nombre reservado con INTENDENCIA ÑUBLE

Chillán, cuatro de agosto de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, estos recursos que fueron acumulados, comparece por sí y, en favor de nombre reservado, la abogada Marcela Contreras Carrasco, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien dentro del plazo señalado en el Nº1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, deduce acción de protección en contra de la Intendencia Regional de Ñuble, representada por el Intendente don Martín Arrau García Huidobro, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de imponer restricción vehicular en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San nombre reservado, añadiendo que, la Intendencia por causa de actos arbitrarios y/o ilegales les ha privado, perturbado y amenazado en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución, números 1º, 8°, 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, 21º y 24° en relación con el número 9º, por lo que se han visto en la necesidad de recurrir de protección a fin se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Al fundamentar su acción la recurrente refiere que el pasado 22 de junio la Intendencia de Ñuble, puso en marcha el plan “Ñuble te cuida”, con la supuesta intención de restringir la movilidad de las personas, pero señala la actora que el 90% de las personas que están como peatones en Chillán, están esperando la atención en un servicio público o en alguna empresa de servicios básicos o bien, transitan de ida o vuelta a su trabajo mientras que la gente que se siente enferma habitualmente no sale, haciendo presente que las cifras oficiales muestran que 1/3 de los contagiados en la región son asintomáticos, lo que implica que muchos peatones estén infectados sin saberlo y sin presentar síntomas. Considera la letrada que no toda la población está bien educada en el contacto físico que tienen con sus manos y mascarillas, y mucha gente se retira o baja la mascarilla para respirar o hablar y quienes usan guantes, transmiten en todos lados el virus. Manifiesta la actora que, dentro de las medidas adoptadas se contempla la restricción vehicular para las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San nombre reservado, la que se aplicará de lunes a domingo, indicando que sus trabajos principales consisten en la venta de motocicletas, repuestos y accesorios, por lo que para ello, junto a sus socios, han instalado un establecimiento comercial que contempla un local de venta de repuestos y servicio técnico, destacando que el 70% de sus ingresos provienen de la mecánica de motocicletas, vehículos que al no poder ser arrastrados le obliga a tener que conducir su camioneta para ir a buscarlos y dejarlas en el domicilio del cliente, como parte del buen servicio, detallando que su camioneta termina en dígito 6, lo que implica tener restricción el día jueves y el día sábado, días que son de gran movimiento para su trabajo.

Añade la recurrente que la Intendencia con la referida medida, pone en riesgo a la comunidad, por cuanto significa un mayor uso del transporte público, sin que se hayan aplicado medidas de resguardo a éstos como distancias o capacidad de pasajeros, encontrándose los usuarios en riesgo inminente de contagio; existirá mayor cantidad de peatones transitando por espacios que no serían los necesarios para resguardar su salud y vida; las personas transitarán acompañadas, pues la delincuencia ha aumentado significativamente en los últimos meses y se utilizarán en mayor medida taxis, Uber o servicios similares, lo que significa un gasto imprevisto en la economía de todos y un riesgo inminente por ser servicios permanentes de transporte de personas, tal vez contagiadas.

En cuanto al derecho expresa que, los hechos descritos constituyen un acto de ilegalidad y arbitrario que configuran una amenaza, perturbación y privación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, contemplado en el número 1 del artículo 19 de la Constitución, pues es un hecho que transportarse en sus vehículos particulares solos o con sus familia les permite colocarse a distancia de cualquier riesgo de contagio, lo que necesariamente significa proteger su integridad tanto física como sicológica y fundamentalmente su vida y las de sus familias. También afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, garantía contemplada en el número 8 del artículo 19 de la Constitución, lo que en la actualidad mundial implica también la existencia de virus contagiosos dañinos asimilables a un contaminante. Con relación a la libertad de trabajo y su protección, contemplado en el número 16 del artículo 19 de la Constitución, refiere que han elegido trabajar en el rubro de motocicletas, lo que implica desarrollar el trabajo en un taller, en terreno y en el traslado de ese tipo de vehículos, por lo que se coarta el desarrollo de sus trabajos en los términos en que libremente han decidido realizarlo. Relacionado con la garantía anterior la letrada también señala como vulnerado el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, contemplada en el número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que a su entender, con todas las restricciones de los Bancos para acceder a créditos, las obligaciones comerciales y domésticas, que implican pagos mensuales y a veces semanales, deben atender, comprar y vender en el local comercial de venta de repuestos y accesorios de motocicletas, lo que implica enviar y recibir encomiendas, rectificar motores, trasladar insumos como aceite y otros lubricantes de volumen mayor o gran peso, implicando la restricción vehicular que deba suspender su actividad económica en directo perjuicio de sus ingresos y de los requerimientos de sus clientes, perdiendo el prestigio y la reputación que son esenciales para una actividad económica productiva y que significa la manutención de su grupo familiar. Finalmente, y con relación al derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, en relación con el número 9, sobre el derecho inalienable a la protección de la salud sostiene que, el Estado, debe garantizar la propiedad que tiene sobre la protección a su salud y la de su familia, coordinando y controlando las acciones de salud, por lo que tomar una decisión de restringir su movilidad en su vehículo de uso particular no es lógica por cuanto le impide el traslado seguro y sin riesgos de contagio.

Termina solicitando, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Intendencia Regional de Ñuble, acogerlo en todas sus partes, dejando en consecuencia sin efecto la restricción vehicular decretada, con expresa condenación en costas.

A su presentación acompaña copia de factura de su sociedad, Rol Único Tributario, comprobante de timbraje de documentos en el Servicio de Impuestos Internos y credencial de discapacidad del recurrente nombre reservado.

2°.- Que comparece nombre reservado, Intendente Regional de Ñuble, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien informa la presente acción constitucional sosteniendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional están contestes en el hecho de reconocerle a la acción de protección de derechos constitucionales, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación urgente, informal y sumaria y, por lo mismo, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles en el presente, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata. Plantea que es un hecho de público conocimiento que, desde la segunda quincena de diciembre de 2019 a la fecha, se ha producido un brote del virus "Coronavirus" o "COVID-19", momento desde el cual se advirtió sobre su rápida propagación, por lo que con fecha 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el mencionado brote constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional, conminando a todos los países a adoptar las medidas necesarias, destacando el recurrido que, como consecuencia de los hechos descritos, mediante Decreto Nº 4 de 2020 del Ministerio de Salud y sus modificaciones, se declaró alerta sanitaria en todo el territorio nacional. Adicionalmente, en atención a la alerta sanitaria decretada, el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública, instruyó una serie de medidas sanitarias las cuales se encuentran contenidas, entre otras, en las Resoluciones Exentas Nos 180, 183, 188, 194, 200, 202, 203, 208, 212, 215, 217, 227, 236, 241, 242, 244, 247, 261, 289, 322, 323, 326, 327, 334, 341, 347, 349, 357, 373, 396, 403, 409, 417, 424, 448, 467, 477, 478, 479 y 504, todas de 2020. También, añade el recurrido que, mediante el Decreto N° 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus modificaciones, se declaró Estado de nombre reservado en todo el territorio nacional, atendida la "calamidad pública" provocada por el Covid-19, condición que fuera prorrogada recientemente por 90 días más, dictándose adicionalmente, el Decreto N° 107 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró como zonas afectadas por catástrofe a las 346 comunas que componen el territorio nacional, por un periodo de 12 meses y que, la Intendencia Regional de Ñuble declaró nombre reservado y Roja producto de la pandemia por el virus referido, mediante Resoluciones Exentas Nos 369 y 371, de 17 y 19 de marzo de 2020, respectivamente. Conforme con lo anterior, el recurrido manifiesta que es posible observar, que cada órgano de la Administración del Estado ha ejercido las competencias legales que le corresponden en el ámbito propio de su competencia, con el objeto de enfrentar la calamidad pública provocada por el Covid-19, de conformidad a lo prescrito en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, de manera tal que el examen jurídico debe realizarse sobre dicha base y las facultades legales de la autoridad regional, más aún si se tiene en consideración que en el actual Estado de nombre reservado no se han asignado nuevas facultades a la Autoridad Regional.

Resalta el recurrido que la Intendencia Regional de Ñuble, no ha dictado ningún acto administrativo con motivo de los hechos objeto de autos, como erradamente aduce la recurrente, pues de la sola lectura de los actos administrativos que imponen la medida que se cuestiona queda de manifiesto que la titularidad del mismo no corresponde a la Intendencia Regional de Ñuble, servicio el cual carece de competencias legales en la materia, precisando que, como autoridad, se ha limitado en el ámbito de sus competencias contendidas en el artículo 2° de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional del Gobierno y Administración Regional, a la coordinación de los servicios públicos creados por ley y a difundir a la comunidad el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia referida, lo que no supone en ningún caso suplantar ni trasgredir los ámbitos de proceder de otras instituciones públicas, y conforme lo anterior, carece de legitimidad pasiva conforme los términos en que está planteada la acción constitucional de autos, al no ser el titular del acto administrativo que, eventualmente, habría perturbado los derechos constitucionales que se estiman vulnerados, haciendo presente que este mismo conflicto jurídico fue objeto de pronunciamiento, con motivo de una acción de amparo en causa rol 76-2020, remedio judicial que fue rechazado, concluyendo que, en la especie, no se verifica una conducta por acción u omisión, ilegal o arbitraria por parte de la Intendencia Regional de Ñuble que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales que se estiman como vulnerados por la recurrente.

Por todo lo anterior, termina solicitando se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace el recurso, con expresa condenación en costas.

El recurrido acompaña copia del Decreto Supremo N° 1.245, de 5 de septiembre de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que lo nombró Intendente de la Región de Ñuble y copia de las Resoluciones Exentas Nos 26 y 27, ambas de 22 de junio de 2020 y la Resolución Exenta N° 36 de 22 de julio del año en curso, todas emanadas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la misma Región.

3°.- Que, conforme con lo informado por la Intendencia de Ñuble, se requirió informe a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de esta Región, evacuándolo doña nombre reservado, ingeniero civil y Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Ñuble, domiciliada en domicilio reservado, quien expresa que Chile, al igual que prácticamente todo el mundo, se encuentra atravesando por una situación de extrema gravedad producto del virus Covid-19, que a la fecha sólo en el territorio nacional hay más 330.000 contagiados y miles de fallecidos y en dicho contexto, la autoridad ha adoptado diversas medidas extraordinarias para hacer frente al avance de la pandemia, como lo ha sido la dictación del Decreto N°4 de fecha 5 de enero de 2020 del Ministerio de Salud, que declaró alerta sanitaria en todo el territorio de la República y el Decreto N° 104 de dictado por el Presidente de la República que declaró Estado de nombre reservado por Calamidad Pública en todo el territorio nacional. Plantea que el artículo 1° de la Ley 18.415, Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción dispone que: “El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo puede ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes los estados de excepción que ella establece”, en consecuencia, atendida la magnitud de la pandemia, el país se encuentra en una situación excepcionalísima donde derechos y garantías constitucionales pueden verse afectados y eso es tolerado por el Ordenamiento Jurídico para hacer frente al avance de los contagios.

Sin perjuicio de lo anterior, expresa que el actuar de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte se ha enmarcado dentro del legítimo uso de las atribuciones que le han sido otorgadas por ley, en particular, por medio del ejercicio de la facultad contenida en el artículo 113 de la Ley 18.290 (DFL 1), por lo que, la medida de restricción vehicular contra la que se recurre tiene como fundamento un plan de medidas tendientes a controlar la propagación de la pandemia, ordenando racionalizar la circulación de personas y vehículos en la ciudad, y con ello disminuir al mínimo necesario el tránsito y tráfico y con ello lograr la reducción del contacto social, buscando así disminuir el número de contagios en la Región de Ñuble que al día de hoy superan los tres mil.

Estima que las medidas adoptadas se encuentran: restricción vehicular, circuito peatonal en el centro de Chillán, fortalecimiento de controles sanitarios, cercos sanitarios de acceso a Chillán y Chillán Viejo y controles Sanitarios en Pinto y San Fabián, todas acciones intentadas por la Administración que buscan, con el menor impacto posible, disminuir el número de contagios activos en la Región y así evitar otras medidas más lesivas como lo son cordones sanitarios o cuarentenas de una o más ciudades de la Región. Indica que la restricción vehicular decretada por la SEREMI tiene una aplicación restringida en cuanto a su duración e impacto, pues entra en vigencia desde las 09:00 a 17:00 horas cada día, y su aplicación efectiva por dígito es de tan sólo un solo día de la semana, haciendo presente que, a contar del día 25 de julio, la restricción vehicular es incluso menor, porque la Resolución Exenta N° 36 de 22 de julio de 2020 dispuso que la restricción sólo será los sábados, domingos y feriados.

Por otra parte, la recurrida reconoce que la restricción puede generar algún tipo de molestia o incomodidad en determinadas personas que pretenden usar sus vehículos para fines de transporte personal, pero en caso alguno eso puede traducirse en una conculcación de derechos fundamentales tutelado por la acción de protección.

Agrega la recurrida que es el Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Ñuble, quien tiene la facultad extraordinaria de controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de catástrofe y el tránsito en ella, y además, está facultado para dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona de catástrofe y, así fue como en ejercicio de dicha atribución, dictó la Resolución Exenta JDN ÑUBLE (P) N°6800/5533, mediante la cual dio cumplimiento a las Resoluciones Exentas N°26 y Nº27 de la Secretaría Regional Ministerial, que prohibieron la circulación de determinados vehículos, en determinados horarios y determinados días, por determinadas vías. Añade que la facultad legal del Jefe Militar se encuentra vinculada a la facultad del Presidente de la República de restringir la circulación de las personas, pues implica una restricción del ejercicio de la libertad de locomoción y, en ese sentido, el Jefe Militar puede inspeccionar, fiscalizar, comprobar los desplazamientos que puedan efectuar las personas por medio propios o propulsados, así como también todos los medios de transportes en general, dentro de la zona de catástrofe, así como de medios de transportes, haciendo presente que dicha facultad extraordinaria, debe entenderse en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° de la misma Ley, en el sentido que los derechos y deberes fundamentales pueden verse afectados sin que ello signifique que tenga tutela jurídica, atendido el estado de nombre reservado, como lo permite por ejemplo el toque de queda.

Con relación a la legalidad del acto administrativo expresa que, la autoridad es competente y posee las facultades necesarias para dictar la medida de restricción vehicular, conforme se desprende de los artículos 107 y 113 de la Ley 18.290 (DFL 1), haciendo presente que, por Resolución N°59 de 2 de diciembre de 1985 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la facultad indicada fue delegada en los Secretarios Regionales Ministeriales. Destaca que es la propia ley la que autoriza al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para ejercer la potestad referida, la cual puede ser ejecutada a solicitud de las entidades que indica, o incluso de oficio. En cuanto al ejercicio de la potestad discrecional y fundada en lo dispuesto en el inciso primero del artículo 113 de la Ley de Tránsito la recurrida plantea que el vocablo “podrá”, expresa la intención del legislador de manifestar que dicha facultad es discrecional. De esta forma el acto administrativo discrecional se diferencia del acto reglado, por cuanto este último se refiere a la simple ejecución de la ley, mientras que el discrecional, alude a los casos en los que existe cierto margen de libertad para realizar una comprensión y posterior aplicación de la norma, debiendo analizar cada caso y en consecuencia, sostiene que el Secretario Regional debe analizar si existe una causa justificada en los términos del artículo 113 de la Ley de Tránsito para prohibir la circulación de vehículos, advirtiendo que en dicho orden de ideas se ha pronunciado la Contraloría General de la República, según Dictamen que cita, estimando la recurrida que no observa falta de fundamento en el actuar de la Secretaría Regional Ministerial Transportes, ni la infracción de precepto legal alguno ni menos constitucional que suponga que la restricción del uso del automóvil, un día de la semana por parte de los recurrentes, haga imperiosa la necesidad de tutela mediante el uso de una acción constitucional y que, la medida tomada ha restringido de manera significativa el desplazamiento innecesario de los habitantes de las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San nombre reservado, siendo ello suficiente para que sea calificada como justificada y dar pie al uso de la facultad discrecional que le ha sido conferida al Órgano de la Administración, destacando que lo que se intenta proteger con la medida, es la vida y salud de los ciudadanos, de manera que toda medida en ese sentido debe primar por sobre las eventuales incomodidades que puedan sufrir los recurrentes, en un solo día laboral a la semana y en determinadas horas.

En cuanto a las garantías que los recurrentes estiman vulneradas, señala que no existe privación, perturbación o amenaza de aquéllas, pues sólo existen supuestos subjetivos, que no significan en ningún caso un acto concreto y objetivo de la autoridad que se traduzca en una privación, perturbación o amenaza cierta a los derechos tutelados por la presente acción, puntualizando que no es efectivo que se les obligue a los recurrentes a tomar locomoción colectiva, toda vez que esto es una opción, pues no constituye la única opción que tienen para desplazarse por la ciudad, existiendo otros modos de locomoción diferente al del uso del transporte público. Tampoco estima que exista un mayor número de peatones en espacios no adecuados, ya que precisamente se peatonalizó el centro de Chillán para permitir el desplazamiento de peatones en mayor espacio físico y con menor grado de aglomeración, estimando que no existen antecedentes concretos que permitan determinar que exista mayor delincuencia y que ello signifique que las personas deban ir acompañadas, y que ello incida en un mayor número de contagio de COVID-19. Finalmente, expresa que no se obliga a incurrir en un aumento de gastos en taxis o servicios de transporte de pasajeros irregulares, ya que esto es una opción dentro de todas las otras existentes, reiterando que la medida sólo se aplica un día a la semana, entre las 9:00 y 17:00 horas y que, desde el día 25 de julio solo se aplica los fines de semana-, con lo que se demuestra que sólo se está frente a una mera molestia o incomodidad, pero no frente a una vulneración de una garantía constitucional como las tuteladas por la presente acción.

En cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la recurrente señala que tal garantía se vulneraría, porque el aire estaría contaminado con virus asimilable a contaminantes, aspecto sobre el que no logra apreciarse cómo podría verse afectado el referido derecho con la medida de restricción vehicular, en circunstancias que al existir menos vehículos transitando en la vía pública, hay menos material particulado en el aire y, por consiguiente, menos contaminación atmosférica, de modo, que es una alegación meramente especulativa e inconsistente. Con relación a la alegación sobre la supuesta afectación al derecho a la libertad de trabajo, expresa la recurrida que no se coarta tal derecho, destacando que los propios recurrentes en su libelo señalan la actividad económica laboral que realizan y no ve cómo podría la medida de restricción vehicular aquella libertad de trabajo. En cuanto a la supuesta privación, perturbación o amenaza al derecho a desarrollar cualquier actividad económica expresa que al sólo enunciar una supuesta afectación, no puede considerarse como una afectación efectiva, estimando que la recurrente al referirse a dicho punto divaga entre problemas crediticios, domésticos, situaciones particulares de su negocio y finalmente indica que la restricción implicaría la suspensión de su actividad laboral, sin señalar cómo esto ocurriría, lo cual permite constatar que se trata de una argumentación sin fundamento. Por último, en cuanto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad sobre la protección de la salud hace presente que tampoco se señala cómo la medida de restricción vehicular, en lo particular, le afectaría la protección de su salud, porque reducir los desplazamientos innecesarios es precisamente el móvil de la medida y, por lo demás, el bien superior que se pretende para todos los habitantes de las comunas afectadas con la medida, va precisamente alineada con la tutela del derecho consagrado en el numeral 9 del artículo 19 de la Constitución, debido a que, con la medida de restricción vehicular se persigue precisamente proteger y tutelar la salud de la población, evitando la propagación del virus.

Por todo lo anterior, termina solicitando que se tenga por evacuado el informe requerido, y que la acción de protección impetrada sea rechazada en todas sus partes, con costas.

A su informe acompaña las resoluciones exentas de la SEREMI de Transportes de Ñuble números 26, 27, 28, 29, 33 y 36 documentos, Decreto de nombramiento y Resolución Exenta N°6800/5533 del jefe de Defensa Nacional de Ñuble.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, cabe consignar, en primer término, que entre los antecedentes acompañados se encuentra agregada la Resolución Exenta Nº26, de 22 de junio del año en curso, mediante la cual se prohíbe la circulación de todo vehículo motorizado de dos o más ruedas en las zonas urbanas de las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San nombre reservado, entre los horarios y respecto de las placas patentes únicas que en dicha resolución se indican, constando asimismo que aquélla fue dictada por doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial de Transportes y telecomunicaciones de la Región de Ñuble.

7º.- Que, en virtud de lo anterior, queda en evidencia que el acto administrativo que impone la medida de restricción vehicular que impugnan los recurrentes fue dictado por la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de esta Región, motivo por el cual debe rechazarse la acción constitucional deducida en contra de la Intendencia de Ñuble, representada legalmente por el Intendente Regional don nombre reservado, por carecer de legitimación pasiva, conforme lo razonado precedentemente.

8º.- Que, no obstante lo anterior, habiéndose requerido informe por esta Corte a la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, conforme a lo expuesto por ésta y de acuerdo al tenor de la documentación que acompaña, es dable señalar que no se avizora ilegalidad ni arbitrariedad alguna en su actuar al decretar la medida de restricción vehicular cuestionada por los recurrentes, por cuanto dicha medida fue adoptada en la Resolución Exenta Nº26, de fecha 22 de junio del año en curso, considerando, entre otras normas, aquella contemplada en el artículo 113 de la Ley 18.290, que faculta expresamente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para prohibir, por causa justificada, la circulación de todo vehículo o de tipos específicos de éstos, por determinadas vías públicas.

Que, la restricción de circulación vehicular impuesta en conformidad a la ley por la autoridad precitada a través de la Resolución Exenta N°26, lo fue para todo vehículo motorizado de dos o más ruedas en las zonas urbanas de las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San nombre reservado y, en un principio regía entre las 05:00 AM y 22:00 PM de lunes a domingo, en base a al último dígito de las placas patentes de los móviles, medida que se ha ido modificando por la misma SEREMI en cuanto a acortar el horario de restricción que pasó a ser entre las 7:30 horas y 18 horas y exceptuó de ella a los transportes de carga de bienes de primera necesidad (Resolución Ex N° 27 de 22 de junio de 2020); posteriormente la Resolución Ex N° 28 de 23 de junio del año en curso, excluyó de la restricción vehicular a los vehículos de reparto de alimentos y/o medicamentos y a todo transporte de carga y, a contar del día lunes 29 de junio de 2020 se acotó aún más el horario de restricción entre las 09:00 y 17:00 horas, conforme a la Resolución Ex N° 29 de 26 de junio de 2020. Del mismo modo, a contar del pasado 25 de julio, la autoridad decretó que la restricción vehicular únicamente se aplica los días sábado, domingos y festivos (Resolución Ex N° 36 de 22 de julio de 2020), medida de cuyo tenor se desprende que ha sido acotada en cuanto a su rango horario, temporalidad y vehículos a los que aplica, no advirtiéndose, por tanto, como desproporcionada debido a que restringe la circulación de ciertos móviles, dentro de un horario determinado, dos días a la semana anteriormente y, en la actualidad sólo el día sábado o domingo o algún festivo, lo que se traduce en que cada vez se ha velado por una menor afectación de la circulación de los vehículos.

9º.- Que, además de apreciar que la medida en comento resulta proporcionada y que se ajusta a la legalidad vigente, lo cierto es que también se advierte como un acto fundado y que dice relación con el contexto de la situación mundial y, especialmente en lo que atañe a nuestro país, debido a la contingencia provocada por la pandemia causada por el brote y propagación del virus COVID 19 que trajo como consecuencia que en Chile se decretara alerta sanitaria nacional y se instaurara el estado de nombre reservado por calamidad pública que, aún se encuentra vigente y que permite restringir la circulación de las personas, tal como acontece con la medida de toque de queda que aún permanece.

Que, en este orden de cosas y, tal como lo sostiene la SEREMI de Transportes de la Región de Ñuble en su informe, la medida de restricción vehicular tiene como objetivo, de acuerdo al contexto que vive nuestro país, limitar parcialmente el desplazamiento innecesario de los habitantes de las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San nombre reservado, buscando disminuir la cantidad de contagios causados por el COVID19 y sus posibles consecuencias fatales, por lo que no cabe duda, que la medida en comento tiene como finalidad proteger la vida y la salud de los ciudadanos y, aquello se contrapone entonces con la invocación por parte de los recurrentes de dichas garantías establecidas en numerales 1° y 9° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, desde que la medida por éstos impugnada, justamente no vulnera el legítimo ejercicio de aquellos derechos fundamentales, sino que, por el contrario, los promueve y tiene por objeto su protección, lo que concretiza sin lugar a dudas el deber del Estado en cuanto procurar el Bien Común de todas las personas, que en la actual situación ven amenazada su integridad física, su salud e incluso, su vida, debido a la contingencia sanitaria actual.

10°.- Que, por otra parte, esta Corte no advierte de modo alguno la afectación de la libertad de trabajo y del derecho a desarrollar una actividad económica, invocado por los recurrentes, desde que como se viene diciendo, la restricción vehicular es de aplicación muy acotada y se ha impuesto en pos de lograr proteger la vida y salud de todas las personas, entre ellos los recurrentes, quienes tampoco han explicado en su presentación cómo la medida que atacan por esta vía vulnera el derecho de propiedad y, menos aún, se logra explicar cómo la autoridad vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuando por un lado, la restricción vehicular impide la circulación de vehículos y, por otra parte, que los recurrentes estimen que la presencia del virus en el aire se asimile a un contaminante, aquella aseveración, aún de estimarse eventualmente cierta, no cabe duda que no puede imputarse a la medida de restricción vehicular.

11º.- Que, conforme a lo que se ha razonado en los motivos que anteceden, no puede sino concluirse que el acto que se impugna por la presente vía, no es ilegal ni arbitrario, pues ha sido dictado de conformidad con la normativa vigente y en uso de las atribuciones que se le ha otorgado expresamente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, apreciándose como proporcionado de acuerdo al contexto de la situación que atraviesa nuestro país debido a la contingencia sanitaria y, que el fundamento de la medida de restricción vehicular, en la especie, se ampara en normas constitucionales, legales y reglamentarias, siendo la recurrida un mero ejecutor de ellas y en uso de las atribuciones que la misma Ley le otorgó, todo lo cual trae como consecuencia que el recurso deducido no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña Marcela Contreras Carrasco, por sí y, en favor de don nombre reservado, en contra de la Intendencia Regional de Ñuble, representada legalmente por el Intendente Regional, don nombre reservado Martín Arrau García Huidobro.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro titular Guillermo Arcos Salinas.

ROL N° 1282-2020-PROTECCIÓN.-