° 3 de 1984, el DFL N° 44/78 y normativa asociada. Señala además, que distintos profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los antecedentes del caso de la recurrente, conforme a lo siguiente:

Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 28 de octubre de 2025, reclamó ante este servicio por cuanto la COMPIN Región de Ñuble, confirmó el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, N° NUM001, N° NUM002 y N° NUM003, extendidas por un total de 100 días a contar del 3 de agosto de 2025, por reposo no justificado.

Por su parte, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas precedente no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 90 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que los informes médicos generados por el tratante emisor, no permiten justificar adecuadamente el rol terapéutico del reposo reclamado. En efecto, los informes no exponen un plan de tratamiento psicofarmacológico progresivo concordante con la extensión total del periodo de reposo. Lo anterior según consta en la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM005 de fecha 6 de diciembre de 2025. Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social.

Transcribe en su contestación, el informe del profesional facultativo don nombre reservado, de fecha 5 de diciembre de 2025.

Agrega que el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. N.º 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4 N° II que, tratándose de patologías mentales, el reposo laboral superior a 30 días prorrogable hasta 180 debe cumplir ciertos requisitos, entre los que destacan, que la licencia sea otorgada por médico psiquiatra, que exista informe de peritaje especializado, que se acredite refractariedad o resistencia al tratamiento con evaluaciones periódicas, y que el reposo se indique junto con tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, conforme a las guías clínicas del Ministerio de Salud.

Que en el caso de autos, se advierte que la Sra. nombre reservado, con anterioridad a las licencias médicas actualmente rechazadas, ya había cumplido 90 días de reposo autorizados por patología de origen psiquiátrica.

Sin embargo, no consta derivación a dispositivos de mayor complejidad, ni la existencia de informe de refractariedad o resistencia a tratamiento, ni la implementación de un tratamiento farmacológico ajustado a la patología en relación con la extensión del reposo prescrito, como tampoco se acredita la implementación de intervenciones psicosociales durante todo el período en cuestión.

Se aprecia efectivamente que las licencias médicas reclamadas por la recurrente no cumplirían con los parámetros mencionados precedentemente, toda vez que resulta los hechos indubitados, el período por el que se han extendido y no acredita asistencia regular a terapia psicológica ni intervenciones psicosociales durante toda la extensión de su reposo.

Asimismo, se advierte que la recurrente no ha presentado las derivaciones necesarias para acogerse a las Garantías Explícitas en Salud (GES) por salud mental, lo que impide generar medidas destinadas a la recuperación de su estado de salud conforme lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto N° 3 de 1984 y el artículo 4 del Decreto N° 7 de 201 Del análisis de los antecedentes médicos y administrativos, se concluye que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, emitidas por diagnóstico psiquiátrico, carece de justificación clínica suficiente, toda vez que los antecedentes disponibles no acreditan incapacidad laboral temporal más allá de los 90 días de reposo previamente autorizados por la misma patología. En efecto, los informes médicos acompañados no describen sintomatología de gravedad ni compromiso funcional objetivable que sustente la prolongación del reposo, ni dan cuenta de una evolución clínica incapacitante concordante con su extensión. Asimismo, no se evidencian ajustes terapéuticos proporcionales al tiempo de reposo otorgado, constatándose únicamente indicación de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en dosis mínimas, sin progresividad ni optimización farmacológica. Del mismo modo, no consta derivación a dispositivos de mayor complejidad, ni activación de garantías GES en salud mental, ni la implementación de un plan de manejo integral orientado al reintegro laboral, pese a tratarse de un cuadro que, por su naturaleza, exige abordaje especializado y multidisciplinario.

En consecuencia, no se acredita el rol terapéutico del reposo ni la debida proporcionalidad entre las medidas clínicas adoptadas y la duración del reposo solicitado.

La ausencia de evidencia clínica objetiva permite concluir que el reposo no contribuye a la recuperación funcional de la interesada. Por lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, y en el D.S. N° 7, de 2013, ambos del Ministerio de Salud, esta Superintendencia concluye que las licencias médicas reclamadas carecen de justificación clínica y finalidad terapéutica, por lo que, en su concepto, correspondería mantener su rechazo.

En concordancia con ello, los documentos acompañados al reclamo acreditan que las decisiones impugnadas se ajustan al Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales, relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas según la patología y la duración del reposo. De este modo, resulta improcedente imputar arbitrariedad, pues la resolución se dictó dentro de las competencias del organismo técnico y con estricto apego a los criterios médicos y jurídicos que regulan la materia.

Concluye que, los dictámenes impugnados encuentran correlato fáctico en el expediente administrativo acompañado, que contiene no sólo las resoluciones cuestionadas, sino también los antecedentes médicos y administrativos que respaldan la decisión de rechazo.

En este sentido, debe recordarse que la licencia médica es un beneficio de carácter temporal, que excusa al trabajador de prestar servicios durante el período autorizado, vencido el cual corresponde su reintegro. Sin embargo, en el caso de autos, la autoridad técnica competente determinó conforme a los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud y los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo N° 7 de 2013 que los antecedentes acompañados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado, por falta de elementos clínicos que lo justifiquen.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la actuación desarrollada por esta Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que determinan sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En tal marco, se resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas reclamadas y pronunciarse respecto de las solicitudes relacionadas, actuando siempre dentro de las competencias que la ley le confiere, con estricto apego a su carácter técnico y a las funciones de fiscalización que le corresponden, dejando debida constancia de los fundamentos que se tuvieron a la vista al momento de adoptar la decisión.

Ahora bien, en cuanto a la ausencia de derechos vulnerados, manifiesta que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de sus competencias, tampoco se configura vulneración ni amenaza alguna a los derechos fundamentales invocados por la recurrente.

En conclusión, y de acuerdo a lo señalado precedentemente y a los antecedentes aparejados al proceso, el procedimiento empleado y la decisión pronunciada, han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por mi representada, autoridad llamada por la ley para hacerlo, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria y meramente cautelar, razones suficientes para concluir la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso, lo que conduciría necesariamente a desestimar la acción interpuesta por la recurrente. 4°) Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°) Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°) Que cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°) Que en lo que dice relación con la alegación de una de las recurridas (Superintendencia de Seguridad Social) en el sentido que la acción de protección sería improcedente por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por la recurrente, por estimarse infringidas, al menos, las garantías contenidas en los numerales, 1, 2, 3, y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, que sí se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 8°) Que en síntesis y, conforme al contenido del recurso de protección, la recurrente doña nombre reservado, reclama en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Región de Ñuble y, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal que imputa, consistente el rechazo de cuatro licencias médicas que indica. 9°) Que atendida la situación planteada por la recurrente, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, establece , “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo, el citado Decreto, en su artículo 21, indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica” 10°) Que por su parte, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble, expresó, que tras haber autorizado 90 días iniciales de reposo, el tratamiento médico de la paciente no mostró ajustes ni evolución (mismos fármacos sin mejora). Esto incumple la Circular N° 3842 de la SUSESO, que exige un plan terapéutico activo y progresivo para reposos prolongados en salud mental. Asimismo, constató la Improcedencia del uso de licencias por conflictos laborales (Ley Karin) y, finalmente sostuvo que las resoluciones no serían arbitrarias, sino juicios técnicos debidamente motivados.

Además, señala que no se vulneran derechos constitucionales (como la propiedad o la salud) y que la notificación de los rechazos cumple con la normativa digital vigente. A su turno, la Superintendencia de Seguridad Social, sostuvo en la resolución recurrida, “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° NUM000, N° NUM001, N° NUM002, N° NUM003, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 90 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que los informes médicos generados por el tratante emisor, no permiten justificar adecuadamente el rol terapéutico del reposo reclamado. En efecto, los informes no exponen un plan de tratamiento psicofarmacológico progresivo concordante con la extensión total del periodo de reposo”. Lo anterior según consta en la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM005, de fecha 6 de diciembre de 2025. 11°) Que en el contexto señalado, aparece que, sin considerar necesario solicitar nuevos informes médicos, los profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN)de la Región de Ñuble y de la Superintendencia de Seguridad Social, evacuaron sus conclusiones con los antecedentes ya aportados, sin que se decretara y evacuara una nueva evaluación de la recurrente, con el objeto de verificar su estado actual de salud, procediendo al rechazo de su reclamo, y con ello, al pago del subsidio. 12°) Que conforme a lo señalado previamente, la conducta de la recurrida no se ajusta a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, por cuanto su decisión no aparece suficientemente fundada, al no haber decretado nuevos exámenes o disponer una evaluación médica, con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la actora, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de la licencia médica. 13°) Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar el pago de la licencia médica concedida sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. 14°) Que de esta manera, se advierte que la negativa del pago de la licencia médica que indica la actora implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Finalmente, el rechazo de la licencia médica, mediante resoluciones carentes de fundamentación suficiente, ha privado a la actora del subsidio por enfermedad, afectándose de esta manera su derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por don Miguel Ángel Calderón Flores, en representación de la recurrente doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble y de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto, se ordena que esta deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico, acerca de la patología de que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos ( N° NUM000, N°NUM001, N° NUM002 y N° NUM003) y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de su procedencia.

Notifíquese.

Redacción del Abogado Integrante Cristian Coloma Fuentes.

ROL 13-2026 PROTECCIÓN.