nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGIÓN DEL ÑUBLE

Chillán, diecisiete de octubre dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que comparece el abogado don Cristian Rodrigo Pérez Suazo y la abogada doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Contraloría Regional del Ñuble, representada por don nombre reservado, por privar, perturbar y amenazar los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Ns° 2, 3, 16 y 24.

Para fundar su acción, refieren que con fecha 11 de agosto de 2023, la Contraloría Regional del Ñuble, emitió un Dictamen en REF.N°401.524/2023, suscrito por el Contralor Regional del Ñuble don nombre reservado, que fue notificado a su representado con fecha 14 de agosto de 2023, por el cual resuelve reclamo de Ilegalidad, en contra de resolución AFECTA N°09 de fecha 22 de marzo de 2022, notificada con fecha 01 de junio de 2023, que rechaza recurso de reposición y confirma Resolución Exenta No 499 de fecha 31 de enero de 2022 que aplica medida disciplinaria de destitución como funcionario titular del estamento auxiliar, conforme a Sumario Administrativo incoado en contra de su representado mediante resolución exenta N° 847/21, nombrando como fiscal a doña nombre reservado, funcionaria del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue y como actuaria a doña nombre reservado, ambas no recusadas; resolución que desestima reclamo de ilegalidad en contra del sumario administrativo incoado por el Hospital de Coelemu, a cuyo término se aplicó la medida disciplinaria de destitución, desestimando los vicios de ilegalidad de que adolece el proceso sumarial de la especie, ordenando el rechazo de dicho recurso, y desestima el reclamo de la especie. El alcance que conlleva el rechazar el reclamo de ilegalidad contenido en resolución emitido por el órgano contralor establece claramente que no realizó el análisis legal que se requiere para establecerla existencia de vicios del procedimiento sumarial.

Sostienen que, con fecha 14 de agosto de 2023 se le notificó resolución de la Contraloría Regional del Ñuble que resuelve presentación última de reclamo de ilegalidad, suscrito por el Contralor Regional de Ñuble quien señala:

1.- Que el acto administrativo que afinó el citado proceso sumarial, esto es, la resolución afecta 1C/N° 0009, de 2022, del mencionado establecimiento de salud, que rechaza el recurso de reposición interpuesto por el recurrente y aplica sanción de destitución, fue sometido al pertinente examen de legalidad, concluyéndose que se encontraba ajustado a derecho, por lo que fue tomado razón con fecha 28 de julio de 2022.

2.- Que, la supuesta desproporcionalidad de la sanción impuesta, es menester apuntar que al afectado se le acusó de haber incurrido, con su conducta, en contravención al principio de probidad, al infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 84 de la ley N° 18.834 y artículo 125, inciso segundo de la mencionada ley, debe ser sancionada con la destitución si los hechos afectan gravemente el aludido principio, como se determinó en la especie.

3.- Que, es una decisión que compete al sancionador, en ejercicio de sus prerrogativas y de acuerdo con el mérito del sumario, sin esta Entidad Fiscalizadora, al efectuar el control previo de legalidad de la citada resolución afecta 1C/N° 0009, de 2022, hubiese advertido ilegalidad o irregularidad alguna en tal determinación.

4.- Sobre la supuesta falta de medios probatorios que determinen la efectividad de la conducta impugnada, es del caso hacer presente que atendida la forma sigilosa en que se llevan a cabo las conductas de acoso sexual, no siempre es posible contar con probanzas directas, más allá del propio testimonio que efectúen las víctimas de esas actuaciones, lo que no puede obstar a que el fiscal o la autoridad se formen la convicción sobre su acaecimiento, ya que, de lo contrario, tales irregularidades quedarían impunes, según lo expresado en el dictamen N° 48.983, de 2015.

Estiman, los comparecientes, que la resolución dictada por el ente contralor, agravia en forma grave los derechos que la Constitución le reconoce y ampara al recurrente, en especial vulnera la igualdad ante la ley y la no discriminación, establecida en el artículo 19 N° 2 ambos incisos, el artículo 19 N° 24, el artículo 19 N° 3 referido al debido proceso legal y la libertad de trabajo y su protección reconocidos en el artículo 19 N° 16; todos de la Constitución Política de la República.

En el plano procesal, dicen, tiene una incidencia importantísima la resolución que invalida un proceso o determinadas actuaciones procesales, pues los actos procesales inválidos y los actos que son su consecuencia, carecen íntegra y enteramente de validez jurídica y se traduce esa actuación en antijurídica, y origina las responsabilidades consecuenciales.

Señalan que la declaración de nulidad de todo acto procesal de carácter administrativo, es el mecanismo de tutela, de salvaguardar, de defensa en este caso de un imputado, y lo resuelto por la Contraloría Regional del Ñuble, rompe con el principio de la juridicidad y con una garantía fundamental de la primacía de la Constitución, y en definitiva viola el principio del debido proceso, de un justo y racional procedimiento, rompe con el principio de que un acto nulo no produce efecto, y que no produzca efecto significa que no existe para el derecho.

Articulan que una vez concluidas las diligencias probatorias, se procedió a la formulación de cargos, por haber infringido el artículo 84 en su letra l), es decir, realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de demás funcionarios, se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación.

Hablan que si se va a los antecedentes probatorios, según el propio órgano contralor señala en la resolución recurrida: … “no siempre es posible contar con probanzas directas” Entre estos antecedentes, el más importante es la declaración de la denunciante, y es en este punto en donde la misma en más de una oportunidad se retracta, modifica la intensidad y la calificación o las características de los hechos denunciados, estos cambios de declaraciones los podemos observar a lo largo del proceso, y se hace notorio.

Respecto a los testigos de oídas de la denunciante, observan que solo se remiten a repetir lo que ella les señaló, por lo cual son parciales; estos supuestos 6 testigos de oídas, no reúnen los requisitos del artículo 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil para constituir plena prueba o servir de base para una presunción judicial y en consecuencia, no pueden utilizarse como argumento para formular los cargos por acoso sexual ni mucho menos para fundar la destitución, medida disciplinaria más gravosa, estando en edad de jubilar, luego de más de 35 años de conducta intachable, afectando a su familia, su relación matrimonial y su salud mental.

Indican que, en cuanto a los descargos, lamentablemente su representado tenía inexperiencia en denuncias y procedimientos sumariales, su única prueba fue el careo, reducido su defensa básicamente a negar las declaraciones de la denunciante, lo que resulta de toda lógica, toda vez que es una regla básica de prueba que quien alega la existencia de un hecho es quien tiene la obligación de probarlo, conforme al artículo 1.698 del Código Civil.

Luego argumentan en cuanto al acoso sexual, gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes y la forma como se ha llegado a comprobar los hechos, sosteniendo por último que su representado tiene irreprochable conducta anterior y trayectoria.

Sostienen que se atenta contra el debido proceso, falta a la igualdad ante la ley, a un procedimiento racional y justo el limitar que ante infracción de marras se limite la sanción a sólo una medida disciplinaria, menos si ella resulta ser la más gravosa del estatuto administrativo, es decir, la Destitución, ello por afectar particularmente la garantía constitucional del debido proceso.

Exponen que, en consecuencia, es evidente que se cumplen con los presupuesto del artículo 160 de la ley 18.834 para acoger el recurso deducido en contra de la resolución impugnada por ilegalidad, toda vez que no podemos reducir el estándar probatorio de una denuncia de esta magnitud a sólo la declaración de la supuesta víctima y testigos de oídas, menos si esta declaración no contiene elementos que configuran la infracción denunciada, tampoco debe circunscribirse a la aplicación exclusiva de la sanción más gravosa del estatuto, esta medida disciplinaria al igual que en el derecho penal debe ser de ultima ratio, luego de acreditar y ponderar todos y cada uno de los elementos del proceso investigativo.

En consecuencia, dentro de los principios de derecho, afirman, sea en materia penal sancionatoria o laboral en relación a la aplicación de sanciones o término del contrato de trabajo, existiendo interpretaciones contradictorias, debe preferirse siempre aquella que favorezca al imputado o trabajador, las exigencias de prueba deben ser altas, deben ponderarse todos los antecedentes aportados al proceso y aplicar la sanción justa y proporcionada a los hechos probados.

Luego indican que el asunto es, que la recurrida en su resolución específicamente en el punto II referido al fundamente jurídico señala: “Luego, es útil precisar que el acto administrativo que afinó el citado proceso sumarial, esto es, la resolución afecta 1C/N° 0009, de 2022, del mencionado establecimiento de salud, que rechaza el recurso de reposición interpuesto por el recurrente y aplica sanción de destitución, fue sometido al pertinente examen de legalidad, concluyéndose que se encontraba ajustado a derecho, por lo que fue tomado razón con fecha 28 de julio de 2022.”; dicho razonamiento contenido en el Dictamen mencionado rompe toda razonabilidad y juridicidad, al mantener los efectos de un aparente proceso sumarial afinado y que claramente frente a todo lo expuesto precedentemente ha sido un proceso sumario contrario a derecho que vulnera el debido proceso.

A mayor abundamiento, refieren que el Recurso de Protección es la acción cautelar y de amparo constitucional que consagra nuestro ordenamiento positivo para la tutela de los derechos fundamentales cuando ellos aparecen vulnerados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

Indican que el artículo 118 inciso 2° de la Ley 18.883 señala: “Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.”

Terminan, solicitando de esta Corte, acoger el recurso y declarar ilegal y/o arbitrario Dictamen en REF.N°401.524/2023, revocándolo y resolviendo declarar que el procedimiento se encuentra viciado, por no estar fundada la resolución impugnada, toda vez que no se ha logrado acreditar más allá de toda duda razonable la existencia y responsabilidad en los hechos denunciados constitutivos de acoso sexual y en subsidio, al evento que esta Corte determine que existen antecedentes para sancionar, se proceda a aplicar otra medida disciplinaria proporcional a la infracción acreditada, conforme al mérito del procedimiento.

2°- Que al informar don nombre reservado, Contralor Regional de Ñuble, sostiene que conviene tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.880, interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Luego, el inciso segundo de ese artículo dispone que, planteada una reclamación ante la administración se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional.

Añade que el término volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del mismo.

Indica que, en la especie, el actor presentó ante la Contraloría Regional de Ñuble el reclamo contemplado en el artículo 160 de la ley N° 18.834, respecto de la citada resolución afecta 1C/N° 0009, de 2022, reclamando de la medida disciplinaria de destitución que le fue aplicada al término de dicho proceso disciplinario, lo que determinó la interrupción del plazo para interponer la presente acción cautelar en contra de dicho acto.

En consecuencia, refiere, agotada la vía administrativa con la notificación del oficio N° E380047, de 2023, de esta Sede Regional, -efectuada el 11 de agosto de 2023- que resolviera la reclamación intentada acerca de la antedicha resolución afecta, de conformidad con lo dispuesto en el indicado inciso segundo del artículo 54 de la ley N° 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de este Organismo de Control, sino únicamente en contra del Servicio de Salud Ñuble, quien fue el que emitió el acto que, eventualmente, sería susceptible de causar el agravio que reclama el recurrente.

De este modo, expone, en el supuesto de ser procedente la impugnación de la referida sanción disciplinaria por la vía del recurso de protección, que no lo es, en ningún caso debió dirigirse este último en contra del órgano Fiscalizador, toda vez que el agravio alegado en autos no tiene su origen en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de esta Entidad Fiscalizadora, sino en la decisión del anotado servicio de salud que fue el que sustanció y resolvió el sumario administrativo en cuestión, sumario que se realizó por determinación del servicio y no de esta Entidad de Control.

En cuanto a las peticiones concretas formuladas en el recurso aporta que cabe señalar que la pretensión del recurso es que se declare que el procedimiento disciplinario en que resultó destituido el actor se encuentra viciado, o en subsidio le sea aplicada una sanción de menor entidad. A este respecto, es posible advertir que la petición de “declarar que el procedimiento se encuentra viciado, por no estar fundada la resolución impugnada”, sería inocua a la verdadera pretensión del actor, esto es, no ser destituido, toda vez que en el evento de estimarse que la resolución de este origen que resolvió el reclamo de ilegalidad del recurrente, y que constituye el acto impugnado en autos, careciera de fundamento, no tendría la consecuencia de dejar sin efecto la destitución impuesta por el Servicio de Salud Ñuble.

Por otro lado, indica, que El Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu y Servicio de Salud Ñuble, no han sido emplazados en autos Informa que, el oficio E380047, de 2023, de este origen, no es el acto que podría haber afectado alguna garantía constitucional del recurrente, sino la destitución impuesta en el contexto del sumario administrativo instruido por el Hospital Comunitario de Salud Familiar de Coelemu, que concluyó con dicha determinación por parte del Servicio de Salud Ñuble, sin embargo, dichas reparticiones no han sido emplazadas en autos. En consecuencia, es posible advertir que el recurrente pretende obtener un fallo favorable que afectaría a terceros que no son parte en este recurso y que no han sido emplazados en autos, lo que necesariamente debe implicar el rechazo de la acción intentada, toda vez que, de accederse a su pretensión, se afectarían los derechos de esos terceros que no han sido parte en este recurso, infringiéndose gravemente con ello su derecho a defensa.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, expresa, es preciso indicar que la determinación de la responsabilidad administrativa, el análisis de los antecedentes y la ponderación de la sanción aplicable son trámites que requieren discusión y prueba, que ya se verificaron en el procedimiento disciplinario que se impugna.

Formula que debe destacarse que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, como pretende el peticionario, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de los medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquellos puedan hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se apliquen.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema.

Asevera que la Contraloría Regional de Ñuble, en el marco de sus atribuciones, resolvió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el actor, careciendo su actuación de ilegalidad o arbitrariedad.

Al respecto, dice que, no se advierte de qué manera el actuar de esta sede de Control, se puede estimar ilegal, toda vez que se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 1°, 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336; y 160 de la ley N° 18.834, por lo que la actuación recurrida se ha emitido conforme a ellas, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N°1.002, de 2011.

Declara, que los artículos 1°, 6° y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, le confieren a esta la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, en particular, vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo.

Por su parte, el artículo 160 de la ley N° 18.834, consagra respecto de los funcionarios, el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere ese Estatuto.

De esta forma, resulta necesario manifestar que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo con la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General.

Dice que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe indicar que el oficio N° E380047, de 2023, fue emitido a requerimiento del propio actor, quien, en su oportunidad, interpuso el recurso de reclamación previsto en el anotado artículo 160 de la ley N° 18.834, por considerar que existían vicios que afectaban la legalidad del sumario incoado en su contra, y que, a cuyo término, el servicio de Salud Ñuble le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

Por su parte, observa, tampoco podría considerarse el actuar de la Contraloría Regional como arbitrario, toda vez que esta Entidad Fiscalizadora efectuó un análisis razonado del sumario administrativo instruido, de las actuaciones practicadas y de las alegaciones del recurrente, con estricto apego y respecto al ordenamiento jurídico que regula materia, debiendo agregar que a este Ente de Control le corresponde objetar la decisión de un organismo si del examen del expediente aparece alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal reglamentaria que la regula, o bien, si se observa una actuación de carácter arbitraria, lo que no se evidenció en la especie.

Luego refiere a la faltas a la probidad que dieron origen al proceso sumarial que concluyó con la sanción de destitución; a las alegaciones esgrimidas por el actor, sobre la apreciación de los hechos materia del procedimiento disciplinario; sobre la proporcionalidad de la medida de destitución y sobre los- derechos constitucionales supuestamente vulnerados.

Termina solicitando se desestime el recurso de protección deducido en autos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, el recurrente sostiene que la Contraloría Regional de Ñuble, habría actuado ilegal y arbitrariamente al emitir el dictamen RF.N°401.524/2023, suscrito por el Contralor Regional del Ñuble don nombre reservado, que le fue notificado con fecha 14 de agosto de 2023, por el cual resuelve reclamo de Ilegalidad, en contra de resolución AFECTA N°09 de fecha 22 de marzo de 2022, notificada con fecha 01 de junio de 2023, que rechaza recurso de reposición y confirma Resolución Exenta No 499 de fecha 31 de enero de 2022 que aplica medida disciplinaria de destitución, conforme a Sumario Administrativo incoado en su contra mediante resolución exenta N°847/21, vulnerándose de este modo, y a su criterio, el artículo 19 Nº2 ambos incisos, 19N°24 y 19 N°3 todos de la Carta Fundamental, referidos al debido proceso legal y la libertad de trabajo y su protección reconocidos en el artículo 19 N° 16 de la Constitución.

7°.- Que del tenor del libelo se puede desprender que lo que el recurrente cuestiona es la manera como se valoraron los antecedentes del sumario administrativo, lo que constituye una ponderación en cuanto al fondo.

Sobre el punto, se debe recordar que el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos funcionarios, artículo 160 del Estatuto Administrativo, derecho que el actor ejerció, llegando incluso a la Contraloría General de la República, la que en definitiva visó la juridicidad de la Resolución impugnada en estos autos, poniendo término a la controversia en sede administrativa.

8°.- Que es conveniente señalar que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada.

9°.- Que, como se advierte, el cuestionamiento del recurrente se relaciona con aspectos de mérito y de ponderación que son privativos de la autoridad que conoce del sumario, con el agregado que en el caso de marras el acto administrativo fue objeto del correspondiente control de juridicidad por parte del órgano encargado del control preventivo de legalidad de los actos de la Administración, sin que se formularan reproches de juridicidad, puesto que la Resolución N°499 de 2022 fue tomada razón por la Contraloría con fecha 28 de julio de 2022 y, posteriormente mediante el oficio N°E380047 de 11 de Agosto de 2023 desestimó reclamo de ilegalidad formulado conforme lo dispone el artículo 160 de la ley 18.834.

10°.- Que, de la manera en que se reflexiona, resulta evidente que ésta no es una materia que deba ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparadas” (CS Rol N° 7719-2015. En el mismo sentido, véase los roles Nos. 4400-2015, 36.739-2015, 16.055-2016 y 19.819-2016).

11°.- Que, finalmente, es necesario puntualizar que no se advierte un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, desde que el Servicio de Salud de Ñuble, frente al hecho constitutivo de la falta de probidad que llegó a su conocimiento, instruyó un sumario administrativo que se sustanció de acuerdo a las reglas contenidas en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Así, sobre la base de la investigación realizada, se tuvo por acreditada la falta de probidad prevista en los artículos 84 letra l y 125 de la Ley N° 18.834, estatuto administrativo, aplicándose la sanción de destitución prevista en este cuerpo normativo por tratarse de un hecho que vulneró gravemente el principio de probidad administrativa; acto del cual tomó razón la Contraloría General de la República en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley N° 10.336; de manera tal que no se infringieron las garantías en que el recurrente ha fundado la acción de protección.

12°.- En consecuencia, no se advierte de los antecedentes del recurso, alguna conducta arbitraria o ilegal de la recurrida, toda vez que el órgano contralor sólo se ha limitado a dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado y en la Ley 10.336, y más bien, se advierte que lo que pretende el recurrente es impugnar, por esta vía de protección, el resultado del sumario administrativo que le fue incoado, y por el cual, en definitiva fue destituido, lo que no es posible mediante este arbitrio constitucional, más aun teniendo presente que el sumario fue dispuesto y realizado por el Hospital Comunitario de Coelemu, y la destitución acordada por el director del Servicio de Salud Ñuble, entidades que, por lo demás no fueron parte en el recurso limitándose la recurrida a emitir un pronunciamiento solicitado por el actor, quedando a firme la medida tomada por el servicio.

Entonces, si el recurrente solicita, en definitiva, que se resuelva por esta Corte, que se acoja el recurso y se declare que el procedimiento en el cual se determinó su destitución se encuentra viciado, o en subsidio aplicar una sanción menor, de acogerse tal pretensión, solo implicaría dejar sin efecto la decisión adoptada por el órgano contralor y que por este arbitro se impugna, mas no la decisión de destitución pues esta fue adoptada a través de un procedimiento tramitado conforme lo exige la ley, por un servicio que no ha sido objeto de este recurso de protección.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Cristian Rodrigo Pérez Suazo y la abogada doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional del Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Gumercindo Quezada Blanco, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N°1279–2023 PROTECCIÓN.