Protección contra Juez de Garantía de San Carlos Sr

Chillán, trece de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don EDUARDO ESTEBAN LABRÍN FALCÓN, en representación del recurrente nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Juez de Garantía de San Carlos Sr. nombre reservado; del Ministerio Público de San Carlos, Sra. Fiscal Adjunta Tamara Cuello Peña; de Carabineros de Chile, Primera Comisaría de San Carlos, dirigida por el Mayor de Carabineros, Comisario don nombre reservado; de la Gobernación de Región de Ñuble, dirigida por el Gobernador don Óscar Crisóstomo Llanos y del Delegado Presidencial de Región de Ñuble don nombre reservado.

Al fundarlo señala, en síntesis, que su representado es Gerente Técnico en Sociedad WAL – MOR Consultora e Ingeniería y Laboratorio Limitada. Que el día 8 de febrero de 2023 fue alertado de una fogata, cuya causa y origen desconoce, en la zona de estacionamiento de su empresa, la que procedió a extinguir de inmediato. Posteriormente el carro de Bomberos de San Carlos y una patrulla de Carabineros, pasan de largo porque no vieron fuego. Agrega que, a las 19:00 horas llegó Carabineros, pero esta vez le dicen que debe acudir a la comisaria para tomarle una declaración; una vez en el sector de calabozos le indican que estaba detenido. Al día siguiente es llevado a control de detención.

Plantea que los recurridos no han observado el debido proceso, el principio de inocencia, el principio de imparcialidad y objetividad. Se le ha aplicado al arbitrio de Carabineros la infamia, faltando a la verdad, lo encontraron in fraganti con una manguera y un chorro de agua, la fogata ya extinguida, habiendo indicado que desconocía las causas de su origen o de su inicio. Mediante engaños y amenazas lo llevaron a la comisaría donde le manifestaron que está detenido y no le leyeron sus derechos. Los carabineros faltan a la verdad en los horarios y afirmaciones que indican en el parte, lo que le ha provocado un cuadro grave de angustia por estrés post traumático por lo vivido y de lo cual no se ha podido recuperar, por ello está con tratamiento psiquiátrico y psicológico, le ha afectado en su salud, además que no le han cancelado ninguna licencia pese a que lo que ha vivido es culpa del mismo Estado.

Estima que se ha vulnerado su derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República), pues, al someterlo a prisión preventiva sin causa ni mérito, ha influido gravemente en su estado de salud mental, medida que le ha restringido su vida privada y de la tranquilidad de su hogar, de su familia, de su entorno, y le han llevado continuar su sufrimiento al someterlo a la desgracia de tener que convivir con ese proceso de vulneración de sus derechos; la igualdad ante la Ley (artículo 19 N.º 2º de la Constitución Política de la República); la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (artículo 19 N.º 3º de la Constitución Política de la República), a su juicio no se actuó con la debida diligencia para cautelar los derechos de su representado; respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y familia (artículo 19 Nº 4º de la Constitución Política de la República), puesto que al momento de la declaración pública del Ministerio Público en las redes sociales más de un millón de personas atentaron contra su honra y la vida privada. La inviolabilidad del Hogar (artículo 19 Nº 5º de la Constitución Política de la República) porque como se aprecia a simple vista del propio parte de carabineros fue detenido en su domicilio domicilio reservado, distinto al domicilio domicilio reservado lugar donde ocurre la fogata. Y de las propias fotografías a simple vista se observa la violación del hogar al ingresar carabineros sin orden previa y sin el consentimiento de su legítimo dueño el recurrente. El Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual (artículo 19 Nº 7° de la Constitución Política de la República).

Asimismo el Derecho a la protección de la salud (artículo 19 Nº 9° de la Constitución Política de la República), ya que gendarmería tenía instrucciones de entregar los medicamentos al recurrente conforme a la prescripción médica, sin embargo esta atención no llegó con la regularidad requería, agudizando su estado de salud, ya que es paciente diabético; la Libertad de Trabajo y su protección (artículo 19 Nº 16° de la Constitución Política de la República) La medida de detención y la medida cautelar de detención preventiva violaron gravemente el normal desarrollo del trabajo de la recurrente, provocando un daño irreparable al afectado y su familia; Derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República), el recurrente, es propietario de los inmuebles en que tiene sus domicilios, esto es, de las casas ubicadas en domicilio reservado. Así las cosas, no cabe duda de que la conducta que imputamos a las recurridas y, especialmente, los daños que hasta ahora le han causado configuran un evidente y grave atentado, actual y continuo y también una amenaza futura, al derecho de propiedad que la recurrente tiene respecto de los domicilios señalados, en los cuales no solo vive, sino que, además es el lugar de trabajo habitual.

Añade que en la infracción sustancial en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal; artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 9, 70, 83, 125, 130, y 154 del Código Procesal Penal, el debido proceso el principio de objetividad e imparcialidad, el principio de inocencia, y en particular se vulneró el derecho a la libertad personal y seguridad individual, toda vez que al momento de la detención del recurrente o imputado los funcionarios aprehensores no contaban con una orden de detención expedida por juez competente, ya que el día de los hechos el personal policial no se encontraba frente a ninguno de los casos que autoriza el artículo 130 del Código Procesal Penal. Lo mismo fue cometido por el Ministerio Público al solicitar la detención preventiva del recurrente sin motivo ni causa, o pruebas, este agravio continuó con la medida cautelar decretada por el Juez de Garantía de San Carlos, decretando 30 días de prisión preventiva, que el Ministerio Público acusó al imputado de cometer los delitos tipificados el Art. N° 476 N° 3 del Código Penal sin prueba alguna, afirmando que el recurrente fue sorprendido in fraganti encendiendo un fuego, cosa que ni siquiera el parte de Carabineros señala.

Luego, el letrado sostiene que es necesario tener en consideración que la norma contenida en el artículo 125 del Código Procesal Penal, que reproduce la del artículo 19 N° 7 letra c) del texto Constitucional, consagra la regla que la detención en flagrancia constituye una excepción a la norma general de detención por orden de funcionario público expresamente autorizado por la ley, de manera que su aplicación supone la constatación rigurosa de los supuestos que la hacen procedente.

Finalmente, pide a esta Corte tener por presentado este recurso de protección en contra de Juez del Juzgado de Garantía de San Carlos Sr. nombre reservado de profesión abogado y Juez con domicilio en domicilio reservado, en contra del Ministerio Público de San Carlos, Sra. Fiscal Adjunta Tamara Cuello Peña, RUT N° RUT reservado, de profesión abogada y fiscal adjunta, con domicilio en domicilio reservado, en contra de Carabineros de Chile, Primera Comisaría de San Carlos, dirigida por el Mayor de Carabineros y Comisario don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, todos de la comuna de San Carlos, y en contra de Gobernación de Región de Ñuble, dirigida por el Gobernador don Óscar Crisóstomo Llanos, RUT N° RUT reservado y del Delegado Presidencial de Región de Ñuble don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, todos ya individualizados, por las actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas respecto del recurrente en el proceso de detención, formalización, reformalización de la investigación y decisión de no perseverar en el procedimiento, y en definitiva, acogerlo declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, en la ejecución de cualquier acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en esta presentación, sin perjuicio, además, de establecer su obligación en orden a proceder, también en forma inmediata, a reparar, a su propio costo y a entera satisfacción de la recurrente, los graves daños morales, físicos y patrimoniales a los cuales ha sido afectado la recurrente, todo ello, con expresa condenación en costas.

2°.- Que, al informar doña nombre reservado, abogada, fiscal jefe de la Fiscalía Local de San Carlos, señala que el 9 de febrero del año 2023, en causa RUC 2300152992-7, RIT 210-2023 del Juzgado de Garantía de San Carlos, se formalizó investigación respecto de don nombre reservado por hechos constitutivos del delito de incendio del artículo 476 N° 3 del Código Penal. Conforme los antecedentes contenidos en el parte policial N° 214 de la Primera Comisaría de San Carlos, de fecha 8 de febrero de 2023, el imputado fue detenido en situación de flagrancia luego de recibirse una denuncia en que se indicaba que al interior de un inmueble urbano ubicado en domicilio reservado de la comuna de San Carlos se había iniciado un incendio y que, al llegar personal policial al lugar, se encontraron con el imputado, advirtiéndose que al interior de su predio se estaban quemando pastizales. Indica el parte policial, además, que el imputado no tenía permiso para realizar dicha quema, por lo que se procedió a su detención, adjuntándose al parte policial, además, una fotografía del imputado junto a las llamas de fuego que sobrepasaban su estatura.

En la respectiva audiencia de control de detención y formalización de fecha 9 de febrero de 2023, tal como lo autoriza el artículo 140 del Código Procesal Penal, luego de formalizada la investigación, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva del imputado, fundándose en la naturaleza del delito, el horario de ocurrencia de este y en las condiciones climáticas imperantes. Hace presente que en el mes de febrero de 2023 la Región de Ñuble se encontraba en estado de excepción constitucional de catástrofe debido precisamente a diversos incendios que afectaban a cuatro regiones del país. El tribunal, a partir de los antecedentes con que se contaba en esa época, aportados en la audiencia, accedió a la medida cautelar de prisión preventiva, resolución apelada por la defensa del imputado, resolviendo en definitiva dejarse sin efecto la prisión preventiva, no disponiendo ninguna medida cautelar del artículo 155 del Código Procesal Penal.

Añade que con posterioridad se incorporaron nuevos antecedentes a la carpeta investigativa, particularmente declaraciones que de alguna manera desvirtuaban o hacían dudosa la participación del imputado en los hechos. A partir de lo anterior se intentó tomar declaración al imputado, quien hizo uso de su derecho a guardar silencio, y se incorporaron nuevas declaraciones de los funcionarios a cargo del procedimiento, del testigo de los hechos y de la cónyuge del imputado. No obstante lo anterior, la defensa del imputado solicitó que se evaluara la aplicación de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento respecto del imputado, registrada en el sistema de atención de usuarios con el número de solicitud 6415172, folio 80836235898, de fecha 08 de marzo de 2023.

Posteriormente señala que analizados los antecedentes de investigación ya citados se decidió reformalizar la investigación y proponer calificar jurídicamente los hechos como uso del fuego en contravención a la ley y reglamentos, del artículo 22 de la Ley de Bosques, calificación que permitiría terminar la causa a través de la suspensión condicional del procedimiento, tal como lo había solicitado la defensa. Finalmente, en audiencia de fecha 31 de julio de 2023, se ofreció dicha salida alternativa, pero el imputado la rechazó. Luego de cerrada la investigación y debiendo tomar una decisión conforme lo dispuesto en el artículo 247 del Código Procesal Penal, una vez ponderados los antecedentes de imputación y de descargo reunidos en el curso de la investigación, y previa consulta a la Fiscal Regional, se decidió no perseverar en el procedimiento, solicitando la respectiva audiencia de comunicación al tribunal, quedando fijada ésta para el día 03 de noviembre de 2023.

3°.- Que, informando don nombre reservado, Juez del Juzgado de Garantía de San Carlos, refiere que por solicitud de audiencia de control de detención, por parte de la Fiscal de Turno Regional con fecha 09.02.2023, colocando a disposición del Tribunal al imputado y recurrente nombre reservado, audiencia que se realizó dentro del plazo legal, y que el Ministerio Público, dio cuenta del procedimiento de detención, ya que un vecino lo sindicaba como la persona que había iniciado el fuego en un predio de propiedad del recurrente, el que por sus dimensiones existía el riesgo de propagación. En ningún momento, el imputado compareció con una camisa de fuerza, ni tampoco acusó golpes o malos tratos. Sí hizo presente que estaba sordo; sin embargo tanto en la audiencia, como en la visita de cárcel, que le tocó efectuar el sábado 11 de febrero, escuchaba sin dificultad y contestaba fluidamente todas las preguntas que se le efectuaban.

Hace presente, que la defensa del imputado incidentó la detención, señalando que, sin lectura de derechos y mediante engaños, se le había tomado una declaración y que como no hubo daños materiales a viviendas y personas, no correspondía se estimara que se trataba de un delito de incendio, ya que era a su entender, era un ilícito que requería la destrucción y no de simple peligro, lo que previo traslado, se rechazó, ya que no existía confesión o declaración tomaba al imputado, dentro de los antecedentes de la detención que se expusieron, como tampoco, se hizo valer por el Fiscal con posterioridad y se estimó que la alegación de inexistencia del delito, correspondía a una alegación de fondo, y en esta etapa procesal, se requerían sólo antecedentes, por lo que se declaró ajustaba a derecho la detención del imputado.

Luego, dice, la Fiscal Tamara Cuello Peña, que lo formalizó por el ilícito de incendio del artículo 476 N° 3 del Código Penal, y se solicitó la medida cautelar de Prisión Preventiva, ya que la libertad del imputado se estimó, era un peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal accedió a la cautelar, ya que, respecto a los presupuesto materiales, no sólo existía las diligencias efectuadas por Carabineros que concurrieron al lugar y procedieron a la detención del imputado, sino que la sindicación directa que hacía su vecino, quien por la relación de vecindad estimaba peligroso el actuar del imputado, y quien, según lo explicó la Fiscal en la audiencia, hizo entrega de una foto, del lugar, en que aparecía el imputado, con las vestimentas que portaba, al lado de una pira de unos 4 metros aproximadamente de altura, si bien no portaba, al parecer bidones, ni se divisaban fósforos o combustibles, tampoco tenía en sus manos una manguera o herramienta o señales que estaba desplegando una acción de extinción del fuego.

Además, indica, la necesidad de cautela, no solo se estimó que era concurrente porque se le formalizó por un ilícito que trae aparejado, pena de crimen, es decir que en caso de condena, no es acreedor de pena sustitutiva, sino que, regía a esa fecha el estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado por Decreto 57 de 07.02.2023, ya que las condiciones atmosféricas y altas temperaturas (41° grados a la sombra), hicieron posible que se produjeran diversos focos a lo largo de la región, que amenazaba las zonas residenciales, por lo que, existía una situación de peligro, que no era subjetiva, sino que estaba en sintonía con la apreciación que hacía la autoridad, y que para todos los que vivieron ese momento, resultaba un hecho público y notorio. Al respecto el referido decreto señalaba respecto a la situación en Ñuble, “Que, en la Región de Ñuble se han iniciado los incendios forestales denominados "Quilmo"; "Caserío Linares 2"; "Gomero"; "Santa Gertrudis" y "Batuco". Los referidos incendios han destruido al menos 3.000 hectáreas, afectando infraestructura, y amenazando zonas residenciales ubicadas en las provincias de la referida región, existiendo un gran riesgo de propagación a zonas colindantes, lo que ha obligado a la evacuación preventiva de personas, con la finalidad de proteger su integridad”, a lo que luego, se sumó Ninhue, San Fabián y los focos que rodeaban San Carlos.

Más adelante, indica que, cabe desde ya descartar, por faltar a la verdad, que la prisión preventiva se estableció por el plazo de 30 días, ya que ese plazo se fijó, sólo como plazo judicial de investigación. De igual modo, también resulta falso, “que trató” de pedirle auxilio “implorando justicia y verdad” o que le llamara la atención de algún modo. Luego en visita de cárcel, el sábado 11 de febrero, el imputado pidió entrevistarse con el suscrito, la cual en ejercicio de sus derechos, se le concedió, conversación que se dio en términos normales, donde representó las precarias condiciones carcelarias, las que consideraba deplorables, con mala comida, dependencias sucias, mal olientes y llena de delincuentes (sic), como de igual modo, pidió explicaciones, respecto a lo resuelto en audiencia, a lo que se le explicó, que se trataba de una etapa inicial, con antecedentes provisorios y preliminares y que hablara con su abogado, ya que estaba vigente al plazo para apelar, a lo que le señaló que “algo había hablado con su abogado”, sin que efectuara requerimientos médicos o acusara que se le restringieron el acceso a medicamentos.

Agrega que es efectivo que el imputado había apelado, cuestionando sólo, la letra b del artículo 140 del Código Procesal Penal, es decir su falta de participación y la necesidad de cautela, a la luz de su extracto limpio, lo que en definitiva con fecha 14 de febrero de 2023, se revocó la medida cautelar.

Sostiene que no ha existido por su parte trato discriminatorio, ni actuación ilegal o arbitraria, se ha actuado siempre oyendo a todos los intervinientes y ejerciendo el imputado sus derechos, incluso aún privado de libertad, tomando en consideración los antecedentes preliminares que se contaba en ese momento, entre los cuales, además de la sindicación del testigo, y lo obrado por Carabineros, sólo había una foto, que extrañamente no se corresponde, a ninguna de las numerosas fotos que el recurrente acompaña al recurso.

Estima que no puede endosarse las condiciones carcelarias, a una falta de actuación de parte del Juez, como tampoco, que al inicio de la investigación se cuente con todos los antecedentes para hacer una apreciación definitiva del mérito de los mismos y poder hacer un pronunciamiento acabado, de la eventual responsabilidad o ausencia de la misma, ya que ese estándar, corresponde al de un juicio.

Por último, dice que consideró que, en el contexto de emergencia que se vivía, lo que el recurso denomina “fogata” y que a la luz de la foto, sobrepasaba la altura del imputado por creces, por la cercanía a la cuidad, constituía un riesgo y peligro inminente de propagación, por la condiciones, climáticas se tornaría ingobernable, al punto que el propio imputado, en el recurso, se explaya en la necesidad que tuvo de su extinción.

4°.- Que, al informar don FERNANDO IGNACIO SILVA CÁRCAMO, abogado, en representación procesal del GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE, señala que su representada tomó conocimiento que el día 8 de febrero de 2023, Carabineros de Chile, a raíz de un llamado telefónico, concurrió al sector ubicado en Independencia 1587-B de la comuna de San Carlos, donde vecinos indicaron que al interior de la parcela, realizaba una quema ilegal de hojas y basura, pese a la prohibición que existente; realizado por don nombre reservado, quien sería el dueño de casa, siendo detenido por personal policial.

Añade que, en razón de lo anterior, con fecha 14 de febrero de 2023, en virtud de sus atribuciones legales establecidas en los artículos 16, 19 y 24 de la Ley Orgánica Constitucional N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, el Gobierno Regional de Ñuble, se interpuso una querella criminal en contra del recurrente por el delito de incendio contemplado en el artículo 476 N°3 del Código Penal ante el Juzgado de Garantía de San Carlos. Declarada admisible en causa RIT 232-2023 del Juzgado de Garantía de San Carlos, para luego, en virtud de resolución judicial de fecha 1 de marzo de 2023, ser acumulada a la causa RUC 230015992-7 por solicitud de la Fiscal Adjunto (S) de la Fiscalía Local de San Carlos. El 13 de septiembre de 2023, la Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de San Carlos solicitó se fije día y hora para audiencia de no perseverar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, resolviendo el Juez de Garantía de San Carlos que dicha audiencia se llevará a efecto el día 03 de noviembre de 2023.

Finalmente, sostiene que el Gobierno Regional de Ñuble solo ejerció una acción jurisdiccional en conformidad a la legalidad vigente en contra quien detentaba la calidad de imputado.

5°.- Que, al informar don nombre reservado, Delegado Presidencial de la Región de Ñuble, refiere que con Fecha 10 de febrero de 2023, la Delegación Presidencial Regional de Ñuble presenta Querella por el Delito de Incendio tipificado en el artículo 476 N° 3 del Código Penal, en calidad de autor, en grado de consumado; así como de cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos descritos en la querella de la referencia y aquellos que se determine durante el transcurso de la investigación que desarrolle al efecto el Ministerio Público, ya que se toma conocimiento de que don nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, había sido formalizado por el Ministerio Público el día 9 de febrero de 2023, por el mismo delito, grado de desarrollo y participación indicado anteriormente, a raíz de haber sido detenido por personal de carabineros el día 8 de febrero de 2023 alrededor de las 18:55 horas por personal de Carabineros, habiéndose declarado legal la detención, por la presunta responsabilidad que le pudiera corresponder por una quema ilegal de hojas y basura, realizada al interior de su parcela ubicada en domicilio reservado-B de la comuna de San carlos, a pesar de existir prohibición de la autoridad de realizar actividades de ese tipo, a causa de los incendios forestales que se estaban desarrollando en la región por esa época.

Añade que en la audiencia de Formalización de la Investigación del día 9 de febrero de 2023, se solicita por el Ministerio Público, la cautelar de Prisión Preventiva a la que accede el Magistrado SS., nombre reservado. Dicha medida cautelar no es solicitada por su parte, ya que a esa fecha no era parte en la causa y tampoco es solicitada en alguna actuación posterior o solicitada su mantención ante las siguientes actuaciones, que siguieron a las peticiones de la Defensa tendientes a dejarlas sin efecto por medio del recurso de apelación.

Agrega que con fecha 10 de febrero de 2023 la Defensora privada doña nombre reservado interpone recurso de apelación en contra de la resolución que accede a la medida cautelar de Prisión Preventiva, la que es concedida con fecha 13 de febrero de 2023 y es sustancia ante la I. Corte de Apelaciones de la ciudad de Chillán, en RIC 62-2023 Penal. El día 13 de febrero se delega poder al Abogado de la Delegación Presidencial de Punilla, proveído el día 14 del mismo mes y año. Con fecha 14 de febrero de 2023 La primera sala de la I. Corte de Apelaciones de Chillán, decide revocar la resolución apelada que impuso la medida de prisión preventiva y en su lugar decide dejarla sin efecto. Con fecha 14 de febrero de 2023, se notifica el cúmplase de lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones, dándose orden de libertada. El mismo día 14 de febrero se dicta el oficio 1074-107-2023 por parte del Juzgado de Garantía de San Carlos, informando al CDP de la misma comuna, el haberse dejado sin efecto la medida de prisión preventiva del imputado nombre reservado nombre reservado.

Luego, dice que el día 8 de marzo de 2023 el Ministerio Público solicita fijar audiencia para discutir el aumento de plazo o cierre de la investigación, al que accede el tribunal, con fecha 10 de marzo de 2023, fijando la audiencia para el día 16 de marzo de 2023 a las 10:00 horas. 9.- El día 16 de marzo de 2023, se solicita por parte del Ministerio Público la ampliación de la investigación en 2 meses fundando la petición en existir diligencias pendientes que realizar, consistentes en toma declaración a testigos y peritaje policial, petición a la que se adhiere esta parte querellante, accediéndose por parte del Juez a la solicitud fiscal, ampliándose la investigación en 2 meses. 10.- Con fecha 11 de mayo, se solicita por parte del Ministerio Público fijar audiencia para discutir la ampliación de la investigación o cierre de la investigación, solicitud a la que se accede por parte del Juzgado de Garantía con fecha 12 de mayo de 2023, fijando audiencia para el día 17 de mayo de 2023. Con fecha 17 de mayo de 2023, se lleva a cabo la audiencia y solicitándose por el Ministerio público el aumento del plazo de investigación, fundamentado en la existencia de diligencias pendientes sin mayor indicación, petición a la que se adhiere esta parte querellante, decidiendo SS., nombre reservado Juez de Garantía de Chillán accede a la ampliación en 1 mes. Con fecha 14 de junio de 2023, el Ministerio Público solicita fijar audiencia para discutir el aumento de plazo o cierre de la investigación, fijándose con fecha 15 de junio de 2023 audiencia para el día 20 de junio de 2023 a las 10:30 horas.

Continúa señalando que, en audiencia del 20 de junio de 2023, el Ministerio Público da la posibilidad de una salida alternativa consistente en Suspensión condicional del procedimiento, por lo que se fija audiencia para el día 18 de julio de 2023, a las 10:40 horas, ampliándose la investigación hasta ese día. Con fecha 14 de julio de 2023 el Ministerio Público solicita fijar audiencia para re- formalización y arribar a una posible salida alternativa, resolviendo el tribunal con la misma fecha, discutirse en la audiencia ya fijada para el día 18 de julio de 2023. En la audiencia del día 18 de julio, se re-formaliza al imputado, por el delito contemplado en el art. 22 de la ley de bosques y a petición de la defensa se reprograma la audiencia para el día 31 de agosto de 2023, para discutir el eventual cierre de la investigación o la salida alternativa de Suspensión condicional del procedimiento. El día 29 de agosto de 2023, el Ministerio Público solicita fijar audiencia para discutir el aumento de plazo o cierre de la investigación, resolviendo el tribunal el día 30 de agosto, verse en la audiencia fijada del día 31 de agosto.

Por último, indica que en la audiencia del día 31 de agosto de 2023, se ofrece por parte del Ministerio Publico la suspensión condicional del procedimiento, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: obligación de informar domicilio y en caso de cambiarlo informar al tribunal; pagar la suma de $200.000 en favor de Bomberos de San Carlos y no volver a ser formalizado por algún otro delito, durante el plazo de dos años, a las que no accede el imputado, por lo que se pide por parte de la defensa se fije audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación, fijando se audiencia para el día 5 de septiembre a las 10:00 horas. En audiencia del día 5 de septiembre de 2023, se comunica el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público. Con fecha 13 de septiembre el Ministerio Público comunica su decisión de no perseverar de conformidad con la letra c) del art. 248 del Código Procesal Penal, solicitando se fije día y hora para la misma, fijándose audiencia para el día 3 de noviembre de 2023 a las 9:50 horas, audiencia que se encuentra pendiente de realizar al momento de informar el presente recurso de protección.

Sostiene que no existe ilegalidad en la dictación de la medida prisión preventiva, pues ésta ha sido dictada por autoridad competente en ejercicio de las facultades y en los casos previstos en la legislación vigente. Tampoco el recurrente señala de que forma la Delegación Presidencial Regional de Ñuble afecta los derechos constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, de los números; 1º, inciso primero, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 21, y 24, referidos al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona y al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, entre otros, del Sr. nombre reservado, ya que de sus alegaciones se advierte que estas van dirigidas al procedimiento que adopta Carabineros de Chile, al recibir su denuncia y posterior traslado al cuartel policial y presentación ante el Juez de Garantía de San Carlos; así como también de la decisión de SS. Juez de Garantía de San Carlos al acceder a la solicitud de prisión preventiva pedida por el Ministerio Público, todas situaciones en las que no ha tenido participación esta Delegación Presidencial, por tratarse de actuaciones que la ley ha encargado a cada uno de estos actores dentro de un proceso penal.

Es del caso, que su representada se querella por el Delito de Incendio tipificado en el artículo 476 N° 3 del Código Penal con posterioridad a la realización de la audiencia en la que se impone la medida de Prisión Preventiva, esto es, el 10 de febrero de 2023, en circunstancias que la medida se impuso el día anterior 9 de febrero de 2023, en la audiencia de Formalización de la Investigación y discusión de aplicación de cautelares. La formalización de una investigación y posterior decreto de una medida cautelar de prisión preventiva, en materia penal no implica el establecimiento de una medida arbitraria en contra del imputado, más aún al tratarse de una investigación por un delito de la mayor gravedad como lo es el Delito de incendio, en el contexto de la vigencia de un estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, dispuesto por Decreto Supremo N° 50 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las Regiones de Ñuble y del Biobío, de fecha 03 de febrero de 2023, a causa de encontrase la Región de Ñuble con muchos focos activos de fuego, inicialmente en los sectores de "Quilmo"; "Caserío Linares 2"; "Gomero"; "Santa Gertrudis" y "Batuco", entre otros, que requirieron el despliegue de los mayores recursos materiales, humanos, disponibles para atender las emergencia en curso por parte de todas las instituciones del Estado.

En este mismo sentido y conforme las órdenes emanadas del Jefe de Defensa Nacional del Ejercito de Chile, que asume el mando durante el Estado de Excepción Constitucional en la Región de Ñuble, General de Brigada Jorge salinas Schlack, asumiendo el mando de conformidad a Resolución N°1 con Fecha 03 de febrero de 2023, lo que se dispuso para toda la Región mediante Resolución Exenta N° 4, de fecha 04 de febrero, Resolviendo al N° 1 letra a) la Prohibición de uso de fuegos de artificios, elementos pirotécnicos y , en general, el uso de cualquier artefacto que pueda generar Chispa o combustión descontrolada, o que presente un potencial riesgo en la formación de focos de incendios forestales. En este sentido, el recurrente dentro de su domicilio no solo mantenía elementos que podían causar la combustión, si no que había antecedentes que fueron encendidos, que lo relacionaba con la potencial comisión de un ilícito penal. A su vez, por resolución N° 5 de fecha 05 de febrero de 2023, resolviendo N° 3, hizo una reiteración a la ciudadanía del cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Bosques, que prohíbe la rosa de fuego como método de explotación de bosque y el decreto supremo N° 271 del Ministerio de Agricultura de 26 de septiembre de 1980 que regula las quemas controladas. Ambas, órdenes dispuestas por la autoridad, de acuerdo a los primeros antecedentes recabados, estaban siendo infringidas por el recurrente, al existir indicios de la existencia de una quema y estar participando directamente en ella.

Hace presente que, la presentación de una Querella por parte de la Delegación Presidencial de Ñuble, se hace en consonancia de las medidas dispuestas por la autoridad de turno, que prohíbe ciertos comportamiento bajo la vigencia de un estado de excepción constitucional y en resguardo de la seguridad de la domicilio reservado, sobre Gobierno y Administración Regional, lo dispuesto en el artículo 111° del Código Procesal Penal y el artículo 3° letra a) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7.912, y demás normas pertinentes, al momento de encontrase afectada por la aparición de focos de incendios que eran necesarios evitar o disminuir su aparición en otros sectores de la región, como lo era la comuna de San Carlos, constituyendo una medida mínima que pudo adoptar la autoridad ante el conocimiento de existencia de hechos como los relacionados, los que eran a todas luces contrarios al bien jurídico buscado proteger y en los que existían antecedentes de la participación y ocurrencia del recurrente.

Además, no deviene en arbitraria o ilegal el proceder de los recurridos, al haber sido dejada sin efecto a los pocos días por la I. Corte de Apelaciones de Chillán en virtud de un recurso judicial de apelación promovido por la Defensa al efecto, lo que desde su perspectiva, más que una vulneración, es expresión de un actuar conforme a la ley, a través del uso de los mecanismos idóneos para la revisión de las medidas cautelares impuestas en sede judicial. Por otro lado, la I. Corte De Apelaciones de Chillán ha dejada sin efecto la medida en una época muy anterior a los 30 días que concede la normativa constitucional para interponer la presente acción constitucional, y no pude entenderse que es permanente por el hecho de estar vigente la investigación penal, ya que esta busca el establecimiento de una responsabilidad que es expresión de una potestad del Estado, “ius puniendi” encargada a un organismo independiente como lo es el Ministerio Público.

En cuanto a la investigación, dice que ésta se ha llevado de conformidad a las facultades que el ordenamiento jurídico le entrega al ente persecutor, quien con el mérito de los nuevos antecedentes recabados y conforme al principio de imparcialidad, ha adoptado decisiones, solicitadas al tribunal, tales como, aumentar el plazo de investigación y la comunicación de no perseverar, que no han producido mayores afectaciones a los derechos del imputado, toda vez que desde el 13 de febrero del presente año, no existen medidas cautelares en su contra y la comunicación de no perseverar pendiente de resolución, le beneficiaría en caso de ser aprobada. Todo esto, es expresión de aquello que busca el legislador al establecer salidas alternativas al conflicto penal, que durante todo el proceso, se respeten los derechos de todos los intervinientes, en una investigación objetiva, por un órgano independiente, que sean adoptadas por otro órgano imparcial, encargado de resolver, v.g. Juzgado de Garantía, como expresión de participantes, con funciones claramente establecidas, para concretar garantías del proceso penal de un Estado democrático de derecho.

6°.- Que, finalmente, informa la Primera Comisaría de Carabineros de San Carlos, a través de doña nombre reservado, Capitán de Carabineros, Comisario de servicio, adjuntando todos los antecedentes que dieron cuenta de la detención del recurrente.

7°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

8°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

10°.- Que, para resolver el presente arbitrio, cabe señalar que el recurrente, en síntesis, plantea en su acción constitucional que los recurridos no han observado el debido proceso, el principio de inocencia, el principio de imparcialidad ni de objetividad, en relación al conjunto de actuaciones, tanto policiales como judiciales, que lo llevaron a que fuera sometido a prisión preventiva sin causa ni mérito, por un supuesto delito de incendio que finalmente termina con una solicitud de no perseverar en que se comunicaría dicha decisión, siendo vulnerado en una serie de derechos fundamentales que detalla en su recurso.

11°.- Que, previo a entrar al fondo del recurso, se rechazará una posible extemporaneidad del mismo, por cuanto el recurrente sostiene en el título II de su presentación, que las actuaciones denunciadas se han vulnerados desde y hasta la solicitud de no perseverar cuya resolución se le comunicó con fecha 15 de septiembre de 2023, por lo que desde esa perspectiva se entenderá que el recurso se ha interpuesto dentro de plazo.

12°.- Que, analizado los antecedentes que obran en el presente recurso, es posible concluir que no concurren los presupuestos básicos para acoger esta acción constitucional, considerando que aquella, de acuerdo a una jurisprudencia uniforme, se alza como una medida cautelar de urgencia de protección de derechos fundamentales indubitados, afectados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que quebranten un status quo existente, cuestión que no acontece en el caso de autos.

En efecto, todas las actuaciones que reprocha el recurrente se han efectuado dentro del marco de un procedimiento judicial en que todos los intervinientes han planteado sus alegaciones, descargos, defensas y argumentaciones, en presencia de un juez que ha oído a los involucrados y ha decidido conforme al mérito de los antecedentes que tuvo a la vista en ese entonces. En el caso concreto el recurrente alega haber sido sometido a prisión preventiva por un supuesto delito de incendio respecto del cual no había causa ni mérito para ello; pero precisamente, por haberse sentido agraviado con esa resolución judicial, utilizó las herramientas procesales que la ley le franqueaba para impugnar dicha resolución, lo que concluyó con la revocación de tal medida por esta misma Corte a los pocos días de haber sido sometido a prisión preventiva, lo que demuestra que operaron correctamente los instrumentos procesales que un Estado de Derecho coloca en manos de un ciudadano para impugnar decisiones que considera le causan un agravio.

13°.- Que, tal como lo indican los recurridos, las actuaciones tanto policiales como judiciales de las que fue objeto el recurrente, se efectuaron dentro del marco de la legalidad vigente en cuanto a que las facultades y potestades con que contó el personal policial para su detención, así como la decisión del juez para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, eran de aquellas que el ordenamiento jurídico les autoriza efectuar. Dichas potestades las realizaron amparados por la ley, sobre la base del mérito de los antecedentes preliminares con que contaban en este momento y respecto de las cuales el recurrente pudo impugnarlas al sentirse agraviado con tales decisiones, utilizando también las herramientas que el ordenamiento jurídico puso a su disposición, lo que terminó con la revocación de una medida gravosa para él, y contando todavía con más herramientas legales para impugnar la imputación de fondo que, como consta también de los antecedentes, concluyó con la comunicación por el Ministerio Público de la decisión de no perseverar en el procedimiento, fijándose audiencia para tal efecto.

Lo anteriormente razonado permite sostener que las actuaciones realizadas por los recurridos fueron realizadas dentro del imperio del Derecho, no siendo la presente acción la vía para impugnar tales actuaciones, las que en todo caso ya fueron impugnadas en la misma sede judicial con resultado favorable para el recurrente.

14°.- Que, por otra parte, el presente recurso también ha perdido oportunidad, por cuanto lo que solicita el recurrente es “cesar, en forma inmediata, en la ejecución de cualquier acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en esta presentación”, petición que tampoco puede ser resuelta por esta Corte, por cuanto la medida que, según el recurrente le generó la afectación de sus derechos fundamentales (la detención por flagrancia de supuesto delito de incendio, su formalización y prisión preventiva) ya cesó, puesto que desde 14 de febrero del presente año quedo sin efecto su prisión preventiva, y el 14 de septiembre del año en curso se dictó la resolución judicial que cita a audiencia para comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento por parte del Ministerio Público, de tal manera que no hay actuación alguna que pueda ser dejada sin efecto a través del presente arbitrio constitucional.

15°.- Que, lo dicho anteriormente no significa que el recurrente no pueda ejercer las demás acciones que estime en derecho asistirles frente a la situación que lo afectó, y que en su recurso las hace consistir en la “obligación en orden a proceder, también en forma inmediata, a reparar, a su propio costo y a entera satisfacción de la recurrente, los graves daños morales, físicos y patrimoniales a los cuales ha sido afectado la recurrente” , ya que tiene la facultad ejercer la referidas acciones, sólo que esta acción constitucional no es tampoco la vía para efectuar tales peticiones, las que deberá efectuar, si así lo estima procedente, en un juicio de lato conocimiento en que todas las partes involucradas podrán efectuar sus alegaciones, rendir prueba, y formular sus descargos que permitan determinar si existe o no mérito para dar lugar a aquellas pretensiones.

16°.- Que, finalmente las actuaciones policiales que reprocha el recurrente tanto de carabineros como de gendarmería, en cuanto habría sido objeto de mentiras y engaños por parte de los primeros y que no le entregaron medicamentos requeridos respecto del segundo, tampoco podrán considerarse, por cuanto no obra en el expediente antecedentes que den cuenta de tales vulneraciones, no pudiendo esta Corte dar por establecida, con el mérito de la documentación acompañada en el recurso, de una infracción de derechos fundamentales en este aspecto.

17°.- Que, de acuerdo a todo lo ya razonado y analizado, estando sometidas al imperio del Derecho las actuaciones policiales y judiciales de los recurridos, no es posible advertir que aquellas puedan ser objeto de un recurso de protección, no siendo tampoco la presente acción constitucional la vía adecuada para impugnar tales actuaciones; y por otra parte, no existen derechos indubitados que den lugar a este arbitrio constitucional, el que por lo demás ha perdido oportunidad por cuanto las actuaciones reprochadas ya han cesado, de modo que el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Eduardo Esteban Labrín Falcón, en representación del recurrente nombre reservado, en contra de Juez de Garantía de San Carlos Sr. nombre reservado; del Ministerio Público de San Carlos, Sra. Fiscal Adjunta Tamara Cuello Peña; de Carabineros de Chile, Primera Comisaría de San Carlos, dirigida por el Mayor de Carabineros, Comisario don nombre reservado; de la Gobernación de Región de Ñuble, dirigida por el Gobernador don Óscar Crisóstomo Llanos y del Delegado Presidencial de Región de Ñuble don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas.

No firma su redactor, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N°1297-2023 PROTECCIÓN.